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Política

La opacidad de la apertura económica venezolana repite el manual ruso

** Transparencia Venezuela denunció el jueves 14 de mayo que la apertura económica del rodrigato se hace «a oscuras». El paralelo histórico es Rusia.

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Transparencia Venezuela denunció el jueves 14 de mayo, durante el foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», que el proceso de reestructuración de activos públicos impulsado por el rodrigato avanza «a oscuras» y reproduce el patrón ruso post-soviético que dio origen a la oligarquía actual de ese país. La advertencia no es comparación literaria. Es alerta operativa. —

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Transparencia Venezuela alertó que la apertura económica venezolana se ejecuta sin auditoría pública, sin inventario verificable y sin reglas de licitación, configurando un esquema de redistribución entre allegados al poder.
Quién Mercedes de Freitas (directora) y Christi Rangel (investigadora), Transparencia Venezuela; gobierno de Delcy Rodríguez; PDV Holding/Citgo bajo Asdrúbal Chávez; Héctor José Silva Hernández en CVM.
Cuándo Foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», jueves 14 de mayo de 2026.
Dónde Venezuela, con activos de PDV Holding y Citgo bajo jurisdicción estadounidense en EE.UU.
Por qué El Estado venezolano controla más de 900 empresas públicas y la transferencia se acelera sin estándares de competencia, verificación de origen de fondos ni rendición de cuentas.
Cómo Mediante decretos, gacetas oficiales, fusiones administrativas (Hidroven absorbió a las hidrológicas regionales), creación de nuevos ministerios concentradores y designaciones discrecionales.

Un foro, una palabra clave

El foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?» se hizo el jueves 14 de mayo. Lo organizó Transparencia Venezuela, la ONG que opera desde el exilio tras ser ilegalizada en territorio venezolano años atrás. Allí Mercedes de Freitas, su directora, planteó una palabra clave: opacidad. Sin inventario público, sin licitación auditable, sin verificación del origen de los fondos de los compradores, no hay privatización en sentido democrático. Hay reparto.

Christi Rangel, investigadora de la organización, recordó un dato que pasa desapercibido en la conversación pública: el Estado venezolano controla más de 900 empresas. La reorganización de ese patrimonio se aceleró después de la captura de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del rodrigato.

El paralelo ruso, dicho con todas sus letras

De Freitas no buscó suavizar la analogía. Advirtió que la opacidad actual puede derivar en una situación similar a la de la Rusia post-soviética, donde la entrega de activos estatales en los años noventa dio origen a la clase de oligarcas que hoy controla la economía y la política rusas. La comparación tiene base operativa, no retórica: cuando un Estado transfiere activos a velocidad alta, sin reglas, sin auditoría y sin contrapeso institucional, el resultado conocido es concentración de propiedad en manos de quienes ya tenían acceso al poder político.

«Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable», dijo Rangel durante el foro, según reseñó El Nacional. Para que la transición económica no se convierta en simple transferencia de propiedad, agregó la organización, la sociedad civil debe exigir mecanismos de control, rendición de cuentas y supervisión pública del proceso.

Lo que ya pasó este año

Los movimientos administrativos del rodrigato en los últimos cinco meses configuran un patrón observable. El 27 de enero, mediante Gaceta Oficial número 43.304, el Ejecutivo nacional ordenó la absorción por parte de Hidroven de todas las empresas responsables del servicio de agua potable y aguas servidas regionales y municipales. Los activos, pasivos, personal y competencias de al menos 28 empresas pasaron a depender de una única autoridad nacional.

En paralelo, se creó el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, que concentra 124 empresas públicas bajo una sola cartera. El sector minero y de industrias básicas quedó bajo otra cartera ministerial unificada bajo autoridad de una sola persona. En PDV Holding, matriz de Citgo y sus filiales en EE.UU., el rodrigato designó en mayo una nueva junta directiva encabezada por Asdrúbal Chávez, aunque al cierre de esta edición no se confirmaba que el equipo hubiera tomado control efectivo de la empresa, que opera bajo jurisdicción estadounidense.

En la Corporación Venezolana de Minería, la directiva principal pasó a ser encabezada por Héctor José Silva Hernández, abogado descrito por la propia Transparencia Venezuela como funcionario de alta confianza en el entorno económico de la presidenta encargada. Sustituyó al general Rodolfo Clemente Marco Torres.

