Trump endorsó renombrar a ICE como NICE. El DHS publicó un video de agentes «amables». Mientras tanto, las muertes bajo custodia rompieron el récord de las últimas dos décadas. La pregunta no es si el rebranding va a funcionar. Es por qué se está intentando ahora.

La cronología de un cambio de nombre

El 25 de marzo, una influencer conservadora publicó en X una idea: cambiar el nombre de Immigration and Customs Enforcement a National Immigration and Customs Enforcement, para que el acrónimo fuera NICE y los medios estuvieran obligados a decir «agentes NICE» todos los días. La publicación viajó un mes por las redes hasta que el domingo 26 de abril el presidente Donald Trump la compartió en Truth Social con tres palabras: GREAT IDEA. DO IT.

Veinticuatro horas después, el Department of Homeland Security difundió un video en el que agentes de ICE aparecen sin pasamontañas, interactuando con la comunidad, en escenas que no se parecen a ninguna pieza institucional reciente de la agencia. La Casa Blanca, por su parte, acompañó la conversación con una imagen generada por inteligencia artificial.

Para la noche del lunes, el rebranding ya estaba operando. Sin ley, sin enmienda, sin trámite formal.

Lo que un cambio de nombre suele requerir

Renombrar una agencia federal estadounidense exige, en condiciones normales, una acción del Congreso que enmiende la ley que la creó. ICE fue establecida en 2003 dentro del DHS y su nombre actual proviene de un cambio administrativo de 2007. Pero ese cambio fue cosmético dentro de la misma estructura legal.

Convertir ICE en NICE no es una corrección menor: implica modificar la denominación oficial en cientos de instrumentos legales, contratos, tratados y procedimientos. La administración ya intentó algo similar el año pasado al rebautizar al Department of Defense como Department of War, una maniobra que terminó en los tribunales.

Lo nuevo aquí no es la propuesta. Es la velocidad con la que la marca se empezó a usar antes de que existiera la ley.

Las cifras que el nombre intenta cubrir

El cambio de marca llega en el peor año de ICE en términos de fallecimientos bajo custodia desde 2004. Hasta mediados de abril, al menos 29 personas habían muerto en detención durante el año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre de 2025. La cifra ya superó el récord de hace dos décadas y, según organizaciones de monitoreo, equivale aproximadamente a una muerte por semana.

El DHS atribuye el aumento al crecimiento de la población detenida —de unas 40,000 personas a comienzos de 2025 a cerca de 66,000 en diciembre, el nivel más alto registrado—. La aritmética es clara: más detenciones, más fallecimientos. Pero la aritmética no es la misma para una familia que recibe un cuerpo.

A esto se suman dos casos que detonaron la crisis política de la agencia. En enero, agentes federales abatieron en Minneapolis a Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos y ciudadano estadounidense de 37 años, y a Renee Good, también ciudadana, madre de tres hijos. Ambas muertes fueron grabadas. Ambas obligaron a una recomposición del DHS y al reemplazo de Kristi Noem por Markwayne Mullin como secretario.

En el centro East Montana de Fort Bliss, en Texas, el médico forense del condado de El Paso dictaminó la muerte de Geraldo Lunas Campos, ocurrida el 3 de enero, como homicidio por compresión de cuello y torso. El DHS sigue afirmando que fue suicidio.

Estas cifras no llegan al video del DHS. Ese es el inciso.

La aprobación entre hispanos: el dato que no se nombra

El gesto del rebranding es legible solo si se lee junto al deterioro acelerado de la aprobación de la política migratoria entre votantes hispanos. La aprobación de Trump en ese terreno cayó de un 36 % al inicio de su segundo mandato a aproximadamente un cuarto del electorado hispano hoy. Encuestas internas de Navigator Research muestran arrepentimiento entre quienes lo apoyaron, particularmente en migración.

