POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · CARIBE

Un juez federal dio al gobierno de Trump dos semanas para entregarle el memorando que justifica los ataques letales contra embarcaciones. Lleva un año de operaciones, antecedió a la captura de Maduro y sigue sin conocerse su base jurídica. El tribunal todavía no dice si los ataques son legales: pide ver por qué el gobierno cree que lo son.

El juez federal Paul Engelmayer, de Nueva York, dio a los departamentos de Justicia y de Defensa dos semanas para entregarle el memorando que sustenta la autoridad del presidente Donald Trump para ordenar ataques letales contra embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico, informó Euronews el 30 de septiembre de 2026. El juez lo examinará en privado y pidió además información sobre cómo circuló el documento dentro del gobierno y qué papel tuvo en el asesoramiento al presidente.

La orden no declara ilegales los ataques ni hace público el memorando. Según la misma cobertura, el juez concluyó que el Pentágono adoptó ese documento como el marco que define los límites de su autoridad.

Contexto: un año de ataques sin base pública

Los ataques comenzaron en septiembre de 2025 en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, y se extendieron luego al Pacífico. El memorando fue elaborado ese mismo mes por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. El gobierno sostiene en público que EE.UU. está en un «conflicto armado» con organizaciones designadas como terroristas, pero nunca publicó el análisis jurídico que respalda esa posición.

La campaña no se detuvo con la captura de Maduro el 3 de enero de 2026. El 20 de septiembre, un ataque en el Caribe dejó cuatro muertos, según Euronews.

Análisis: la pregunta que nadie ha podido revisar

La discusión sobre estos ataques ha girado siempre sobre hechos: cuántas embarcaciones, cuántos muertos, qué pruebas había de que transportaban drogas. La orden del juez apunta a otra cosa: el razonamiento. Un documento interno del Departamento de Justicia se convirtió en la regla que decide cuándo el Ejército puede matar en aguas internacionales, y ni el Congreso en pleno ni el público han podido leerlo.

Para el lector venezolano, el tema no es lejano. La campaña de las lanchas fue el primer paso visible de la escalada que terminó el 3 de enero en Caracas, y la figura del «conflicto armado» con organizaciones criminales es la misma que el gobierno usa para el Tren de Aragua dentro de EE.UU.

Criterio: tres pruebas

1. Si el gobierno entrega el memorando en plazo o pide más tiempo o invoca privilegios para no hacerlo.
2. Qué decide el juez después. Si ordena publicar el documento completo, una versión censurada o nada.
3. Qué hace el Congreso. Si algún comité pide el memorando por su cuenta ahora que un tribunal lo considera la base operativa del Pentágono.

Fuentes principales: Euronews, 30 de septiembre de 2026; Euronews, 20 de septiembre de 2026.

POLÍTICA · VENEZUELA · LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Delcy Rodríguez admitió un «uso abusivo» de la ley que su Constituyente aprobó en 2017 y pidió reformarla. La comisión que redactará los cambios tiene ocho diputados del PSUV y tres de oposición. La pregunta no es si la ley cambia, sino si dejan de existir los delitos con los que se encarceló a críticos.

La Asamblea Nacional designó el martes 29 de septiembre de 2026 una comisión especial de 11 diputados para redactar la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. La preside el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante. La integran también Jorge Arreaza, América Pérez, Carolina García Carreño, Willy Medina, Tania Díaz, Jehyson Guzmán y Nicolás Maduro Guerra, del PSUV, y los opositores Amelia Belisario, Luis Romero y Rubén Limas, según la lista divulgada por EFE.

La solicitud llegó un día antes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió reformar la ley para avanzar en la despenalización de sus tipos penales y admitió que había sido mal aplicada y usada de forma abusiva.

