ESPECIAL INCÍSOS · LA MESA DEL 1 DE AGOSTO

La Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 debía terminar su período el 5 de enero de 2021. Once años después sigue existiendo, funciona a través de una Comisión Delegada y es la contraparte opositora de la negociación que se instala el sábado 1 de agosto de 2026.

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Cinco directivas y un desacato

La asamblea que ganó la oposición en diciembre de 2015 con mayoría calificada rotó su directiva cada año: Henry Ramos Allup por Acción Democrática, Julio Borges por Primero Justicia, Omar Barboza por Un Nuevo Tiempo en 2018, Juan Guaidó por Voluntad Popular en 2019 y Guaidó otra vez en 2020, ya con un bloque minoritario. En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia la declaró en desacato y fue vaciando sus competencias hasta dejarla sin capacidad de legislar.

La cadena de prórrogas

El 5 de enero de 2021 venció su período constitucional. La asamblea decidió no disolverse y sostuvo su continuidad en el Estatuto que rige la Transición. El artículo 7 reformado de ese estatuto fue extendiendo su funcionamiento por doce meses cada vez, siempre a través de la Comisión Delegada. La extensión aprobada en diciembre de 2024 se notificó por carta a Francisco Palmieri, entonces jefe de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela.

El 5 de enero de 2023 entró en vigencia la reforma que eliminó el gobierno encargado de Juan Guaidó. Ese mismo día, Figuera fue electa presidenta junto a Marianela Fernández, de Un Nuevo Tiempo, y Auristela Vásquez, de Acción Democrática, que renunció a finales de 2024. El 10 de enero de 2023 quedó instalada la Comisión Delegada, integrada por la directiva y los presidentes de las comisiones permanentes, y el 19 de enero se designó el Consejo de Administración y Protección de Activos, coordinado por Gustavo Marcano.

El día que hubo dos asambleas

El 5 de enero de 2026 ocurrieron dos instalaciones simultáneas. En Caracas se instaló el Parlamento electo el 25 de mayo de 2025, con supermayoría chavista y presidido por Jorge Rodríguez. Por vía virtual, la Asamblea Nacional de 2015 renovó su directiva por acuerdo entre Primero Justicia, Voluntad Popular y Alianza del Lápiz. Figuera repitió en la presidencia.

El problema inverso

Aquí está la pieza que ordena todo el resto. La Asamblea Nacional de 2015 tiene un problema de permanencia: sus prórrogas han sido cuestionadas dentro de su propio campo. Pero no tiene un problema de origen: existen actas, y cada uno de sus diputados puede precisar cuántos votos obtuvo. La asamblea de 2025 tiene el problema inverso y más grave: ejerce poder efectivo sin origen verificable, y ninguno de sus diputados puede demostrar su votación.

Esa asimetría explica el rescate. Washington no eligió a la de 2015 por su fuerza, que es escasa, sino por su título, que es el único disponible.

Lo que Figuera dijo y lo que no

Figuera declaró el 18 de junio de 2026 que asistía por invitación del Departamento de Estado y que el objetivo era «un CNE creíble». Sobre los plazos fue explícita en entrevistas posteriores: los resultados deberían llegar para finales de 2026, aunque advirtió que «esto puede alargarse o concretarse; son objetivos que no son estáticos». Es la única autoridad de la mesa que ha hablado con cierta regularidad de su contenido. La contraparte no ha detallado su versión de la agenda.

Fuentes principales: Crónica Uno (10 de enero de 2023); Analítica (5 de enero de 2024); El Nacional (24 de diciembre de 2024); Contrapunto (5 de enero de 2026); Xinhua (19 de junio de 2026); Mundiario y El Gran Santo Domingo (21 de junio de 2026); Efecto Cocuyo (29 de julio de 2026); Gaceta Legislativa número 76.

ESPECIAL INCÍSOS · LA MESA DEL 1 DE AGOSTO

El secretario de Estado Marco Rubio da por iniciada la transición venezolana el sábado 1 de agosto de 2026. El presidente Donald Trump respondió «todavía no» sobre el calendario electoral el 24 de julio. Las dos afirmaciones caben en el mismo plan porque ese plan nunca fijó fechas de cierre.

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Lo que sí tuvo el plan

El plan de tres fases —estabilización, recuperación, transición— se formuló el 7 de enero de 2026 ante el Congreso, cuatro días después de la captura del usurpador Nicolás Maduro y de Cilia Flores. No fue una improvisación y conviene decirlo cada vez, porque la crítica fácil se equivoca de blanco. Tuvo secuencia, tuvo actores designados y tuvo ejecución verificable.

La fase de estabilización dejó hechos fechados: la Ley de Amnistía del 19 de febrero, la designación de Larry Devoe como fiscal general y de Eglée González Lobato como defensora del pueblo el 9 de abril, y la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales instalada el 21 de abril. La de recuperación dejó otros: las licencias generales 49 y 50 del Departamento del Tesoro, la migración de contratos petroleros y la visita del secretario de Energía Chris Wright a la Faja del Orinoco en julio.

Lo que nunca tuvo

Ninguna fase tiene fecha de cierre ni umbral de cumplimiento. No existe un documento público que diga qué debe ocurrir para considerar concluida la estabilización, ni cuántos indicadores deben moverse para declarar cumplida la recuperación. La transición, por tanto, empieza cuando alguien con autoridad dice que empieza. Eso ocurrió el 23 de julio de 2026, cuando Rubio dio por hecho que arrancaba con la instalación de la mesa.

