Política
Venezuela cede el control de su petróleo a cambio de sobrevivir
La transición abre el petróleo al capital privado y revierte el modelo chavista. Un canje entre la urgencia de recursos y el control sobre el principal activo del país.
La apertura petrolera de la transición revierte dos décadas de control estatal sobre el recurso. Qué gana Venezuela con el regreso del capital extranjero y qué arriesga al ceder el mando de su principal activo.
§ Las seis preguntas
| Qué | El canje entre recursos urgentes y control sobre el petróleo. |
| Quién | El Estado venezolano, PDVSA y el capital privado extranjero. |
| Cuándo | Tras la reforma de hidrocarburos de 2026. |
| Dónde | En el sector energético venezolano. |
| Por qué | La transición necesita inversión que el Estado no puede aportar. |
| Cómo | Cediendo participación y control estatal a cambio de capital. |
# Venezuela cede el control de su petróleo a cambio de sobrevivir
Detrás de cada licencia que Venezuela otorga a una petrolera extranjera hay un canje de fondo que conviene nombrar con claridad: el país cede parte del control sobre su principal recurso a cambio de la inversión que necesita para sobrevivir económicamente. Es una decisión enorme, con argumentos de peso a favor y riesgos reales en contra. Vale la pena sopesar ambos lados sin maniqueísmo.
El giro respecto al chavismo
Lo primero es dimensionar el cambio. Durante dos décadas, el chavismo hizo del control estatal sobre el petróleo un dogma. La estatal PDVSA era el corazón del modelo, y la idea de «soberanía petrolera» —el Estado como dueño y operador— era un pilar ideológico. La reforma de la transición revierte ese modelo: abre el sector al capital privado y extranjero, y cede a las empresas participación y control operativo que antes el Estado se reservaba.
Es, en cierto sentido, el desmantelamiento del legado petrolero del chavismo, como han señalado los analistas. Un giro de 180 grados sobre uno de los principios más identitarios del proyecto que gobernó Venezuela durante una generación. La magnitud del cambio explica que genere tanto entusiasmo como inquietud.
Lo que Venezuela gana
Los argumentos a favor son sólidos. El principal: Venezuela no tiene, hoy, ni el capital ni la tecnología ni la credibilidad para reactivar sola su industria. Años de desinversión y mala gestión dejaron a PDVSA en ruinas y la producción colapsada. Sin socios extranjeros que aporten dinero y conocimiento, los recursos seguirían bajo tierra, inservibles. Como han admitido hasta voces críticas, la industria petrolera necesita una enorme dosis de inversión que el país no puede aportar por sí mismo.
A eso se suma el efecto de credibilidad: la llegada de empresas de prestigio internacional puede atraer más inversión, mejorar la gestión y reconectar a Venezuela con los mercados globales. Y el ingreso que generen esos proyectos puede financiar la reconstrucción que el país necesita con urgencia. En el corto plazo, el canje tiene una lógica de supervivencia difícil de rebatir.
Lo que Venezuela arriesga
Pero el otro lado de la balanza también pesa. Ceder control sobre el principal recurso del país, en condiciones de debilidad negociadora extrema, entraña riesgos. El primero: que la urgencia lleve a firmar acuerdos desfavorables, que entreguen demasiado a cambio de demasiado poco, hipotecando ingresos futuros que el país necesitará por décadas. Quien negocia desde la necesidad rara vez consigue las mejores condiciones.
El segundo riesgo es la opacidad. Si la apertura se hace sin transparencia —sin que se conozcan los términos de los contratos, sin escrutinio público, sin rendición de cuentas—, se abre la puerta a que la riqueza nacional se gestione de nuevo en la sombra, con el riesgo de favoritismos y corrupción que Venezuela conoce demasiado bien. La falta de acceso al texto de la reforma, que algunos diputados han denunciado, alimenta esa preocupación.
