Política
El reconocimiento recíproco que nadie quiere nombrar
Sentarse juntos en una sala ya implica algo que ninguna de las dos partes está dispuesta a decir en voz alta.
El tercer principio acordado en Caracas obliga a las partes a reconocerse y respetarse. Es la frase más breve del documento y la más costosa. Un inventario de lo que tiene que revertir, de lado y lado.
| QUÉ | La mesa de Caracas adoptó el reconocimiento y respeto recíproco como uno de sus seis principios rectores. |
| QUIÉN | Las delegaciones del gobierno encargado y de la Asamblea Nacional electa en 2015. |
| CUÁNDO | Acordado en la sesión inaugural del jueves 6 de agosto de 2026. |
| DÓNDE | Caracas. El antecedente que el principio busca revertir es de alcance nacional. |
| POR QUÉ | Ninguna negociación previa entre las partes sobrevivió a la ausencia de reconocimiento mutuo. |
| CÓMO | Como principio declarado, sin mecanismo de verificación asociado en el documento inicial. |
Hay una frase en el acuerdo de la mesa de Caracas que pasa desapercibida porque suena a protocolo: reconocimiento y respeto recíproco entre las partes.
Es el tercero de seis principios. Ocupa una línea. Y es probablemente el más difícil de cumplir de todos, porque exige de cada lado exactamente lo que cada lado lleva más de veinte años negándole al otro: la aceptación de que existe como interlocutor legítimo.
Vale la pena inventariar qué es lo que ese principio tiene que revertir. No para repartir culpas —el reparto de culpas es precisamente el mecanismo que ha hecho fracasar ocho negociaciones anteriores— sino porque un principio sin memoria del daño que corrige es un adorno.
Lo que hizo el poder
La política se convirtió en expediente. La judicialización fue el instrumento más sostenido. El Tribunal Supremo de Justicia anuló, suspendió o vació de contenido decisiones tomadas por instancias electas: sentencias que despojaron de atribuciones a la Asamblea Nacional electa en 2015, inhabilitaciones administrativas que retiraron candidaturas antes de que los electores pudieran pronunciarse, intervenciones judiciales que entregaron el control de partidos opositores a directivas designadas por vía de tribunal.
El registro de la disidencia se usó como sanción. Los datos de quienes firmaron para solicitar un referendo revocatorio en 2004 circularon en listas que se emplearon para negar empleos públicos, contratos y trámites. El precedente fue duradero: participar en un mecanismo constitucional podía costar el sustento.
El calendario electoral dejó de ser un derecho para volverse una concesión. El referendo revocatorio contra Nicolás Maduro, activado en 2016 con recolección de firmas en curso, fue frenado por decisiones de tribunales regionales. Después de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral proclamó un resultado sin publicar los cómputos que lo respaldaran.
El costo se contó en personas. Las protestas de 2014 y 2017 dejaron muertos, heridos y detenidos. Fernando Albán, dirigente de Primero Justicia, murió bajo custodia del SEBIN en octubre de 2018 —el caso que llevó a Dinorah Figuera, hoy jefa de la delegación opositora, al exilio del que regresó esta semana. Tras las elecciones de julio de 2024 hubo detenciones masivas. El Foro Penal contabilizaba, al 8 de marzo de 2026, 621 presos políticos excarcelados desde enero y más de quinientos aún privados de libertad.
Lo que hizo la política
Frente a eso, la oposición hizo durante dos décadas, mayoritariamente, lo que hacen las oposiciones: participar.
Recolectó firmas y fue a un referendo revocatorio en 2004, con las consecuencias ya descritas.
Volvió a las urnas después de retirarse. Tras el retiro de las parlamentarias de 2005 —una decisión que le costó cinco años de ausencia institucional— regresó a competir y en 2015 obtuvo una mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
Legisló. Esa Asamblea aprobó en 2016 una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional destinada a liberar presos políticos y abrir una salida negociada. El Tribunal Supremo la declaró inconstitucional. No es un detalle menor: la propuesta legal existió, se tramitó, se aprobó, y fue anulada por vía judicial.
Marchó. En 2007, en 2014, en 2017, en 2019, en 2024. Con costos personales altos y resultados institucionales bajos.
