FICHA 6W

Los tres números que definen el cuadro

Para entender la economía doméstica venezolana en julio de 2026 bastan tres cifras puestas una junto a otra.

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El dólar oficial: el Banco Central de Venezuela fijó la tasa del 20 de julio en 736,93 bolívares por dólar. La variación acumulada en lo que va de año supera el 147%, y respecto al mismo día de 2025 el incremento supera el 518%.

La canasta alimentaria: el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros calculó la canasta de junio por encima de los 756 dólares mensuales para una familia.

El salario mínimo: permanece congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, un monto que al cambio actual equivale a unos 18 centavos de dólar. El anuncio del 30 de abril de 2026 fijó el llamado ingreso mínimo integral en 240 dólares, pero ese aumento se canaliza íntegramente por bonificaciones: el salario base no se tocó.

La conclusión aritmética es inmediata y brutal: ningún salario formal venezolano cubre la alimentación de una familia. No se trata de que alcance poco. Se trata de que no alcanza en absoluto.

Entonces, ¿de qué vive la gente?

Aquí está la pregunta que importa, y la respuesta es que el hogar venezolano promedio se financia con una combinación de fuentes, ninguna de las cuales es el sueldo.

Los bonos. El Estado transfiere bonificaciones complementarias a través del Sistema Patria: alrededor de 200 dólares por el bono contra la guerra económica y unos 40 por el cestaticket, que suman los 240 del ingreso mínimo integral. Los pensionados del Seguro Social quedaron en 70 dólares y no reciben cestaticket.

Aun así, la canasta alimentaria supera los 756 dólares: el ingreso integral completo cubre menos de un tercio de la comida familiar.

Que sean bonos y no salario importa por partida doble. Primero, porque son discrecionales: dependen de estar inscrito en el Sistema Patria y pueden ajustarse o suspenderse sin negociación colectiva. Segundo, y más grave, porque no tienen incidencia salarial: las prestaciones sociales, las vacaciones, las utilidades y las jubilaciones se calculan sobre los 130 bolívares, no sobre los 240 dólares.

Las remesas. El dinero que envía la diáspora es uno de los pilares del consumo. Con más de siete millones de venezolanos fuera del país, buena parte de los hogares tiene al menos un familiar aportando desde el exterior.

El trabajo informal. Ventas, servicios, oficios, comercio transfronterizo. Es donde se genera el ingreso que el empleo formal no da.

La ayuda humanitaria. Tras el doble sismo del 24 de junio, la asistencia internacional se sumó a esa ecuación en las zonas afectadas.

La economía dual: dos países en uno

El dato estructural más importante es que más del 60% de las transacciones comerciales en las principales ciudades se realiza en dólares estadounidenses, según estimaciones de firmas locales.

Esa dolarización de facto —no decretada, sino impuesta por la realidad— partió al país en dos.

De un lado, quienes acceden a divisas: por remesas de familiares en el exterior, por empleo en el sector privado dolarizado, o por actividad informal transfronteriza. Este grupo tiene cierta protección frente al alza de precios, porque su ingreso se mueve en la misma moneda que los precios.

Del otro, quienes cobran en bolívares: empleados públicos, jubilados, pensionados y buena parte del sector informal. Para ellos, cada devaluación es una pérdida directa de poder de compra, porque su ingreso se deprecia mientras los precios están anclados al dólar.

No es una diferencia de nivel de ingreso. Es una diferencia de moneda, y determina si una familia puede o no planificar.

Qué se consume y cómo

De ese cuadro se desprenden patrones de consumo concretos.

La compra se fragmenta: en lugar de una compra mensual, el hogar adquiere lo del día o la semana, porque el ingreso llega en tramos y porque los precios cambian. Se prioriza el alimento básico sobre el proteico. Se sustituyen marcas por opciones más económicas o a granel.

El crédito formal prácticamente desapareció, y ese vacío explica el éxito de mecanismos alternativos: la fintech Cashea construyó un sistema de compra en cuotas desplegado en más de 40.000 comercios, con más de diez millones de cuentas abiertas según sus propios reportes. Que una empresa de crédito al consumo levante cien millones de dólares en un país sin banca de consumo dice más sobre la necesidad que sobre la oportunidad.