El equilibrio que falta definir
La pregunta clave no es «apertura sí o apertura no» —el país necesita inversión, eso es difícil de discutir—. La pregunta es en qué términos y con qué controles. Una apertura bien diseñada puede atraer capital preservando una porción justa para la nación, con reglas claras y transparencia. Una mal diseñada puede malvender el patrimonio en nombre de la urgencia.
Encontrar ese equilibrio es, quizás, una de las decisiones más trascendentales de la transición. Y es una decisión que, por su magnitud, no debería tomarse a puertas cerradas ni quedar exenta de debate público. La riqueza petrolera es de todos los venezolanos; las condiciones en que se entrega su explotación les conciernen a todos.
La lectura de fondo
Venezuela está canjeando control sobre su petróleo por la inversión que necesita para sobrevivir. Es un canje con lógica en el corto plazo y riesgos en el largo. Lo que determine si fue un buen negocio o un mal negocio no será la cantidad de licencias firmadas, sino las condiciones en que se firmaron y la transparencia con que se manejaron.
Para el venezolano, el llamado es a seguir este proceso con ojo crítico y exigente, más allá del entusiasmo o el rechazo automáticos. Ni la apertura es la panacea que la propaganda oficial sugiere, ni es la traición que algunos denuncian: es una apuesta arriesgada cuyo resultado dependerá de cómo se ejecute. Vigilar esa ejecución —los términos, la transparencia, el beneficio nacional— es la mejor forma de cuidar lo que, al final, es de todos.
Esta nota tiene carácter informativo y de análisis.
Fuentes principales: Cobertura sobre la reforma de la Ley de Hidrocarburos y la apertura petrolera de la transición (2026); análisis sobre el desmantelamiento del modelo petrolero chavista; reclamos de transparencia de diputados opositores.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Política
La silla vacía de Venezuela en el juicio del 11 de abril
Las familias llegaron con sus muertos. La silla de Venezuela quedó vacía.
POLÍTICA · JUSTICIA
Veinticuatro años después, la Corte Interamericana escuchó a las víctimas de la marcha del 11 de abril de 2002. Las familias llegaron con sus muertos y sus amenazas. La silla de Venezuela quedó vacía: el Estado no acreditó representante, aunque la Corte lo invitó.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Audiencia pública del caso Trujillo y otros vs. Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sobre muertos y heridos de la marcha del 11 de abril de 2002. |
|---|---|
| Quién | Las familias de siete fallecidos y cinco heridos; la Comisión Interamericana (CIDH), que llevó el caso; el Foro Penal, que lo denunció en 2002. El Estado venezolano no se presentó. |
| Cuándo | Miércoles 14 de octubre de 2026. |
| Dónde | Sede de la Corte IDH en San José, Costa Rica. |
| Por qué | La CIDH concluyó que Venezuela violó los derechos a la vida, la integridad, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial, y que no demostró que la fuerza letal fuera legítima, necesaria ni proporcional. |
| Cómo | Con testimonios de una hermana de una víctima y de una periodista testigo. La Corte decidirá después sobre la responsabilidad del Estado y las reparaciones. |
Yenfri Querales llegó a San José con la historia de su hermano. Juan David Querales tenía 25 años, trabajaba como teleoperador y murió desangrado tras recibir un disparo cerca de la estación El Silencio el 11 de abril de 2002. La investigación se detuvo. «Al final no supimos más», dijo ante la Corte, según Runrunes. Pidió una sentencia que devuelva la dignidad a su hermano y que sus padres alcancen a ver justicia.
Delvalle Canelón, periodista y hoy secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, contó que vio a civiles armados disparar desde Puente Llaguno y que la Guardia Nacional conversaba con ellos en lugar de detenerlos. Relató que, cuando iba a declarar en el juicio de los policías metropolitanos, dos de los hombres identificados como pistoleros del puente, Henry Atencio y Richard Peñalver, la amenazaron en los baños del tribunal de Maracay. Se quebró al contarlo. Uno de los jueces le respondió: «Es un mundo donde existe mucha cobardía, pero de repente aparecen personas muy valientes».
