COLABORACIÓN INVITADA

Por Delsa Solórzano

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Venezuela vive un momento político distinto. Después de años de persecución, cierre institucional, desconocimiento de la voluntad ciudadana y graves violaciones a los derechos humanos, existe una nueva realidad que debemos observar con responsabilidad, sin prejuicios y sin ingenuidad.

El país necesita soluciones. Cualquier iniciativa capaz de producir avances reales para los venezolanos debe ser considerada y evaluada por sus resultados.

Desde hace tiempo he sostenido que la transición democrática no puede reducirse al cambio de quienes ejercen el poder. Implica desmontar las condiciones que hicieron posible el autoritarismo y reconstruir la República sobre bases democráticas, constitucionales e institucionales. Exige la restitución de derechos, instituciones independientes y ciudadanos plenamente libres para participar y decidir.

Ante el nuevo escenario político, hay asuntos que para mí son innegociables:

La libertad plena e inmediata de todos los presos políticos continúa como una deuda impostergable. Mientras un venezolano permanezca privado de libertad por sus ideas, una familia espere que se abra la puerta de una cárcel o alguien pueda ser perseguido por disentir, nuestra democracia seguirá pendiente.

También deben cesar definitivamente la persecución política y las restricciones al ejercicio de los derechos ciudadanos. Debe garantizarse el retorno seguro de los exiliados, restituirse plenamente los derechos políticos, terminar las inhabilitaciones administrativas impuestas de manera inconstitucional y devolverse a los partidos sus tarjetas, símbolos y autoridades legítimas.

Venezuela necesita una verdadera reinstitucionalización. Eso supone reconstruir los poderes públicos y devolverles independencia, legitimidad y sujeción a la Constitución. Requiere un nuevo Tribunal Supremo de Justicia verdaderamente independiente, un Consejo Nacional Electoral profesional, equilibrado y confiable, así como la renovación constitucional de las instituciones fundamentales del Estado. Los venezolanos debemos ser testigos de la designación de funcionarios que respondan a sus méritos y capacidades, no al tradicional «cuotismo» que ha prevalecido durante décadas.

También se requiere un Registro Electoral que garantice la participación efectiva de los venezolanos dentro y fuera del país, además de condiciones para que todos puedan organizarse, expresarse, competir y elegir libremente.

Todo ello debe conducir a elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables, en las que los venezolanos puedan decidir su futuro y elegir legítimamente a sus autoridades.

La voluntad de cambio de Venezuela ya fue expresada con extraordinaria claridad el 28 de julio de 2024. Aquella jornada dejó una realidad que ningún proceso político puede desconocer: la soberanía reside en los ciudadanos y cualquier solución sostenible debe respetarla. Corresponde ahora convertir esa voluntad en derechos, garantías e instituciones.

En este camino, el compromiso de Estados Unidos con una salida democrática para Venezuela tiene una importancia indiscutible. Su participación y su capacidad de presión han sido determinantes para abrir una nueva etapa y pueden contribuir a que los compromisos alcanzados produzcan resultados concretos y verificables. Respaldamos plenamente estos esfuerzos.

La experiencia acumulada durante años de lucha por la democracia nos obliga a observar los nuevos espacios abiertos para una eventual negociación con legítimas expectativas, pero también a juzgarlos por los hechos y no por los anuncios. No corresponde anticipar el resultado de los acontecimientos en curso. Sí corresponde mantener absoluta claridad sobre el destino al que Venezuela debe llegar.

La transición debe impedir que aquello que hemos padecido vuelva a repetirse. Nunca más la cárcel como instrumento político, el exilio como castigo, las inhabilitaciones arbitrarias, la intervención de los partidos, la persecución por pensar distinto o las instituciones utilizadas para torcer la voluntad ciudadana. Las garantías de no repetición son esenciales para la reconstrucción democrática.

Necesitamos una República en la que nadie esté por encima de la Constitución. Un país donde disentir jamás vuelva a convertirse en delito. Un Estado que proteja al ciudadano en lugar de perseguirlo. Instituciones al servicio de todos. Una economía en la que trabajar, producir y emprender vuelva a tener sentido. Familias que puedan reencontrarse, venezolanos que puedan regresar y ciudadanos que puedan escoger libremente quién los gobierna.