Lo que puede cambiar, y lo que no

Hay señales de movimiento. Los analistas del sector proyectaban para el cierre de julio un dólar oficial en un rango de entre 663 y 700 bolívares, con la expectativa de que se acerque al tipo de cambio de mercado. Una reducción de la brecha cambiaria a menos del 20% crearía condiciones para avanzar hacia el desmantelamiento del control de cambios y la libre convertibilidad del bolívar.

El soporte de esa expectativa es petrolero: desde febrero la producción volvió a superar el millón de barriles diarios y se mantiene en niveles superiores a los de 2020-2023. La infraestructura petrolera no sufrió daños significativos en el sismo, por lo que el flujo de divisas por exportaciones sigue siendo el principal respaldo para que el Banco Central pueda intervenir y evitar una depreciación más acelerada.

Lo que no cambia con eso es la brecha estructural. Unificar el tipo de cambio no eleva el salario. Y mientras el ingreso formal siga sin relación con el costo de la vida, la economía doméstica venezolana seguirá financiándose con lo que llega de afuera, de la informalidad o de una transferencia estatal que nadie puede exigir.

Para el lector de la diáspora

Hay una implicación directa para el venezolano en Estados Unidos que lee esto. Su remesa no es un complemento: en muchos hogares es la partida que cubre la comida.

Eso convierte cada decisión sobre el envío en algo más determinante de lo que suele parecer. Comparar corredores importa: las comisiones y los tipos de cambio varían de forma significativa entre proveedores, y esa diferencia es dinero que llega o no llega al plato.

Estas son consideraciones generales de economía doméstica, no asesoría financiera. Pero el dato de fondo conviene tenerlo claro: en la Venezuela de 2026, quien financia el día de millones de familias está, con frecuencia, a miles de kilómetros de distancia.

FUENTES PRINCIPALES
– Banco Central de Venezuela, tasa de cambio oficial al 20 de julio de 2026.
– Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas-FVM), canasta alimentaria de junio de 2026.
– Proyecciones de Ecoanalítica citadas por Bloomberg Línea, julio de 2026.
– Estimaciones sobre dolarización transaccional y canasta básica del Observatorio Venezolano de Finanzas.

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Los números, con precisión

El 30 de abril de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que el ingreso mínimo integral se fijaría en 240 dólares mensuales para los trabajadores activos. Los pensionados quedaron en 70 dólares, un incremento del 40% para ese sector.

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Pero el 4 de mayo, el ministro del Trabajo, Carlos Alexis Castillo, precisó cómo se aplicaría: íntegramente por vía de bonificaciones. El salario mínimo legal permanece en 130 bolívares mensuales, sin cambios desde marzo de 2022. Al tipo de cambio actual, esa cifra equivale a unos 18 centavos de dólar.

La composición de los 240 dólares es la siguiente: alrededor de 200 corresponden al llamado bono contra la guerra económica y unos 40 al cestaticket de alimentación. Ambos se pagan a través del Sistema Patria y quedan anclados a la tasa del Banco Central del día en que se ejecuta la orden de pago.

La justificación oficial fue explícita. «En estos momentos no podemos aumentar salario porque aumentar el salario significa que se nos dispara la inflación», declaró Castillo, quien añadió que los bonos y el ingreso integral son «absolutamente coyuntural» hasta que se pueda reconstruir el sistema laboral venezolano.

Por qué la distinción importa

Aquí está el punto que suele perderse entre las cifras, y es el que determina la vida material de millones de trabajadores.

Un salario y un bono no son lo mismo ante la ley laboral venezolana. El concepto de ingreso mínimo integral se fundamenta en un decreto de 2023 y agrupa salario mínimo, cestaticket y bono contra la guerra económica. Pero carece de incidencia en el cálculo del salario normal e integral previstos en la Ley Orgánica del Trabajo.

En términos concretos, eso significa que las prestaciones sociales, las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades, el bono de fin de año y las indemnizaciones no se calculan sobre los 240 dólares. Se calculan sobre los 130 bolívares.

Un trabajador que se jubile hoy, o que reciba su liquidación, no recibirá una cifra proporcional a los 240 dólares que percibió mensualmente. Recibirá una calculada sobre un salario base de menos de veinte centavos de dólar.