La silla vacía
Frente a esos testimonios no hubo nadie. El Estado venezolano no acreditó agente ni presentó alegatos en la audiencia, pese a que la Corte lo invitó a hacerlo, según Runrunes. No hubo quien defendiera la actuación de la Guardia Nacional ni quien explicara por qué, 24 años después, no hay responsables.
La ausencia pesa más por quién gobierna hoy. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo en la FAO el 12 de octubre que Venezuela vive un proceso «ordenado, institucional y verificable». Su gobierno negocia en Caracas un nuevo Tribunal Supremo y pide a Washington que levante sanciones. Y no mandó a nadie a la única audiencia internacional en la que el Estado tenía que rendir cuentas por sus muertos.
Lo que dice el expediente
El caso reúne a doce víctimas. Tres murieron cerca de El Silencio, por disparos que la CIDH atribuye a la Guardia Nacional: Jhonny Palencia, Juan David Querales y Víctor Emilio Reinoso. Cuatro murieron en la zona de La Pedrera y Puente Llaguno: Jesús Orlando Arellano, Jesús Mohamad Capote, Orlando Rojas y José Antonio Gamallo. Cinco resultaron heridos. Ese día murieron en total 19 personas y más de 300 fueron heridas.
Según la ficha del caso en la Corte, la CIDH encontró indicios de coordinación entre funcionarios y miembros de los Círculos Bolivarianos. La justicia venezolana nunca llegó al fondo: en 2007 se acusó a cinco guardias nacionales, sin avances conocidos desde entonces. La CIDH aprobó su informe de fondo (313/23) y sometió el caso a la Corte el 9 de julio de 2024.
Dos varas
El 11 de abril tuvo dos juicios en Venezuela, y terminaron de forma opuesta. Los hombres filmados disparando desde Puente Llaguno, entre ellos Atencio y Peñalver, fueron absueltos en 2003. Los comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero fueron condenados en 2009 a 30 años de prisión. El caso que hoy revisa la Corte es, en buena parte, el de los muertos que ninguno de esos dos juicios explicó.
Lo que puede pasar
Venezuela denunció la Convención Americana en 2012, con efecto desde 2013. Pero la Corte conserva competencia sobre hechos anteriores a esa fecha, y el 11 de abril lo es. Tras la audiencia vienen los alegatos finales por escrito y, después, la sentencia, que puede ordenar investigar, reparar a las víctimas y garantizar que no se repita.
¿Qué falta, exactamente?
- Un Estado que comparezca: si el gobierno encargado quiere que su transición sea creíble afuera, el primer lugar donde mostrarlo es ante las víctimas, no ante el Tesoro.
- Un expediente abierto: qué pasó con la acusación de 2007 contra cinco guardias nacionales.
- Una respuesta en Caracas: si el nuevo TSJ que se negocia en la mesa revisará las causas del 11 de abril.
Fuentes principales: Runrunes, El Estímulo, El Impulso y Efecto Cocuyo (12 y 14 de octubre de 2026); Corte IDH, ficha del caso Trujillo y otros vs. Venezuela; CIDH, Informe de Fondo 313/23.
Política
Washington levanta sanciones a Jorge Rodríguez el día que abre la mesa
Los Rodríguez salen. Cabello queda. Y nadie dice a cambio de qué.
