Economía
Una sentencia a muerte
El juez Leonard Stark aprobó la venta de Citgo el 25 de noviembre de 2025. Amber Energy, filial de Elliott, ganó con 5.900 millones. La historia de cómo Venezuela perdió su joya en Delaware.
Una sentencia a muerte
Un juez de Delaware abrió la puerta para que Citgo, el activo más valioso de Venezuela en el exterior, cambie de manos. La palabra del tribunal todavía no es el último capítulo, pero ya marca el rumbo.
| Qué | Un juez federal aprobó la venta de la matriz de Citgo para pagar a acreedores de Venezuela. |
|---|---|
| Quién | El juez Leonard Stark (Delaware), la filial Amber Energy de Elliott Investment Management y quince acreedores. |
| Cuándo | La oferta de 5.900 millones de dólares fue aprobada el 25 de noviembre de 2025; el cierre se espera en 2026. |
| Dónde | Tribunal federal de Delaware, sobre PDV Holding, matriz de Citgo Petroleum con refinerías en EE.UU. |
| Por qué | Laudos por expropiaciones e impagos llevaban ocho años persiguiendo el activo venezolano en suelo estadounidense. |
| Cómo | Mediante una subasta judicial de las acciones de PDV Holding, sujeta a la aprobación final de la OFAC. |
Cuando se habla de la riqueza venezolana en el exterior, un nombre concentra casi todo el valor: Citgo. La refinadora con sede en Houston opera la séptima red de refinación de Estados Unidos —plantas en Illinois, Louisiana y Texas— y procesa más de 800.000 barriles diarios. Su valor se ha estimado entre 11.000 y 13.000 millones de dólares. Durante años fue descrita como la joya de la corona, el activo que Venezuela debía proteger a toda costa.
Esa batalla, en lo esencial, ya se perdió. El 25 de noviembre de 2025, el juez Leonard Stark, del tribunal federal de Delaware, aprobó la oferta de 5.900 millones de dólares presentada por Amber Energy, una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, por las acciones de PDV Holding, la matriz de Citgo. La decisión allanó el camino para ordenar la venta y compensar a quince acreedores que llevaban ocho años en los tribunales reclamando cerca de 19.000 millones de dólares por impagos y expropiaciones.
Cómo se llegó hasta aquí
El origen está en una doctrina jurídica llamada alter ego. La minera canadiense Crystallex obtuvo en 2018 una orden que le permitió perseguir las acciones de PDV Holding —registrada en Delaware— como si fueran de la propia Venezuela, bajo el argumento de que PDVSA y el Estado venezolano eran, en la práctica, lo mismo. Esa puerta, una vez abierta, dejó pasar a los demás: ConocoPhillips, Rusoro, Gold Reserve y más de una docena de acreedores se sumaron a la fila para cobrar de la subasta.
La puja final fue intensa. Una filial de la minera Gold Reserve llegó a ofrecer 7.400 millones, una cifra superior a la de Amber. Pero la oferta ganadora no se decidió solo por el monto: el atractivo de la propuesta de Elliott fue que incluía un acuerdo separado para pagar unos 2.100 millones a los tenedores de un bono venezolano en mora garantizado con acciones de Citgo, despejando así uno de los mayores obstáculos legales para tomar el control. El precio nominal más alto no fue el más limpio.
Una segunda hipoteca sobre la misma joya
La subasta de Delaware no es el único frente abierto sobre Citgo. Existe una segunda garantía, igual de peligrosa y peor conocida: el bono PDVSA 2020, emitido en octubre de 2016 con el 50,1% de las acciones de Citgo Holding como prenda. La Asamblea Nacional opositora rechazó esa operación por violar el artículo 150 de la Constitución, que exige aprobación parlamentaria para contratos de interés público con entidades extranjeras.
Los tribunales de Nueva York fallaron que el bono es válido bajo la ley neoyorquina; la apelación sigue en curso. Lo único que ha impedido a esos bonistas ejecutar su garantía es una licencia de la OFAC que el Tesoro estadounidense ha renovado dieciséis veces. La más reciente, la Licencia General 5W del 4 de mayo de 2026, extendió esa protección apenas hasta el 19 de junio de 2026. Son dos hipotecas distintas sobre el mismo bien, y solo una decisión administrativa de Washington separa a la segunda de su ejecución.
