El anuncio suena bien y puede serlo. Depende de un número que el anuncio no menciona.

El Banco Central de Venezuela anunció que a partir del 15 de septiembre de 2026 entra en vigencia un ajuste en las tasas de interés bancarias, y que todos los depósitos serán remunerados.

El anuncio suena bien y puede serlo. Depende de un número que el anuncio no menciona.

La pregunta es la tasa real

Cuando un banco paga intereses por un depósito, ese rendimiento hay que medirlo contra la pérdida de poder de compra del dinero durante el mismo período.

Si la tasa que paga el banco es mayor que la inflación, el ahorrista gana. Su dinero compra más al final del período que al principio.

Si es menor, pierde. Menos que si hubiera guardado el dinero debajo del colchón, pero pierde.

A eso se le llama tasa real, y es lo único que decide si conviene ahorrar en moneda local. Una tasa del veinte por ciento con una inflación del cuarenta no es una ganancia: es una pérdida más lenta.

Lo que hay que buscar

Tres datos, y ninguno está en el anuncio.

La tasa efectiva que pagará cada tipo de depósito, distinguiendo entre cuenta de ahorro, plazo fijo y otros instrumentos.

El plazo mínimo que se exige para recibir esa remuneración. No es lo mismo un rendimiento sobre un saldo disponible que uno que obliga a inmovilizar el dinero.

Y la inflación del período, que es la vara.

El propio ente emisor publica ambos conjuntos de cifras. Con ellos, la cuenta la puede hacer cualquiera.

Para qué sirve esta medida

Conviene explicarlo porque no es solo un beneficio al ahorrista.

Remunerar depósitos es una herramienta clásica de política monetaria. Si el dinero en el banco rinde, la gente tiende a dejarlo allí en lugar de gastarlo o convertirlo a divisas.

Eso retira liquidez de circulación, y menos bolívares persiguiendo los mismos dólares suele traducirse en menos presión sobre el tipo de cambio.

Es decir: la medida busca al mismo tiempo estimular el ahorro y contener la presión cambiaria.

El otro lado de la moneda

Toda subida de tasas de depósito tiene una contraparte.

Si el banco paga más por captar dinero, normalmente cobra más por prestarlo. Eso encarece el crédito para comercios y para quien financia una compra.

El anuncio habla de un ajuste en las tasas bancarias en general, no solo de las de depósito. Conviene entonces revisar también qué pasó con las tasas activas, que son las que paga quien pide prestado.

Lo que decide si funciona

Una medida de este tipo se evalúa en semanas, no en el día del anuncio.

Si los depósitos en moneda local crecen en los próximos meses.

Si la brecha cambiaria se reduce.

Y si la tasa real se mantiene positiva. Porque si la inflación supera la remuneración, el incentivo desaparece por sí solo y la gente vuelve a la divisa.

Esta casa va a seguir esos tres indicadores y a publicar la comparación.

Para el lector que envía remesas

Hay una consecuencia práctica que conviene anotar.

Si el ahorro en moneda local se vuelve atractivo y la presión cambiaria cede, el bolívar tiende a sostenerse mejor frente a la divisa. Para quien recibe remesas, eso significa que cada dólar enviado rinde menos bolívares.

No es una advertencia ni una recomendación. Es la mecánica, y conviene tenerla presente antes de que sorprenda.

Fuentes principales: Anuncio del Banco Central de Venezuela difundido el 14 de septiembre de 2026 sobre el ajuste de tasas de interés bancarias vigente desde el 15 de septiembre.

Un nombramiento diplomático parece protocolo. En este caso es la llave de un candado que lleva siete años cerrado.

El Reino Unido elevó el nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela con el nombramiento de un embajador en Caracas.

El Gobierno venezolano celebró la decisión y la vinculó explícitamente con la recuperación de recursos que, según su vicecanciller para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, pertenecen legítimamente a los venezolanos.

El encargado de negocios británico en Venezuela, Colin Dick, sostuvo que la mejora de relaciones permitirá avanzar hacia una transición democrática y contribuirá a la recuperación económica y a la reconstrucción tras los terremotos de junio.

Qué hay en juego

Treinta y una toneladas de oro, depositadas por el Banco Central de Venezuela en las bóvedas del Banco de Inglaterra en 2008, valoradas en alrededor de 4.000 millones de dólares.

El acceso se interrumpió en 2019, cuando el Gobierno británico reconoció como mandatario interino al entonces presidente de la Asamblea Nacional.

El nudo, que no es el que se cree

Aquí conviene ser preciso, porque circula una versión simplificada.

El problema nunca fue que Londres se quedara con el oro. El problema es quién tiene firma para pedirlo.

El litigio ante los tribunales británicos discute cuál junta directiva representa legalmente al banco central venezolano. Y esa determinación depende, en el sistema británico, de a quién reconozca el Gobierno como autoridad legítima.

Desde enero de 2023 el Reino Unido dejó de reconocer al mandatario interino que había reconocido en 2019. Pero nunca reconoció expresamente al gobierno anterior ni al actual. Quedó, por tanto, un vacío: ningún interlocutor con reconocimiento pleno.