La frase de Delcy y los datos que no la sostienen

El discurso oficial habla de dos millones de emprendedores venezolanos como base de una nueva clase económica popular. La cifra ha sido repetida en distintos actos públicos por la presidenta encargada. Los datos disponibles, sin embargo, marcan distancia con ese relato. Según Ecoanalítica, en su informe de febrero de 2026, el salario promedio del venezolano se ubica en 256 dólares mensuales, mientras el costo de vida en Caracas supera los 622 dólares. El 70% de la población gana menos de 300 dólares al mes, lo que obliga a las familias a destinar prácticamente todo su ingreso a alimentación y medicinas.

Un emprendedor sin capital semilla, sin energía eléctrica estable, sin crédito accesible y sin marco regulatorio claro no es un emprendedor. Es un trabajador precarizado con discurso oficial. El planteamiento de Transparencia Venezuela enmarca este desfase: si los activos del Estado se reparten entre pocos, los dos millones de emprendedores no tienen sobre qué construir.

Captura sistémica al 89%

Transparencia Venezuela documentó previamente, en su informe sobre captura del Estado de 2025, que Venezuela presentaba un índice de captura sistémica del 89%, el más alto de la región latinoamericana. La organización define captura sistémica como el grado en que un Estado opera al servicio de intereses privados específicos en lugar de la institucionalidad pública. Ese índice no es accidente. Es el piso sobre el que cualquier proceso de privatización se ejecuta hoy en el país.

El analista Moisés A. Durán, en su análisis publicado en febrero de 2026, describió la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 como «privatización fiscal sin privatización formal»: el Estado conserva la propiedad nominal de los activos mientras transfiere de hecho la captura del flujo financiero. Es exactamente la figura que Transparencia Venezuela teme se replique en los sectores eléctrico, hidrológico, minero e industrial.

La condición que falta en la mesa

El reclamo central de la ONG es operativo: licitación amplia, auditable y transparente; inventario público de los bienes del Estado en negociación; verificación del origen de los fondos de los compradores potenciales; rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino. Ninguna de esas condiciones está garantizada en la arquitectura actual.

La ausencia es estructural. La Ley Antibloqueo, vigente desde 2020 con cláusulas de confidencialidad sobre las operaciones de privatización, sigue formalmente activa. El régimen ajustó el marco normativo, según el informe de Transparencia Venezuela de diciembre de 2025, «sin que se cumplan estándares de competitividad, verificación del origen de los fondos de los potenciales compradores, transparencia sobre las condiciones y criterios de decisión de la venta de activos, rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino».

Qué significa para el hispano en EE.UU.

Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, este proceso pesa de tres maneras. Primero: define qué tipo de país encontrarán quienes consideren retorno técnico o familiar. Segundo: define las reglas para quienes desde EE.UU. evalúan inversiones en empresas binacionales, alianzas o servicios. Tercero, y más profundo: define si la próxima Venezuela será un país con clase media económica diversificada o una economía dominada por veinte o treinta familias con acceso al rodrigato.

La advertencia de Transparencia Venezuela no es una alerta de coyuntura. Es la lectura técnica de un patrón documentado en otros países en transición. Que se diga ahora, en voz alta, en un foro público, es exactamente lo que distingue a una sociedad civil viva de un consenso silencioso.


Fuentes principales

  • Transparencia Venezuela, foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», 14 de mayo de 2026. Intervenciones de Mercedes de Freitas y Christi Rangel.
  • El Nacional, «Transparencia Venezuela denuncia falta de claridad en reorganización de activos públicos», 14 de mayo de 2026.
  • La Patilla, «La grave denuncia de Transparencia Venezuela sobre las privatizaciones a oscuras de Delcy Rodríguez», 14 de mayo de 2026.
  • Confirmado, «Transparencia Venezuela advierte: Restructuración de activos públicos apunta a la creación de una nueva oligarquía», 14 de mayo de 2026.
  • Diario Las Américas, «El Estado venezolano posee más de 900 empresas, según Transparencia Venezuela», 14 de mayo de 2026.
  • Transparencia Venezuela, informe de captura del Estado (2025) e informe sobre reestructuración de empresas públicas (2026).
  • Ecoanalítica, informe de proyecciones macroeconómicas de febrero de 2026.
  • Moisés A. Durán, análisis sobre la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026.
  • Gaceta Oficial número 43.304, 27 de enero de 2026.
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Ecuador pide elecciones libres en Venezuela y choca con Delcy

