El 17 de abril, una comisión ciudadana de Columbus entregó al City Council un documento de 27 páginas con una recomendación que, traducida al idioma en que la gente paga sus cuentas, dice lo siguiente: los siete concejales de esta ciudad deberían ganar 32% más a partir de 2030. El alcalde Andrew Ginther, 18% más. El City Attorney y el City Auditor, 13%. La decisión final la tomará el mismo Council que se beneficia del aumento. Lo votarán antes de que termine el año.

Los medios locales cubrieron la noticia como lo que aparenta ser: un trámite técnico de City Hall. Cifras, porcentajes, una frase tibia del concejal Rob Dorans diciendo que el tema «no es una gran prioridad». Nadie hizo la aritmética que importa. Permítanme hacerla aquí.

Un concejal de Columbus gana hoy $96,453 al año. El ingreso medio del hogar en esta ciudad, según el U.S. Census, es de $66,082. Es decir: el concejal promedio ya gana 46% más que la familia mediana de la ciudad que dice representar. Con el aumento propuesto, ganaría cerca de $127,000. Casi el doble que el hogar mediano. Y mientras tanto, el 18.1% de Columbus —una de cada cinco personas— vive bajo el umbral federal de pobreza.

Hay un detalle en el reporte de la comisión que conviene leer con atención, porque los propios comisionados lo dicen sin pudor: de 23 ciudades pares estudiadas, casi todas las posiciones electas de Columbus ya pagan por encima del promedio del mercado. No es que Columbus esté rezagado. Es que Columbus ya paga bien, y la recomendación es pagar aún mejor.

El argumento habitual para justificar este tipo de aumentos es conocido: es un trabajo de tiempo completo, hay que atraer talento, los peers pagan más. Cada pieza de ese argumento se cae con su propio peso. La comisión reconoce que no hay problema de competitividad. El «tiempo completo» es una categoría elástica que pocas veces resiste una auditoría de horas reales. Y lo del talento merecería una conversación aparte, porque asume que la gestión pública mejora cuando se paga más —una correlación que en Ohio, y en cualquier parte, está lejos de haber sido probada.

Pero nada de eso es lo que más me interesa. Lo que me interesa es el mecanismo.

Cuando quien se beneficia de una decisión controla el procedimiento que produce esa decisión, el procedimiento tiende —tarde o temprano, con formas distintas, con coartadas distintas— a favorecerlo. Eso no es una opinión. Es una regularidad observable. Y esa regularidad no conoce de geografía, ni de idioma, ni de sistema político.

Miren lo que ha pasado en los últimos dieciocho meses en Estados Unidos. En Honolulu, el City Council se subió el salario 64% en 2023 y ahora propone otro aumento: acumulado de 86% en cuatro años. En Rochester, Nueva York, los concejales se subieron el sueldo 25% en diciembre de 2025, mediante una enmienda de último minuto en una votación de 5 a 4. En Denver, el alcalde Mike Johnston empujó aumentos de hasta 40% para sus nombrados en plena advertencia de congelación presupuestaria. En la ciudad de Nueva York, el Council retrasó cuidadosamente su propio aumento hasta el año no electoral de 2026 para sortear una restricción de la Charter que prohíbe hacerlo en periodo de reelección. Cuatro ciudades muy distintas. Cuatro mecánicas distintas. Una misma conducta.

Y esto es lo que quiero decir, porque lo he pensado mucho antes de escribirlo.

La crítica al privilegio del cargo público no es monopolio de la política latinoamericana. No es una conversación que le pertenezca a Venezuela, a Honduras o a México. Cuando los venezolanos en la diáspora vemos a Delcy Rodríguez instalada en Miraflores como presidenta interina sin haber sido elegida por nadie, o cuando los mexicanos miran con razón los privilegios de su clase política, estamos identificando algo que creemos propio de nuestros países. Y en una parte importante lo es. Pero no es solo nuestro.

