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Política

El reconocimiento recíproco que nadie quiere nombrar

Sentarse juntos en una sala ya implica algo que ninguna de las dos partes está dispuesta a decir en voz alta.

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El reconocimiento recíproco que nadie quiere nombrar

El tercer principio acordado en Caracas obliga a las partes a reconocerse y respetarse. Es la frase más breve del documento y la más costosa. Un inventario de lo que tiene que revertir, de lado y lado.

QUÉ La mesa de Caracas adoptó el reconocimiento y respeto recíproco como uno de sus seis principios rectores.
QUIÉN Las delegaciones del gobierno encargado y de la Asamblea Nacional electa en 2015.
CUÁNDO Acordado en la sesión inaugural del jueves 6 de agosto de 2026.
DÓNDE Caracas. El antecedente que el principio busca revertir es de alcance nacional.
POR QUÉ Ninguna negociación previa entre las partes sobrevivió a la ausencia de reconocimiento mutuo.
CÓMO Como principio declarado, sin mecanismo de verificación asociado en el documento inicial.

Hay una frase en el acuerdo de la mesa de Caracas que pasa desapercibida porque suena a protocolo: reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.

Es el tercero de seis principios. Ocupa una línea. Y es probablemente el más difícil de cumplir de todos, porque exige de cada lado exactamente lo que cada lado lleva más de veinte años negándole al otro: la aceptación de que existe como interlocutor legítimo.

Vale la pena inventariar qué es lo que ese principio tiene que revertir. No para repartir culpas —el reparto de culpas es precisamente el mecanismo que ha hecho fracasar ocho negociaciones anteriores— sino porque un principio sin memoria del daño que corrige es un adorno.

Lo que hizo el poder

La política se convirtió en expediente. La judicialización fue el instrumento más sostenido. El Tribunal Supremo de Justicia anuló, suspendió o vació de contenido decisiones tomadas por instancias electas: sentencias que despojaron de atribuciones a la Asamblea Nacional electa en 2015, inhabilitaciones administrativas que retiraron candidaturas antes de que los electores pudieran pronunciarse, intervenciones judiciales que entregaron el control de partidos opositores a directivas designadas por vía de tribunal.

El registro de la disidencia se usó como sanción. Los datos de quienes firmaron para solicitar un referendo revocatorio en 2004 circularon en listas que se emplearon para negar empleos públicos, contratos y trámites. El precedente fue duradero: participar en un mecanismo constitucional podía costar el sustento.

El calendario electoral dejó de ser un derecho para volverse una concesión. El referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, activado en 2016 con recolección de firmas en curso, fue frenado por decisiones de tribunales regionales. Después de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó un resultado sin publicar los cómputos que lo respaldaran.

El costo se contó en personas. Las protestas de 2014 y 2017 dejaron muertos, heridos y detenidos. Fernando Albán, dirigente de Primero Justicia, murió bajo custodia del SEBIN en octubre de 2018 —el caso que llevó a Dinorah Figuera, hoy jefa de la delegación opositora, al exilio del que regresó esta semana. Tras las elecciones de julio de 2024 hubo detenciones masivas. El Foro Penal contabilizaba, al 8 de marzo de 2026, 621 presos políticos excarcelados desde enero y más de quinientos aún privados de libertad.

Lo que hizo la política

Frente a eso, la oposición hizo durante dos décadas, mayoritariamente, lo que hacen las oposiciones: participar.

Recolectó firmas y fue a un referendo revocatorio en 2004, con las consecuencias ya descritas.

Volvió a las urnas después de retirarse. Tras el retiro de las parlamentarias de 2005 —una decisión que le costó cinco años de ausencia institucional— regresó a competir y en 2015 obtuvo una mayoría calificada en la Asamblea Nacional.

Legisló. Esa Asamblea aprobó en 2016 una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional destinada a liberar presos políticos y abrir una salida negociada. El Tribunal Supremo la declaró inconstitucional. No es un detalle menor: la propuesta legal existió, se tramitó, se aprobó, y fue anulada por vía judicial.

Marchó. En 2007, en 2014, en 2017, en 2019, en 2024. Con costos personales altos y resultados institucionales bajos.

Organizó su propia consulta. Las primarias de octubre de 2023 movilizaron a más de dos millones de personas sin infraestructura estatal. María Corina Machado las ganó con una ventaja abrumadora. El sistema judicial ratificó su inhabilitación pocos meses después.