El economista Asdrúbal Oliveros ha señalado que mantener el salario congelado es precisamente una estrategia para evitar que se disparen los pasivos laborales bajo la Ley Orgánica del Trabajo. En lugar de salarizar, el Estado optó por bonificar.

Lo que eso le cuesta al trabajador

Las consecuencias son verificables y acumulativas.

Pérdida de derechos adquiridos. Cada año trabajado bajo este esquema genera prestaciones calculadas sobre una base pulverizada. El daño no se percibe mientras se trabaja; se percibe al liquidar.

Pensiones mínimas. Los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no reciben cestaticket, por lo que su ingreso queda muy por debajo del de un trabajador activo.

Condicionalidad. Los bonos dependen de estar inscrito en el Sistema Patria y son discrecionales: pueden ajustarse, retrasarse o suspenderse sin negociación colectiva. Un salario es un derecho exigible; un bono, una transferencia.

Ausencia de negociación. Al no ser salario, estas asignaciones quedan fuera del ámbito de la contratación colectiva y de la discusión sindical.

El contraste con el costo de la vida

Los 240 dólares deben leerse contra el dato que INCÍSOS ha documentado: el Centro de Documentación y Análisis Social calculó la canasta alimentaria de junio de 2026 por encima de los 756 dólares mensuales para una familia.

Es decir, el ingreso integral completo de un trabajador activo cubre menos de un tercio de la alimentación familiar. Para un pensionado, con 70 dólares, la proporción es de menos del diez por ciento.

Eso explica por qué, como también hemos documentado, el hogar venezolano se financia con una combinación de remesas, trabajo informal y ayuda: no porque los venezolanos prefieran la informalidad, sino porque la aritmética del ingreso formal no cierra por ningún lado.

El debate económico

Conviene presentar el argumento del gobierno en sus propios términos, porque tiene una base técnica reconocible.

Economistas como el propio Oliveros han advertido que cualquier incremento salarial debe respaldarse en productividad real para evitar un rebrote inflacionario. José Guerra ha señalado que un aumento sin estabilización cambiaria sería absorbido rápidamente por la inflación: con una devaluación constante, el poder adquisitivo se evapora en semanas.

Ese razonamiento es válido como advertencia macroeconómica. Su límite es que no responde la pregunta de los pasivos laborales: aunque un aumento salarial fuera inflacionario, la ausencia total de salarización durante cuatro años erosiona derechos que no se recuperan después.

Y hay un dato político que conviene registrar: cuando se anunció el esquema de bonificaciones, el rechazo se expresó también dentro del propio campo oficialista y de la izquierda. Sectores próximos al chavismo calificaron la medida en términos severos, y hubo protestas de trabajadores universitarios en las semanas previas al anuncio.

Lo que hay que vigilar

Tres preguntas quedan abiertas y son verificables: si el esquema de bonificaciones se mantiene o se avanza hacia la salarización; qué ocurre con los pasivos laborales acumulados durante cuatro años de congelamiento; y si la eventual unificación cambiaria —que los analistas ven posible si la brecha baja del 20%— crea condiciones para revisar el salario base.

Mientras tanto, la respuesta a la pregunta de cuánto gana un trabajador venezolano tiene dos versiones. Una para el anuncio: 240 dólares. Otra para la ley: 130 bolívares. Y es la segunda la que cuenta el día que hay que liquidar.

FUENTES PRINCIPALES
– Anuncio de la presidencia encargada, 30 de abril de 2026.
– Declaraciones del ministro del Trabajo Carlos Alexis Castillo a la emisora Onda, 4 de mayo de 2026 (vía EFE y Bloomberg Línea).
– Decreto 4.805 sobre ingreso mínimo integral y Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
– Análisis de Asdrúbal Oliveros y José Guerra sobre política salarial, abril-mayo de 2026.
– Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas-FVM), canasta alimentaria de junio de 2026.

ESPECIAL · IV

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sigue inoperativo para vuelos comerciales un mes después del sismo. Cinco terminales alternos absorben el tráfico, con Valencia —a 170 kilómetros de Caracas— como principal punto de entrada al país.