El mecanismo del privilegio —el de quienes controlan el sistema que determina sus propios beneficios— opera con la misma lógica en Caracas, en Tegucigalpa, en Ciudad de México, en Washington y en Columbus. Lo que cambia es la sofisticación del disfraz. Allá se llama chavismo, clientelismo, charter, partidocracia. Acá se llama Citizens’ Commission on Elected Official Compensation. El nombre es más largo, el diseño procesal es más elegante, hay audiencias públicas y reportes impresos en papel reciclado. Pero el resultado, al final del camino, es el mismo: los que deciden sobre el salario público terminan decidiendo bien para sí mismos.

El hispano que vive en Columbus paga sus impuestos igual que cualquier otro residente. Financia con su trabajo los $96,453 del concejal que, si todo sigue el curso previsto, va a votar que suban a $127,000. Tiene derecho —el mismo derecho que tiene el venezolano en Caracas o el hondureño en Tegucigalpa— a hacer la pregunta incómoda: ¿con qué argumento exactamente se justifica un aumento del 32% para ustedes, cuando el ingreso medio de la ciudad que representan creció 1.2% el año pasado?

Hay una trampa que conviene no morder. La trampa es pensar que, porque el mecanismo de Columbus es legal, transparente y ajustado a la Charter de la ciudad, está por encima de cualquier crítica. La legalidad de un procedimiento no es lo mismo que su legitimidad política. Una comisión puede recomendar cualquier cosa respetando cada coma del reglamento, y la recomendación puede seguir siendo, en los hechos, una autoasignación de privilegios. El periodismo existe, entre otras cosas, para no confundir esas dos categorías.

Hayan nacido en Tegucigalpa, en Maracaibo, en Washington o en Dallas, quienes ejercen autoridad, poder y servicio público tienden a aprovecharse de su posición cuando el sistema se lo permite. La obligación de mirar ese mecanismo no se agota en Caracas ni en la Casa Blanca. Incluye también el City Hall de la ciudad donde cada lector paga su factura del gas.

Antes de que termine 2026, los siete miembros del Columbus City Council tendrán que votar sobre su propio aumento. Cuando lo hagan, conviene que la pregunta ya esté puesta en voz alta: ¿con qué argumento exactamente se justifica un aumento del 32% para ustedes, cuando el ingreso medio de la ciudad que representan creció 1.2% el año pasado?

La respuesta se escuchará —o no— en la sesión de votación.

Un diario español publicó que los equipos de María Corina Machado y Marco Rubio habían comenzado reuniones formales en Chicago. Que se reunían en oficinas de la DEA. Que había tres mesas: Control, Finanzas y Acción Política y Social. Que Machado encabezaba una. Que Ismael García encabezaba otra. Que Carlos Blanco articulaba entre todas.

Durante unas horas, la historia corrió por el continente.

La replicaron portales. La levantaron agregadores. Se viralizó en WhatsApp con capturas de pantalla. Se abrieron hilos. Se escribieron análisis. Alguien —un servidor incluido— llegó a leerla como un dato revelador del momento político venezolano.

Hasta que la Vocería Oficial de Machado y González publicó cinco palabras que descolocaron todo: «Este reporte es falso.»

El bulo como costumbre

Los venezolanos conocemos este patrón. Lo vivimos durante décadas.

Alguien echa a rodar un rumor. Alguien lo viste de noticia. Alguien más osado lo flanquea como dato confirmado. Y un ejército de propagadores —a conciencia o no— se encarga de esparcirlo hasta que la desmentida llega tarde y cansada, cuando ya nadie está mirando.

La técnica no es nueva. Es, de hecho, una de las pocas que ha sobrevivido a todos los cambios políticos del país en los últimos veinticinco años. La usó el chavismo originario. La usó la oposición en sus peores momentos. La usan hoy los actores que necesitan que algo parezca más avanzado, más concreto, más inminente de lo que realmente es.