Qué falta y qué significa
La venta aún no está cerrada. Necesita la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), porque cualquier transacción sobre activos venezolanos sigue atada al régimen de sanciones. Amber Energy ha señalado que planea conservar las refinerías, terminales y demás activos de Citgo una vez complete la adquisición. El cierre se espera durante 2026.
El dato de fondo, para el lector que mira a Venezuela desde EE.UU., es de cronología. Mientras el gobierno encargado de Delcy Rodríguez contrata bufetes para negociar el grueso de la deuda, el activo más valioso del país en el exterior ya tiene comprador asignado por orden de un juez. Citgo no se está negociando: se está ejecutando. Es una venta forzada —ordenada por un tribunal, no decidida por su dueño— y la primera gran cuota de la cuenta del pasado que Venezuela paga sin sentarse a la mesa.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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El nuevo Congreso pondrá la lupa sobre el acuerdo con NABEP
Que los contratos sean públicos.
ECONOMÍA · PETRÓLEO
Con mayoría demócrata en las dos cámaras desde enero, el acuerdo de PDVSA con North American Blue Energy Partners figura entre las primeras investigaciones previstas. NABEP reportó 223.509 barriles equivalentes en un solo día, y PDVSA calcula que tardará seis o siete años en llegar al millón. Mientras, Continental Resources firmó un memorando para el bloque Ayacucho 2.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | El escrutinio del Congreso de EE.UU. sobre los acuerdos petroleros con Venezuela y las novedades del sector. |
|---|---|
| Quién | NABEP, la empresa vinculada a Alejandro Betancourt; PDVSA; legisladores demócratas; Continental Resources. |
| Cuándo | Entre el 2 y el 6 de noviembre de 2026. |
| Dónde | Washington, Caracas y Abu Dabi. |
| Por qué | Los demócratas acusan falta de transparencia en el manejo de los ingresos petroleros venezolanos. |
| Cómo | Con investigaciones anunciadas, datos de producción y acuerdos en la feria Adipec. |
El acuerdo petrolero más grande de la transición venezolana podría quedar bajo investigación a partir de enero. Con los demócratas al frente de la Cámara y el Senado, el pacto de PDVSA con North American Blue Energy Partners (NABEP), la empresa vinculada a Alejandro Betancourt, encabeza la lista de investigaciones, según NewsBytes. Los senadores Chuck Schumer y Adam Schiff ya habían pedido una auditoría independiente del fondo de ingresos petroleros venezolanos (Senado de EE.UU.).
Laura Dib, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), espera que el Congreso exija la publicación de la presunta auditoría de KPMG sobre la cuenta del Tesoro, pero advierte: «La política exterior sigue en manos del Ejecutivo, así que es poco probable que cambie sustancialmente». El periodista David Alandete apuntó al centro del asunto: los acuerdos, «especialmente el de Betancourt, que concede acceso a 17 yacimientos» (El Diario).
Los números de NABEP
NABEP reportó una producción de 223.509 barriles equivalentes diarios, una medición de un solo día, el 19 de octubre, que incluye gas. El vicepresidente de PDVSA Jovanny Martínez calcula que la empresa tardará «seis o siete años» en llegar al millón de barriles diarios, y espera tener 41 taladros operando en noviembre (VenEconomist). Es la misma brecha entre promesa y producción que INCÍSOS documentó a finales de octubre.
Más acuerdos
En la feria Adipec de Abu Dabi, el 3 de noviembre, la ministra de Hidrocarburos dijo que el país firmó 80 acuerdos comerciales en un año, y que «los principales obstáculos para la inversión a gran escala siguen siendo las sanciones». Continental Resources, la petrolera estadounidense de Harold Hamm, firmó un memorando con PDVSA para el bloque Ayacucho 2, y Chevron prevé invertir 7.000 millones de dólares para llegar a 600.000 barriles diarios en siete años (The National).