Contexto: una ley de 2017 con penas de hasta 20 años

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento de mayoría opositora y a pedido de Nicolás Maduro, tras los meses de protestas. Su artículo 20 castiga con 10 a 20 años de prisión a quien fomente, promueva o incite al odio. Desde entonces, organizaciones como Espacio Público y Foro Penal han documentado su uso contra periodistas, activistas, manifestantes y funcionarios. Juristas han cuestionado además su origen: una Constituyente no tenía, a su juicio, competencia para legislar en materia penal.

No es la primera admisión. En febrero de 2026, durante el debate de la ley de amnistía, el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, ya había reconocido el mal uso de la norma. La ley siguió vigente.

Para modificarla, la Asamblea se ampara en la ley constitucional que regula los actos de la Constituyente. Según Prensa Latina, su artículo 3 permite cambiarlos por iniciativa del 15 % de los electores, del 30 % de los diputados o del presidente en Consejo de Ministros. Es decir: la salida de la ley de 2017 pasa por otra ley de aquella misma Constituyente.

Análisis: reformar no es derogar

La comisión tiene la misma aritmética que la del TSJ: ocho del PSUV, tres de oposición. Entre sus miembros hay dirigentes del chavismo que defendieron la norma durante años, y la preside el mismo bloque que la aplicó. Delcy Rodríguez, que pide ahora reformarla, presidía la Constituyente que la aprobó.

La diferencia entre reformar y derogar no es de forma. Una reforma puede reducir penas, redefinir conductas o dejar el tipo penal en pie con otro nombre. Una derogación lo elimina, y con él la base de los procesos abiertos. Por eso la oposición, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Conferencia Episcopal piden derogarla, no retocarla.

Hay un dato que la reforma tendrá que responder: cuántas de las 324 personas que Foro Penal cuenta como presos políticos al 28 de septiembre están acusadas con esta ley, y qué pasa con ellas si el delito cambia.

Criterio: tres pruebas para el texto

1. El artículo 20. Si la reforma elimina la «incitación al odio» como delito o solo reduce su pena.
2. La retroactividad. Si el texto ordena revisar las causas abiertas y las condenas dictadas con la ley, o si solo rige hacia adelante.
3. Los votos de la minoría. Si los tres opositores de la comisión firman el proyecto o presentan uno propio de derogación. Ese compromiso se sigue en Verificable.

Fuentes principales: Asamblea Nacional, sesión del 29 de septiembre de 2026 (EFE, Prensa Latina, Radio Nacional de Venezuela); Delcy Rodríguez, solicitud del 28 de septiembre de 2026; Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, Gaceta Oficial 41.274, 8 de noviembre de 2017; Tal Cual, 29 de septiembre de 2026; Diario Libre (AFP), 19 de febrero de 2026; El Diario, 28 de abril de 2026; Foro Penal, boletín con corte al 28 de septiembre de 2026.

MUNDO · ORIENTE MEDIO · AVIACIÓN

Un vuelo de Dubái a Tel Aviv terminó en Arabia Saudita después de que un piloto apuñalara al otro en pleno vuelo. Israel lo trata como un atentado; la aerolínea dice que los motivos se desconocen. Entre ambas versiones hay hechos firmes, versiones atribuidas y preguntas abiertas, y conviene no mezclarlas.

El vuelo FZ1073 de Flydubai salió de Dubái hacia Tel Aviv el miércoles 30 de septiembre de 2026 y terminó en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. La aerolínea confirmó que hubo un altercado en la cabina de mando, que tripulantes de Flydubai que viajaban a bordo aseguraron el avión y lo aterrizaron, y que todos los pasajeros estaban a salvo. El operador aeroportuario saudí Cluster2 informó que el capitán y el primer oficial resultaron heridos y fueron hospitalizados. Por la tarde, los pasajeros volvieron a Israel en un avión de reemplazo de la misma aerolínea.