Un nombramiento de embajador no resuelve ese vacío por sí solo. Pero es exactamente el tipo de conducta que un tribunal mira cuando debe establecer a quién reconoce un Estado.

Lo que faltaría

Según especialistas consultados por medios venezolanos, harían falta dos pasos.

Que el Reino Unido aclare formalmente a quién reconoce como autoridad y, en consecuencia, cuál junta directiva del banco central puede disponer de los activos.

O que exista una comunicación conjunta del gobierno encargado y de la Asamblea Nacional de 2015 expresando consentimiento mutuo sobre cuál es esa junta.

La segunda vía dejó de ser hipotética: el primer ciclo de la mesa, cerrado el 12 de agosto, incluyó precisamente el acuerdo de reclamar los activos de forma conjunta.

Para qué se usaría

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que si se recuperan las toneladas retenidas, los recursos irán íntegramente a atender a las víctimas de los sismos y las necesidades de la población.

Según reportes de prensa internacional, la parte opositora que negoció el acuerdo planteó la aplicación de mecanismos de transparencia para el manejo de esos fondos.

Esa es la pregunta que decide si el asunto termina bien: qué mecanismo, quién lo administra y quién audita.

El antecedente que conviene tener presente

No es el primer desbloqueo. En julio se liberaron unos 350 millones de dólares de un tramo depositado en el Fondo Monetario Internacional, tras el restablecimiento de relaciones con ese organismo.

El gobierno encargado busca además acceso a unos 4.600 millones de dólares en derechos especiales de giro.

De ese tramo de julio no se ha publicado un balance de ejecución. Cuando se pregunte por el destino del oro, conviene preguntar primero por el destino de aquello.

Lo que hay que vigilar

La declaración formal del Gobierno británico sobre a quién reconoce, si se produce.

El estado del litigio ante los tribunales británicos.

Y el mecanismo de administración de los fondos, si llegan. Sin eso, la recuperación de un activo no garantiza que llegue a quien debe llegar.

Fuentes principales: Reportes de EFE del 15 de septiembre de 2026 sobre el nombramiento de embajador británico en Caracas y las reacciones oficiales venezolanas. Declaraciones de Jorge Rodríguez en sesión parlamentaria. Análisis publicados por Efecto Cocuyo sobre las condiciones jurídicas del desbloqueo. Reportes del Financial Times reseñados por medios españoles sobre el acuerdo del primer ciclo.

INCÍSOS SPECIAL · HEIRS

Leer en español
The fiscal burden argument is the most repeated case against the presence of immigrants without legal status. The available numbers point the other way, with an uncomfortable detail.

The numbers

The Institute on Taxation and Economic Policy published a 2024 study on the tax contributions of the immigrant population without legal status for the year 2022.

The total: $96.7 billion in federal, state and local taxes. Of that, $59.4 billion went to the federal government and $37.3 billion to state and local governments. The average runs around $9,000 per person.

Within the federal component, the largest share is payroll taxes: $25.7 billion to Social Security, $6.4 billion to Medicare and $1.8 billion to unemployment insurance.

These are three programs that, in most circumstances, the people who made those contributions are barred by law from accessing.

The figure that disorients

In 40 states, undocumented immigrants pay higher effective state and local tax rates than the top 1 percent of households by income in those same states.

The reason is structural and says nothing about anyone’s merit. State and local tax systems lean disproportionately on consumption taxes. Nearly half of what this population pays at the state and local level — roughly $15.1 billion — is sales and excise taxes: fuel, alcohol, tobacco, utilities.

Someone who spends most of what he earns pays proportionally more under that design. And someone who cannot access most available deductions and credits does not deduct them either.

Workers without legal status who file taxes but lack a valid Social Security number, for themselves or their children, are excluded from the federal Earned Income Tax Credit and the Child Tax Credit.

On the source

The Institute on Taxation and Economic Policy describes itself as a nonprofit, nonpartisan tax policy organization with a declared mission of tax fairness. It has a position.

Its methodology is public. It applies effective rates derived from its own Who Pays? report on the incidence of state and local taxes by income level, supplemented with the Bureau of Labor Statistics Consumer Expenditure Survey.

The study has not been rebutted by an alternative methodology producing a substantially different result, though its assumptions about population size and compliance rates are debatable and have been debated.

The point

Public conversation tends to pose the question backwards: what does this population cost.

The available data allow it to be posed the other way. Nearly $100 billion a year enters the system by way of people funding pensions they will not collect, medical care they will not receive and unemployment insurance they cannot claim.

That is not a burden the system bears. It is a subsidy the system receives.

And it is the part of the Hispanic contribution that no September proclamation mentions.

Primary sources: Institute on Taxation and Economic Policy, Tax Payments by Undocumented Immigrants, published July 30, 2024, with 2022 data, identified as an organization with a declared mission. ITEP, Who Pays?, seventh edition, 2024. Bureau of Labor Statistics, Consumer Expenditure Survey.