COLABORADORES INVITADOS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN

La ley contra el odio no se reforma: se anula, sostiene el constitucionalista. Fue dictada por una Constituyente que no tenía facultad para hacer leyes, y la primera firma que la sanciona es la de quien hoy pide cambiarla.

Pareciera algo baladí seguir escribiendo sobre los hermanos siniestros, recordar el reconocido odio, motor de su venganza contra todos, y esa oscura sombra que emana de su sola presencia.

Lo de su venganza no es especulación: ellos lo han manifestado públicamente en diversas ocasiones y ya ha sido motivo de múltiples reseñas. Su cinismo ha sido incomparable, y hasta hay libros que ya los colocan en esa negra lista de villanos famosos.

La facilidad de ambos hermanos para mentir en forma descarada desde cualquier foro tampoco puede ser ignorada ni ser motivo para descalificar mi afirmación; es solo escucharlos y conectar argumentos.

Sobre ese tema ya he publicado varios artículos en años pasados, pero las circunstancias obligan a dejar constancia nuevamente. Debo escribir sobre esta nueva expresión de cinismo.

Este 29 de septiembre de 2026 fue noticia la carta que Delcy le remite a Jorge para solicitarle que la Asamblea Nacional reforme la grotesca ley del odio. Así lo presentó Diario Las Américas: la gobernante encargada solicitó al presidente de la Asamblea Nacional chavista una reforma parcial de una legislación que, según organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, se usó durante años para procesar a opositores y ciudadanos críticos.

Lo que no dicen la carta ni la noticia

La «Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia» es un grotesco instrumento jurídico, aberrante y nulo de nulidad absoluta, ya que fue producto de la aprobación de aquella írrita Asamblea Constituyente nombrada sin la previa consulta al pueblo depositario de ese poder, en el año 2017.

Es sabido que fue instalada como forma de terminar de sepultar a la Asamblea Legislativa de 2015, esa que hoy camina resucitada por el milagro de Trump.

Una Constituyente que no hizo constitución, pero sí dejó una estela de abusos y 11 leyes «constitucionales» que jamás tuvo facultad para aprobar.

No hay que olvidar que esa ley contra el odio fue una de esas leyes constitucionales, aprobada por unanimidad por aquella Asamblea Constituyente el 8 de noviembre de 2017 y publicada en la Gaceta Oficial número 41.274.

¿A que no adivinan cuál es la primera firma que aparece en esa ley, como presidente de dicho mamotreto constituyente? Nada más y nada menos que la de Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Ella fue la encargada de imponer una ley hecha a la medida de sus odios y de su venganza contra todos.

¿Reforma parcial?

La solicitud de Delcy a su hermano pareciera un chiste, pero es en realidad un ejercicio del colmo del cinismo.

Cualquier profesional con seriedad académica y argumental sabe que es así, y no es necesario ser abogado para ver el fraude y ese cinismo de ambos hermanos.

Para el Derecho Constitucional, ninguna de esas leyes existe, y para comprobarlo cualquier lector solo debe revisar el artículo 203 de la Constitución y verificar la nomenclatura que la carta magna asigna a las leyes venezolanas.

No hay que olvidar en el análisis ese invento chavista de convocar a una Constituyente sin consultar la soberanía que reside en el pueblo, y que, una vez instalada, se dedicó a hacer leyes y a abusar del poder.

A pesar de lo anterior, Delcy, como quien nada tiene que ver en el asunto, le solicita a Jorge una sencilla reforma parcial de una ley que es un engendro jurídico.

Nulidad total y no maquillaje

Sobre el tema de esas leyes, producto de aquel árbol envenenado, ya he presentado diferentes propuestas que siguen por allí en varias publicaciones.

Todos los venezolanos sabemos que el poder de la Sala Constitucional en manos del chavismo ha sido primordial y suficiente para allanar ese camino legal que, a partir del año 2002, desmontó las instituciones del Estado.