En sentido contrario, la OFAC sancionó el jueves 5 a navieras cubanas que transportan crudo; tres tanqueros ya señalados por mover petróleo venezolano quedan con doble restricción (The Rio Times).
Criterio INCÍSOS
Que el Congreso quiera ver los contratos no es una amenaza para Venezuela, es una garantía. El petróleo es lo que va a financiar la transición, y los venezolanos tienen derecho a saber cuánto produce cada empresa, cuánto paga y a qué cuenta va el dinero. Una investigación seria en Washington puede lograr lo que en Caracas todavía no se logra: que los acuerdos sean públicos.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que se publiquen los contratos de NABEP y de las demás empresas, que PDVSA informe la producción de cada una mes a mes y que se conozca la auditoría de la cuenta del Tesoro donde se depositan los ingresos.
Para leer más en INCÍSOS
- NABEP promete un millón de barriles y produce 224.000: la brecha entre promesa y producción.
- Venezuela, ante un Washington que ahora tiene dos llaves: la tutela ante el nuevo Congreso.
- Citgo gana tiempo hasta el 18 de diciembre; Colombia apuesta al gasoducto: Citgo y las exportaciones.
Fuentes principales: NewsBytes; Senado de EE.UU.; El Diario; VenEconomist; The National; The Rio Times.
Economía
Corpoelec firma con Karpowership dos barcazas de 200 megavatios para el Zulia
Un parche que debe ser público.
ECONOMÍA · ELECTRICIDAD
La empresa turca instalará dos plantas flotantes para reforzar el suministro en el Zulia, uno de los estados más castigados por los apagones. No se informaron plazos ni costos. En septiembre hubo 531 protestas por fallas eléctricas, y la Asamblea pospuso por segunda vez la reforma de la ley del sector.
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | Un acuerdo para instalar dos barcazas de generación eléctrica en el Zulia. |
|---|---|
| Quién | Corpoelec y la empresa turca Karpowership. |
| Cuándo | Se anunció el jueves 5 de noviembre de 2026. |
| Dónde | Estado Zulia. |
| Por qué | El occidente del país sufre cortes de más de 10 horas y protestas casi diarias. |
| Cómo | Con plantas flotantes que se conectan a la red desde la costa. |
Venezuela tendrá electricidad flotante. Corpoelec firmó un acuerdo con la empresa turca Karpowership para instalar dos barcazas de generación que suman 200 megavatios en el Zulia, informó el jueves 5 de noviembre Infobae, con datos de EFE y Reuters. La presidenta encargada Delcy Rodríguez escribió en X que el acuerdo busca «fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico en la región». No se informaron los plazos de llegada ni el costo.
Karpowership opera centrales flotantes en una veintena de países, sobre todo en África, Asia y América Latina. Son barcos con generadores que se amarran en un puerto y se conectan a la red, una solución rápida para emergencias que suele costar más por megavatio que una planta en tierra.
La crisis
El acuerdo llega en plena crisis. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 1.101 protestas en septiembre, 531 de ellas por fallas eléctricas. En Lara, Activos por la Luz contabiliza más de 120 horas de cortes acumulados, y en Barquisimeto hubo apagones de más de 10 horas a comienzos de noviembre. La Asamblea Nacional pospuso por segunda vez el debate final de la reforma de la ley eléctrica, a pedido del diputado Pedro Carreño (Infobae).
Criterio INCÍSOS
Las barcazas son un parche, y está bien que lo sean: el Zulia necesita luz ahora, no dentro de cinco años. Lo que preocupa es lo que no se dice: cuánto cuesta, quién lo paga, cuándo llega y qué pasa con las plantas en tierra que se dejaron deteriorar. Un contrato de esta naturaleza debería ser público, y la reforma de la ley eléctrica, que es donde se decide el futuro del sistema, no debería seguir posponiéndose.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que Corpoelec publique el contrato, con costo y fecha de llegada de las barcazas, y que la Asamblea apruebe la reforma de la ley eléctrica con un plan de inversión para las plantas existentes.
Para leer más en INCÍSOS
- Lara suma más de 120 horas de cortes eléctricos: los cortes en el occidente.
