El lunes 19 de mayo, la Casa Blanca firmó la Orden Ejecutiva titulada «Restablecer la integridad del sistema financiero». La medida instruyó al Departamento del Tesoro a emitir, en un plazo de sesenta días, una advertencia formal a las entidades financieras con «banderas rojas» para identificar operaciones de personas «sin estatus migratorio verificable». Declara al Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) como uno de los factores de diligencia debida reforzada. La orden generó alarma justificada en la diáspora hispana indocumentada que opera bajo ITIN en Estados Unidos, particularmente entre quienes habían abierto cuentas bancarias o solicitado créditos con ese documento. Pero la orden también fue amplificada con interpretaciones que exceden lo que el texto dice. La pieza separa, con criterio editorial, lo que realmente cambió, lo que no cambió, y entrega seis pasos verificables para que un emprendedor con estatus migratorio incierto siga construyendo negocio bajo las reglas que sí están vigentes hoy. La pieza no es asesoría legal ni fiscal. Es mapa operativo para quien necesita actuar con criterio.

Lo que la orden hace y lo que no hace

Cinco hechos verificables del texto firmado el 19 de mayo.

Uno. La orden no obliga a los bancos a recolectar el estatus migratorio de todos sus clientes. Esa es la lectura precisa. Lo que sí hace es instruir al Tesoro a emitir lineamientos sobre cuándo conviene a los bancos pedir información adicional bajo la lógica de la Ley de Secreto Bancario. La diferencia entre obligación general y diligencia reforzada por riesgo es real y legal.

Dos. La orden declara al ITIN un factor de diligencia debida reforzada, no lo anula. Quien tiene ITIN sigue teniendo ITIN. Quien quiere tramitar uno nuevo sigue pudiendo hacerlo. Lo que cambia es que el banco al que un titular de ITIN presente solicitud de cuenta o crédito puede hacer preguntas adicionales o requerir más documentación.

Tres. La orden no afectó directamente el Employer Identification Number (EIN). El EIN se obtiene mediante formulario SS-4 ante el IRS, no requiere SSN ni ITIN del solicitante si la empresa no lo necesita por la estructura de su declaración fiscal, y sigue siendo herramienta principal para formar y operar negocios en Estados Unidos por parte de personas extranjeras o sin estatus.

Cuatro. La orden no afectó la legalidad de formar LLC. La formación de Limited Liability Companies en estados como Delaware, Wyoming, Florida o Nuevo México, por personas sin SSN ni ITIN, sigue siendo legal y operativa. Algunos estados son particularmente amigables: Delaware y Wyoming no requieren residencia ni ciudadanía y aceptan apoderados.

Cinco. La orden coexiste con un cambio ya en curso: el ITIN dejará de ser aceptado para reclamar el Crédito Tributario por Hijos desde el año fiscal 2026. Esta es decisión previa pero relacionada, comunicada por el IRS desde finales de 2025.

Lo que el rumor amplificó

Tres lecturas que circularon en redes hispanas y que conviene corregir.

Primera, que los bancos ya están cerrando cuentas a titulares de ITIN. No es la realidad operativa al 27 de mayo de 2026. Las cuentas existentes siguen activas. Las nuevas solicitudes enfrentan diligencia reforzada pero no negación automática.

Segunda, que el IRS dejará de emitir ITINs nuevos. No es lo que la orden dice. El IRS sigue emitiendo ITINs. Hay riesgo, sí, de que el IRS y el ICE cooperen más estrechamente en cuanto a compartir datos (algunos tribunales permitieron compartir información fiscal de inmigrantes con ICE durante 2026), pero la emisión de ITIN no fue suspendida.

Tercera, que los indocumentados ya no pueden formar empresas. Falso. La formación de empresas en Estados Unidos por personas sin estatus migratorio sigue siendo legal bajo las leyes estatales y bajo el derecho federal corporativo. Lo que cambia es la operación bancaria del negocio, no la formación legal.

Los seis pasos para emprender hoy

Para quien quiere abrir negocio desde estatus migratorio incierto.

Paso 1. Formar LLC en estado amigable. Delaware, Wyoming, Florida o Nuevo México son las opciones más recurrentes. La formación cuesta entre USD 50 y USD 500 (varía por estado), se puede hacer en línea, y no requiere SSN ni ITIN. Se necesita una dirección física en el estado (puede ser de un Registered Agent contratado por USD 100-300 anuales).

Paso 2. Solicitar EIN al IRS. El formulario SS-4 se puede presentar por fax, correo o (en algunos casos) en línea. Para personas sin SSN ni ITIN, el procedimiento es por fax o correo, con plazo de procesamiento de cuatro a ocho semanas. El servicio es gratuito; cuidado con sitios que cobran por hacerlo a tu nombre con tarifas excesivas.

Paso 3. Abrir cuenta bancaria empresarial. Bajo el nuevo régimen, este es el paso más sensible. Algunos bancos con experiencia en clientes internacionales (Mercury, Relay, Wise Business, Brex) son más flexibles que los bancos tradicionales. Otros (Chase, Bank of America, Wells Fargo) tienen diligencia debida más estricta. Conviene investigar antes de aplicar y, si es posible, conversar con un consultor con experiencia en aperturas para LLCs con socios no residentes.

Paso 4. Mantener contabilidad clara y obligaciones fiscales al día. La declaración anual del LLC (formularios 1065, 5472 o 1120, según estructura) es obligatoria. Cumplir con honestidad protege a la empresa y a su operador frente a cualquier auditoría futura.

Paso 5. Separar operación personal de operación empresarial. Toda operación financiera del negocio debe pasar por la cuenta de la LLC, no por la cuenta personal del operador. Esta separación es jurídicamente importante y, bajo el nuevo régimen de diligencia bancaria reforzada, también es operativamente protectora.

Paso 6. Construir relación con asesor legal y contable con experiencia en clientes con perfil similar. Un buen asesor cuesta menos de lo que cuesta un error. Tarifas razonables: USD 300-800 por consulta inicial, USD 1.000-2.500 anuales por servicio de cumplimiento básico. Los servicios deben ser bilingües y respetar la confidencialidad del cliente.

Lo que conviene tener presente

La orden ejecutiva del 19 de mayo es parte de una estrategia mayor que la abogada de migración y negocios María Herrera Mellado, en declaraciones a Diario las Américas, llamó «presión económica, financiera y administrativa para promover la salida voluntaria». El término técnico es self-deportation. La lectura editorial es que el emprendedor con estatus incierto opera ahora en un ambiente regulatorio más frío. No es un ambiente hostil al emprendimiento en sí. Es un ambiente que pide más rigor de cumplimiento, más documentación, más asesoría profesional, y más disciplina operativa.

La diáspora hispana en Estados Unidos representa, según el Pew Research Center, aproximadamente 14 millones de personas indocumentadas, con 70% en la fuerza laboral. En 2022, las declaraciones con ITIN aportaron USD 17 mil millones en impuestos federales, según el IRS. Esa contribución, paradójicamente, es la mejor herramienta de protección legal del emprendedor con estatus incierto. Quien paga impuestos al día, cumple obligaciones corporativas, y mantiene asesoría profesional está en posición más fuerte que quien opera en la informalidad.

INCÍSOS no minimiza el impacto del 19 de mayo. Tampoco lo magnifica. Lo nombra con precisión. La diáspora que sigue construyendo negocio, sigue pagando impuestos, y sigue invirtiendo en sus comunidades, está respondiendo con criterio. Esta pieza es herramienta para hacerlo con información precisa.