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Economía

Los ingresos de Pdvsa irán a una cuenta del Tesoro estadounidense

No es solo el oro de Londres. El mismo vehículo recibe los pagos derivados de operar con la petrolera venezolana.

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Instalaciones petroleras y sede institucional estadounidense, para nota sobre ingresos de Pdvsa y licencias de OFAC.

ECONOMÍA · VENEZUELA

La licencia lo dice en una línea del párrafo (a). Todo pago a persona bloqueada, salvo tributos locales, va a un fondo que administra Washington.

Los ingresos de Pdvsa irán a una cuenta del Tesoro estadounidense

Las seis claves

Qué La licencia general 52B obliga a depositar los pagos derivados de transacciones con Pdvsa en el Foreign Government Deposit Funds del Tesoro estadounidense.
Quién Oficina de Control de Activos Extranjeros; Pdvsa; empresas estadounidenses establecidas; Gobierno de Venezuela.
Cuándo Licencias enmendadas emitidas el 27 de agosto de 2026, con efecto desde esa fecha.
Dónde Estados Unidos y Venezuela.
Por qué El mecanismo determina dónde se deposita el ingreso derivado del principal activo económico venezolano.
Cómo Mediante condición expresa en el texto de la licencia, con reporte obligatorio al Departamento de Estado y al de Energía.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense emitió el 27 de agosto de 2026 ocho licencias generales enmendadas sobre Venezuela. Entre ellas, la número 52B, que autoriza transacciones con Petróleos de Venezuela.

En el párrafo (a) de esa licencia hay una condición que no ha sido reportada.

Dónde va el dinero

El texto establece que todo pago monetario a una persona bloqueada —excluidos impuestos, permisos y tasas locales— debe realizarse en el Foreign Government Deposit Funds, la cuenta especificada en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, «o cualquier otra cuenta que instruya el Departamento del Tesoro de Estados Unidos».

Es decir: una empresa estadounidense que compre crudo venezolano o preste servicios a Pdvsa no paga a una cuenta venezolana. Paga a un fondo administrado por Washington.

No es solo el oro

Hasta ahora se sabía que el oro depositado en el Banco de Inglaterra iría a una cuenta protegida del Tesoro estadounidense, con desembolsos contra programas.

La licencia 52B muestra que no se trata de un mecanismo excepcional creado para ese activo. Es el mismo vehículo que recibe los pagos derivados de la operación petrolera corriente.

La Orden Ejecutiva que lo establece está fechada el 9 de enero de 2026: seis días después de la operación que capturó a Nicolás Maduro.

Las disputas se resolverán fuera de Venezuela

Las licencias emitidas contienen otra condición expresa. Todo contrato con Pdvsa, con sus entidades participadas o con el Gobierno de Venezuela debe estipular que la resolución de disputas ocurra en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur.

La coincidencia temporal merece atención. La Asamblea Nacional aprobó ese mismo 27 de agosto la reforma que abre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, presentada como paso hacia un sistema judicial creíble.

Por vía administrativa queda establecido, al mismo tiempo, que ninguna disputa comercial relevante del sector petrolero se ventilará ante ese tribunal.

El filtro que deja fuera a las empresas nuevas

La licencia define «entidad estadounidense establecida» como aquella organizada bajo leyes de Estados Unidos en o antes del 29 de enero de 2025.

Una sociedad constituida después de esa fecha no califica. La disposición cierra la puerta a empresas creadas específicamente para aprovechar la apertura, que es exactamente el riesgo que analistas del sector han venido advirtiendo.

China queda excluida de forma más profunda que Rusia

La licencia contiene dos exclusiones separadas y no equivalentes.

Una excluye transacciones con personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba, o con entidades controladas por ellas.

La otra, en párrafo aparte, excluye toda transacción con una entidad ubicada en Venezuela o en Estados Unidos que esté controlada por, o en empresa mixta con, una persona de la República Popular China.

A los cuatro primeros se los excluye como contraparte. A China se la excluye también dentro de la estructura accionaria de la empresa que opera.

Telecomunicaciones: reparar sí, invertir no

La licencia 61A autoriza suministrar bienes, tecnología, software y servicios para instalar, mantener, reparar y actualizar telecomunicaciones en Venezuela, y nombra expresamente a Conatel y a Cantv.