Documentó. En julio de 2024, miles de testigos acreditados recogieron las actas emitidas por las propias máquinas del Consejo Nacional Electoral y las preservaron. Ese archivo ciudadano es la base documental por la cual INCÍSOS se refiere a Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Lo que también hizo la oposición

Un inventario que solo apunte en una dirección no sirve para fundar reconocimiento recíproco. Sirve para ganar una discusión, que es otra cosa.

En abril de 2002, un sector de la oposición participó en la ruptura del hilo constitucional. El decreto que disolvió los poderes públicos durante aquellas horas fue exactamente lo que la oposición denunciaría durante los veinte años siguientes: la supresión por vía de imposición de instituciones electas. Ese episodio le dio al chavismo un argumento defensivo que ha usado desde entonces para justificar cada medida excepcional, y el argumento no era enteramente infundado.

El retiro electoral de 2005 fue una decisión propia que entregó el parlamento completo sin competencia, y cuyas consecuencias legislativas se prolongaron durante un lustro.

La estrategia del gobierno interino a partir de 2019 apostó a que el reconocimiento internacional produjera control efectivo del territorio. No lo produjo. Y en el intento se erosionó la representatividad de la propia institución que hoy vuelve a la mesa.

La apuesta por la presión externa ha convivido, no siempre cómodamente, con la reivindicación de la soberanía popular. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 fue celebrada por parte de la dirigencia opositora. Aquella operación resolvió un problema de poder que dos décadas de votos, marchas y leyes no habían resuelto —y al hacerlo, dejó a la oposición venezolana explicando por qué el desenlace de su lucha democrática lo ejecutó un tercero.

Por qué el principio importa

El patrón que atraviesa las dos columnas del inventario es el mismo: cada parte trató a la otra como un problema de seguridad, no como un adversario político.

Un adversario político se derrota en elecciones. Un problema de seguridad se neutraliza. La diferencia entre ambas categorías explica por qué el chavismo respondió a la competencia electoral con tribunales, y por qué sectores de la oposición terminaron respaldando salidas que no pasaban por el voto.

El principio de reconocimiento recíproco firmado el 6 de agosto es la primera vez en veinte años que ambas partes suscriben por escrito que la otra existe legítimamente.

También es, hasta ahora, solo eso: una firma.

El documento inicial no incorpora mecanismo de verificación asociado a ese principio en particular. Los seis principios incluyen el «cumplimiento verificable de los compromisos», pero verificar el respeto mutuo es sustancialmente más difícil que verificar la entrega de una vivienda o la designación de un rector electoral.

Hay una prueba concreta y cercana. El principio habla de la protección de los derechos políticos de todas las fuerzas. Dos de esas fuerzas —la que ganó las primarias de 2023 y la que ganó las presidenciales de 2024— no están sentadas en la mesa que firmó el principio.

Si el reconocimiento recíproco alcanza también para quienes no lo negociaron, será algo más que una línea de protocolo.


Fuentes principales: El Pitazo (8 de agosto de 2026) · Foro Penal, balance de excarcelaciones (8 de marzo de 2026) · CNN en Español (6 de agosto de 2026) · Comité Noruego del Nobel (10 de octubre de 2025) · Registro documental de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, 2004–2024.

Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →

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Política

Trump celebrará el mes hispano sin haberlo proclamado

Una recepción, un mensaje presidencial y unas elecciones en noviembre. Cómo celebra la Casa Blanca la herencia hispana y a qué hispano le habla.

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White House with American flag, autumn trees, gardens, and reflecting pool

POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · HEREDEROS

La Casa Blanca ofrecerá este miércoles una recepción por el Mes de la Herencia Hispana, a cinco semanas de las elecciones. La ley pide una proclamación anual; en septiembre, el presidente proclamó el Día de la Constitución, el de los prisioneros de guerra y el de las madres de caídos, pero para el mes hispano solo publicó un mensaje. El hispano que celebra es, sobre todo, el ciudadano.

Las 6W · INCÍSOS

QuéLa Casa Blanca ofrecerá una recepción por el Mes de la Herencia Hispana.
QuiénDonald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, con líderes y empresarios hispanos invitados.
CuándoMiércoles 30 de septiembre de 2026, a cinco semanas de las elecciones del 3 de noviembre.
DóndeLa Casa Blanca, Washington.
Por quéEs la vitrina del gobierno ante un electorado hispano que decidirá distritos competitivos.
CómoCon un mensaje centrado en logros económicos y en la política exterior hacia el hemisferio.

