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Política

La opacidad de la apertura económica venezolana repite el manual ruso

** Transparencia Venezuela denunció el jueves 14 de mayo que la apertura económica del rodrigato se hace «a oscuras». El paralelo histórico es Rusia.

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Transparencia Venezuela denunció el jueves 14 de mayo, durante el foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», que el proceso de reestructuración de activos públicos impulsado por el rodrigato avanza «a oscuras» y reproduce el patrón ruso post-soviético que dio origen a la oligarquía actual de ese país. La advertencia no es comparación literaria. Es alerta operativa. —

Ficha 6W · Lo esencial
Qué Transparencia Venezuela alertó que la apertura económica venezolana se ejecuta sin auditoría pública, sin inventario verificable y sin reglas de licitación, configurando un esquema de redistribución entre allegados al poder.
Quién Mercedes de Freitas (directora) y Christi Rangel (investigadora), Transparencia Venezuela; gobierno de Delcy Rodríguez; PDV Holding/Citgo bajo Asdrúbal Chávez; Héctor José Silva Hernández en CVM.
Cuándo Foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», jueves 14 de mayo de 2026.
Dónde Venezuela, con activos de PDV Holding y Citgo bajo jurisdicción estadounidense en EE.UU.
Por qué El Estado venezolano controla más de 900 empresas públicas y la transferencia se acelera sin estándares de competencia, verificación de origen de fondos ni rendición de cuentas.
Cómo Mediante decretos, gacetas oficiales, fusiones administrativas (Hidroven absorbió a las hidrológicas regionales), creación de nuevos ministerios concentradores y designaciones discrecionales.

Un foro, una palabra clave

El foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?» se hizo el jueves 14 de mayo. Lo organizó Transparencia Venezuela, la ONG que opera desde el exilio tras ser ilegalizada en territorio venezolano años atrás. Allí Mercedes de Freitas, su directora, planteó una palabra clave: opacidad. Sin inventario público, sin licitación auditable, sin verificación del origen de los fondos de los compradores, no hay privatización en sentido democrático. Hay reparto.

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Christi Rangel, investigadora de la organización, recordó un dato que pasa desapercibido en la conversación pública: el Estado venezolano controla más de 900 empresas. La reorganización de ese patrimonio se aceleró después de la captura de Nicolás Maduro el sábado 3 de enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada del rodrigato.

El paralelo ruso, dicho con todas sus letras

De Freitas no buscó suavizar la analogía. Advirtió que la opacidad actual puede derivar en una situación similar a la de la Rusia post-soviética, donde la entrega de activos estatales en los años noventa dio origen a la clase de oligarcas que hoy controla la economía y la política rusas. La comparación tiene base operativa, no retórica: cuando un Estado transfiere activos a velocidad alta, sin reglas, sin auditoría y sin contrapeso institucional, el resultado conocido es concentración de propiedad en manos de quienes ya tenían acceso al poder político.

«Privatizar para que un grupito saque beneficios es inaceptable», dijo Rangel durante el foro, según reseñó El Nacional. Para que la transición económica no se convierta en simple transferencia de propiedad, agregó la organización, la sociedad civil debe exigir mecanismos de control, rendición de cuentas y supervisión pública del proceso.

Lo que ya pasó este año

Los movimientos administrativos del rodrigato en los últimos cinco meses configuran un patrón observable. El 27 de enero, mediante Gaceta Oficial número 43.304, el Ejecutivo nacional ordenó la absorción por parte de Hidroven de todas las empresas responsables del servicio de agua potable y aguas servidas regionales y municipales. Los activos, pasivos, personal y competencias de al menos 28 empresas pasaron a depender de una única autoridad nacional.

En paralelo, se creó el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, que concentra 124 empresas públicas bajo una sola cartera. El sector minero y de industrias básicas quedó bajo otra cartera ministerial unificada bajo autoridad de una sola persona. En PDV Holding, matriz de Citgo y sus filiales en EE.UU., el rodrigato designó en mayo una nueva junta directiva encabezada por Asdrúbal Chávez, aunque al cierre de esta edición no se confirmaba que el equipo hubiera tomado control efectivo de la empresa, que opera bajo jurisdicción estadounidense.