El alcance es amplio: datos, telefonía, conectividad a internet, radio, televisión, transmisión satelital y cables submarinos, además de acuerdos de interconexión y roaming y arrendamiento de capacidad.

Y contiene una prohibición expresa: no autoriza la formación de nuevas empresas mixtas ni de otras entidades en Venezuela para desarrollar o invertir en el sector.

Se puede arreglar la red. No se puede ser dueño de ella.

Lo que sigue sin estar autorizado

La licencia 52B tampoco autoriza la venta, transferencia, cesión ni el otorgamiento en garantía, por parte del Gobierno de Venezuela, de participación accionaria alguna en Pdvsa o en sus entidades.

La precisión es relevante porque el 27 de agosto también se reportó que Washington conversa con el gobierno de transición sobre tomar una participación en los recursos petroleros del país. Bajo el régimen vigente, una operación de esa naturaleza requeriría una autorización distinta de las emitidas.

Tampoco se autoriza la ejecución de laudos arbitrales, sentencias o gravámenes sobre bienes bloqueados, lo que acota lo que un acreedor puede intentar cobrar por vía judicial.

Seis días

La licencia 61A sustituye a la 61, emitida el 21 de agosto de 2026.

Duró seis días.

La 52B reemplaza a la 52A, del 10 de junio. La licencia sobre petróleo va por su cuarta versión desde enero. La de bienes y servicios, por la tercera. La de minerales, por la tercera.

Ese es el marco real bajo el cual se firma un contrato en Venezuela: un permiso administrativo extranjero que se reescribe cada pocas semanas y cuya versión vigente al momento de firmar puede no ser la vigente al momento de ejecutar.

Quien opere bajo estas licencias queda además obligado a reportar cada transacción al Departamento de Estado —y en el caso petrolero, también al de Energía— a los diez días de la primera operación y cada noventa días mientras continúen.

Fuentes principales

Licencia General n.º 52B relacionada con Venezuela, Oficina de Control de Activos Extranjeros, Departamento del Tesoro de Estados Unidos, 27 de agosto de 2026. Licencia General n.º 61A, misma fecha y organismo. Regulaciones de Sanciones sobre Venezuela, 31 CFR parte 591. Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026, citada en el texto de la licencia.

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Economía

Venezuela busca inversionistas para volver al radar energético mundial

Atraer capital exige tres cosas: reglas estables, información pública y previsibilidad. Las tres están en construcción al mismo tiempo.

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de instalaciones petroleras o de un foro empresarial.

ECONOMÍA · VENEZUELA

El país tiene las reservas. Lo que está en discusión es si tiene las condiciones para que alguien invierta en extraerlas.

Las seis claves

Qué Venezuela desarrolla una estrategia para atraer inversionistas y recuperar presencia en el mercado energético internacional.
Quién Estado venezolano; Pdvsa; operadores internacionales; inversionistas de la diáspora.
Cuándo Estrategia en curso, con reportes del 27 de agosto de 2026.
Dónde Venezuela, con captación de capital en el exterior.
Por qué El ingreso petrolero es la principal fuente de divisas y financia buena parte del gasto de reconstrucción.
Cómo Mediante acuerdos con operadores privados, apertura de áreas y señales de seguridad jurídica.

Venezuela busca inversionistas como estrategia para regresar al radar energético mundial. La iniciativa se apoya en los cincuenta acuerdos estratégicos en petróleo y gas anunciados el 24 de agosto de 2026, que incorporarían inversiones en más de 76 áreas productivas.

Lo que un inversionista evalúa antes de las reservas

Las reservas venezolanas no están en discusión: son de las mayores del mundo y llevan décadas siéndolo. Eso nunca fue el problema.

Lo que un operador evalúa antes de comprometer capital son otras tres cosas.

Estabilidad de las reglas. No basta con que las condiciones actuales sean favorables: hace falta que no cambien a mitad del proyecto. Un desarrollo petrolero se amortiza en décadas, y la historia reciente del país incluye reversiones de concesión que hoy se litigan en tribunales internacionales.

Información pública. Un inversionista serio necesita saber qué áreas están asignadas, a quién, con qué compromisos y con qué plazos. Los cincuenta acuerdos no vinieron acompañados de identificación de contrapartes ni de cronogramas.