** En Washington, Daniel Noboa pidió elecciones libres en Venezuela y dijo lo que pocos presidentes dicen frente a Delcy Rodríguez.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo el jueves 14 de mayo en Washington que espera elecciones libres en Venezuela «en los próximos años» y reconoció con franqueza inusual que la presidenta encargada Delcy Rodríguez no lo aprecia personalmente. La frase, pronunciada en el Atlantic Council, marca distancia con el rodrigato en un momento en que varios gobiernos latinoamericanos buscan normalizar relaciones por motivos prácticos. —

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Noboa pidió elecciones libres en Venezuela y abogó por «apoyo político» —ni intervención militar ni ayuda humanitaria— para propiciar cambio en Cuba.
Quién Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.
Cuándo Jueves 14 de mayo de 2026, durante el segundo día de visita oficial a Washington.
Dónde Atlantic Council, Washington. Visita complementada con reuniones en la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Por qué Posiciona a Ecuador en una línea de presión democrática diferenciada del giro pragmático que ya ensayan Chile y otros gobiernos sudamericanos.
Cómo Mediante intervención pública en un centro de pensamiento estadounidense, formato que asegura repercusión mediática y diplomática.

La frase y el contexto

«A ella en realidad no le caigo bien, lo cual considero algo positivo. Solo espero que se celebren elecciones libres en Venezuela en los próximos años.» La frase, dicha por Daniel Noboa frente al público del Atlantic Council, contiene dos movimientos. Primero, una posición de política exterior: Ecuador no normaliza relaciones con el rodrigato sin elecciones. Segundo, un gesto personal: Noboa no busca acercamiento con la presidenta encargada.

La intervención cerró el segundo día de su visita oficial a Washington, programada en paralelo al viaje de Donald Trump a Pekín. Esa coincidencia no fue casual. Mientras la atención internacional se concentraba en Asia, Noboa eligió hablar de América Latina ante una audiencia que lo escucharía con plena atención.

Cuba en la misma frase

El presidente ecuatoriano también se pronunció sobre Cuba. Rechazó la intervención militar planteada por sectores de la derecha estadounidense y descartó la ayuda humanitaria propuesta por la izquierda. «La ayuda humanitaria, al mantener intacto el mismo régimen militar, tampoco me parece la solución. Así que abogo por la ayuda política, es el punto medio ideal», dijo.

Su lectura es coherente: democracia primero, herramientas operativas después. Es una posición que en el contexto latinoamericano actual sirve también para diferenciarse de los gobiernos de Chile o Colombia, que han adoptado postura pragmática frente al rodrigato priorizando control migratorio y cooperación comercial.

El cuadro regional que se dibuja

La intervención de Noboa coincide con un realineamiento silencioso de la región. El gobierno de José Antonio Kast en Chile anunció el mismo jueves 14, por boca del canciller Francisco Pérez Mackenna desde Nueva Delhi, que restablecer relaciones consulares con Venezuela es «primera prioridad». Colombia, bajo Gustavo Petro, mantiene tono conservador desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. Brasil, México y otros han optado por silencio operativo.

Ecuador queda como uno de los pocos gobiernos que mantiene presión democrática explícita. Esa posición tiene costos y beneficios. Costo: aleja a Quito de un eventual canal con Caracas para gestionar migrantes ecuatorianos. Beneficio: lo coloca como interlocutor preferente para Washington y para sectores opositores venezolanos.

Lo que Noboa cargó a Washington

Más allá de Venezuela y Cuba, Noboa usó la visita para apuntalar su agenda interna. Defendió la cooperación con Estados Unidos en lo que denominó «guerra contra el narcoterrorismo», área en la que su gobierno acumula presión por la crisis de seguridad que no ha logrado contener. Un manifestante interrumpió el evento del Atlantic Council para recriminarle por desapariciones en Ecuador, recordatorio de que la mano dura interna no es bien recibida por todos los sectores diaspóricos.

La visita concluyó con un discurso ante la Organización de los Estados Americanos y reuniones en el Banco Interamericano de Desarrollo. La agenda combina seguridad, financiamiento internacional y posicionamiento democrático regional.

