De Viana propone subastas para privatizar la ruina estatal

En medio de la fiebre de acuerdos que vive Venezuela, una voz con autoridad técnica propone hacer las cosas de otra manera. El ingeniero José María de Viana —expresidente de Hidrocapital y de Movilnet, una de las pocas figuras que dirigió empresas públicas venezolanas con reconocimiento de eficiencia— plantea en un documento de análisis lo que llama el «triple dividendo» de la privatización transparente. Su propuesta es, a la vez, una hoja de ruta y una advertencia.

Quién lo dice importa

De Viana no es un ideólogo de la privatización a ultranza. Ingeniero civil de la UCAB, profesor jubilado y miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, su trayectoria está en las empresas públicas de servicios: dirigió Hidrocapital entre 1992 y 1999, transformándola de una empresa en ruinas en un caso de estudio regional. Durante años sostuvo una tesis matizada: que el problema venezolano «más que privatización, es ausencia del Estado». Que sea él quien ahora plantee un modelo de transferencia al sector privado le da peso al argumento: no viene de un dogmático, sino de un gerente que conoce por dentro lo que falló.

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El inventario de la ruina

El punto de partida del documento es un diagnóstico demoledor. Venezuela llegó a tener más de 900 empresas propiedad del Estado, que abarcan toda la cadena de valor: manufactura, agroalimentación, hidrocarburos y energía. Lejos de generar riqueza, muchas se convirtieron en lo que el documento llama «agujeros negros de subsidios», cuyos déficits crónicos se financiaron con emisión monetaria —uno de los motores de la hiperinflación histórica—.

A ese costo interno se suma un pasivo internacional enorme: más de 30.000 millones de dólares en demandas por expropiaciones, con casos emblemáticos como Agroisleña y ConocoPhillips. Mantener ese portafolio paralizado, advierte el análisis, condena a la economía a la descapitalización y a la exclusión de los mercados globales.

La encrucijada: dos caminos

Aquí está el corazón de la propuesta, y su advertencia central. De Viana contrapone dos modelos. Uno es lo que denomina la «privatización silenciosa»: cesiones confidenciales, sin licitación, amparadas en figuras como la Ley Antibloqueo y su estatus de «secreto de Estado», que evaden la contraloría y el control parlamentario. Ese camino, alerta, sustituye un monopolio público ineficiente por un monopolio privado extractivo, sin incentivos reales de inversión.

El otro modelo es la privatización competitiva, el estándar internacional: subastas públicas, «data rooms» auditables bajo normas contables internacionales, transparencia radical. Ese camino, sostiene, maximiza los ingresos para el fisco, atrae operadores con conocimiento técnico y capital genuino, y expande la frontera de producción. La diferencia entre ambos no es ideológica: es la diferencia entre reconstruir y saquear de nuevo, esta vez en privado.

El triple dividendo

El nombre del documento alude a los tres beneficios que, según el análisis, produce una transferencia bien hecha. Primero, un shock de producción: la propuesta estima expansiones de la producción física y saltos de eficiencia operativa cuando la gestión privada releva al Estado y se relaja la restricción de inversión. Segundo, un saneamiento fiscal: cesa la hemorragia de subsidios financiados con emisión, y los ingresos de las ventas —si se usan con ortodoxia, para amortizar deuda y no para gasto corriente— sanean las cuentas. Tercero, un efecto sobre el empleo en forma de «curva J»: una fricción inicial inevitable, seguida de un efecto multiplicador a mediano plazo conforme la inversión reactiva sectores enteros.

El documento añade un matiz importante sobre el origen de las ganancias privadas: según los datos que cita, la mayor parte proviene de mejoras de productividad e innovación, no del aumento de precios al consumidor. Es decir, la rentabilidad vendría de hacer las cosas mejor, no de exprimir al usuario, siempre que exista un ente regulador independiente.

La conexión con el presente

Lo que vuelve esta propuesta especialmente pertinente es el momento. Mientras Venezuela firma acuerdos a diario —licencias petroleras, memorandos eléctricos, cesiones de gas—, la pregunta de fondo es si esas transferencias siguen el camino transparente que De Viana defiende o el camino silencioso que advierte. El dossier que esta cobertura publicó sobre la legalidad de los acuerdos y el historial de los 37.600 millones perdidos en el sector eléctrico dialoga directamente con este análisis: ambos apuntan a que la diferencia entre recuperación y saqueo está en la transparencia y el control.