Organizó su propia consulta. Las primarias de octubre de 2023 movilizaron a más de dos millones de personas sin infraestructura estatal. María Corina Machado las ganó con una ventaja abrumadora. El sistema judicial ratificó su inhabilitación pocos meses después.
Documentó. En julio de 2024, miles de testigos acreditados recogieron las actas emitidas por las propias máquinas del Consejo Nacional Electoral y las preservaron. Ese archivo ciudadano es la base documental por la cual INCÍSOS se refiere a Edmundo González Urrutia como presidente electo.
Lo que también hizo la oposición
Un inventario que solo apunte en una dirección no sirve para fundar reconocimiento recíproco. Sirve para ganar una discusión, que es otra cosa.
En abril de 2002, un sector de la oposición participó en la ruptura del hilo constitucional. El decreto que disolvió los poderes públicos durante aquellas horas fue exactamente lo que la oposición denunciaría durante los veinte años siguientes: la supresión por vía de imposición de instituciones electas. Ese episodio le dio al chavismo un argumento defensivo que ha usado desde entonces para justificar cada medida excepcional, y el argumento no era enteramente infundado.
El retiro electoral de 2005 fue una decisión propia que entregó el parlamento completo sin competencia, y cuyas consecuencias legislativas se prolongaron durante un lustro.
La estrategia del gobierno interino a partir de 2019 apostó a que el reconocimiento internacional produjera control efectivo del territorio. No lo produjo. Y en el intento se erosionó la representatividad de la propia institución que hoy vuelve a la mesa.
La apuesta por la presión externa ha convivido, no siempre cómodamente, con la reivindicación de la soberanía popular. La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 fue celebrada por parte de la dirigencia opositora. Aquella operación resolvió un problema de poder que dos décadas de votos, marchas y leyes no habían resuelto —y al hacerlo, dejó a la oposición venezolana explicando por qué el desenlace de su lucha democrática lo ejecutó un tercero.
Por qué el principio importa
El patrón que atraviesa las dos columnas del inventario es el mismo: cada parte trató a la otra como un problema de seguridad, no como un adversario político.
Un adversario político se derrota en elecciones. Un problema de seguridad se neutraliza. La diferencia entre ambas categorías explica por qué el chavismo respondió a la competencia electoral con tribunales, y por qué sectores de la oposición terminaron respaldando salidas que no pasaban por el voto.
El principio de reconocimiento recíproco firmado el 6 de agosto es la primera vez en veinte años que ambas partes suscriben por escrito que la otra existe legítimamente.
También es, hasta ahora, solo eso: una firma.
El documento inicial no incorpora mecanismo de verificación asociado a ese principio en particular. Los seis principios incluyen el «cumplimiento verificable de los compromisos», pero verificar el respeto mutuo es sustancialmente más difícil que verificar la entrega de una vivienda o la designación de un rector electoral.
Hay una prueba concreta y cercana. El principio habla de la protección de los derechos políticos de todas las fuerzas. Dos de esas fuerzas —la que ganó las primarias de 2023 y la que ganó las presidenciales de 2024— no están sentadas en la mesa que firmó el principio.
Si el reconocimiento recíproco alcanza también para quienes no lo negociaron, será algo más que una línea de protocolo.
Fuentes principales: El Pitazo (8 de agosto de 2026) · Foro Penal, balance de excarcelaciones (8 de marzo de 2026) · CNN en Español (6 de agosto de 2026) · Comité Noruego del Nobel (10 de octubre de 2025) · Registro documental de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, 2004–2024.
Alfredo Yánez
9 libros que te cambian la perspectiva
Finanzas, emprendimiento, migración y más — disponibles en Amazon
VER LIBROS →Política
Venezuela e Israel acordaron un mecanismo consular tras 17 años
Caracas y Tel Aviv anunciaron un mecanismo de coordinación consular después de que una delegación humanitaria israelí trabajara en las zonas del terremoto.