Cómo se lee desde el rodrigato

El rodrigato no ha emitido respuesta oficial al cierre de esta edición. Pero la mención de Noboa a la opinión personal negativa de Delcy Rodríguez no es invención. Tiene base en intercambios previos entre ambos gobiernos durante los años de Maduro, cuando Quito acompañó las denuncias internacionales sobre fraude electoral en 2024. La presidenta encargada heredó esa relación congelada.

La pregunta diplomática que queda abierta es si Ecuador puede sostener su posición de presión democrática sin afectar áreas de cooperación práctica con Caracas, especialmente en materia migratoria. La diáspora venezolana en Ecuador, aunque menor que la chilena o peruana, ronda los 500.000 ciudadanos y produce las mismas necesidades operativas: consulados activos, certificaciones, deportaciones eventuales.

Qué significa para el hispano en EE.UU.

Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, la intervención de Noboa funciona como recordatorio. La elección entre normalización pragmática y presión democrática no es académica: cada gobierno latinoamericano elige uno u otro camino, y cada elección altera el horizonte de retorno seguro para los venezolanos en el exterior. Que un presidente de centroderecha como Noboa elija presión democrática abre espacio para que otros gobiernos consideren no rebajar las condiciones de normalización.

Para el ecuatoriano en EE.UU., la visita confirma una tendencia: Quito apuesta por ser el aliado regional más cercano a Washington en términos de seguridad y discurso democrático. Eso tiene implicaciones para el flujo migratorio, las licencias consulares y la cooperación judicial binacional.


Fuentes principales

  • PanAm Post, «Noboa desea ver elecciones libres en Venezuela y apoyo político para el cambio en Cuba», 14 de mayo de 2026.
  • ABC Color, «Presidente Noboa insta a colaboración internacional para superar crisis regionales, entre ellas Venezuela y Cuba», 14 de mayo de 2026.
  • Proceso Digital, cobertura del 14 de mayo de 2026.
  • Atlantic Council, intervención pública de Daniel Noboa, 14 de mayo de 2026.
  • Bloomberg Línea, contexto regional sobre relaciones Colombia–Venezuela–Ecuador, mayo de 2026.
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Política

Chile prioriza la vía consular para descomprimir 700.000 venezolanos

** Chile y Venezuela sin canal consular son 725.000 personas atrapadas en la burocracia. El gobierno de Kast quiere romper el bloqueo.

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El gobierno de José Antonio Kast anunció el jueves 14 de mayo, por boca del canciller Francisco Pérez Mackenna y desde Nueva Delhi, que restablecer relaciones consulares con Venezuela es «primera prioridad». La razón es operativa: hay 700.000 venezolanos en Chile y 25.000 chilenos en Venezuela sin canal consular. La paradoja se llama política migratoria. —

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Chile inició conversaciones con Venezuela para restablecer relaciones consulares rotas desde las elecciones venezolanas de 2024.
Quién Francisco Pérez Mackenna, canciller de Chile; José Antonio Kast, presidente; Delcy Rodríguez, presidenta encargada del rodrigato.
Cuándo Jueves 14 de mayo de 2026, durante visita de Pérez Mackenna a Nueva Delhi.
Dónde Declaración hecha en Nueva Delhi. Efecto sobre Santiago, Caracas y comunidades binacionales.
Por qué 700.000 venezolanos viven en Chile sin servicios consulares. Las deportaciones de irregulares son imposibles sin canal aéreo directo Santiago–Caracas.
Cómo Mediante gestiones diplomáticas que Cancillería chilena no ha detallado públicamente, aprovechando el cambio de régimen en Caracas tras la captura de Maduro.

La cifra que ordena la conversación

700.000 venezolanos viven en Chile. 25.000 chilenos viven en Venezuela. Total: 725.000 personas sin servicios consulares activos desde 2024, cuando el gobierno de Gabriel Boric denunció el fraude electoral que declaró a Nicolás Maduro vencedor de las elecciones del 28 de julio. Venezuela respondió rompiendo relaciones diplomáticas y exigiendo la salida del personal chileno de su territorio.