Al ser así, es totalmente racional afirmar que con otra Sala Constitucional se puede desenredar toda la madeja jurídica revolucionaria. Para retomar la ruta constitucional ante esa gran cantidad de leyes inconstitucionales, es más sencillo anular que reformar. Motivaciones en derecho sobran.

Semanas antes del inicio del anunciado diálogo que hoy observamos, en una publicación titulada «Mi propuesta para iniciar la recuperación institucional», intenté señalar un punto de partida para desmontar el enmarañado andamiaje legal chavista construido desde 2002. En ese escrito expresé:

«Si en verdad va a existir una verdadera intención para tratar de recuperar la democracia y la Constitución de la República de Venezuela, desde una nueva Sala Constitucional bajo protección del dueño del circo y en forma paralela a las actividades de los ungidos del poder gringo para la negociación, esa nueva Sala Constitucional puede hacer muchas actividades para desenredar esa madeja revolucionaria que anuló la Constitución. Su primera tarea sería la necesaria declaración de nulidad absoluta de la Asamblea Constituyente y, en consecuencia, la nulidad de todos sus actos, lo que incluye sus once grotescas leyes. Esto ayudará a retomar esa vía constitucional».

Caracas, 29 de septiembre de 2026

Dr. Ángel Alberto Bellorín Abogado. Especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional. Profesor del doctorado de la Universidad Central de Venezuela.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de INCÍSOS.

Fuentes principales: Texto enviado por el autor, 29 de septiembre de 2026.

COLABORADORES INVITADOS · VLADIMIR PETIT

La deuda que dejó el chavismo no es solo un número: es la prueba de un saqueo con nombres y apellidos. El autor advierte las excusas que vienen y propone la lección de la Alemania de Adenauer: nombrar a cada quien por lo que hizo.

Este texto fue publicado originalmente por su autor en X el 29 de septiembre de 2026 y se reproduce con su autorización.

La gran discusión pendiente en Venezuela es acerca de la responsabilidad individual de los culpables de este desastre.

Miren bien este gráfico. No es economía. Es una confesión. Venezuela: 308,7% de deuda pública sobre nuestro PIB anual.

Eso es lo que el chavismo le dejó a la República. Una deuda adquirida de forma irregular, irresponsable y, sobre todo, que sirvió para que se enriquecieran. Ese dinero no se esfumó. Se lo cogieron. Igual que el de la electricidad, el agua, la vivienda, las carreteras y el del mantenimiento de nuestros pozos petroleros.

Y aquí empieza el verdadero problema. No es cuánto se debe. Es quién responde, y hasta cuándo vamos a pagar los demás.

Porque el país acaba de ver a uno de los que más se llevó de esa rebatiña, tranquilamente sentado, lo más campante, del lado privilegiado de un acuerdo petrolero. Ese mensaje no cae en el vacío. Cae en la cabeza de cada venezolano que alguna vez se preguntó si valía la pena ser decente en medio de la indecencia colectiva.

Las excusas que vienen

Les adelanto lo que viene. Lo he estudiado y lo he escrito en mis libros. Se llama conformidad social, pero en negativo: «Si nadie cumplía, ¿por qué yo sí? Si nadie puso la moral por delante, ¿por qué iba a hacerlo yo?».

Será la excusa del policía: si todos delinquían, ¿me iba a enfrentar yo solo contra todos? Será la del militar: si todos estaban cartelizados, lo mínimo era callarme para salvar la vida, ¿o qué más podía hacer? Será la del empresario enchufado: si todos hacían negocios así, y con ellos, ¿por qué coño me iba a jugar yo la vida haciendo algo diferente? Lo sensato era pedir una jaula más grande y enchufarse.

Será la de la autoridad universitaria: si nadie levantaba la voz, ¿por qué lo iba a hacer yo? Bastante hice con que me dejaran graduar gente y no me cerraran la institución. Será la del educador: si el programa era ese y ensalzaba a la revolución, y todos lo enseñaban así, ¿quién era yo para oponerme?