Lo que está confirmado

• Hubo una pelea violenta entre los dos pilotos en la cabina, y ambos resultaron heridos. Lo confirman la aerolínea y el operador del aeropuerto de Tabuk.
• El avión descendió de forma brusca. Según Flightradar24, citado por NBC News, llegó a perder unos 14.000 pies en menos de 30 segundos.
• Pilotos de Flydubai que viajaban como pasajeros tomaron el control y aterrizaron en Tabuk. Pasajeros y tripulantes ayudaron a reducir al agresor.
• Flydubai dijo que, por ahora, las causas y los motivos se desconocen y que hay una investigación formal abierta.
• Israel activó cazas durante la emergencia, según AP, y el primer ministro Benjamin Netanyahu convocó a los responsables de seguridad.

Lo que atribuye Israel

Funcionarios israelíes identifican al agresor como el copiloto, de nacionalidad omaní, y dicen que apuñaló al capitán y que al parecer intentó estrellar el avión. Netanyahu afirmó que el piloto agresor fue detenido y está siendo interrogado por las autoridades saudíes. Ministros israelíes lo llaman terrorista. Ninguna autoridad saudí, emiratí u omaní ha confirmado públicamente la identidad ni la nacionalidad del agresor.

La ministra de Transporte, Miri Regev, pidió al Shin Bet suspender los vuelos de Flydubai hacia y desde Israel. Según reportes de prensa, el acuerdo que permite a la aerolínea operar en Israel exige que sus pilotos tengan pasaporte de países con relaciones diplomáticas con Israel. Omán no las tiene.

Lo que no cuadra todavía

• La nacionalidad del capitán. La mayoría de los reportes lo describen como emiratí; Newsweek recogió que Netanyahu lo identificó como indio.
• El número de pasajeros. Flydubai habló de 174, 27 de ellos niños; otros reportes dan 180 o «más de 100 israelíes».
• La magnitud del descenso. Flightradar24 registró unos 14.000 pies; The Times of Israel habló de 17.000.
• Qué quería el agresor. Un funcionario israelí dijo que no está claro si buscaba desviar el avión, estrellarlo o algo más.
• El arma. No se ha dicho qué usó ni cómo llegó a la cabina.

Contexto: cuando la amenaza tiene la llave

Después del 11 de septiembre de 2001, las puertas blindadas de cabina se diseñaron para impedir que alguien entrara desde afuera. No sirven cuando el peligro ya está adentro. El antecedente más conocido es el vuelo 9525 de Germanwings, en 2015, en el que el copiloto bloqueó la puerta y estrelló el avión en los Alpes franceses. Esta vez, la presencia de pilotos fuera de servicio y la reacción de los pasajeros cambiaron el desenlace.

El vuelo también cruzó una frontera política. Flydubai vuela a Israel desde los Acuerdos de Abraham de 2020. Arabia Saudita no tiene relaciones diplomáticas con Israel, pero recibió el avión en Tabuk y atendió a los pasajeros durante unas ocho horas. Un funcionario israelí dijo a CNN que Riad no autorizó que aviones israelíes fueran a buscarlos; volvieron en un avión de Flydubai después de que las agencias de seguridad israelíes revisaran a la tripulación de reemplazo.

Criterio: tres respuestas pendientes

1. La identidad y el motivo. El sospechoso está bajo custodia saudí. Qué informa Riad, y cuándo, dirá cuánto está dispuesto a cooperar con Israel en un caso que lo toca de lleno.
2. Quién investiga. La investigación técnica de seguridad corresponde, en principio, a Emiratos, país de la aerolínea y del avión. Israel abrió la suya. Si ambas coinciden o chocan será la primera prueba.
3. El futuro de Flydubai en Israel. Si el copiloto era omaní, la pregunta es cómo llegó a un vuelo a Tel Aviv. La respuesta decidirá si la ruta sigue abierta.

Fuentes principales: Flydubai, comunicado del 30 de septiembre de 2026; Cluster2 (operador de aeropuertos de Arabia Saudita), 30 de septiembre de 2026; Oficina del primer ministro de Israel, 30 de septiembre de 2026; NBC News, CNN, AP, The Jerusalem Post, Israel Hayom y Newsweek, 30 de septiembre de 2026; Flightradar24.