Donald Trump ofrecerá el miércoles 30 de septiembre de 2026 una recepción en la Casa Blanca por el Mes de la Herencia Hispana, según informó Voz Media, que citó a un funcionario de la Casa Blanca. El encuentro reunirá a líderes, empresarios e invitados hispanos y, según esa misma fuente, destacará los logros económicos del gobierno y su agenda de política exterior en el hemisferio occidental.

En una declaración enviada a ese medio, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los estadounidenses de origen hispano «han hecho contribuciones extraordinarias al tejido de nuestra nación».

Contexto: un mensaje, no una proclamación

La Ley Pública 100-402 pide al presidente que proclame cada año el Mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre. En 2025, Trump lo hizo con una proclamación formal el 22 de septiembre, dedicada, en sus palabras, a los «ciudadanos hispanoamericanos».

Este año no hay proclamación. Hasta el 29 de septiembre, el registro de proclamaciones de la Casa Blanca incluía las de septiembre para el Día del Patriota, el Día Nacional de Reconocimiento de los Prisioneros de Guerra y Desaparecidos, el Día de la Constitución y la Ciudadanía y el Día de las Madres y Familias de la Estrella Dorada, además de una que restringe la entrada de ciertos trabajadores no inmigrantes. Para el mes hispano, lo publicado es un mensaje presidencial, fechado el 17 de septiembre, en la sección de comunicados.

El mensaje de 2026 honra a los hispanos que sirven en las Fuerzas Armadas, en la policía, en la salud, en el clero y en el gobierno, y dedica un párrafo a la ley de recortes de impuestos del gobierno: sin impuestos sobre propinas ni horas extra, y las nuevas cuentas de inversión para niños. Habla de lo que el país puede ofrecer a «cada ciudadano».

Análisis: a qué hispano le habla la Casa Blanca

La celebración llega en una semana cargada para esa comunidad. El domingo 27, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una operación en ciudades santuario. Y el 3 de noviembre, el voto hispano pesará en distritos competitivos de las elecciones de medio mandato. La Oficina del Censo cuenta a los hispanos como el 21% de la población del país.

En ese marco, la recepción cumple dos funciones a la vez: celebrar y hacer campaña. Y el retrato que ofrece es coherente con el de la proclamación de 2025 y el mensaje de 2026: el hispano ciudadano, uniformado, trabajador y de fe. Ese hispano existe y merece el reconocimiento. Pero no es todo el que vive en el país.

Que la política exterior esté en el centro de la agenda tampoco es casual. Para una parte del electorado hispano, sobre todo cubano y venezolano, la política hacia Venezuela y Cuba es un tema de voto. Rubio, que el lunes 28 dijo en Fox News que Washington trabaja con la Asamblea Nacional de 2015 para preparar elecciones en Venezuela, será una de las voces del encuentro.

Criterio: qué escuchar el miércoles

1. Si hay proclamación. Si la Casa Blanca aprovecha la recepción para formalizar el mes, como pide la ley, o si el mensaje del 17 de septiembre queda como el único documento. 2. Si se habla de inmigración. Si el discurso reconoce a los hispanos sin estatus o con estatus temporal, que también forman parte de esa herencia, o si la celebración se limita al ciudadano. 3. Qué se dice de Venezuela. Si Trump o Rubio mencionan elecciones, el regreso de María Corina Machado o la apertura petrolera ante un público hispano a cinco semanas de votar.

Esta nota acompaña el especial Herederos, que analiza durante 31 días qué se celebra cuando Estados Unidos habla de herencia hispana.


Fuentes principales: Voz Media, 29 de septiembre de 2026 (con declaración de Marco Rubio); Casa Blanca, mensaje presidencial del 17 de septiembre de 2026; Casa Blanca, proclamación del Mes Nacional de la Herencia Hispana, 22 de septiembre de 2025; Ley Pública 100-402; Casa Blanca, registro de proclamaciones, consultado el 29 de septiembre de 2026; Oficina del Censo de EE.UU., «Facts for Features», agosto de 2026; Departamento de Seguridad Nacional, 27 de septiembre de 2026; Departamento de Estado, entrevista de Rubio en Fox News, 28 de septiembre de 2026.

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Política

Las excarcelaciones llegan con condiciones y otra muerte en custodia

Salen presos políticos, pero con medidas cautelares, presentaciones mensuales y sin documentos. Y una detenida que pidió la amnistía en abril murió esperando atención.