Esa cifra es la que el canciller Francisco Pérez Mackenna invocó el jueves 14 de mayo en Nueva Delhi, durante visita oficial a India, para justificar la prioridad diplomática. «La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares», declaró. La frase fue replicada por agencia EFE y reproducida por El Nacional, BioBioChile y otros medios.

La paradoja Kast

El elemento que da espesor político al anuncio es la procedencia. José Antonio Kast, presidente de Chile desde marzo de 2026, hizo campaña con la expulsión de aproximadamente 300.000 migrantes irregulares de Chile. La promesa fue uno de los ejes de su victoria electoral. Esa promesa, sin embargo, choca contra una pared operativa: sin relaciones consulares con Venezuela, las deportaciones no se pueden ejecutar. No hay vuelos directos Santiago–Caracas. No hay protocolo de recepción en el aeropuerto de Maiquetía. No hay funcionario consular venezolano para certificar identidad.

Días atrás, durante un intercambio comunicacional con su propia base electoral, Kast calificó como «metáfora» su compromiso de campaña sobre los 300.000 migrantes. La declaración generó traspié interno. La presión por mostrar resultados operativos quedó instalada en su gabinete. El anuncio de Cancillería del jueves 14 es una vía para destrabarla.

El antecedente que Chile no menciona

Chile rompió relaciones diplomáticas plenas con Venezuela en agosto de 2024, después de que Boric no reconociera la victoria de Maduro en las elecciones de julio de ese año. Antes de eso, Boric había nombrado al exsenador socialista Jaime Gazmuri como embajador en Caracas en mayo de 2023, en intento de recomponer la relación bilateral tras los años de Sebastián Piñera. Gazmuri fue retirado en enero de 2025, gesto que precedió a la ruptura formal.

Con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez, el escenario cambió. El rodrigato busca reinserción internacional, ha reactivado vínculos con el FMI y el Banco Mundial, y cuenta con respaldo de Estados Unidos. Para Chile, eso despeja parte del costo político de reanudar canales: no se trata de normalizar con Maduro, sino con un gobierno de transición tutelado por Washington.

Cómo lee la región

El anuncio chileno coincide con la intervención de Daniel Noboa en el Atlantic Council el mismo jueves, en sentido opuesto. Ecuador pide elecciones libres como condición. Chile pide consulados como prioridad. Dos gobiernos de derecha latinoamericana eligen caminos divergentes ante el mismo dilema. Brasil mantiene silencio operativo. Colombia, bajo Petro, conserva tono conservador. México y otros no han movido posición.

La diferencia entre Quito y Santiago no es ideológica. Es geográfica y demográfica. Ecuador tiene aproximadamente 500.000 venezolanos en su territorio. Chile, 700.000. El cálculo migratorio pesa distinto en cada caso, y la decisión política refleja ese peso.

Lo que falta en el anuncio

Cancillería chilena no ha precisado en qué consisten las gestiones concretas. No se ha designado embajador. No se ha anunciado fecha de reapertura consular. No se ha publicado cronograma de deportaciones eventuales. El propio diputado del Partido Republicano Stephan Schubert, citado por BioBioChile, dejó la frase en condicional: «Buscar la forma de volver a tener relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela para poder permitir…» El verbo es buscar, no ejecutar.

La pregunta operativa que queda es si el rodrigato responderá con apertura simétrica o si pondrá condiciones. Delcy Rodríguez no se ha pronunciado al cierre de esta edición. La presidenta encargada heredó una relación congelada con Chile, agravada por la posición personal de Kast, quien durante años criticó duramente al chavismo desde su rol parlamentario.

Qué significa para el hispano en EE.UU.

Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, el movimiento chileno es señal. Si el segundo país receptor de la diáspora venezolana en Sudamérica reanuda canales consulares, el patrón puede replicarse en otras capitales con grandes diásporas. Eso afecta directamente las condiciones para certificar documentos, gestionar pasaportes, registrar matrimonios y nacimientos, y procesar trámites de retorno cuando aplique.

Para el chileno en EE.UU., la decisión confirma que Kast está priorizando resultados operativos sobre coherencia ideológica. Es lectura útil para quienes evalúan inversiones, retornos profesionales o vínculos comerciales con el país.