Fuentes principales: Infobae, con EFE y Reuters; Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
ECONOMÍA · IMPUESTOS
El superintendente Román Maniglia anunció una pausa de las fiscalizaciones correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026 y que el gobierno propondrá a la Asamblea Nacional reformar el Código Orgánico Tributario y las leyes del IVA y del ISLR. Dice que más de 100.000 empresas pasaron de contribuyentes especiales a ordinarios. «No estamos persiguiendo a nadie».
Las 6W · INCÍSOS
| Qué | La suspensión de las fiscalizaciones tributarias y el anuncio de una reforma de tres leyes. |
|---|---|
| Quién | Román Maniglia, superintendente del SENIAT. |
| Cuándo | Viernes 6 de noviembre de 2026. |
| Dónde | En el 5º Congreso de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo). |
| Por qué | El gobierno encargado busca formalizar a más contribuyentes y responder a las quejas de la industria por la carga tributaria. |
| Cómo | Con anuncios públicos; el texto de la reforma no se ha publicado. |
El SENIAT anunció una pausa de las fiscalizaciones correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2026, sin eliminar sus facultades de supervisión. El superintendente Román Maniglia lo anunció el viernes 6 de noviembre en el congreso de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales: no habrá fiscalizaciones en octubre, noviembre ni diciembre de 2026, según El Informador. «No estamos persiguiendo a nadie», dijo. «Éstas serán unas navidades de crecimiento económico».
La reforma de tres leyes
Maniglia anunció que el gobierno propondrá «próximamente» a la Asamblea Nacional reformar el Código Orgánico Tributario, la Ley de IVA y la Ley de ISLR, y habló de una armonización tributaria con estados y municipios. No dio fecha ni contenido. Es la reforma que la presidenta encargada Delcy Rodríguez había anunciado el 3 de noviembre en Conindustria para «los próximos días».
También enumeró cambios administrativos:
- Reclasificación: más de 100.000 empresas pasaron de contribuyentes especiales a ordinarios.
- Personas naturales: quienes facturen más de 50.000 euros al mes se evaluarán como posibles especiales.
- RIF: se elimina la renovación periódica.
- Máquinas fiscales: deja de ser obligatoria la exigencia general.
- Expediente digital: habrá una plataforma única por contribuyente.
La cifra de reclasificados choca con la que difundió el propio SENIAT en octubre, al publicar la Providencia 99: más de 87.000. La diferencia puede deberse a nuevas reclasificaciones, pero no se ha explicado. Entre los reclasificados está la periodista Nitu Pérez Osuna, que denunció que la calificación de contribuyente especial fue una forma de persecución política.
Lo que pedía la industria
Los anuncios responden, en parte, a lo que Conindustria planteó el 3 y 4 de noviembre: las empresas formales pagan en impuestos 63 % de sus utilidades, y el gremio pidió bajar la retención del IVA de 75 % a 50 %, declaraciones mensuales y deducir el impuesto a las grandes transacciones financieras del ISLR. Ninguna de esas medidas figura todavía en lo anunciado.
Criterio INCÍSOS
Una tregua fiscal de tres meses alivia a comercios y empresas en la temporada más importante del año, y la eliminación de trámites absurdos como renovar el RIF es una buena noticia. Pero suspender fiscalizaciones no es una política tributaria, es una pausa. La reforma de verdad está en las tres leyes, y hasta que se conozca su texto no se sabrá si el Estado quiere cobrar menos y a más gente, o solo cobrar distinto.
¿Qué falta, exactamente, para que pase? Que el gobierno publique el texto de la reforma del Código Tributario, del IVA y del ISLR, que la Asamblea abra una consulta con los gremios y que el SENIAT explique cuántos contribuyentes quedaron en cada categoría.
Para leer más en INCÍSOS
- El SENIAT saca a más de 87.000 contribuyentes del régimen especial: la reclasificación y el caso de Nitu Pérez Osuna.
- El BCV confirma la inflación de octubre; Conindustria pide menos impuestos: lo que pide Conindustria.
Fuentes principales: El Informador, con declaraciones de Román Maniglia en el congreso de Cavececo.
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