POLÍTICA · SANCIONES
El Tesoro sacó al presidente de la Asamblea Nacional de su lista de sancionados el miércoles 14 de octubre, mientras él encabezaba la delegación oficialista en Caracas. No dio razones. En 2018, cuando lo sancionó, Washington dijo que las sanciones se levantarían a quien ayudara a restaurar el orden democrático.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminó a Jorge Rodríguez de su lista de Nacionales Especialmente Designados. |
|---|---|
| Quién | Jorge Rodríguez, de 60 años, presidente de la Asamblea Nacional, hermano de la presidenta encargada y jefe de la delegación oficialista en la mesa. |
| Cuándo | Miércoles 14 de octubre de 2026, el mismo día que empezó la tercera ronda de negociación. |
| Dónde | Aviso publicado en el sitio del Departamento del Tesoro de EE. UU. |
| Por qué | La OFAC no lo explicó. Una fuente anónima dijo a Al Jazeera que forma parte del reconocimiento al gobierno interino y del plan de Trump para Venezuela. |
| Cómo | Las personas y empresas estadounidenses ya pueden hacer negocios con él, y se liberan los bienes que tuviera bajo jurisdicción de EE. UU. |
Mientras Jorge Rodríguez se sentaba en un hotel de Caracas frente a la delegación de Dinorah Figuera, su nombre desaparecía de la lista negra del Tesoro estadounidense. El aviso de la OFAC del 14 de octubre fue escueto: lo retira de la lista de sancionados, sin explicación.
Rodríguez había sido sancionado el 25 de septiembre de 2018, en el mismo paquete que su hermana Delcy, Cilia Flores y Vladimir Padrino López. El Departamento de Estado dijo entonces que Maduro le había dado cargos para «ayudarlo a mantener el poder y consolidar su gobierno autoritario». Y el Tesoro advirtió que las sanciones podían levantarse a los funcionarios que ayudaran a restaurar el orden democrático. Ocho años después, nadie ha dicho públicamente si Rodríguez cumplió esa condición.
Nombre por nombre
El levantamiento llega de a uno. Delcy Rodríguez salió de la lista el 1 de abril. Ahora su hermano. Siguen sancionados Nicolás Maduro, Cilia Flores, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, igual que PDVSA y el Banco Central. Según un conteo de The Rio Times, la lista mantiene 405 entradas vinculadas a Venezuela, 186 de ellas personas.
Rodríguez no es un nombre cualquiera en la negociación. Desde la Asamblea ha impulsado la ley para facilitar la entrada de petroleras extranjeras, otra para el sector minero y la apertura de la red eléctrica a la inversión privada. Es también quien designa a 11 de los 23 miembros del comité que preseleccionará a los nuevos magistrados del TSJ (lo explicamos aquí).
La lectura desde la mesa
El momento es el mensaje. Washington premia al jefe de la delegación oficialista el día en que empieza una ronda que, según el Departamento de Estado, debe producir garantías para unas elecciones creíbles. Para la oposición, el gesto puede leerse de dos maneras: como un incentivo para que Rodríguez cumpla, o como una recompensa que llega antes de que haya algo que cumplir.
Tampoco es un gesto aislado. Diosdado Cabello, el otro gran nombre del chavismo, sigue en la lista, y una fuente citada por ABC lo identifica como el coconspirador número uno del caso de torturas contra Maduro (lo contamos aquí). Los Rodríguez salen; Cabello queda.
Criterio: tres pruebas
- Condiciones: si el Tesoro o el Departamento de Estado publican qué compromisos asumió Rodríguez para salir de la lista.
- Resultados: si la tercera ronda termina con avances sobre inhabilitaciones, regreso de exiliados y el CNE.
- Reversibilidad: si Washington deja claro que el nombre puede volver a la lista si la negociación se estanca.
¿Qué falta, exactamente?
Falta lo que el propio Tesoro prometió en 2018: que el levantamiento esté atado a la restauración del orden democrático. Sin una explicación pública, la medida se parece más a un pago adelantado que a un reconocimiento.
Fuentes principales: Departamento del Tesoro de EE. UU., aviso de la OFAC del 14 de octubre de 2026; Al Jazeera y UPI (14 de octubre de 2026); The Rio Times (14 de octubre de 2026); Departamento de Estado (2018).
Política
Arranca la tercera ronda con las garantías electorales sobre la mesa
La conversación se acerca a la pregunta de cuándo se vota. Todavía no la responde.