Será la de quienes difamaron, inventaron historias y montaron granjas de bots para triturar reputaciones: ¿qué querías que hiciera? Eran órdenes. Era mi vida o la reputación de ustedes, locos que se oponían a la tiranía. Era eso o plomo. Será la de quienes se enchufaron con los peores para obtener por la vía del delito lo que jamás consiguieron en buena lid en los tribunales. La de quienes alquilaron fraudulentamente inmuebles con órdenes de demolición pendientes, confesaron sus propias irregularidades y aun así le vendieron el alma al diablo a cambio del apoyo político que la razón judicial nunca les dio.

Y será, al final, la de los alacranes: si todos pactaban con el régimen, todos menos «la loca» de María Corina Machado, ¿por qué nosotros no?

Al plantearse esta discusión, se dispararán dos procesos perniciosos. Unos se justificarán: «Lo que hice era lo lógico para sobrevivir». Y, por lo tanto, quien se la jugó por la democracia pasaría a ser el equivocado, o simplemente «el loco». Otros intentarán escudarse en la imitación: buscarán la evaporación de su propia responsabilidad individual para plegarse a la brumosa «verdad plural» de muchos que así procedieron. O sea, pasar desapercibidos.

Pues bien, esos procesos perniciosos, ambos, propagan el delito. No por el contagio del malo, sino por la rendición del que se sabe bueno y por el ataque al que actuó como se debía actuar éticamente.

La lección de Adenauer

Ese fue el gran dolor de cabeza de Adenauer y de los Aliados en la Alemania posnazi. Había millones de seguidores, los que «solo seguían la corriente». Esos esgrimieron como defensa: órdenes son órdenes.

Pero Alemania aprendió que la democracia no sobrevive si la puerta de regreso queda abierta. El gobierno de Adenauer pidió, y obtuvo en 1952, la ilegalización del partido neonazi SRP. No esperó a que creciera.

La gran pregunta entonces, en los albores del cambio, no es cuánto debemos. Es qué vamos a hacer con quienes procedieron de la manera descrita.

No hablo de venganza. Hablo de hacer patente la responsabilidad y de hacer justicia. Aunque sea en lo simbólico. Aunque nos concentremos en los cabecillas. Aunque sea en la nomenclatura: llamar cada cosa por su nombre y a cada quien por lo que hizo. Porque lo que no se nombra, se repite.

Pensemos como Adenauer y actuemos como él. De cómo tratemos al chavismo desde la transición depende de que vuelva o no. Por algo el nazismo lleva 80 años sin reeditarse en el poder en Alemania. No fue suerte. Fue una decisión.

Nuestros hijos y nuestros nietos conocerán la historia y verán los resultados de nuestro actuar. Si los que más robaron terminan en las fotos sociales, tranquilazos, y nadie dice nada, eso no será una anécdota. Será un tatuaje: la señal de que en Venezuela el crimen, bien administrado, paga, y de que la impunidad es una viveza excusable.

En todo caso, si eso pasa, no será culpa de ellos. Será nuestra. Lo que sucede en estos días ya es advertencia suficiente.

Vladimir Petit

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de INCÍSOS.

Fuentes principales: Publicación del autor en X, 29 de septiembre de 2026; Gráfico: Fondo Monetario Internacional, vía @informacosmos.

COLABORADORES INVITADOS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN

Mientras se espera el baremo para evaluar a los aspirantes al TSJ, el constitucionalista propone que los integrantes del consejo de revisión designados por la delegación opositora publiquen sus credenciales, como ejemplo para el resto.