Fuentes principales

  • El Nacional, «Chile prioriza restablecer las relaciones consulares con Venezuela», 14 de mayo de 2026, vía agencia EFE.
  • BioBioChile, «Por seguridad y migración: oficialismo se cuadra con idea de retomar relación con Venezuela», 14 de mayo de 2026.
  • Infobae, «Chile busca restablecer relaciones con Venezuela para concretar expulsiones de inmigrantes irregulares», abril de 2026.
  • Defonline, «Chile busca restablecer relaciones con Venezuela y se reconfigura el mapa diplomático en Latinoamérica», abril de 2026.
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Política

La universidad venezolana anticipa un paro nacional para el 19 de mayo

** El conflicto universitario venezolano escala. Salarios de cinco a ocho dólares mensuales, ultimátum estudiantil, paro convocado.

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Profesores, trabajadores y estudiantes universitarios venezolanos convocaron paro nacional para el martes 19 de mayo. La ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, calificó la decisión de «incomprensible» y defendió la vía del diálogo. El conflicto cumple dos meses de intensidad creciente y deja al descubierto un piso salarial entre cinco y ocho dólares mensuales para docentes universitarios. —

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Convocatoria a paro universitario nacional para el martes 19 de mayo, en demanda de aumento salarial, pago completo del bono de responsabilidad profesional y mejoras estructurales.
Quién José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv; Fapuv y gremios universitarios nacionales; Ana María Sanjuán, ministra de Educación Universitaria; Miguelángel Suárez, presidente de la FCU-UCV.
Cuándo Convocatoria anunciada el miércoles 13 de mayo de 2026, después de reunión del 11 de mayo entre gremios y ministerio.
Dónde Universidades públicas nacionales. Foco operativo: UCV, USB, ULA y demás casas de estudio adscritas a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela.
Por qué Salarios docentes de cinco a ocho dólares mensuales, salario mínimo congelado desde 2022 en 130 bolívares, déficit presupuestario universitario, deterioro de becas y comedores.
Cómo Mediante paro de actividades académicas, asambleas intergremiales y movilización estudiantil. Antecedente: paro del 22 de abril con acatamiento cercano al 90%.

La convocatoria y la respuesta

José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, anunció el miércoles 13 de mayo el paro nacional para el martes 19. La decisión vino tras una reunión sostenida el lunes 11 de mayo entre representantes gremiales y el Ministerio de Educación Universitaria, en la que, según los voceros del sector, no se obtuvieron respuestas satisfactorias.

La ministra Ana María Sanjuán respondió por X y mediante comunicado oficial: «Si estamos dialogando, cumpliendo, entendiéndonos ¿por qué el llamado a paro?». Calificó la decisión de «incomprensible» argumentando que aún no se habían cumplido los lapsos acordados en la reunión para evaluar los planteamientos del gremio. Designó una comisión encabezada por el viceministro Yoel Amaya y el director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, Ricardo Ríos, para dar seguimiento a las solicitudes.

El piso salarial que ordena el conflicto

Los profesores universitarios venezolanos devengan entre cinco y ocho dólares mensuales al cambio en bolívares, según declaraciones reiteradas de la Apucv y de gremios afiliados a la Fapuv. El salario mínimo nacional sigue congelado en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. La inflación acumulada y la depreciación cambiaria de los últimos cuatro años han pulverizado el valor real de esos ingresos.

«Dicen que no aumentan para no generar inflación o para no depreciar la moneda, pero la realidad los contradice: sin aumentos salariales, la inflación ha seguido creciendo y el bolívar se ha devaluado frente al dólar y al euro. El sacrificio lo está haciendo solo el trabajador», dijo Afonso el 23 de abril, según reseñó UCV Noticias.

El antecedente directo del paro del 19 de mayo es la jornada del miércoles 22 de abril, que registró acatamiento cercano al 90% en las principales universidades públicas. Esa medida fue impulsada por la Fapuv y respaldada por la Apufaf, los sindicatos de la UCV y otros gremios universitarios.

El ultimátum estudiantil

A la convocatoria docente se sumó un componente estudiantil. El miércoles 13 de mayo, Miguelángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, lanzó un ultimátum al Ejecutivo nacional para que ordene la liberación de todos los presos políticos, cifra que el Foro Penal estima en 457 personas. El plazo planteado es de 15 días. De no cumplirse, los estudiantes anunciaron que «tomarán las calles del país».