Una agencia que opera por encima de los 234,000 procesos de remoción en seis meses —un 74 % más que en el mismo periodo del año anterior— y cuyo objetivo presupuestal interno es alcanzar un millón de remociones en un año fiscal, no puede sostener una política con un cuarto del apoyo del electorado al que más le habla. La salida no es modificar la política: la salida que eligió la administración es modificar el adjetivo.

Lo que cambia y lo que no para el hispano en EE.UU.

Para una familia de Houston, de Miami o de Chicago, la diferencia entre que un agente se identifique como ICE o como NICE es nula. La placa, el chaleco, el procedimiento, el centro de detención al que se traslada al detenido y la velocidad con la que avanza un caso no dependen del acrónimo. Dependen de la ley, del presupuesto y de la orientación política del DHS. Ninguna de esas tres variables cambió esta semana.

Lo que sí cambió es el espacio simbólico. Cada vez que un noticiero pronuncie la palabra NICE, una capa de familiaridad benigna se interpondrá entre el oyente y la realidad de la agencia. Esa capa no es accidental. Es el producto.

El uso del idioma inglés agrega una dimensión adicional para la audiencia hispana. NICE en inglés significa amable, cordial, agradable. Es el adjetivo más blando del repertorio anglosajón. Aplicarlo a la agencia que ejecuta el mayor operativo de remociones en la historia reciente del país no es un error de coherencia. Es la propuesta entera.

La pregunta que deja abierta

Si el cambio formal de nombre nunca llega al Congreso —y todo indica que va a costar trabajo conseguir los votos— el rebranding habrá funcionado igual. La marca NICE ya circula. El video del DHS ya está publicado. Los medios ya están escribiendo el nombre, aunque sea entre comillas. Esa es la victoria buscada: la instalación del adjetivo.

Lo que queda por verse es si la audiencia hispana, que ya conoce a la agencia desde el otro lado del cristal, deja que un nombre redefina lo que ve. La historia reciente sugiere que no. Pero la historia reciente también sugiere que las administraciones siguen apostando a que sí.

La administración Trump construyó un cerrojo digital sobre la principal vía pública de financiamiento universitario en Estados Unidos. La operación es técnica. La consecuencia es política: redefine quién tiene derecho a aspirar a la universidad.

El Departamento de Educación anunció este lunes que el FAFSA, el formulario federal del que dependen los Pell Grants y los préstamos estudiantiles, opera ahora con un sistema de detección de fraude en tiempo real conectado al Departamento de Seguridad Nacional. La Casa Blanca presentó la medida como un esfuerzo antifraude. Es eso. También es otra cosa: el cierre administrativo, sin debate legislativo, de una de las pocas puertas que aún quedaban abiertas para que estudiantes indocumentados financiaran la universidad.

La medida funciona así. Cada solicitud cruza datos con la Administración del Seguro Social y con bases del DHS. Si el sistema clasifica al solicitante como «de riesgo», debe presentar identificación gubernamental antes de poder acceder a un peso del fondo federal. La revisión es retroactiva: alcanza al ciclo 2026-27 ya en curso. La secretaria Linda McMahon estima un ahorro de mil millones de dólares en este ciclo. La cifra es la métrica del éxito que la administración está pidiendo que se juzgue.

Lo que no aparece en el comunicado es la otra cifra. Aproximadamente 408,000 estudiantes Dreamers están matriculados en universidades de Estados Unidos, según estimaciones del Higher Ed Immigration Portal. Cinco estados —California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois— concentran la mayor parte de esa población. Para muchos de ellos, el acceso a financiamiento federal ya era limitado o nulo, pero el rediseño del FAFSA cambia algo más profundo: convierte el formulario mismo en un mecanismo de identificación migratoria. Llenar la solicitud deja de ser una gestión académica. Pasa a ser un acto que entrega información a DHS.

Eso tiene un efecto disuasorio que no necesita ley para producirse. Familias mixtas —con padres indocumentados e hijos ciudadanos— van a pensar dos veces antes de llenar el formulario, aunque el estudiante sea elegible. Los consejeros escolares en distritos con alta matrícula hispana ya están advirtiéndolo. La consecuencia práctica de esa duda es directa: estudiantes ciudadanos dejarán de aplicar por ayuda federal a la que tienen derecho, por miedo a exponer a su familia.