El anuncio del martes 11 de agosto no restablece relaciones diplomáticas plenas: crea un mecanismo de coordinación consular. La distinción importa, y el momento en que ocurre importa todavía más.
| QUÉ | Ambos gobiernos acordaron un mecanismo de coordinación para prestar servicios consulares. |
| QUIÉN | Las cancillerías de Venezuela e Israel. El canciller venezolano Félix Plasencia difundió el comunicado. |
| CUÁNDO | Martes 11 de agosto de 2026. La ruptura databa del 15 de enero de 2009. |
| DÓNDE | Caracas y Jerusalén. La cooperación técnica se ejecuta en las zonas del terremoto. |
| POR QUÉ | Marca el desmontaje de uno de los alineamientos internacionales más definitorios del chavismo. |
| CÓMO | A partir de la visita de una delegación humanitaria israelí tras el doble terremoto del 24 de junio. |
El 15 de enero de 2009, Hugo Chávez ordenó romper «todo tipo de relaciones» con Israel, una semana después de expulsar al embajador israelí en Caracas. La decisión se enmarcó en el respaldo del chavismo a la causa palestina y se mantuvo durante diecisiete años.
El martes 11 de agosto de 2026, las cancillerías de ambos países anunciaron que acordaron establecer un mecanismo de coordinación para prestar servicios consulares a sus ciudadanos residentes en el otro país.
Qué se acordó exactamente
Conviene precisar el alcance, porque varios titulares lo han descrito como un restablecimiento de relaciones diplomáticas y no es eso lo que dicen los comunicados.
Lo anunciado tiene dos componentes:
Primero, la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto del 24 de junio.
Segundo, el establecimiento de un mecanismo de coordinación que permita prestar servicios consulares a los ciudadanos de cada país residentes en el otro.
No se anunció intercambio de embajadores. No se anunció reapertura de embajadas. No se anunció normalización diplomática plena. Un mecanismo consular resuelve trámites —pasaportes, documentos, asistencia a nacionales— y es un paso habitual previo a la normalización, pero no equivale a ella.
La distinción no es un tecnicismo: define qué se ha comprometido cada parte y qué queda pendiente de decisión.
Cómo se llegó
La vía fue humanitaria.
Tras el doble terremoto del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, una delegación humanitaria israelí trabajó en el país. Entre sus integrantes estuvo Elad Edri, alto oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, que participó en asesoría sobre manejo de residuos. En julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez agradeció públicamente esa asistencia.
El comunicado de la cancillería venezolana ancla el acercamiento en la comunidad judía local: ambos gobiernos reconocen la importancia del vínculo entre el Estado de Israel y la comunidad judía residente en Venezuela, que describen como un puente de amistad histórico entre ambos países.
El canciller Félix Plasencia había señalado días antes que el objetivo era atender las necesidades de esa comunidad.
El realineamiento que esto revela
Aquí está lo que la noticia significa más allá del trámite consular.
Durante el gobierno de Nicolás Maduro, Venezuela sostuvo una posición firme contra Israel y una alianza estrecha con Irán. Ese eje —Caracas, Teherán, oposición a Tel Aviv— fue uno de los rasgos más constantes y reconocibles de la política exterior chavista durante dos décadas.
Lo que ocurre el 11 de agosto de 2026 es que Venezuela abre un canal con Israel mientras Estados Unidos mantiene una guerra abierta contra Irán, iniciada en febrero, con el estrecho de Ormuz bloqueado y negociaciones estancadas.
El movimiento no es aislado. Se inscribe en una serie que arrancó el 9 de enero de 2026, seis días después de la captura de Maduro, cuando Caracas anunció un proceso exploratorio para restablecer misiones diplomáticas con Estados Unidos. Desde entonces: apertura petrolera a compañías estadounidenses, diagnóstico técnico del sistema eléctrico por el Departamento de Energía, una mesa de negociación política auspiciada por Washington y ahora un canal con Israel.
Cada paso se ha justificado por separado y con argumentos técnicos o humanitarios. Vistos en conjunto, describen el desmontaje ordenado del alineamiento internacional que definió al chavismo.
Lo que queda por verse
Tres cosas.
Si el mecanismo consular avanza hacia normalización plena. Es el paso lógico siguiente, pero no está anunciado ni tiene fecha.
Cómo lo procesa el chavismo. El sector duro ya protestó contra la mesa de negociación con la oposición, a la que calificó de imposición estadounidense. La causa palestina ocupa un lugar identitario en ese discurso, y un acercamiento a Israel es considerablemente más difícil de digerir que un acuerdo técnico sobre electricidad.