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Un país que voló por otras puertas

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía sigue inoperativo para vuelos comerciales un mes después del sismo. Cinco terminales alternos absorben el tráfico, con Valencia —a 170 kilómetros de Caracas— como principal punto de entrada al país.

La puerta principal, cerrada

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, es la principal puerta de entrada de Venezuela. Está ubicado precisamente en la franja costera que concentró la mayor destrucción del doble sismo. Los daños en las estructuras de sus terminales nacional e internacional y en sus pistas obligaron a su cierre inmediato.

Un mes después sigue inoperativo para la aviación comercial. Las autoridades habilitaron una de sus pistas, pero exclusivamente para vuelos humanitarios y de carga. Las restricciones a la aviación general e internacional se fueron extendiendo mediante sucesivos avisos aeronáuticos.

Las cinco puertas alternas

El plan de contingencia redistribuyó las operaciones hacia cinco terminales:

Valencia · Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Carabobo. Es el que absorbió el grueso del tráfico internacional. Opera conexiones con Bogotá, Madrid, Lisboa, La Habana, Cancún, Ciudad de México, Punta Cana y Panamá, con aerolíneas como Conviasa, Turpial, Rutaca, Avianca, Wingo, Iberia, Air Europa, Estelar, Plus Ultra y TAP.

Barcelona · Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui. Recibe rutas internacionales operadas por Avior, Laser, LATAM y Copa hacia Bogotá, Curazao, Medellín, Miami, España y Panamá.

Maracaibo · Aeropuerto La Chinita. Vuelos diarios a Panamá, Miami y Bogotá con Copa, American y Avianca.

Barquisimeto · Aeropuerto Jacinto Lara.

Porlamar · Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño.

Air Europa, por ejemplo, anunció el 21 de julio que mantendría sus vuelos Madrid-Valencia al menos hasta mediados de agosto.

El costo que no aparece en los balances

La contingencia funciona, pero tiene un precio que no figura en ningún parte oficial.

El primero es la distancia. Valencia está a unos 170 kilómetros de Caracas. Para un venezolano de la diáspora que viene a ver a los suyos, o para un familiar que va a recibirlo, eso significa horas de carretera adicionales en un país con infraestructura vial deteriorada y con zonas afectadas por el sismo.

El segundo es la congestión. Terminales que no estaban acostumbradas a recibir grandes volúmenes de pasajeros ni movimientos de aeronaves enfrentan colapsos operativos. Los pasajeros reportan retrasos de varias horas para hacer el check-in.

El tercero es económico. El sector de viajes venía dando pasos positivos desde comienzos de 2026 con la reactivación de líneas aéreas y el regreso de operadoras estadounidenses. Ese repunte se frenó. Las ventas disminuyeron y el sector pasó, en palabras de operadores del ramo, a un modo de resolución de conflictos: no solo cuesta irse, también le costó devolverse a mucha gente.

El problema que casi nadie menciona

Hay un obstáculo para reactivar Maiquetía que no es de concreto ni de pistas. Es de personas.

Reactivar un aeropuerto internacional exige personal capacitado en sistemas que el pasajero no ve: correas de equipaje, seguridad aeroportuaria, control de operaciones. Parte de ese personal ya no está. Algunos murieron, otros se desplazaron, otros perdieron sus viviendas y su vida se reorganizó en otra parte.

Esa es una de las dimensiones menos visibles de la catástrofe: la destrucción no solo derriba estructuras, también desarma equipos humanos que tardaron años en formarse. Y a diferencia del hormigón, no se reponen con financiamiento internacional.

Lo que está en juego

La reapertura de Maiquetía no es solo una cuestión de comodidad para viajeros. Es un asunto estratégico: la terminal es la principal conexión del país con el mundo y una pieza clave de cualquier reconstrucción. Estados Unidos ha sido señalado como actor central en la eventual reconstrucción de esa infraestructura.

Las autoridades han manejado fechas tentativas de reapertura con asistencia de expertos internacionales, pero al cierre de este especial la terminal seguía sin recibir vuelos comerciales. Para un país cuya diáspora supera los siete millones de personas, cada semana de cierre es una semana de familias más lejos.