El problema no es que existan rumores. El problema es que cada vez cuesta más distinguirlos.

La ansiedad como combustible

Hay una necesidad legítima de información. Después de meses de cambios acelerados —la captura de Maduro, la permanencia de Delcy Rodríguez, el levantamiento de sanciones, la gira europea de Machado, la reapertura de vuelos— cada dato nuevo parece encajar en un rompecabezas más grande.

Y hay, al mismo tiempo, una necesidad menos legítima: la de producir información. De ser el primero. De tener el dato que nadie tiene. De demostrar acceso a fuentes que nadie tiene. De confirmar lo que uno sospecha.

Cuando esas dos necesidades se juntan, el resultado es lo que ocurrió ayer. Un reportaje detallado, con nombres, con roles, con geografía, con una frase redonda que lo explica todo: las reuniones se celebran en oficinas de la DEA.

Lo que el bulo revela, y no es sobre Venezuela

Alguno, todavía hoy, cree que lo ocurrido el 3 de enero fue producto de un tropezón. Que alguien se golpeó con la esquina de la cama y, en lugar de mentar la madre, decidió buscar a Maduro.

Alguno, todavía hoy, cree que los Comanditos y el millón de personas movilizadas para garantizar las actas del 28 de julio de 2024 fueron obra de la improvisación. Que salió así, de casualidad. Que nadie planificó nada.

Y es precisamente por creer esa barbaridad que resulta posible darle crédito a unas supuestas reuniones en Chicago, convocadas en una oficina antidrogas, con actores diversos, sin agenda pública, sin coordinación visible, sin el sello del trabajo sostenido que ha caracterizado al nuevo liderazgo venezolano.

Los equipos para la transición están formados desde hace tiempo.

El plan para desarrollar el país tiene nombre: Venezuela Tierra de Gracia. Con ejes. Con plan de acción. Con actores identificados.

El modelo de aplicación está armado.

Las conversaciones directas con Washington no ocurren en una oficina regional de la DEA en Illinois. Ocurren en la sede de la Secretaría de Estado. Con agenda. Con acta. Con comunicado oficial al cierre.

Lo que hay, hay. Lo que no hay, no hay. Esa es la diferencia entre un proceso y un rumor.

Lo que sí vale la pena mirar

Mientras media América Latina replicaba ayer una reunión que no existía, ocurría otra cosa en paralelo que sí merecía espacio.

María Corina Machado mantiene una gira europea con resultados verificables. Reuniones con Macron, con Meloni, con Feijóo. Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid. Llave de Oro de la capital. Entrevistas en medios de referencia. Declaraciones de fondo sobre los 485 presos políticos, sobre las sanciones, sobre el calendario electoral, sobre la presencia de Hezbolá y regímenes afines en territorio venezolano.

Esa es la mesa móvil. La que sí existe.

La que ha venido ejecutando el plan en sus fases diplomática y política reales. Sin invento. Sin bulo. Sin necesidad de oficinas prestadas para parecer más serio.

Y sin embargo, la conversación pública ha estado dominada por la otra cosa. Por la anécdota. Por la que no existió.

La pregunta que queda

Se comprende la ansiedad. Se comprenden las ganas de saber más. Incluso pudieran comprenderse los deseos de convertir en tendencia un titular sabroso.

Lo que no termina de comprenderse, a estas alturas, es que tantos sigan sin saber distinguir el trigo de la paja.

La desinformación no es solo un problema de quien la produce. Es, sobre todo, un problema de quien la consume sin filtros. De quien comparte antes de verificar. De quien confunde velocidad con precisión, acceso con autoridad, titular llamativo con noticia.

Venezuela lleva demasiados años pagando el costo de esa confusión.

No lo va a resolver una desmentida en X con cinco palabras.

Lo resuelve, si acaso, un lector que aprende a preguntar —antes de creer, antes de compartir, antes de opinar—: ¿quién se beneficia si yo doy esto por cierto?