Qué se decide sin que nadie lo haya votado. La política exterior de un país en transición se está reorientando por decisiones de un gobierno encargado, mientras la mesa que discute el árbitro electoral cierra su primer ciclo. Los realineamientos internacionales suelen sobrevivir a los gobiernos que los ejecutan.
El balance oficial del doble terremoto del 24 de junio se elevó a más de 6.300 fallecidos al 10 de agosto de 2026.
Fuentes principales: Cancillería de Venezuela y Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, comunicados del 11 de agosto de 2026 · El Nacional (11 de agosto de 2026) · Infobae (11 de agosto de 2026) · Al Jazeera (11 de agosto de 2026) · BioBioChile (11 de agosto de 2026).
Política
La frase «aborto hasta el nacimiento» vuelve a la campaña
Idaho, Missouri, Nevada y Virginia deciden en noviembre. Una formulación recurrente reaparece en la campaña en español.
Cuatro estados deciden sobre aborto el 3 de noviembre. Una formulación recurrente domina la conversación en español. Contrastarla con el texto de cada medida es un ejercicio de verificación, no de posición.
| QUÉ | Cuatro estados someten a votación medidas sobre acceso al aborto o su prohibición. |
| QUIÉN | Votantes de Idaho, Missouri, Nevada y Virginia. Campañas a favor y en contra en ambos idiomas. |
| CUÁNDO | Elecciones del martes 3 de noviembre de 2026. |
| DÓNDE | Cuatro estados con reglas y puntos de partida distintos entre sí. |
| POR QUÉ | La medida puede decidirse por márgenes estrechos y el voto hispano es determinante en varios de ellos. |
| CÓMO | Mediante enmienda constitucional en unos estados y ley de iniciativa popular en otros. |
Faltan menos de tres meses para el 3 de noviembre y una frase ya circula con fuerza en la conversación política en español: que las medidas sobre aborto en la boleta permitirían interrumpir un embarazo «hasta el momento del nacimiento».
La frase no es nueva. Se usó en la campaña de 2024 en Florida, donde fue verificada y desmentida por contraste con el texto de la enmienda. Vuelve ahora, aplicada a las medidas de 2026.
INCÍSOS no toma posición sobre el aborto. Sí sostiene que el votante tiene derecho a saber qué dice exactamente el texto que va a marcar. Eso es lo que sigue.
El concepto que está en el centro: viabilidad
Casi todas las medidas de derechos reproductivos se articulan alrededor de la viabilidad fetal: el punto en que un feto podría sobrevivir fuera del útero. Se sitúa generalmente entre las 21 y las 24 semanas, sin un plazo fijo, porque depende de cada embarazo y lo determina un profesional de la salud.
La estructura típica de estas medidas es: acceso protegido antes de la viabilidad, y después de ella solo cuando esté en riesgo la vida o la salud de la persona embarazada.
Esa segunda parte —la excepción posterior a la viabilidad, por razones médicas— es la que se comprime en la frase «hasta el nacimiento». La compresión elimina la condición médica y convierte una excepción en una regla.
Los datos disponibles sobre práctica real: más del 90% de los abortos en Estados Unidos ocurren en el primer trimestre, y menos del 1% en etapas avanzadas del embarazo.
Qué vota cada estado
Los cuatro estados no votan lo mismo, y meterlos en un mismo saco es el segundo error frecuente de la cobertura.
Idaho. Actualmente rige una prohibición. La medida, impulsada por una campaña de recolección de firmas de voluntarios, crearía una ley, no una enmienda constitucional. Permitiría el aborto hasta la viabilidad, aproximándose a la regla vigente antes de que se anulara Roe v. Wade. Los funcionarios electorales estatales verificaron que cumple los requisitos para aparecer en la boleta.
Missouri. Es el caso invertido y el más complejo. En 2024, Missouri se convirtió en el primer estado en usar una enmienda constitucional para derogar una prohibición del aborto. Ahora se pide a los votantes anular esa enmienda para restablecer la prohibición con excepciones limitadas, e incorporar además a la constitución estatal una prohibición de ciertos tratamientos de afirmación de género para menores. Es decir: dos asuntos distintos en una sola pregunta.