La administración tiene argumentos. Durante la pandemia, el FAFSA quedó vulnerable a redes de fraude que utilizaron «estudiantes fantasma» y bots de IA para ordeñar Pell Grants y préstamos. La cifra de mil millones recuperados es real. Pero el rediseño que el Departamento de Educación presentó el lunes va más allá del fraude: incluye verificación migratoria explícita y un acuerdo público con DHS para asegurar, en palabras del propio comunicado, que los «extranjeros ilegales» no reciban ayuda federal. Esa parte del paquete no responde a fraude. Responde a doctrina.

La pregunta de fondo es ¿qué tipo de país está construyendo Estados Unidos cuando convierte el formulario universitario en un punto de control migratorio? Los Dreamers no llegaron por su cuenta. Crecieron aquí, terminaron la high school aquí, pagaron impuestos aquí. La política de la administración no resuelve si tienen derecho a estar; resuelve, por la vía administrativa, que no tienen derecho a aspirar.

Para el hispano la lectura debería ser doble. La primera, sobre el caso concreto: si usted o un familiar suyo es elegible para FAFSA, las reglas de presentación de identificación cambian este ciclo y conviene consultar con un consejero escolar antes de aplicar. La segunda, sobre el patrón: el FAFSA es una pieza más de un rompecabezas que esta administración está armando con piezas pequeñas y aparentemente técnicas. Cada pieza es defendible por sí sola. El conjunto no.

El politólogo José Vicente Carrasquero advierte que Venezuela atraviesa un período de excepcionalidad que exige precisión en los términos: No hay gobierno, hay administración; no hay presidente, hay encargada; no hay oposición, hay fuerzas democráticas mayoritarias. La Constitución está “en hibernación” y las condiciones para un nuevo proceso electoral aún no están dadas.

A cuatro meses de la salida de Nicolás Maduro, el interinato en Venezuela tiene nombre, rostro y discurso, pero todavía no tiene fecha de salida. Así las cosas, la pregunta que se hace el venezolano de a pie ya no es cómo vamos, sino dónde estamos. Para responderla, el profesor de Ciencia Política José Vicente Carrasquero, ofrece un diagnóstico riguroso del momento: Un interinato con narrativa imprecisa, instituciones de origen dudoso, una Constitución reducida a letra muerta y una ciudadanía que empieza a reorganizarse en comanditos mientras la administración de Delcy Rodríguez intenta aferrarse a las estructuras heredadas del madurismo.

¿Dónde estamos?

Estamos en la definición exacta de un interinato. Si suponemos que la Constitución está vigente, está claramente definido: es un tiempo en el cual una persona se encarga de la presidencia —no es un gobierno, es una administración— mientras llega un proceso electoral que nuevamente va a legitimar a alguien como presidente de Venezuela. En eso estamos, y eso exige que utilicemos muy bien los términos.

¿A qué términos se refiere?

Nunca llamamos a la presidente “presidente” a secas, sino presidente interina o encargada, porque hay una implicación constitucional en el asunto. Tampoco llamamos gobierno a lo que hace, le llamamos administración. Un gobierno es alguien que llegó con un programa, lo sometió al debate y al escrutinio, y ganó unas elecciones. La señora Rodríguez no fue electa; está ahí administrando una cuestión. Ella no le ofreció a los venezolanos ninguna política. Esa precisión en la narrativa le transmite al que nos lee, dentro y fuera del país, que no estamos en una situación normal, sino en una excepcionalidad.

¿Y por qué importa tanto esa distinción narrativa?