POLÍTICA · NEGOCIACIÓN
La delegación de Dinorah Figuera y la de Jorge Rodríguez se sentaron el miércoles 14 de octubre en un hotel de Caracas. Esta vez el foco son las garantías políticas para una elección. Las inhabilitaciones, el regreso de los exiliados y los partidos, que quedaron fuera de la segunda ronda, vuelven a la lista de pendientes.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Inicio del tercer ciclo de diálogo entre el gobierno encargado y la representación de la Asamblea Nacional electa en 2015. |
|---|---|
| Quién | Por la oposición, Dinorah Figuera con Jorge Millán, Ramón López, Marco Aurelio Quiñones, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Por el oficialismo, Jorge Rodríguez. |
| Cuándo | Desde el miércoles 14 de octubre de 2026. Las dos rondas anteriores duraron cerca de una semana cada una. |
| Dónde | Un hotel de Caracas. Solo se permitió la entrada de fotógrafos. |
| Por qué | Para acordar garantías políticas y civiles para un eventual proceso electoral, según la agencia EFE y el Departamento de Estado. |
| Cómo | Con respaldo de Washington. Marco Rubio recibió antes a Figuera y le ofreció el «respaldo total de los niveles más altos del gobierno». |
El temario cambió respecto de lo que se anunciaba la semana pasada. El 9 de octubre, el Departamento de Estado ponía el foco de esta ronda en terminar de escoger el Tribunal Supremo (lo contamos aquí). Al abrirse la mesa, EFE informó que el centro de esta ronda es un acuerdo sobre garantías políticas y civiles para un proceso electoral. Si es así, la conversación se acerca, por fin, a la pregunta de cuándo y en qué condiciones se vota.
Lo que traen las dos rondas anteriores
Las partes y Washington reivindican avances: la excarcelación de más de mil detenidos por razones políticas, el inicio de la reestructuración del TSJ, el desbloqueo de más de 70 sitios web y la reforma de la Ley contra el Odio. El Foro Penal cuenta todavía 322 presos políticos.
Lo que falta
Los analistas consultados por Efecto Cocuyo coinciden en el diagnóstico, no en el ritmo. Luis Rendueles tiene expectativas «prudentes»: cree que el chavismo buscará ganar tiempo y que «se deben generar compromisos concretos». Francisco Bello cree que el nombramiento del TSJ avanzará y que antes de que termine el año podría abrirse la ruta hacia un nuevo CNE. Bello describe además el proceso como «tutelado» por la Casa Blanca.
Quedan sobre la mesa los temas que la segunda ronda no tocó: las inhabilitaciones políticas, la restitución de los partidos intervenidos y el regreso seguro de los exiliados. La exmagistrada Bárbara César Siero, que dijo haber firmado la inhabilitación de María Corina Machado bajo coacción, llevó su denuncia a la Fiscalía y a la Defensoría el 13 de octubre.
Los que no están
María Corina Machado no forma parte de la mesa. Su partido, Vente Venezuela, mantiene para el sábado 17 de octubre una protesta en ciudades de varios países para exigir fecha electoral. Y el mismo miércoles que se abrió la ronda, Washington sacó de su lista de sancionados al jefe de la delegación oficialista (lo explicamos aquí).
El presupuesto sin cifras
Ese mismo día, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, entregó a la Asamblea el proyecto de presupuesto de 2027. Prioriza, dijo, «la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población». El Parlamento no publicó el monto total.
¿Qué falta, exactamente?
- Las inhabilitaciones: sin levantarlas, ninguna garantía electoral alcanza a quienes la oposición quiere postular.
- El calendario: una ronda sobre garantías sin fecha de elección deja la pregunta principal abierta.
- La transparencia: que las partes publiquen lo acordado al cierre de la ronda, no solo comunicados de Washington.
Fuentes principales: EFE vía Infobae (14 de octubre de 2026); Efecto Cocuyo (14 de octubre de 2026); Departamento de Estado (9 de octubre de 2026); Foro Penal; Noticias SIN (14 de octubre de 2026); El Pitazo (13 de octubre de 2026).
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