Nevada. El aborto ya es legal al menos hasta las 24 semanas. Se vota una enmienda constitucional para consagrar ese derecho. La particularidad es de procedimiento: la ley estatal exige que las enmiendas constitucionales se aprueben en elecciones consecutivas. Los votantes ya la aprobaron en 2024 por un margen cercano a dos a uno; esta segunda votación es la que la haría entrar en vigor.
Virginia. El aborto también es legal allí al menos hasta las 24 semanas. Se considera igualmente una enmienda constitucional para crear el derecho.
Por qué importa para el votante hispano
En tres de estos cuatro estados el resultado puede decidirse por márgenes estrechos, y las medidas sobre aborto han demostrado capacidad de aumentar la participación electoral, incluso entre votantes que acuden principalmente por ese punto de la boleta.
La comunidad hispana no es monolítica en este asunto. Hay convicciones religiosas profundas y hay posiciones favorables al acceso, con frecuencia dentro de la misma familia.
Precisamente por eso el punto no es qué debe votar nadie. El punto es que la decisión se tome sobre el texto real y no sobre una versión comprimida de él —venga de donde venga—, y que el votante sepa que en Missouri está respondiendo dos preguntas con una sola marca.
Antes del 3 de noviembre: el texto completo de cada medida está disponible en el sitio de la oficina electoral de cada estado, y en varios de ellos en español. Es la única fuente que no está haciendo campaña.
Verificación: INCÍSOS contrastó la formulación circulante contra el texto y la estructura de las medidas. Las condiciones pueden cambiar por litigio antes de noviembre.
Fuentes principales: Univision / N+ (julio de 2026) · Brennan Center for Justice, análisis de enmiendas estatales · PolitiFact, verificación de la formulación en el ciclo de 2024 · Idahoans United for Women and Families, comunicación a Associated Press.
Política
Trump firmó dos órdenes contra la ciudadanía por nacimiento
Las órdenes del 6 y 7 de agosto apuntan al llamado turismo de parto. El derecho consagrado en la Enmienda 14 sigue vigente.
Cinco semanas después de que la Corte Suprema ratificara el derecho, la Casa Blanca volvió por vía ejecutiva. Para una familia hispana con hijos nacidos en Estados Unidos, hoy no cambia nada. Conviene entender por qué.
| QUÉ | Dos órdenes ejecutivas buscan restringir el acceso a la ciudadanía por nacimiento. |
| QUIÉN | La Casa Blanca. La ACLU anticipa impugnación judicial. |
| CUÁNDO | Firmadas el jueves 6 y viernes 7 de agosto de 2026, tras el fallo del 30 de junio. |
| DÓNDE | Estados Unidos. Alcance nacional, con efecto en consulados y puertos de entrada. |
| POR QUÉ | La Enmienda 14 protege el derecho desde 1868 y la Corte Suprema lo ratificó hace cinco semanas. |
| CÓMO | Restringiendo visas y entrada por presunto propósito de dar a luz, no negando la ciudadanía directamente. |
El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por seis votos contra tres que los hijos de personas indocumentadas o con presencia temporal están sujetos a la jurisdicción estadounidense y son ciudadanos desde su nacimiento. El fallo anuló la orden ejecutiva 14160, firmada el 20 de enero de 2025, y retomó la interpretación establecida desde United States v. Wong Kim Ark, de finales del siglo XIX. La administración dejó vencer el plazo para pedir reconsideración y la decisión quedó firme.
Cinco semanas después, el jueves 6 y el viernes 7 de agosto, el presidente firmó dos nuevas órdenes ejecutivas sobre el mismo asunto.
Qué dicen las órdenes
El objetivo declarado es el llamado «turismo de parto»: la práctica de viajar a Estados Unidos con el propósito principal de que un hijo nazca en el país.
El texto difundido por la Casa Blanca argumenta que la ciudadanía no es una mercancía adquirible mediante la explotación calculada y la evasión de las leyes migratorias, y menciona expresamente el ingreso con visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz.