Hacia adentro, sirve para destacar el carácter minoritario de la gente que está en la administración, hacer ver que ya no tienen la fortaleza de respaldo popular que tenían antes y que, por el contrario, hay un rechazo muy importante a lo que han hecho durante años. Deberían mostrar disposición al cambio, y no lo están haciendo: se aferran a las estructuras previas y hablan como si tuvieran una mayoría que ya no tienen. Hacia afuera, donde la gente observa con más distancia, evita que se traslade una falsa normalidad. Y hay otro punto: lo que desde afuera llaman “oposición” no lo es. Hay una oposición funcional, creada por el propio régimen para cumplir un papel teatral, y están las fuerzas democráticas que participaron el 28 de julio de 2024 y demostraron ser una inmensa mayoría. Oposición significa minoría, haber perdido y haber aceptado la derrota. Ese no es el caso.

Se entiende el argumento sobre el Ejecutivo, pero hay otras ramas del Poder Público alineadas con esa administración: la Asamblea Nacional electa en 2025, que preside el hermano de la presidenta interina, y que se está valiendo de artilugios legales para hacer renunciar al fiscal general, al defensor del pueblo, a magistrados del TSJ y probablemente al CNE. ¿Cómo se entiende esa institucionalidad?

Seguimos en la excepcionalidad. Esa Asamblea Nacional tiene un origen dudoso: son unas elecciones en las que la gente no participó, no hay registros confiables de cuánta gente votó, no se sabe quién ganó; Jorge Rodríguez hizo una lista y dijo “estos son los diputados”. Incluso cambiaron el sistema de atribución para que apareciera gente de la oposición funcional. Y esa Asamblea no tiene realmente facultades para, digamos, abrirle juicio al defensor del pueblo y removerlo. Lo que hacen es presionar para que renuncien. ¿De dónde viene esa orden? De Estados Unidos, que está diciendo: reestructura el Estado para que, cuando llegue alguien, no se encuentre con el desastre actual. ¿Lo han hecho bien? Definitivamente no.

¿Por qué no?

Porque ninguno de los reemplazos es independiente. La nueva defensora tampoco lo es, aunque diga serlo; basta oír sus declaraciones en medios para darse cuenta de que es una persona totalmente cuadrada, incluso con Maduro. A los magistrados del TSJ les piden la renuncia cuando todavía les quedan años de mandato —no es que se envejecieron de golpe—. Estados Unidos necesita generar cierto sentido de institucionalidad para que las empresas inviertan y para que, cuando llegue el momento electoral, quien gane se encuentre con una institucionalidad más o menos cordial. Pero si la nueva defensora quisiera demostrarme algo, a mí me gustaría verla en el Helicoide, en el Rodeo. ¿Dónde está cuando se va la luz, cuando los hospitales no sirven? Sigue en el mismo anonimato y la misma insulsez del defensor anterior.

Usted habla de la Constitución. ¿En qué estado se encuentra el texto fundamental?

La Constitución está en hibernación. El hecho mismo de que esta señora esté en el poder ya la vulnera: inventaron una figura que no existe en la Constitución. La Sala Constitucional no está para inventar lo que no existe y parcharlo; está para interpretar. Lo que debió decir, respecto a Maduro, es que luce muy improbable que vuelva al poder y, por tanto, vamos a elecciones. La Constitución no está escrita para Maduro, está escrita para el pueblo, que tiene derecho a un presidente. Es una buena oportunidad para reformar cosas: acabar con la reelección indefinida, elegir en períodos constitucionales similares al Congreso y a la Presidencia, bajar los términos a cuatro años como en Estados Unidos o Colombia, con una reelección consecutiva. No estos paisajes donde se hace la presidencial y, cuando les da la gana, las parlamentarias.

¿Están dadas las condiciones para un proceso electoral en este momento?

No. El señor Amoroso, presuntamente, cometió un crimen gravísimo el 28 de julio de 2024 y no está en capacidad de dirigir una nueva elección. ¿Qué garantía me da un señor que sabiendo que Maduro perdió, lo declaró ganador? Además, ¿queremos seguir en la misma pachanga o le vamos a dar la oportunidad de votar, en serio, a los venezolanos que están afuera? Que voten el medio millón que vive en España. Vimos la concentración en Madrid: estaban dispuestos. Pero te abren el registro electoral en un cuarto de dos por tres, con un funcionario que a las diez se toma un café y al mediodía se va a almorzar. Lo mismo pasaría en Estados Unidos. Hoy se pueden generar electrónicamente mecanismos de inscripción más seguros que la cédula presentada por una persona, pero no hay disposición de hacerlo. Lo último en la lista de los Rodríguez son las leyes electorales; están haciendo todo lo posible por robárnoslo de nuevo.