Cada paso efectivo hacia esos objetivos será un avance para Venezuela. Frente a cualquier intento de sustituirlos, postergarlos o desnaturalizarlos, mantendremos una posición firme. La transición democrática debe traducirse en libertad, derechos, instituciones y elecciones.

Después de tantos años de lucha y sacrificio, los venezolanos tienen derecho a decidir su futuro. Nuestra obligación es trabajar para que esa decisión sea finalmente respetada.

Delsa Solórzano

Presidente de Encuentro Ciudadano

Delsa Solórzano es abogada venezolana, defensora de derechos humanos y presidente del partido Encuentro Ciudadano. Fue diputada a la Asamblea Nacional electa en 2015.

Los textos de la sección Colaboradores Invitados expresan la opinión de sus autores y son de su exclusiva responsabilidad.

COLABORACIÓN INVITADA

Por Mari Montes

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Pensemos en la relación entre lenguaje, poder y deshumanización.

Lo he dicho otras veces y tal vez no me he sabido explicar.

Los regímenes totalitarios y otros sistemas de persecución han recurrido históricamente a etiquetas que convierten a los seres humanos en categorías: enemigos, traidores, gusanos, escuálidos, parásitos, indeseables, y un largo etc. La etiqueta permite dejar de mirar a la persona concreta y empezar a mirar al grupo al que se le ha asignado.

Y cuando ocurre eso, puede producirse algo muy peligroso: la persona deja de ser percibida como un individuo con nombre, historia, familia, miedo, dignidad y derechos, y pasa a ser percibida como «el otro».

Eso puede facilitar la crueldad.

No quiere decir, por supuesto, que toda persona que utilice la palabra «ilegal» vaya a actuar cruelmente, ni que toda autoridad que la escuche vaya a deshumanizar a alguien. Sería una conclusión demasiado grande. Pero el lenguaje puede contribuir a crear un marco mental en el que ciertas personas son vistas primero como una categoría problemática y después como seres humanos.

Y hay un concepto muy importante detrás de esto: la deshumanización no siempre empieza con la violencia; muchas veces empieza con el lenguaje que hace que la violencia resulte más fácil de aceptar.

Por eso me parece tan poderosa la diferencia entre:

«Es un ilegal» y «es una persona que está en situación migratoria irregular.»

En la segunda frase, la circunstancia está alrededor de la persona. En la primera, la circunstancia se convierte en la persona.

Cuidar las palabras no es un ejercicio de corrección política; es una manera de cuidar la mirada con la que vemos al otro.

Porque cuando dejamos de ver a la persona y empezamos a ver solamente la etiqueta, algo esencial se olvida: la dignidad.

Defender un lenguaje humanizante no significa impedir que se nombren las infracciones ni exigir impunidad. Una persona puede haber violado una norma y debe responder ante la ley. Pero incluso quien ha cometido un delito sigue siendo una persona.

Mari Montes es periodista venezolana, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Reside en Estados Unidos.

Los textos de la sección Colaboradores Invitados expresan la opinión de sus autores y son de su exclusiva responsabilidad.

Por Angel Alberto Bellorin

«TODOS LOS ORGANOS DEL ESTADO EMANAN DE LA SOBERANÍA POPULAR»

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Esta contundente afirmación no es un invento caprichoso de mi imaginación, es un principio fundamental previsto dentro de las diferentes premisas que la Constitución nos presenta en ese Artículo 5 tan mencionado pero muy poco explicado desde la racionalidad y menos entendido para llevarlo a la práctica.

Es mi intención en este escrito un ejercicio de exégesis sobre el tema del título de la publicación

DE DOGMA ABSTRACTO A REALIDAD JURÍDICA

En el contenido gramatical de todo el Artículo 5, se pueden evidenciar las siguientes afirmaciones que se constituyen en verdaderas premisas fundamentales y por tanto mandatos individualizados. Es un desglosado del artículo para su mejor análisis y comprensión lectora.