En la Corporación Venezolana de Minería, la directiva principal pasó a ser encabezada por Héctor José Silva Hernández, abogado descrito por la propia Transparencia Venezuela como funcionario de alta confianza en el entorno económico de la presidenta encargada. Sustituyó al general Rodolfo Clemente Marco Torres.

La frase de Delcy y los datos que no la sostienen

El discurso oficial habla de dos millones de emprendedores venezolanos como base de una nueva clase económica popular. La cifra ha sido repetida en distintos actos públicos por la presidenta encargada. Los datos disponibles, sin embargo, marcan distancia con ese relato. Según Ecoanalítica, en su informe de febrero de 2026, el salario promedio del venezolano se ubica en 256 dólares mensuales, mientras el costo de vida en Caracas supera los 622 dólares. El 70% de la población gana menos de 300 dólares al mes, lo que obliga a las familias a destinar prácticamente todo su ingreso a alimentación y medicinas.

Un emprendedor sin capital semilla, sin energía eléctrica estable, sin crédito accesible y sin marco regulatorio claro no es un emprendedor. Es un trabajador precarizado con discurso oficial. El planteamiento de Transparencia Venezuela enmarca este desfase: si los activos del Estado se reparten entre pocos, los dos millones de emprendedores no tienen sobre qué construir.

Captura sistémica al 89%

Transparencia Venezuela documentó previamente, en su informe sobre captura del Estado de 2025, que Venezuela presentaba un índice de captura sistémica del 89%, el más alto de la región latinoamericana. La organización define captura sistémica como el grado en que un Estado opera al servicio de intereses privados específicos en lugar de la institucionalidad pública. Ese índice no es accidente. Es el piso sobre el que cualquier proceso de privatización se ejecuta hoy en el país.

El analista Moisés A. Durán, en su análisis publicado en febrero de 2026, describió la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 como «privatización fiscal sin privatización formal»: el Estado conserva la propiedad nominal de los activos mientras transfiere de hecho la captura del flujo financiero. Es exactamente la figura que Transparencia Venezuela teme se replique en los sectores eléctrico, hidrológico, minero e industrial.

La condición que falta en la mesa

El reclamo central de la ONG es operativo: licitación amplia, auditable y transparente; inventario público de los bienes del Estado en negociación; verificación del origen de los fondos de los compradores potenciales; rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino. Ninguna de esas condiciones está garantizada en la arquitectura actual.

La ausencia es estructural. La Ley Antibloqueo, vigente desde 2020 con cláusulas de confidencialidad sobre las operaciones de privatización, sigue formalmente activa. El régimen ajustó el marco normativo, según el informe de Transparencia Venezuela de diciembre de 2025, «sin que se cumplan estándares de competitividad, verificación del origen de los fondos de los potenciales compradores, transparencia sobre las condiciones y criterios de decisión de la venta de activos, rendición de cuentas de los ingresos obtenidos y su destino».

Qué significa para el hispano en EE.UU.

Para la comunidad venezolana en Estados Unidos, este proceso pesa de tres maneras. Primero: define qué tipo de país encontrarán quienes consideren retorno técnico o familiar. Segundo: define las reglas para quienes desde EE.UU. evalúan inversiones en empresas binacionales, alianzas o servicios. Tercero, y más profundo: define si la próxima Venezuela será un país con clase media económica diversificada o una economía dominada por veinte o treinta familias con acceso al rodrigato.

La advertencia de Transparencia Venezuela no es una alerta de coyuntura. Es la lectura técnica de un patrón documentado en otros países en transición. Que se diga ahora, en voz alta, en un foro público, es exactamente lo que distingue a una sociedad civil viva de un consenso silencioso.