La advertencia final

La propuesta de De Viana no es una defensa entusiasta de vender el patrimonio público, sino un alegato por hacerlo bien si se va a hacer. Su mapa de ruta —saneamiento, precalificación y licitación, adjudicación— exige tiempo (estima que una subasta competitiva bien hecha toma alrededor de 335 días) y advierte que «saltarse estos pasos hacia la opacidad destruye el valor del patrimonio público».

Para el lector venezolano, el mensaje es claro y oportuno: la reconstrucción del país pasará, en buena medida, por el destino de sus empresas estatales. Que ese destino se decida en subastas públicas y auditables, o en despachos cerrados bajo secreto de Estado, marcará la diferencia entre una economía que renace con bases sólidas y una que repite, en versión privada, los vicios que la llevaron a la ruina. La voz de quien supo gerenciar lo público con eficiencia merece, al menos, ser escuchada en ese debate.

Esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoría financiera ni de inversión. Resume y analiza un documento de su autor; las cifras citadas provienen de ese material y de fuentes públicas.

Fuentes principales: Documento «El Triple Dividendo: Impacto Estructural de la Privatización Transparente de las Empresas Estatales en Venezuela», de José María de Viana; trayectoria y declaraciones del autor recogidas por Prodavinci, El Ucabista, Runrun.es y AlbertoNews.

La privatización destruye empleo antes de crearlo: la curva J

Hay un costo de las privatizaciones que conviene mirar de frente, porque es el que más duele en lo inmediato: el empleo. Cuando una empresa estatal pasa a manos privadas, el efecto sobre los puestos de trabajo no es lineal. Sigue una trayectoria que los economistas llaman «curva J»: primero baja, luego sube. Entender esa curva es esencial para que la reconstrucción venezolana no se haga a costa de los trabajadores.

Qué es la curva J del empleo

La forma de la letra J describe el fenómeno. Al inicio de una privatización, el empleo suele caer: las empresas estatales venezolanas, infladas durante años por el clientelismo político, cargan con nóminas abultadas que un operador privado racionaliza para volverlas competitivas. Esa es la parte descendente de la J, la fricción inicial, y puede ser dolorosa: estimaciones sobre procesos comparables hablan de reducciones significativas de la nómina directa en los primeros años.

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Pero la curva no termina ahí. Pasada la fase de ajuste, viene la parte ascendente: la inversión que el nuevo operador inyecta reactiva la empresa, expande su capacidad y genera empleo nuevo, no solo en ella sino en sus proveedores, contratistas y cadenas de suministro. Estudios sobre procesos de privatización muestran que una porción importante de los trabajadores desvinculados al inicio termina recontratada por el mismo sector en un plazo relativamente corto, conforme la actividad se reactiva.

El riesgo de quedarse en la parte baja

El peligro está en la transición entre ambas fases. Si la fricción inicial no se gestiona con políticas de acompañamiento, el costo social puede ser severo: familias que pierden su sustento justo cuando la economía todavía no genera los empleos nuevos. La parte descendente de la J es real, y para quien la vive no es un dato estadístico, sino la pérdida de un trabajo.

Por eso la forma en que se maneje esa transición importa tanto como la privatización misma. Una transferencia bien diseñada incluye mecanismos para amortiguar el golpe: programas de retiro voluntario, recapacitación, apoyo temporal. Sin ellos, la curva J puede convertirse en una herida social que deslegitime todo el proceso.

La protección transicional

Aquí es donde la planificación marca la diferencia. Los modelos de privatización mejor diseñados incorporan lo que se llama «protección transicional»: programas financiados de retiro voluntario, jubilaciones anticipadas y, sobre todo, recapacitación para que los trabajadores desplazados puedan reinsertarse en la economía que se reactiva.

Estos programas tienen un costo, que suele negociarse entre el Estado y el operador privado. Pero ese costo es una inversión en estabilidad social: una privatización que cuida a sus trabajadores en la transición tiene muchas más probabilidades de ser aceptada y sostenible que una que los abandona a su suerte.

La lectura para el trabajador

Para el trabajador venezolano de una empresa estatal, entender la curva J es entender tanto el riesgo como la oportunidad. El riesgo: que la privatización implique, al inicio, ajustes de personal. La oportunidad: que la reactivación genere, después, empleos de mayor calidad y mejor remunerados, vinculados a la productividad y no al favor político.