1.- «Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular»

2.- «La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo»

3.- «La soberanía se puede ejercer solo de dos formas, una directa y otra indirecta»

4.- «El pueblo ejerce la soberanía directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la Ley»

5.- «El pueblo ejerce la soberanía indirectamente mediante el sufragio»

6.- «Los órganos del Estado están sometidos a la soberanía popular»

Esos seis mandatos citados son ejes transversales de necesaria lectura y aplicación en la interpretación de todo el contenido orgánico constitucional y por ende en la confección del ordenamiento jurídico sometido a la supremacía constitucional. Debe ser la base del Estado de Derecho en Venezuela

Al estar estas premisas consideradas en el Título Primero de la carta magna como Principios Fundamentales y ser expresadas con tan precisos mandatos, la «Soberanía Popular»; para el derecho positivo, dejó de ser un concepto vago y manipulable, esa eterna palabra abstracta que ha sido centro discursivo de la excusa política. Es ahora un concepto convertido en realidad jurídica.

Por supuesto que esa existencia en el plano jurídico requiere que algunos detalles de ejecución sean precisados en una ley, pero la claridad positiva del mandato no puede tener diferentes interpretaciones.

El Derecho Constitucional y el sentido común nos enseña que hay mandatos constitucionales cuya aplicación tienen que ser de aplicación directa y obligatoria y en este caso, tal afirmación es más contundente cuando los observamos presentados como principios fundamentales. (TÍTULO PRIMERO)

¡Se le acabaron las excusas a los políticos venezolanos! El mandato es claro

«Todos los órganos del estado emanan de la soberanía popular»

VEAMOS COMO DEBE FLUIR LA FUENTE SOBERANA

No pretendo dar una clase sobre los niveles y ramas del Poder Público para hacer una relación detallada de cuáles son todos los órganos que tienen que emanar de esa prodigiosa fuente de legitimidad que es la soberanía popular, pero es evidente que conectando todas las premisas que se desprenden de ese artículo, tendremos mejor comprensión de su alcance jurídico

Para fines didácticos y de brevedad discursiva en lo académico, me limitaré exclusivamente a los órganos que componen las ramas del Poder Nacional. Conectando las premisas señaladas observamos que esa soberanía popular únicamente puede ejercerse de dos formas, directa e indirecta.

La indirecta es mediante el sufragio y con ella se eligen representantes solo para los Poderes Ejecutivo y Legislativo; es decir el Presidente de la República y los Diputados a la Asamblea Nacional

Los demás órganos por no pertenecer al ejercicio indirecto de la soberanía, la correcta exégesis nos permite ubicarlos en la primera forma de ese ejercicio de la soberanía, «el directo». No hay términos medios.

Por tal razón, y desde cualquier silogismo racional, para que emanen de la Soberanía Popular, los poderes restantes corresponden al ejercicio directo de esa soberanía.

Sin duda alguna que esos otros órganos que también deben emanar de la soberanía popular, esta vez mediante su ejercicio directo, son el TSJ, el CNE y los que conforman el Poder Ciudadano. No debe haber discusión en este sencillo ejercicio racional

FUERA LOS DIPUTADOS O CUALQUIER OTRO FUNCIONARIO PRODUCTO DEL SUFRAGIO

El argumento que sostiene el título de este capítulo es otra premisa del artículo 5, señalada con el número 2

«La soberanía reside intransferiblemente en el Pueblo»

Al ser la soberanía popular un ejercicio intransferible, la constitución otorga únicamente a la sociedad civil la facultad de seleccionar sus mejores representantes en los tres poderes de segundo orden. Esa Sociedad Civil es también el pueblo y su facultad para ese ejercicio directo es indiscutible.

Al ser EJERCICIO DIRECTO de la Soberanía Popular, es imperativo afirmar que debe realizarse sin la participación de aquellos representantes elegidos por sufragio para los otros dos poderes.

Este ejercicio directo para nombrar representantes en los otros órganos es el obligatorio contrapeso a la representación nombrada mediante el sufragio y ya vimos que ese ejercicio es intransferible

He allí la razón de ser de los diferentes comités de postulación y así debió ser legislado.

Así también y por necesaria conexión, lo determina el Artículo 70, donde se señalan los «medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio (directo) de su soberanía.