Fuentes principales

  • Transparencia Venezuela, foro «Empresas públicas venezolanas: ¿recuperación o privatización?», 14 de mayo de 2026. Intervenciones de Mercedes de Freitas y Christi Rangel.
  • El Nacional, «Transparencia Venezuela denuncia falta de claridad en reorganización de activos públicos», 14 de mayo de 2026.
  • La Patilla, «La grave denuncia de Transparencia Venezuela sobre las privatizaciones a oscuras de Delcy Rodríguez», 14 de mayo de 2026.
  • Confirmado, «Transparencia Venezuela advierte: Restructuración de activos públicos apunta a la creación de una nueva oligarquía», 14 de mayo de 2026.
  • Diario Las Américas, «El Estado venezolano posee más de 900 empresas, según Transparencia Venezuela», 14 de mayo de 2026.
  • Transparencia Venezuela, informe de captura del Estado (2025) e informe sobre reestructuración de empresas públicas (2026).
  • Ecoanalítica, informe de proyecciones macroeconómicas de febrero de 2026.
  • Moisés A. Durán, análisis sobre la Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026.
  • Gaceta Oficial número 43.304, 27 de enero de 2026.
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Política

El balance del doble sismo llega a 5.398 muertos a un mes del desastre

A casi un mes del desastre, las cifras siguen subiendo y la ausencia de una lista oficial de desaparecidos deja a miles de familias sin respuesta.

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El balance oficial del doble terremoto del 24 de junio ascendió a 5.398 fallecidos. Las cifras siguen subiendo a medida que avanza la remoción de escombros, y la ausencia de una lista oficial de desaparecidos mantiene a miles de familias sin respuesta.

Pregunta Respuesta
**Qué** El balance oficial del doble sismo alcanzó 5.398 muertos y 16.740 heridos.
**Quién** El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, difunde los partes oficiales.
**Cuándo** Balance actualizado el miércoles 22 de julio de 2026, casi un mes después del desastre.
**Dónde** Norte de Venezuela, con La Guaira como la zona más devastada.
**Por qué** La remoción de escombros continúa revelando víctimas no contabilizadas.
**Cómo** Mediante partes oficiales difundidos por canales del Parlamento, sin lista de desaparecidos.

Las cifras al día

El balance oficial de víctimas del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio de 2026 ascendió a 5.398 fallecidos, tras incorporarse 52 nuevas muertes respecto del reporte previo. El dato lo difundió el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

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El resto del cuadro oficial: 16.740 heridos, cifra que se mantiene estable desde hace semanas; 23.335 personas alojadas en 107 campamentos transitorios; 128.324 familias atendidas desde el inicio de la emergencia; y 6.462 personas rescatadas con vida de entre los escombros. Los daños materiales incluyen 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo. Se han registrado más de 1.400 réplicas desde el evento principal.

La progresión de las cifras cuenta su propia historia. El primer parte oficial, la mañana del 26 de junio, hablaba de 235 muertes. Un mes después, la cifra se multiplicó por más de veinte. El aumento no refleja nuevas víctimas sino la lenta aparición de las que ya estaban bajo los escombros.

La cifra que nadie publica

Hay un número ausente que pesa más que todos los anteriores: el de los desaparecidos. Las autoridades venezolanas no han publicado una lista oficial. Las Naciones Unidas estimaron que la cifra podría llegar a 50.000 personas, mientras otras proyecciones la sitúan cerca de 10.000. Organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que miles de personas siguen sin localizar.

La distancia entre 10.000 y 50.000 es enorme y revela hasta qué punto no existe un registro confiable. Para las familias que aún buscan, esa ausencia tiene un costo concreto: sin registro oficial no hay proceso de identificación sistemático, ni certificados, ni claridad sobre trámites de herencia, seguros o custodia de menores. La incertidumbre administrativa se suma al duelo.

De la búsqueda a la reconstrucción

Las operaciones han entrado en una nueva fase. La búsqueda de sobrevivientes cedió paso a la remoción de escombros, la asistencia humanitaria y el inicio de la reconstrucción. Delegaciones internacionales que participaron en las labores de rescate han ido concluyendo sus misiones.

En el plano de la respuesta, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un plan habitacional que contempla la entrega de 4.000 viviendas antes de diciembre de 2026 y otras 10.000 durante 2027, con adjudicaciones mensuales. Frente a 17.907 personas sin vivienda registradas oficialmente, y con el Banco Mundial estimando en 9.300 millones de dólares el daño solo en viviendas, la proporción entre lo prometido y lo necesario sigue siendo desfavorable.