La bisagra, no el comienzo

Situar el 1 de agosto como inicio de la fase tres es una decisión discutible en sus propios términos. La mesa no convoca elecciones, no fija cronograma electoral y no tiene competencia para hacerlo. Lo que hace es abrir la discusión sobre el árbitro. Es decir: es la bisagra entre dos fases, no el arranque de una.

La prueba está en la contradicción aparente de las dos declaraciones de la semana del 20 de julio. Rubio abre la transición el 1 de agosto. Trump, preguntado el 24 de julio en el Despacho Oval sobre cuándo habrá elecciones, respondió que todavía no, sin fecha y sin umbral. No se contradicen: describen un mismo diseño donde la fase se declara abierta y el resultado queda sin plazo.

Por qué esto importa más que el simbolismo

Una fase sin fecha de cierre no se cierra: se estira. Y mientras se estira, las decisiones que sí tienen calendario propio siguen su curso. Los contratos petroleros tienen vencimientos. Las licencias tienen renovaciones. La reconstrucción posterior al doble sismo del 24 de junio tiene urgencias diarias. La designación de un árbitro electoral, en cambio, solo tiene una meta declarada en entrevistas: finales de 2026, con la advertencia de su propia promotora de que los objetivos «no son estáticos».

La crítica válida al plan no es que fuera improvisado. Es que traslada al tiempo la decisión que debería tomar por escrito.

Fuentes principales: comparecencia de Marco Rubio ante el Congreso (7 de enero de 2026); declaraciones de Marco Rubio del 23 de julio de 2026 recogidas por TalCual; declaraciones de Donald Trump del 24 de julio de 2026 recogidas por EFE e Infobae; reportes sobre las licencias generales 49 y 50 del Departamento del Tesoro; Reuters (23 de julio de 2026); entrevistas de Dinorah Figuera con Luis Olavarrieta y Román Lozinski.

ESPECIAL INCÍSOS · LA MESA DEL 1 DE AGOSTO

La mesa que se instala el sábado 1 de agosto de 2026 tiene una contraparte formal y otra material. La formal es la Asamblea Nacional electa el 25 de mayo de 2025. La material es el poder que administra Delcy Rodríguez, y no se sienta.

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La instancia que firma

La Asamblea Nacional electa el 25 de mayo de 2025 tiene lo que hace falta en el papel: supermayoría, dos tercios y competencia constitucional para designar rectores del Consejo Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ninguna de esas designaciones puede ocurrir sin ella. Por eso está en la mesa y por eso su firma es indispensable.

La instancia que decide

Jorge Rodríguez preside ese Parlamento y es hermano de la presidenta encargada. La mesa se acordó, según el propio comunicado del 18 de junio, tras una reunión de trabajo entre él y Dinorah Figuera, en un proceso promovido por el Departamento de Estado. Días después de aquel acuerdo, el mismo Rodríguez declaró públicamente que discutir el TSJ o el CNE era «un irrespeto», y semanas más tarde confirmó que iría al diálogo de todos modos.

Ese giro es el dato: la posición de la contraparte cambió sin que cambiara ninguna condición pública. Cuando la postura de un negociador se mueve por razones que no explica, la decisión no está donde está la firma.

Lo que no se sabe de la otra delegación

Al 30 de julio de 2026 no se ha publicado un solo nombre de la delegación chavista. Los diez integrantes anunciados por bando existen, según la propia Figuera, pero solo la lista opositora ha trascendido. Analistas consultados por la prensa venezolana dan por descontado que la delegación incluirá representación del rodrigato más allá de Jorge Rodríguez, y mencionan a Diosdado Cabello. Esa es una proyección de analistas y no un dato confirmado, y así conviene tomarla hasta que exista lista oficial.

La simetría que cambia la lectura

Ni la presidenta encargada ni la candidata presidencial de la oposición mayoritaria se sientan a esta mesa. En una negociación sobre reglas de juego, los contendientes no negocian al árbitro: lo hacen sus delegaciones. Esa simetría, ya expuesta en la cobertura de esta casa, tiene una consecuencia que suele quedar fuera del análisis: quien no se sienta tampoco queda obligado.

Si la mesa produce un CNE, el rodrigato podrá aceptarlo o desconocerlo sin haber firmado nada con su nombre. Y la oposición mayoritaria podrá evaluarlo con criterios propios sin haber suscrito el mecanismo. Es una mesa donde las dos autoridades reales conservan intacta su libertad de acción.

La pregunta que ordena agosto

No es si la mesa avanza. Es si lo que la mesa acuerde tiene detrás una autoridad capaz de cumplirlo. La respuesta se conocerá en el primer acuerdo que exija una firma ejecutiva: una excarcelación, una habilitación, una gaceta. Hasta entonces, lo que hay es un espacio de conversación entre dos parlamentos y un facilitador extranjero.

Fuentes principales: comunicado de la Asamblea Nacional de Venezuela (18 de junio de 2026); Xinhua (19 de junio de 2026); Efecto Cocuyo (29 de julio de 2026); declaraciones de Jorge Rodríguez de julio de 2026 recogidas por la prensa venezolana; El Correo Gallego (27 de julio de 2026).