Previsibilidad operativa. Suministro eléctrico, transporte, aduanas y disponibilidad de personal técnico. Un campo puede ser rentable en el papel y no serlo si la operación se detiene por falta de servicio.

Las señales que se están enviando

La devolución de activos expropiados se plantea explícitamente como señal de seguridad jurídica. La normalización con organismos financieros multilaterales apunta en la misma dirección. La reforma judicial en discusión también, porque un contrato vale lo que valga el tribunal que lo hace cumplir.

Son señales coherentes entre sí. Y todas están en construcción simultánea, lo que significa que ninguna está todavía consolidada.

El régimen de licencias sigue siendo la variable

Las operaciones con el sector petrolero venezolano se rigen por un régimen de licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense.

Ese régimen determina quién puede operar, con qué contrapartes y bajo qué condiciones. Cualquier evaluación de riesgo que no lo incorpore está incompleta, y su alcance puede modificarse por decisión administrativa de un tercer Estado.

Para el inversionista de la diáspora

La apertura genera ofertas de participación dirigidas a venezolanos en el exterior.

Antes de comprometer capital corresponde verificar cuatro cosas: registro y antigüedad de la sociedad que ofrece, situación ante el régimen de licencias, documento de adjudicación del área que dice operar, y capacidad técnica demostrable.

Una oportunidad legítima en un sector regulado admite verificación documental y tiempo de revisión legal. La urgencia es, en sí misma, un dato.

Esta nota no constituye asesoría financiera.


Fuentes principales

Reportes del 27 de agosto de 2026 sobre la estrategia de captación de inversión. Mensaje a la nación del 24 de agosto de 2026.

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Economía

La Cámara de Comercio de La Guaira denuncia ausencia de alivio fiscal

Un comercio destruido sigue generando obligaciones tributarias. Esa es la primera razón por la que muchos no reabren.

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de comercios cerrados o de una calle comercial en La Guaira.

ECONOMÍA · VENEZUELA

La reconstrucción física avanza y la carga tributaria no se detuvo. Son dos relojes que corren en direcciones opuestas.

Las seis claves

Qué La Cámara de Comercio de La Guaira denunció que no ha habido medidas de alivio fiscal a sesenta días de los terremotos.
Quién Cámara de Comercio de La Guaira; comerciantes del estado; administración tributaria.
Cuándo Denuncia difundida el 27 de agosto de 2026, a dos meses de los sismos del 24 de junio.
Dónde Estado La Guaira, Venezuela.
Por qué Las obligaciones tributarias siguen corriendo aunque el establecimiento haya dejado de operar.
Cómo Sin exoneraciones, prórrogas ni regímenes especiales anunciados para la zona afectada.

La Cámara de Comercio de La Guaira señaló que a sesenta días de los terremotos del 24 de junio de 2026 no ha habido alivio fiscal para el sector. De los 7.000 comercios que operaban antes del desastre sobreviven poco más de 1.700.

Por qué el impuesto pesa cuando no hay ingreso

Un desastre destruye activos, no obligaciones.

Los tributos municipales sobre actividad económica, las tasas de funcionamiento y las obligaciones formales de declaración siguen vigentes aunque el establecimiento haya dejado de operar. En varios casos, la obligación de declarar subsiste incluso cuando no hubo ingresos que declarar, y su incumplimiento genera sanciones.

Para un comerciante que perdió inventario y local, esa carga se acumula sobre una actividad que no existe.

Los instrumentos que suelen usarse

En situaciones de desastre, los sistemas tributarios contemplan mecanismos conocidos: exoneración temporal de tributos en la zona afectada, prórroga de plazos de declaración y pago, suspensión de sanciones por incumplimientos formales durante el período de emergencia, y fraccionamiento de deudas anteriores.

Ninguno de ellos requiere una ley nueva en la mayoría de los ordenamientos: se instrumentan por decreto o resolución administrativa, con delimitación geográfica y temporal.

Su ausencia, a sesenta días, es una decisión tanto como lo sería su adopción.

El efecto sobre la reapertura

Un comerciante que evalúa reabrir hace una cuenta: cuánto necesita vender para cubrir alquiler, servicios, personal y reposición de inventario.