Lo que INCÍSOS seguirá vigilando

Tres asuntos quedan abiertos. El primero es el registro de desaparecidos: mientras no exista una lista oficial, el balance de víctimas será provisional y miles de familias permanecerán en la indefinición. El segundo es la ejecución del plan habitacional, que debe medirse en entregas efectivas y no en anuncios. El tercero es el financiamiento de la reconstrucción, cuya escala el Banco Mundial fijó en 19.600 millones de dólares.

Las cifras de este balance no son estadística. Son la medida de lo que un país perdió en treinta y nueve segundos y de lo que aún no consigue recuperar.

FUENTES PRINCIPALES

  • Partes oficiales difundidos por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, 22-23 de julio de 2026.
  • Cobertura de Infobae, Semana y agencias, 21-23 de julio de 2026.
  • Estimaciones de las Naciones Unidas sobre personas desaparecidas.
  • Informe de daños del Banco Mundial, 23 de julio de 2026.
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Política

EE.UU. recaudó 13.000 millones del petróleo venezolano sin rendir cuentas

Trece mil millones recaudados, un solo movimiento registrado en el portal oficial venezolano y explicaciones que se contradicen entre sí. El dinero del petróleo es la pregunta del año.

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El Financial Times calcula que Estados Unidos recaudó más de 13.000 millones de dólares por la comercialización de petróleo venezolano desde enero. Washington ha dado versiones contradictorias sobre el destino de ese dinero, y el portal oficial venezolano creado para auditarlo registra un solo movimiento.

Pregunta Respuesta
**Qué** EE.UU. recaudó más de 13.000 millones de dólares por petróleo venezolano sin transparentar su destino.
**Quién** El Departamento del Tesoro de EE.UU., el gobierno de transición venezolano y el Congreso estadounidense.
**Cuándo** Desde enero de 2026; el cálculo se publicó el miércoles 22 de julio de 2026.
**Dónde** Cuentas del Tesoro estadounidense, tras eliminarse el esquema previo con cuentas en Catar.
**Por qué** Los ingresos petroleros equivalen a cerca del 25% del PIB venezolano y son clave para la reconstrucción.
**Cómo** Mediante el control estadounidense de las exportaciones desde la captura del usurpador Maduro.

La cifra que faltaba

El Financial Times publicó el miércoles 22 de julio de 2026 un cálculo que reordena la comprensión de todo lo ocurrido en Venezuela este año: Estados Unidos ha recaudado más de 13.000 millones de dólares por la comercialización de petróleo venezolano desde que asumió el control de las ventas de crudo en enero. El diario británico llegó a esa estimación cruzando datos de embarques de la plataforma Kpler con precios de la agencia Argus Media para los crudos Merey, Boscan y Hamaca.

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Lo que el cálculo no puede establecer es adónde fue ese dinero. Y ahí está el problema.

Cómo llegó Washington a controlar el flujo

El mecanismo se construyó en semanas. Tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Washington asumió el control de las exportaciones petroleras venezolanas. Días después, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que, según la Casa Blanca, buscaba proteger esos ingresos de embargos de acreedores, declarando una emergencia nacional y describiendo la función estadounidense como de custodia de fondos reconocidos como propiedad soberana de Venezuela.

Inicialmente los ingresos se depositaban en un fondo en Catar. El 27 de febrero, el secretario de Energía Chris Wright informó que ese esquema se eliminaba y que los fondos pasarían a gestionarse directamente en cuentas del Departamento del Tesoro estadounidense. En enero, el secretario de Estado Marco Rubio ya había explicado ante el Senado que el sistema permitiría a Washington aprobar o rechazar los presupuestos mensuales que presentara Caracas, con auditoría para verificar el uso autorizado de los recursos.

Versiones que no coinciden

El núcleo del reportaje del Financial Times es la contradicción entre las explicaciones oficiales. La orden ejecutiva describe la función como custodia. Pero Trump ha afirmado públicamente que Estados Unidos recuperó veintiocho veces el costo de la operación militar y que está ganando mucho dinero con el petróleo venezolano. El Departamento de Energía declaró que los recursos se liberarían para beneficio mutuo de ambos países, mientras el Departamento de Estado afirma haber transferido miles de millones condicionados a aprobación previa de Washington.

Custodia, beneficio mutuo o ganancia propia son tres cosas distintas. La diferencia entre ellas define si esos 13.000 millones son dinero venezolano administrado por un tercero o ingreso estadounidense derivado de un recurso ajeno.

Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, aseguró en abril que unos 3.000 millones habían sido enviados a Venezuela y que la firma KPMG auditaba las cuentas, además de prometer reportes trimestrales. Los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores sostienen que no han recibido información actualizada.

El registro venezolano: un solo movimiento

Del lado venezolano el cuadro no es mejor. El portal web creado por el gobierno de Delcy Rodríguez para auditar el flujo petrolero gestionado por Estados Unidos registra, según el reporte, un único movimiento: una transferencia de 300 millones de dólares realizada en marzo.

Un solo asiento contable frente a 13.000 millones estimados. Sea cual sea la explicación, la conclusión inmediata es que ninguna de las dos partes —ni quien administra el dinero ni quien lo reclama como propio— está ofreciendo a los venezolanos una contabilidad verificable.

Un reclamo que cruza los partidos

La inquietud en Washington no es de un solo bando, y eso le da peso. El congresista demócrata Joaquín Castro declaró al Financial Times que la intervención en Venezuela giró en torno al petróleo, el poder y la corrupción desde el principio, con miles de millones controlados sin transparencia ni salvaguardias, y sostuvo que el Congreso ha sido mantenido en la ignorancia. Desde el lado republicano, la legisladora María Elvira Salazar ha exigido que se hagan públicos los informes financieros.

Benjamin Gedan, exfuncionario de la Casa Blanca para América Latina, advirtió que si los demócratas obtienen el control de una o ambas cámaras en las elecciones de noviembre, los fondos petroleros serán un objetivo central de investigación. Lo describió como un blanco potencialmente muy lucrativo para las citaciones del Congreso.

La proporción que duele

Aquí es donde las cifras se vuelven insoportables de mirar juntas. El Banco Mundial estimó el 23 de julio que los daños directos del doble sismo del 24 de junio ascienden a 19.600 millones de dólares. Venezuela accedió a 346 millones del Fondo Monetario Internacional, dinero propio que estaba bloqueado. Y Estados Unidos habría recaudado 13.000 millones por el petróleo del país durante el mismo período.

Los ingresos petroleros representan alrededor del 25% del PIB venezolano. Seis meses después de que Washington tomara el control de esos fondos, los economistas observan pocas señales de recuperación económica, lo que alimenta la sospecha de que no todos los ingresos han vuelto a Caracas.

Lo que INCÍSOS puede y no puede afirmar

Conviene ser preciso con el estatuto de lo que aquí se sostiene. Está verificado que Estados Unidos controla las exportaciones y los ingresos, que existe una estimación rigurosa de 13.000 millones, que las explicaciones oficiales se contradicen entre sí y que legisladores de ambos partidos reclaman transparencia. No está establecido que exista apropiación indebida: nadie ha probado un desvío, y una parte del dinero puede estar legítimamente retenida en cuentas de custodia, tal como la orden ejecutiva contempla.

Lo que sí puede afirmarse sin margen de duda es que hay opacidad, y que esa opacidad recae sobre el principal activo de un país devastado. Mientras 23.335 personas siguen en campamentos transitorios y la reconstrucción requiere casi veinte mil millones, la pregunta de dónde está el dinero del petróleo venezolano dejó de ser técnica. Es la pregunta política del año.

FUENTES PRINCIPALES

  • Reportaje del Financial Times, 22 de julio de 2026 (datos de Kpler y Argus Media).
  • Cobertura de El Nacional, La Jornada, El Universo, La Tercera y Descifrado, 22-23 de julio de 2026.
  • Declaraciones de Joaquín Castro, María Elvira Salazar y Benjamin Gedan.
  • Orden ejecutiva de enero de 2026 y declaraciones de Chris Wright, Marco Rubio y Michael Kozak.
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Política

Capriles advierte que sin Machado la negociación está condenada

A días del arranque, la oposición venezolana no logra una postura común. Quienes participan, quienes condicionan y quien fue designada para dirigir y quedó fuera.

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Henrique Capriles advirtió que una negociación que excluya a María Corina Machado está condenada a fracasar. Su pronunciamiento se suma al de Acción Democrática y confirma que la oposición venezolana llegará dividida a la mesa que arranca el 1 de agosto.

