El estándar que propone

La columna de Rubio hace algo que la retórica diplomática rara vez hace: propone criterios comprobables.

Su argumento central es que cuando los activos críticos de un país quedan bajo la propiedad o el control de otra nación, ese país pierde el derecho a decidir su propio destino y enfrenta amenazas a su soberanía, a la privacidad de sus datos y a su independencia económica. Sostiene que los proyectos respaldados por el Estado chino llegan con contratos poco transparentes, endeudamiento insostenible, explotación laboral y daño ambiental, y que la alternativa estadounidense es inversión privada, abierta y guiada por el mercado.

De ahí extrae la petición que da sentido a toda la pieza: que cada país elija a sus socios con «transparencia absoluta» y que la totalidad de los términos sean visibles para el público.

Reduciendo su texto a criterios, quedan cuatro.

Uno. Que los términos completos sean públicos.
Dos. Que la inversión sea privada y no de un Estado extranjero.
Tres. Que los activos estratégicos no queden bajo control de otra nación.
Cuatro. Que el país conserve la capacidad de decidir su destino.

Son criterios sensatos y, sobre todo, son verificables. Por eso vale la pena aplicarlos.

Aplicados al acuerdo venezolano

Uno. Términos públicos. El contrato con North American Blue Energy Partners no se ha publicado. Lo que existe es una hoja informativa de la Casa Blanca del 31 de agosto y declaraciones de funcionarios venezolanos. No hubo, además, proceso de licitación: la ministra de Hidrocarburos lo justificó por razones de continuidad y rapidez. No se cumple.

Dos. Inversión privada y no estatal. El Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene una participación del 35% en NABEP, según la hoja informativa de la Casa Blanca y según lo confirmó el presidente de PDVSA. Es participación accionaria de un Estado extranjero en la empresa operadora. No se cumple.

Tres. Activos estratégicos sin control de otra nación. El gobierno estadounidense tiene poder de veto sobre el nombramiento de la junta directiva de NABEP, cuya mayoría debe ser de nacionalidad estadounidense. El Departamento de Estado compra el 20% de la producción a precio de costo y tiene derecho de primera opción sobre el 80% restante. No se cumple.

Cuatro. Capacidad de decidir el destino propio. Este es el único que admite discusión. El gobierno venezolano sostiene que la propiedad del recurso sigue siendo nacional y que se trata de un acuerdo comercial. Es un argumento defendible en términos de titularidad jurídica del subsuelo. Queda abierto.

Tres de cuatro criterios, redactados por el propio secretario de Estado, no se cumplen en el acuerdo que su gobierno firmó.

Por qué esto no es una acusación

Conviene ser preciso, porque la conclusión fácil sería decir que Rubio se contradice. No es exactamente eso.

Un gobierno puede sostener legítimamente que la participación estatal estadounidense es distinta de la china porque los sistemas políticos son distintos, porque hay contrapesos institucionales, prensa libre y controles del Congreso que en el otro caso no existen. Ese argumento existe y merece ser escuchado.

Lo que no admite discusión es que ese argumento no aparece en la columna. El texto no distingue entre buenas y malas participaciones estatales: distingue entre inversión privada y participación estatal, y coloca la segunda del lado del problema.

El estándar, tal como está escrito, es más exigente que la práctica.

El criterio que se puede resolver de inmediato

De los cuatro, hay uno que no requiere ninguna discusión conceptual y se puede satisfacer con un acto administrativo: publicar el contrato.

Rubio pidió que la totalidad de los términos sea visible para el público. En el caso venezolano no lo es. Publicarlo no exige negociación, no compromete seguridad nacional en un contrato de hidrocarburos y no depende de un tercero.

Sería, además, el argumento más eficaz que Washington podría exhibir en Bogotá, en Quito y en Lima: aquí está el nuestro, léanlo, y comparen.

El contexto de la gira

Rubio anunció el 8 de septiembre la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, la alianza contra el crimen organizado transnacional impulsada desde marzo de 2026, y describió al país como aliado importante extra-OTAN. En Colombia anunció que el próximo Diálogo para la Prosperidad Bilateral buscará canalizar inversión privada estadounidense hacia infraestructura energética, logística y transporte.

Esos tres sectores son los mismos donde el argumento sobre soberanía y control de activos estratégicos se vuelve verificable. Los acuerdos que se firmen en esta gira van a poder someterse a los mismos cuatro criterios.

Vale la pena guardarlos.

Lo que hay que vigilar

Si se publican los términos completos de los acuerdos que resulten de la gira.

Si alguno de los tres gobiernos solicita publicidad contractual como condición.

Y si el contrato venezolano se hace público en algún momento.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría financiera ni de inversión.

Fuentes principales: Columna de Marco Rubio «Un hemisferio que cumple», publicada el 8 de septiembre de 2026 en Semana, de Colombia, y en El Comercio, de Perú. Declaraciones de Rubio a periodistas antes de partir hacia Barranquilla, reseñadas por Infobae, NTN24 y El Espectador. Anuncio de la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, según EFE. Hoja informativa de la Casa Blanca del 31 de agosto de 2026. Declaraciones de Héctor Obregón del 7 de septiembre y de Paula Henao del 6 de septiembre de 2026.

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