Mientras tanto, ¿qué pasa con las expectativas de la ciudadanía?

Hay un malestar creciente y, al mismo tiempo, expectativas totalmente fuera de contexto. Salió por ahí un sindicalista pidiendo mil dólares mensuales de sueldo. Venezuela no puede pagar eso. Dicen: “hay cinco mil millones de dólares”. ¿Y cuánto duran cinco mil millones pagándoles mil dólares a cinco millones de funcionarios, entre activos y jubilados? En números, mucho; en realidad, un mes de salario y se acabaron. Se están vendiendo espejismos. Y el argumento del “es solo para nosotros, los demás no” es insostenible.

En ese panorama, ¿dónde encaja María Corina Machado?

María Corina Machado es la agente principal de las fuerzas democráticas. Es una especie de depositaria: la gente ve en ella a quien supo conducir a Venezuela a unas elecciones que nadie esperaba. En 2023 me decían necio porque yo sostenía que iba a haber primarias, que iba a haber elecciones y que las íbamos a ganar. ¿Por qué? Porque la gente la estaba pasando mal, y si le das la oportunidad de votar para salir de esto, vota y sale. Y pasó. Hubo primarias, hubo elecciones, ganamos. Lo que no hubo fue el acto ético y moral de una clase política derrotada: ellos mismos habían anunciado, en voz de Freddy Bernal y de Nicolás Maduro Guerra, que si perdían se iban. Saben que perdieron. El problema, Alfredo, es que no son demócratas. Chávez tampoco lo era: llegó con ideas fijas desde el golpe del 92, incluidos estadios universitarios para juicios sumarios de justicia popular. Ese es el legado de Hugo Chávez: que haya tenido que intervenir una potencia extranjera para poner orden en el país. Y por eso mismo resulta obsceno que su ex yerno diga que María Corina no puede ser amnistiada porque pidió una invasión, cuando ellos trajeron cubanos, chinos, rusos, iraníes. Pusieron a Venezuela al servicio de potencias extranjeras.

Para cerrar, desde la ciencia política: ¿qué nos falta por ver y cuánto tiempo puede tomar?

La gente de Vente se está movilizando, se están volviendo a montar los comanditos. Acción Democrática hace reuniones en cuanto pueblo siente alguna fortaleza, aparecen los dirigentes, se trata de movilizar a la población hacia un proceso electoral que, evidentemente, va a estar a favor de las fuerzas democráticas de calle. No importa el milagro que haga la señora Rodríguez: no va a tener mayor impacto sobre la percepción de lo que la gente ha sufrido estos años. ¿Qué hay que seguir haciendo? Subirles el costo a estos por mantenerse. Exigir mejoras del servicio eléctrico, presentarse con una agenda en salud, en educación. Mostrarle a la gente que hay alternativas al no hacer nada del chavismo, que no hace nada porque no sabe. Nosotros caímos tan bajo que Delcy Rodríguez fue presidenta de PDVSA: no sabe nada de petróleo. Mientras tanto, su hermano sociópata anda con esa sonrisita aprendida de Edmundo Chirinos, del burlarse del otro como si uno fuera un pobre imbécil. Lamentablemente para ellos, el presidente Trump es un tipo extremadamente frío a quien ese tipo de cosas no le importan: le importa que avance su plan, seguir sacando petróleo, avanzar en lo que tiene previsto. Esa es la frialdad del que ve la cosa como invasor: tomé el control, y dado ese control se me permite hacer estas cosas. Venezuela está en la situación de un país como Japón en el año 45.

Si está como Japón en el 45, entonces hay mucha esperanza.

Mucha.