«En lo político: La elección de cargos públicos»

Por la redacción del Artículo 70, en concordancia con el 62, dentro de las premisas señaladas, y en perfecta exégesis Constitucional, es lógico inferir que esa «elección de cargos públicos» prevista en el Artículo 70, como medio de participación protagónica, es la que corresponde al pueblo en ejercicio directo de su soberanía, es decir, cargos públicos cuya designación no amerite sufragio.

Es por ello que, en otra conexión indispensable para la exégesis, la Constitución estableció en los Artículos 270, 279 y 295, diferentes «Comité de Postulaciones» para la elección y selección directa de los funcionarios a ocupar los cargos públicos de los órganos de las tres ramas del poder nacional que no son elegidos mediante el sufragio popular.

Debe notarse que todos dichos artículos están ubicados respectivamente en los capítulos constitucionales dedicados a cada uno de los poderes involucrados.

No existe ninguno dentro del capítulo que organiza facultades y competencias de la Asamblea Nacional. Para la exégesis esto es fundamental.

El caso del Comité de Postulaciones Judiciales es por demás contundente ya que el Artículo 270 que lo crea está ubicado dentro del Capítulo del Poder Judicial, en una sección que lleva por título «Del gobierno y la administración del poder judicial»

¿Qué otro argumento necesitan los políticos empoderados de turno?

Estos comité de postulaciones, como su nombre lo indica, en «ejercicio directo de la soberanía popular», son los encargados de elegir y postular un limitado número de candidatos ante el poder constituido, en este caso ante la Asamblea Nacional.

Siendo así, es éste órgano legislativo el que finalmente, luego de un proceso transparente, público, dirigido, por los comité de postulaciones y donde no le está permitido intervenir, deberá designar los funcionarios que conformarán los tres poderes restantes.

Deberá hacerse desde un muy limitado número de candidatos preseleccionados presentados en un rígido escalafón de méritos producto del resultado cualitativo de la aplicación de baremos públicos previamente valorados por dichos comité.

A MANERA DE CONCLUSIONES

El articulado constitucional que origina los comités de postulaciones, excluye a los partidos políticos de integrarlos con sus militantes, negando a los vinculados con ellos su participación como postulados.

En estricta exégesis, la constitución separa al poder constituido mediante el sufragio, del proceso de preselección de las autoridades de los poderes judicial, ciudadano y electoral.

La Asamblea Nacional solo está autorizada con competencia exclusiva a la designación final, es decir nombrarlos de un restringido número de candidatos producto de un transparente, exigente y público concurso. (Que a mi criterio, no debería exceder de una terna por cargo).

Evidentemente que los políticos y «tarifados juristas» mediante aberrantes interpretaciones del texto constitucional como la de confundir «sociedad civil» con «sociedad política» y la confección de leyes que van por el lado contrario de la carta magna, al designar diputados para constituir y presidir dichos comités de postulaciones, los subordinan a la Asamblea Nacional y por ende, a los desprestigiados partidos políticos, materializando un vulgar secuestro de la soberanía popular acabando con la innovadora participación protagónica, con la división de poderes y con su autonomía funcional como verdadera garantía republicana del ejercicio del poder público.

La premisa número dos «La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo» es precisa, si el pueblo en el ejercicio indirecto de su soberanía eligió funcionarios como diputados para representarlos única y exclusivamente en la Asamblea Nacional, como órgano del Poder Legislativo, ninguna ley puede avalar que esos diputados integren los comités de postulaciones para dirigir la selección de los funcionarios de los órganos de los Poderes Judicial, Electoral y Ciudadano usurpando el ejercicio directo popular

¿Con qué autoridad constitucional los diputados se transfirieron la soberanía del pueblo?

Se ve sencillo, pero no se cumple y la esencia del deber ser republicano se vuelve a diluir.

Los comité de postulaciones están diseñados para que la Soberanía Popular, en este caso representada por sus ciudadanos más preparados académica e intelectualmente, se ejerza en forma directa para seleccionar a quienes los representarán en los órganos de contrapeso contra aquellos elegidos por el sufragio.

¡NO PUEDE HABER DIPUTADOS EN DICHOS COMITÉS!

Es un vicio Chavista que debe ser erradicado del imaginario colectivo y este es el momento.

Caracas 19 de Agosto del 2026

Doctor Angel Alberto Bellorin
Abogado con doctorado en derecho constitucional
Profesor de doctorado en UCV.

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