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Antique balance scale, iron key, and papers on a weathered wooden table

POLÍTICA · VENEZUELA · PRESOS POLÍTICOS

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos registró 24 nuevas salidas, pero advierte que casi nadie sale libre del todo: siguen las medidas cautelares, las presentaciones en Caracas y los documentos negados. En la misma semana murió Eleiner Sánchez en La Crisálida, tras días pidiendo atención médica. Había solicitado la amnistía en abril.

Las 6W · INCÍSOS

QuéCLIPPVE registró 24 excarcelaciones y denunció que persisten detenciones, restricciones y muertes en custodia.
QuiénEl Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela y las familias de los detenidos.
CuándoComunicado del 29 de septiembre de 2026, tras la muerte de Eleiner Sánchez el domingo 27.
DóndeLa Crisálida (Los Teques), El Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro y Yare.
Por quéLas salidas no equivalen a libertad plena y la atención médica sigue sin llegar a tiempo.
CómoCon medidas cautelares, presentaciones mensuales en Caracas y restricciones de documentos.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE) publicó el martes 29 de septiembre de 2026 un comunicado de tres páginas con dos mensajes que conviven. El primero: registra 24 nuevas salidas de personas detenidas por razones políticas. El segundo: la mayoría de ellas no goza de libertad plena, y las condiciones en las cárceles no han cambiado.

Contexto: las cifras y la muerte

Las salidas llegan después del cierre del segundo ciclo de la mesa de Caracas, de la visita de Human Rights Watch al país tras 18 años de expulsión y de una reunión de familiares y expresos políticos con la delegación de la Asamblea Nacional de 2015. Foro Penal había confirmado 20 excarcelaciones en 48 horas el domingo 27. Cada organización lleva su propio conteo.

Ese mismo domingo murió Eleiner Sánchez, abogada y exdirectora del Centro Penitenciario 26 de Julio, en San Juan de los Morros, detenida desde el 6 de diciembre de 2024 tras la intervención de ese penal. Según su familia y organizaciones de derechos humanos, pasó varios días con fuertes dolores pidiendo ser trasladada a un centro asistencial. La llevaron de emergencia desde el Centro para Procesadas Femeninas La Crisálida al Hospital Victorino Santaella, en Los Teques, donde murió presuntamente por una obstrucción intestinal severa que requería cirugía urgente.

Llevaba 660 días presa y había solicitado la amnistía en abril. Es, según el comité, la segunda mujer que muere en La Crisálida en pocos meses, después de Fabiana Desirée Páez Fernández en junio, y el caso se suma a más de 28 presos políticos muertos bajo custodia en los últimos años.

Análisis: salir no es ser libre

El comunicado describe lo que las cifras de excarcelaciones no muestran. Quienes salen siguen bajo medidas cautelares y deben presentarse cada mes en Caracas aunque vivan en otra ciudad. Muchos tienen dificultades para obtener la cédula o el pasaporte, y algunos no consiguen empleo formal.

Adentro, el cuadro tampoco cambió: 34 presos políticos tienen patologías graves sin atención especializada; las visitas son de 15 minutos a través de un vidrio; El Rodeo I, el Fuerte Guaicaipuro y Yare siguen señalados como centros de tortura, y Human Rights Watch pidió el cierre del primero. Frente a El Rodeo I, las madres cumplen 263 días acampando.

A eso se suma lo que la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU describió como detenciones breves de manifestantes con fines de intimidación, una modalidad que el comité llama «puerta giratoria»: se libera por un lado y se detiene por otro.

Criterio: lo que medirá si el cambio es real

El caso de Eleiner Sánchez condensa la distancia entre los anuncios y los hechos: una ley de amnistía aprobada en febrero, una solicitud presentada en abril y una muerte en custodia en septiembre, sin respuesta intermedia conocida. Tres pruebas dirán si algo cambia:

1. Una investigación independiente de su muerte, con acceso de la familia al informe forense y responsables identificados por el retraso en su atención, como exige el comité. 2. Libertad plena para los excarcelados, es decir, el fin de las presentaciones mensuales y de las trabas para obtener documentos. 3. La respuesta a las solicitudes de amnistía pendientes. Si una solicitud de abril no se resolvió en cinco meses, cuántas más esperan igual.


Fuentes principales: Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE), comunicado del 29 de septiembre de 2026; Foro Penal, 27 de septiembre de 2026; Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, septiembre de 2026; Human Rights Watch.