Si a esa cuenta se le suma una deuda tributaria acumulada durante los meses en que no operó, el número deja de cerrar. Y un negocio que no reabre no genera empleo, no consume servicios y no vuelve a tributar.

El alivio fiscal en una zona de desastre no es una concesión: es la condición para que exista base tributaria futura.

El contraste

El balance oficial del 24 de agosto de 2026 informó del avance en remoción de escombros y entrega de viviendas.

Ninguno de los indicadores presentados mide actividad económica. La reconstrucción física y la recuperación del tejido comercial avanzan por carriles distintos, y hasta ahora solo el primero está siendo contado.


Fuentes principales

TalCual, 27 de agosto de 2026. El Nacional, 27 de agosto de 2026. El País, 26 de agosto de 2026, sobre la situación del comercio en La Guaira.

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Economía

Los cortes eléctricos costaron a la industria 44% de sus horas productivas

No es una molestia doméstica. Es casi la mitad de la capacidad de producción de un país que necesita producir.

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de una planta industrial detenida o de un comercio con planta eléctrica.

ECONOMÍA · VENEZUELA

Una cifra convierte el apagón en un problema económico medible: casi la mitad del tiempo productivo del año se perdió.

Las seis claves

Qué Los cortes eléctricos de hasta ocho horas diarias costaron a la industria venezolana 44% de sus horas productivas en 2026.
Quién Sector industrial; comercios; trabajadores; Corpoelec.
Cuándo Balance correspondiente a 2026, difundido el 27 de agosto de 2026.
Dónde Venezuela.
Por qué La interrupción del suministro detiene procesos productivos y genera pérdidas que exceden el tiempo del corte.
Cómo Mediante racionamiento sin cronogramas oficiales, tras años de falta de inversión.

Los cortes eléctricos de hasta ocho horas diarias alteran la rutina de las personas, paralizan comercios y le costaron a la industria venezolana 44% de sus horas productivas en 2026. El racionamiento ocurre sin cronogramas oficiales publicados.

Por qué una hora sin luz cuesta más de una hora

Un corte no equivale a una pausa. En buena parte de los procesos industriales, detener y reiniciar tiene costos propios.

Un horno que se apaga debe volver a alcanzar temperatura. Un proceso químico interrumpido puede perder el lote completo. Una línea de producción que se detiene deja material en proceso que a veces se descarta. Y el arranque consume energía y tiempo antes de recuperar el ritmo normal.

Por eso el tiempo productivo perdido excede la duración del corte. Cuatro horas sin servicio pueden significar seis de producción.

El problema de los cronogramas

La ausencia de cronogramas publicados es, en términos económicos, tan costosa como el corte mismo.

Con un horario conocido, una planta puede reorganizar turnos, concentrar los procesos críticos en las horas con suministro y programar mantenimiento durante las interrupciones. Sin horario, no puede planificar nada: cada corte es una sorpresa que detiene lo que estuviera en curso.

La previsibilidad no resuelve el déficit de generación. Pero permite administrarlo, y su ausencia multiplica el daño.

El gasto que sustituye al servicio

Quien puede comprar una planta eléctrica lo hace. Quien puede instalar inversores y baterías lo hace.

Eso convierte un servicio público en un gasto privado y produce una desigualdad concreta entre empresas: la que puede pagar el respaldo opera ocho horas más al día que su competidora. Ese gasto no figura en ninguna estadística oficial de costo del servicio eléctrico, y es el costo real que paga el productor.

El horizonte

Especialistas del sector advierten que el sistema eléctrico venezolano opera al límite de su capacidad y que los racionamientos podrían extenderse hasta 2027.

El 24 de agosto de 2026 se anunciaron acuerdos para incorporar nuevos megavatios y un plan de ampliación de capacidad termoeléctrica. Ninguno de esos proyectos produce electricidad en el corto plazo: la construcción y puesta en marcha de capacidad de generación se mide en años.

Entre el anuncio y el megavatio disponible hay un período que no fue precisado. La cifra de 44% describe lo que cuesta ese período.


Fuentes principales

El Nacional, 27 de agosto de 2026. El Pitazo, 27 de agosto de 2026, análisis sobre las causas de los apagones. Mensaje a la nación del 24 de agosto de 2026.

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