Las medidas contempladas incluyen prohibición de entrada a quien intente acceder con esos fines, revocación de visado, prohibición permanente de entrada, expulsión de quien haya participado en un proceso así, y acciones contra entidades u organizaciones —dentro o fuera del país— responsables de facilitar la práctica. Los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional podrían eximir a personas concretas de las restricciones.
Las órdenes plantean además excepciones vinculadas a la situación migratoria de los padres y a su relación con gobiernos extranjeros, incluyendo a hijos de diplomáticos, y a casos en que los padres hayan «participado en actividad fraudulenta para obtener la ciudadanía». Se introduce también la figura de los vientres subrogados, un supuesto que —como han señalado especialistas— no aparece mencionado ni en la Enmienda 14 ni en la jurisprudencia que la interpreta.
Stephen Miller, jefe de gabinete adjunto para Asuntos Políticos, acompañó la firma y sostuvo que la medida garantiza que un gran número de personas que obtendrían la ciudadanía por nacimiento ya no serán elegibles.
La diferencia técnica que define el alcance
Aquí está el punto que la cobertura suele perder.
Las órdenes no niegan la ciudadanía a un niño ya nacido en Estados Unidos. Actúan antes: sobre quién puede obtener una visa y quién puede entrar al país.
Es un desplazamiento del terreno. La Corte Suprema cerró la puerta a redefinir por decreto quién es ciudadano al nacer. La Casa Blanca respondió operando sobre la facultad presidencial en materia de admisión de extranjeros, que es considerablemente más amplia.
El presidente afirmó que las órdenes se redactaron con «ajustes» que toman en cuenta el fallo. Se anticipa igualmente que enfrentarán impugnación.
Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, sostuvo que la Corte Suprema ya examinó y rechazó la petición del gobierno de reescribir la Constitución, y que ninguna cantidad de órdenes ejecutivas cambia el significado de la Enmienda 14.
Qué cambia hoy para una familia hispana
Si sus hijos ya nacieron en Estados Unidos: nada. Su ciudadanía está protegida por la Enmienda 14, ratificada por la Corte Suprema el 30 de junio de 2026. Ningún acta de nacimiento ni pasaporte estadounidense pierde validez por estas órdenes.
Si está embarazada y ya vive en Estados Unidos: su hijo nacerá ciudadano. Las órdenes apuntan al ingreso al país, no al nacimiento de quien ya está aquí.
Si tiene familiares en el extranjero que planeaban viajar cerca de una fecha de parto: ahí sí hay riesgo real de negación de visa o de entrada. Conviene consulta legal antes de comprar boletos.
Si le ofrecen «asegurar» la ciudadanía de un hijo por un pago: es fraude. Ha sido fraude siempre y en este clima proliferará.
Esta noticia genera alarma desproporcionada en redes sociales, particularmente en la diáspora venezolana y centroamericana, donde circulan versiones que afirman que la ciudadanía de niños ya nacidos quedaría revocada. Eso no es lo que dicen las órdenes ni es algo que una orden ejecutiva pueda hacer.
Esta nota describe el estado del expediente al martes 11 de agosto de 2026 y no constituye asesoría legal. Para su caso particular, consulte con un abogado de inmigración acreditado.
Fuentes principales: Casa Blanca, texto de las órdenes ejecutivas (6 y 7 de agosto de 2026) · Associated Press (7 y 8 de agosto de 2026) · Telemundo Noticias (8 de agosto de 2026) · Proceso (4 de agosto de 2026) · ACLU, declaraciones de Cody Wofsy.
-
Política1 mes agoDelcy Rodríguez enfrenta a la prensa internacional: la rueda de prensa que no cerró la brecha
-
Política3 meses agoEl economista, los bonos y Citgo
-
Política3 meses agoRoberto Smith Perera: «La reconstrucción no puede esperar a la elección»
-
Especiales2 meses agoMedia vuelta… mar.
-
Entrevistas2 meses agoZair Mundaray: «Enfrenté al poder con ciencia»
-
Inciso3 meses agoLa paciencia de Washington
-
Política2 meses ago«No se puede improvisar»: un exjefe de Defensa Civil disecciona la respuesta al sismo
-
Política1 mes agoEl semáforo de las estructuras: qué significa cada color tras el terremoto