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Política

La comisión del nuevo TSJ repite al presidente de la anterior

Quiénes integran la comisión que elegirá a los 12 representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, y por qué su composición importa.

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POLÍTICA · VENEZUELA · TSJ

La Asamblea Nacional designó por unanimidad la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales: ocho diputados del PSUV y tres de la oposición parlamentaria. La preside Giuseppe Alessandrello, que ya presidió el proceso de mayo. El acuerdo de la mesa prometió renovar el comité; la primera pieza de la renovación empieza con el mismo nombre.

Las 6W · INCÍSOS

QuéLa Asamblea Nacional designó la comisión preliminar que armará el Comité de Postulaciones Judiciales.
QuiénOnce diputados: ocho del PSUV y tres de la oposición parlamentaria, presididos por Giuseppe Alessandrello.
CuándoSesión ordinaria del martes 29 de septiembre de 2026, por unanimidad.
DóndeAsamblea Nacional, Caracas.
Por quéEsta comisión elige a los 12 representantes de la sociedad civil que se sumarán a los 11 diputados.
CómoCon convocatoria pública, preselección y designación final por dos tercios de la Asamblea.

El martes 29 de septiembre de 2026, la Asamblea Nacional designó por unanimidad la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, el primer paso legal para renovar el Tribunal Supremo de Justicia. Es el cumplimiento de lo que las dos delegaciones de la mesa de Caracas acordaron el 25 de septiembre.

Quiénes son

Por el PSUV: Giuseppe Alessandrello, que la preside; Gloria Castillo, presidenta de la comisión de Seguridad y Defensa; José Óscar Villarroel; María Gabriela Vega, primera vicepresidenta de la comisión de Política Interior; Fernando Bastidas; Carlos Mogollón; Jonathan García y Liliana González.

Por la oposición parlamentaria: Pablo Pérez, exgobernador del Zulia, que ocupa la vicepresidencia; Luis Florido, fundador de Voluntad Popular y expresidente de la comisión de Política Exterior en la Asamblea de 2016; y Félix Freites, subjefe del bloque Vamos Vamos Venezuela.

Contexto: el mismo molde de mayo

Alessandrello presidió también el proceso anterior, el que juramentó un Comité de Postulaciones en mayo de 2026. Pablo Pérez y Félix Freites participaron en ese proceso. Tres de los 11 nombres, entre ellos el de quien lo dirige, se repiten.

Entre ambos procesos cambió la ley: la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ, vigente desde el 15 de septiembre, elevó a 12 los representantes de la sociedad civil y mantuvo a los 11 diputados. Y el acuerdo del 12 de agosto comprometió a las dos delegaciones a «renovar y ampliar» el comité.

La fórmula se repitió en la misma sesión con otra comisión: la que redactará la reforma de la ley contra el odio también tiene ocho diputados del PSUV y tres de la oposición parlamentaria. En ninguna de las dos hay representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015, la delegación que negocia en la mesa.

Análisis: lo que decide esta comisión

La comisión preliminar no elige magistrados, pero decide algo previo: convoca y preselecciona a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán el comité junto con 11 diputados. La designación final requiere dos tercios de la Asamblea, mayoría que el oficialismo reúne por sí solo.

La presencia opositora en la vicepresidencia es un gesto de equilibrio. Pero con ocho de 11 votos, el PSUV puede decidir cada paso de la comisión sin ellos. Y los tres opositores pertenecen a partidos con escaño en la Asamblea de 2025, no a la delegación que firmó los compromisos en la mesa.

Criterio: tres pruebas en las próximas semanas

1. El cronograma. El acta del 25 de septiembre prometió un cronograma con fechas. Sin él, la renovación no tiene cómo medirse. 2. El baremo, antes de la convocatoria. Si las reglas para medir a los aspirantes se publican después de conocerse los nombres, dejan de ser un instrumento de evaluación. 3. El puente con el consejo de juristas. Los siete juristas pactados en la mesa revisarán credenciales, pero ninguna norma obliga a esta comisión ni al comité a considerar lo que digan.

La renovación del Supremo empezó. La primera señal es que empezó con el mismo presidente.


Fuentes principales: Asamblea Nacional, 29 de septiembre de 2026 («Parlamento designa integrantes de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales»); El Diario y El Pitazo, 29 de septiembre de 2026; Asamblea Nacional, juramentación del Comité de Postulaciones, mayo de 2026; Comunicados de la mesa de Caracas, 12 de agosto y 25 de septiembre de 2026.

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