Octavio González, consejero universitario, sintetizó la articulación: «El movimiento estudiantil acompaña a los profesores y trabajadores por la reivindicación salarial. Además, exigimos promesas que no se han cumplido. Queremos becas, transporte y comedores, que están en el suelo. Los estudiantes comen tres veces a la semana y solo con almuerzo. La beca es una miseria». La cita fue reseñada por Crónica Uno.

Quién es Sanjuán y qué se le exige

La ministra Ana María Sanjuán es profesora de la Escuela de Psicología de la UCV y secretaria ejecutiva del Programa Paz y Convivencia Democrática. Asumió el cargo en marzo de 2026 dentro del giro hacia perfiles técnicos impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Sustituyó a Ricardo Sánchez, quien había estado en la cartera desde agosto de 2024.

Su nombramiento generó expectativa inicial por su perfil académico. En 2009, Sanjuán publicó un ensayo titulado «La esencia social de la Revolución Bolivariana en Venezuela: una mirada preliminar sobre sus fortalezas y debilidades», en el que documentó que Venezuela no había construido un modelo alternativo de desarrollo, que el Estado crecía en tamaño pero se debilitaba en capacidad institucional, y que las políticas sociales del chavismo eran operativamente ágiles pero estructuralmente insostenibles porque dependían de la renta petrolera y no de una institucionalidad real.

Diecisiete años después, ese diagnóstico describe exactamente el escenario que la ministra debe administrar. La autonomía universitaria sin autonomía presupuestaria es declaración sin contenido. Las universidades públicas operan, según gremios y autoridades académicas, con presupuestos que cubren menos del 10% de sus gastos operativos. En estados como Bolívar, esa cifra cae a 7%.

Qué profesionales se gradúan

La pregunta que el sector formula y que el ministerio aún no responde es directa: ¿qué tipo de profesional egresa hoy de la universidad venezolana? La migración de talento docente ha sido masiva en la última década. La capacidad de investigación ha caído. Los programas de pasantías y vinculación con el sector productivo operan con financiamiento informal o no operan. Las facultades de Medicina, Ingeniería, Educación y Ciencias Sociales enfrentan los déficits más severos.

El nudo es estructural y se documenta hace más de cinco años. Lo nuevo es que el rodrigato ha designado figuras técnicas como Sanjuán para administrarlo, pero el marco presupuestario nacional no acompaña. Ningún ministerio puede generar aumentos salariales reales sin asignación fiscal. Ningún diálogo sustituye una transferencia de recursos.

Lo que se juega el 19 de mayo

El paro del martes 19 funcionará como termómetro. Si el acatamiento se acerca al 90% que tuvo el del 22 de abril, la presión sobre el ministerio escalará. Si los estudiantes salen a la calle al cumplirse el plazo de 15 días planteado por la FCU-UCV, el conflicto deja de ser laboral para convertirse en político. La autonomía universitaria, históricamente, ha funcionado en Venezuela como uno de los pocos espacios donde la oposición civil ha sostenido voz pública.

Para la diáspora venezolana, la pregunta es práctica: ¿conviene plantear retorno técnico a una universidad que no tiene presupuesto, no paga salarios reales y no garantiza condiciones de investigación? La respuesta de la mayoría de profesionales en el exterior, hasta hoy, ha sido negativa. El conflicto que estalla este mes es síntoma de esa fuga.


Fuentes principales

  • TalCual, «Ministerio tilda de incomprensible el paro universitario convocado para el 19 de mayo», 13 de mayo de 2026.
  • Noticiero Digital, «Ministerio de Educación Universitaria rechazó llamado a paro de gremios docentes», 13 de mayo de 2026.
  • El Nacional, «Profesores universitarios irán a paro si no reciben respuesta a sus exigencias salariales», 12 de mayo de 2026.
  • Infobae, «Estudiantes lanzan ultimátum y profesores llaman a un paro», 14 de mayo de 2026.
  • Crónica Uno, declaraciones de Octavio González y dirigencia universitaria, mayo de 2026.
  • El Nacional, «Aulas vacías y protestas: paro universitario en Venezuela se cumplió en 90%», 23 de abril de 2026.
  • El Nacional, «Carta abierta a la nueva ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria», 23 de marzo de 2026.
  • Foro Penal, registro de presos políticos al cierre de mayo de 2026.
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