La clave está en exigir que cualquier proceso de transferencia incluya las protecciones transicionales adecuadas. La reconstrucción de Venezuela no puede hacerse pasando por encima de quienes trabajaron en esas empresas. Una transición justa es aquella que reconoce la curva J y la gestiona, para que el costo inicial sea lo más breve y amortiguado posible, y el beneficio posterior alcance a todos. Esa es la diferencia entre una modernización con rostro humano y un ajuste a secas.

Esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoría laboral ni financiera.

Fuentes principales: Documento «El Triple Dividendo» de José María de Viana; literatura económica general sobre el efecto de las privatizaciones en el empleo.

El «capitalismo popular»: que los trabajadores sean dueños

¿Y si la privatización, en lugar de concentrar la propiedad en pocas manos, la repartiera entre muchos? Esa es la idea detrás del «capitalismo popular», un modelo que permite que los propios trabajadores y los fondos de pensiones se conviertan en dueños de una parte de las empresas que se transfieren. Es un concepto que conviene conocer, porque cambia la conversación sobre quién gana con la reconstrucción.

En qué consiste

El mecanismo es sencillo en su lógica. En lugar de vender una empresa estatal completa a un solo gran operador, una porción de las acciones se ofrece a los trabajadores activos y a los fondos de pensiones, a menudo con descuentos o financiamiento preferencial que hacen la compra accesible. Así, quienes trabajan en la empresa —y los ahorristas del sistema de pensiones— se vuelven copropietarios.

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La idea tiene un doble atractivo. Por un lado, democratiza la riqueza: los beneficios de una empresa exitosa no van solo a un gran inversor, sino que se reparten entre muchos pequeños accionistas. Por otro, alinea incentivos: un trabajador que es además dueño tiene motivos adicionales para que la empresa funcione bien.

Los precedentes regionales

El modelo no es una utopía teórica; tiene antecedentes en la región. Procesos de privatización en países como Perú, Chile y Colombia incorporaron, en distintos grados, esquemas que permitieron a trabajadores y fondos participar en la propiedad de empresas transferidas. Esas experiencias ofrecen lecciones —tanto de aciertos como de errores— para un eventual proceso venezolano.

Un beneficio político no menor del modelo es que reduce la resistencia a la privatización. Cuando los trabajadores ven que pueden participar de los beneficios, en lugar de ser solo víctimas del ajuste, la oposición sindical y social a la transferencia disminuye. El «capitalismo popular» convierte a potenciales perdedores en participantes.

Las cautelas necesarias

Como todo modelo, tiene riesgos que conviene reconocer. La compra de acciones es una inversión, y como tal conlleva riesgo: el valor puede subir o bajar. Para trabajadores con ahorros limitados, comprometer recursos en acciones de una sola empresa —justamente aquella de la que dependen para su salario— puede ser una concentración de riesgo peligrosa. Si la empresa va mal, perderían a la vez el empleo y la inversión.

Por eso estos esquemas requieren diseño cuidadoso: educación financiera para los participantes, límites prudentes, diversificación, y transparencia sobre los riesgos. El «capitalismo popular» mal implementado puede convertirse en una transferencia de riesgo del Estado a los trabajadores, en lugar de una democratización genuina de la riqueza.

La lectura para el lector

Para el trabajador y el ahorrista venezolano, el «capitalismo popular» es una idea que vale la pena conocer y, llegado el caso, evaluar con criterio. Bien diseñado, ofrece una vía para que la reconstrucción del país beneficie a muchos y no solo a unos pocos grandes inversores. Mal diseñado, puede ser una trampa que traslade riesgos a quienes menos pueden asumirlos.

La recomendación, como en toda decisión financiera, es informarse bien antes de participar: entender qué se compra, a qué precio, con qué riesgos y con qué horizonte. Si en el futuro Venezuela abre esquemas de este tipo, la educación financiera será la mejor herramienta para que los trabajadores aprovechen la oportunidad sin exponerse de más. La propiedad compartida puede ser una buena idea; como toda buena idea, depende de cómo se ejecute.

Esta nota tiene carácter informativo y no constituye asesoría financiera ni de inversión. Toda inversión en acciones implica riesgo de pérdida.

Fuentes principales: Documento «El Triple Dividendo» de José María de Viana; experiencias de privatización con participación de trabajadores en Perú, Chile y Colombia.