Pregunta Respuesta
**Qué** Capriles advirtió que excluir a Machado condena al fracaso el proceso de negociación.
**Quién** Henrique Capriles, diputado y dos veces candidato presidencial.
**Cuándo** Pronunciamiento del martes 21 de julio de 2026 en su cuenta de X.
**Dónde** Venezuela, sobre el diálogo que comienza el 1 de agosto.
**Por qué** Machado no forma parte de la mesa técnica pese al mandato del Manifiesto de Panamá.
**Cómo** Con un cuestionamiento público que se suma a las condiciones planteadas por otros partidos.

La advertencia

El diputado Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, publicó el martes 21 de julio de 2026 un mensaje que marcó posición frente al proceso que arranca en agosto. Sostuvo que cualquier proceso de negociación no puede ser un cálculo de alguien, contra alguien o para excluir a alguien, y afirmó que una negociación que excluya a María Corina Machado, y a lo que ella representa, está condenada a fracasar. Añadió que lo que está en juego es la reconstrucción de Venezuela, el futuro del país y los intereses de los venezolanos.

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El pronunciamiento llegó un día después de que Dinorah Figuera anunciara que convocaría a todos los sectores democráticos, y precede al mensaje en que la presidenta de la Asamblea de 2015 calificó a Machado como muy importante en el proceso.

Un coro que crece

Capriles no está solo. Su advertencia se suma a la de Acción Democrática, cuyo secretario general Henry Ramos Allup condicionó el aval de su partido a que Machado participe y a que estén representados todos los partidos de la Plataforma Unitaria. Y ambos se producen después de que la reunión de la Plataforma Unitaria con Machado y Edmundo González Urrutia, celebrada el miércoles 15 de julio, terminara sin conclusiones públicas.

El patrón que emerge es claro. Hay partidos que participan en el panel, partidos que condicionan su respaldo y figuras de peso que advierten públicamente contra la arquitectura del proceso. No es una discrepancia de matices: es una fractura sobre quién tiene legitimidad para negociar en nombre de la oposición.

El fondo del desacuerdo

La disputa no es de egos, aunque a veces se presente así. Es una diferencia sobre la fuente de legitimidad. Machado invoca el respaldo electoral de 2024 y el mandato que los propios partidos de la coalición le otorgaron en el Manifiesto de Panamá, a finales de abril de 2026, para liderar los contactos con el chavismo. Ha insistido en que le corresponde la responsabilidad de dirigir una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

Del otro lado, la mesa que arranca el 1 de agosto se construyó sobre otra base: la continuidad institucional de la Asamblea electa en 2015, reconocida por Estados Unidos, con Figuera como interlocutora. Son dos legitimidades distintas —la electoral y la institucional— y el proceso no ha resuelto cuál prevalece.

A ello se suma una circunstancia que agrava el problema: Machado se encuentra fuera de Venezuela y ha denunciado impedimentos para entrar al país. Su participación no depende únicamente de que la inviten.

Lo que está en juego el 1 de agosto

Quedan pocos días y la oposición no ha logrado una postura común. Esa fragmentación tiene consecuencias prácticas en una negociación: una contraparte dividida negocia peor, y el chavismo se sienta frente a interlocutores que no se reconocen plenamente entre sí.

La advertencia de Capriles apunta a eso. No sostiene que el diálogo sea ilegítimo por dialogar, sino que un proceso construido excluyendo a la figura con mayor respaldo popular carece de la base social necesaria para sostener sus resultados. Un acuerdo que no sea percibido como propio por la mayoría que votó en 2024 tendría dificultades para consolidarse.

INCÍSOS verificará el 1 de agosto quiénes se sientan efectivamente a la mesa. Esa composición dirá más que todos los pronunciamientos de esta semana.

FUENTES PRINCIPALES

  • Mensaje de Henrique Capriles en su cuenta de X, 21 de julio de 2026 (EFE, El Tiempo, Infobae, BioBioChile).
  • Declaraciones de Henry Ramos Allup a La Gran Aldea, 16 de julio de 2026.
  • Cobertura de la reunión de la Plataforma Unitaria, 15 de julio de 2026.
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