Esa pregunta es la única defensa real que tenemos.

Todo lo demás es ruido.

El sábado 18 de abril, miles de venezolanos marcharon en Madrid. No fue un acto político ordinario: fue una de esas jornadas que se instalan en la memoria de una causa, de esas que demuestran que el exilio no es derrota sino continuidad. María Corina Machado estuvo ahí. La multitud también. Y con ellos, algo que hacía tiempo no se veía con tanta nitidez: la posibilidad real de un futuro distinto.

Y entonces alguien gritó una consigna que aludía a la fisonomía de Delcy Rodríguez.

No voy a repetirla. No porque sea tabú nombrarla, sino porque ya tuvo demasiado aire. Y porque el problema no es la consigna en sí: es lo que revela sobre un instinto que todavía no hemos terminado de extirpar.

Delcy Rodríguez no necesita caricatura. Su expediente la dibuja con una precisión que ninguna burla podría igualar: vicepresidenta de un régimen que ha desterrado a millones, que ha torturado opositores, que ha desmantelado instituciones y convertido un país entero en rehén de su propia incompetencia y crueldad. Eso es lo que es. Eso es lo que hace. Eso es lo que la define.

¿Para qué, entonces, recurrir a su cara?

Quien lo hizo no añadió nada al argumento. Solo restó. Restó altura a una jornada que la tenía de sobra. Restó claridad a un mensaje que venía nítido. Y, sin quererlo, les dio a quienes buscan cualquier grieta para desacreditar al movimiento exactamente lo que necesitaban: un titular alternativo, una distracción, una mancha sobre un ajuar que está por estrenarse y que no admite manchas gratuitas.

MCM lo entendió y lo dijo con rapidez: ese tipo de señalamientos denigran y no representan. Bien. Pero más allá de la corrección política del momento, lo que esa consigna reveló es algo que merece una conversación más larga y más honesta.

Casi tres décadas de odio administrado desde el poder no solo destruyeron instituciones. Destruyeron también ciertos reflejos del civismo. Instalaron en el ADN colectivo —dentro y fuera de Venezuela— un impulso que confunde la revancha con la justicia, la burla con la crítica, el golpe bajo con la contundencia. No es culpa de quien lo padece. Es el daño que hace el odio cuando se ejerce durante suficiente tiempo: termina siendo, en parte, interiorizado por sus propias víctimas.

Por eso la consigna no sorprende. Por eso tampoco puede ignorarse.

Lo que está en juego en Venezuela no es solo un cambio de gobierno. Es una transición de naturaleza. Pasar de un modo de hacer política —basado en la humillación, el escarnio y la eliminación del adversario— a otro que todavía no tiene nombre del todo claro, pero que empieza por no parecerse al anterior ni en los métodos ni en el lenguaje.

Esa diferencia no se sostiene solo en los discursos grandes. Se sostiene también en los gritos pequeños. En lo que se permite y lo que no. En lo que se celebra y lo que se corrige. En la capacidad de decirle no al instinto fácil, incluso cuando ese instinto apunta hacia alguien que lo tiene merecido.

El agua se ha venido aclarando. Con lentitud, con tropiezos, pero se ha venido aclarando. Una consigna no la enturbia para siempre. Pero advierte: el instinto sigue ahí. Y los que se empeñan en buscar cualquier mancha —vestidos con la seda de la indignación moral— no van a descansar.

La mejor respuesta no es la disculpa. Es no darles el pretexto.

Madrid fue una demostración de fuerza que no necesitaba ese ruido. La causa venezolana tiene argumentos de sobra, tiene dolor de sobra, tiene razón de sobra. No necesita rebajar el lenguaje para describir a quienes ya se describieron solos con sus actos. No necesita jugar al gracioso en una fiesta que tiene todo para ser histórica.

No hacía falta.