«El Poder Judicial que propongo goza de una independencia absoluta: en ninguna parte tiene tanta. El pueblo presenta los candidatos, y el Legislativo escoge los individuos que han de componer los Tribunales. Si el Poder Judicial no emana de este origen, es imposible que conserve en toda su pureza la salvaguardia de los derechos individuales».Simón Bolívar, discurso ante el Congreso Constituyente de Bolivia, 25 de mayo de 1826

Mientras esperamos el baremo

Un baremo no es más que un instrumento para medir en forma integral el mérito individual dentro de un grupo de personas sometidas a la evaluación que exige dicho baremo. Esa evaluación debe generar un orden de precedencia de ese mérito: un primero y un último en ese escalafón.

Quien aplica el baremo debe estar, por lo menos, al nivel que será exigido en dicho instrumento valorativo.

Todo mediocre aborrece la evaluación transparente; todo tramposo buscará la forma de evadir los baremos y sentirá temor de hacer públicas sus evaluaciones y credenciales. Es así, y recordemos que la pretendida modestia fue inventada por los que nada tienen que mostrar.

El problema

Ese breve relato lo estamos viendo en vivo y en directo con el Comité de Postulaciones Judiciales y la sobrevenida comisión para evaluar las credenciales de los aspirantes al TSJ.

Un comité de postulaciones secuestrado por la Asamblea Legislativa mediante una descarada usurpación de 11 diputados, cuasi analfabetas funcionales en su mayoría, que serán los encargados de nombrar a 12 ciudadanos que, según su criterio, representarán a la sociedad civil.

Sabemos que la sociedad civil en realidad existe antes que tales diputados, que son elegidos por el ejercicio indirecto de la soberanía mediante el sufragio. La soberanía reside en el pueblo y no en la Asamblea Legislativa.

Una sociedad civil que ejerce en forma directa la soberanía popular mediante los comités de postulaciones no necesita que el poder constituido, en este caso el Poder Legislativo, nombre a quienes la representarán en ese ejercicio, ya que sabemos también que tal ejercicio de soberanía es intransferible (artículo 5 de la Constitución).

El verdadero problema es que ellos, los diputados, ya están allí, contaminando de inconstitucionalidad el proceso, y serán los encargados de seleccionar a los máximos representantes del Poder Judicial de Venezuela.

A este írrito Comité de Postulaciones, nulo desde antes de que se conocieran los nombres de sus integrantes, se le suma una fulana «comisión evaluadora de credenciales», conformada por siete ciudadanos ya con nombres y apellidos, de los que no sabemos los criterios usados para designarlos, aunque en realidad, en estos momentos, eso poco importa.

Con todo este infame contexto argumental, debo plantear las siguientes interrogantes a la recién nombrada comisión evaluadora:

¿Debemos presumir que en verdad existen las credenciales de los tres chavistas que revisarán las credenciales de los futuros magistrados?

¿También debemos creer que esas credenciales, que nunca han mostrado, son superiores a las que deben exigir?

¿Es cuestión de fe o de derecho?

Ahora sí, mi propuesta

Ante tal duda generalizada, propongo que la señora Dinorah Figuera abra una cuenta de acceso público para que las cuatro personas seleccionadas por su equipo den el ejemplo ciudadano de publicar en ella sus títulos académicos y las demás credenciales que sabemos que poseen y que respaldan su designación.

Estoy convencido de que esas cuatro personas no tendrían temor al escrutinio público.

Es solo un contundente mensaje al bando contrario.

Ante tal publicación, sería interesante ver la respuesta de los señores Deyanira Nieves, Federico Fuenmayor y Silio Sánchez.

¿Se atreverán? No lo creo.

La sociedad civil debe hacerse sentir, y esta no es una propuesta absurda ni indecente. Creo que es necesaria.

Caracas, 28 de septiembre de 2026

Dr. Ángel Alberto Bellorín Abogado. Especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional. Profesor del doctorado de la Universidad Central de Venezuela.

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan necesariamente la posición editorial de INCÍSOS.

Fuentes principales: Texto enviado por el autor, 28 de septiembre de 2026.