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EN PANTALLA · EL DATO

Nitu Pérez Osuna presentó en su programa una cifra que circula desde el fin de semana: 44,1 % de los 127 aspirantes estaría vinculado al régimen. Puede ser cierta. Pero nadie la ha publicado con nombres, y los datos públicos apenas alcanzan para identificar a una parte de la lista.

La cifra la presentó Nitu Pérez Osuna en el programa del 12 de octubre de 2026 de El Canal de Nitu: 44,1 % de los 127 inscritos para el comité que escogerá a los magistrados del nuevo TSJ serían jueces, exjueces u operadores penales vinculados al régimen, ejecutivos del TSJ o de la Fiscalía, militantes del PSUV, funcionarios, integrantes del Poder Popular o de la milicia, o asesores jurídicos del Estado. Y planteó la pregunta siguiente: quién es el otro 55,9 %.

El mismo número aparece en la denuncia del abogado José Gregorio Zaá, citada por El Informador: «al menos 56 postulados» con vínculos directos con el PSUV, la milicia, el Poder Judicial o el Ministerio Público, una «parcialidad política» que, según él, «compromete la objetividad» del comité.

Lo que dicen los datos públicos

El problema no es la cifra, sino su soporte. Ninguna de las dos versiones publicó los 56 nombres ni explicó cómo se clasificó a cada uno.

Los intentos de revisar la lista con fuentes abiertas muestran lo difícil que es. El ingeniero Giuseppe Gangi, que creó un sitio para seguir el proceso, dijo a El Pitazo que encontró información o historial de 31 de los 127, cruzando bases de datos electorales y el proceso anulado en agosto. INCÍSOS, en su especial Quién postula, no encontró trayectoria pública verificable para 109 de los 127.

Es decir: con lo que está publicado, una mayoría de los aspirantes no deja rastro. Eso puede significar que son abogados sin vida pública, o que sus vínculos no son visibles en internet. Pero no permite afirmar, con documentos, que 56 de ellos son oficialistas.

Por qué importa igual

La cifra puede estar bien encaminada. Gangi advirtió en el programa sobre la falta de transparencia del proceso y sobre el peso de la Asamblea electa en 2025, con mayoría del PSUV, en la selección. Y la comisión que preside el diputado Giuseppe Alessandrello publicó solo nombres, sin credenciales ni el sector que postuló a cada uno.

Ahí está el punto. Si la denuncia necesita una lista para ser creíble, la comisión necesita publicar las hojas de vida para que nadie tenga que adivinar. La opacidad del proceso es la que hace que una cifra sin nombres circule como un hecho.

Criterio: tres pruebas

1. Los nombres: que quienes sostienen el 44 % publiquen la lista y la fuente de cada vínculo.
2. Las credenciales: que la comisión preliminar publique la hoja de vida y el sector postulante de los 127.
3. Los 12: que la mesa del miércoles explique por qué escoge a cada uno de los doce.

¿Qué falta, exactamente?

Falta un documento, de un lado o del otro. Mientras no exista, el 44 % es una alerta razonable, no un dato probado.

Fuentes principales: El Canal de Nitu Pérez Osuna, programa del 12 de octubre de 2026; El Informador (José Gregorio Zaá), 12 de octubre de 2026; El Pitazo (Giuseppe Gangi), 11 de octubre de 2026; INCÍSOS, especial Quién postula.

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EN PANTALLA · OBRAS PÚBLICAS

El gobernador de Portuguesa lo estrenó y las lluvias se lo llevaron en menos de 72 horas. La lluvia explica la crecida; no explica un puente nuevo. Las preguntas que hizo María Oropeza siguen sin respuesta.

Nitu Pérez Osuna mostró las imágenes en el programa del 12 de octubre de 2026 de El Canal de Nitu: un puente que el gobernador Primitivo Cedeño había inaugurado días antes, roto tras las lluvias. Según El Nacional, colapsó en la madrugada del 12 de octubre, unos tres días después de su estreno. Vecinos de la zona dicen que el corte afecta a más de 5.000 productores de café.

El gobernador habló de lluvias intensas, con 126 milímetros acumulados en la parte alta, y de afluentes crecidos que dañaron la infraestructura en varios sectores. Pidió no cruzar los cauces y usar vías alternas.

Lo que la lluvia no explica

Las lluvias pueden desbordar un río. Lo que no deberían es tumbar una obra nueva, diseñada justamente para cruzarlo. Un puente se calcula para las crecidas de la zona en la que se construye. Si cayó con el primer aguacero fuerte, el problema no fue solo el agua.

La dirigente María Oropeza hizo las preguntas que corresponden: quién ganó la licitación, quién fue el responsable de la obra, cuánto costó, qué ingeniero la firmó y si tuvo el aval del Colegio de Ingenieros de Portuguesa. Hasta la publicación de esta nota no había respuesta pública a ninguna.

¿Qué falta, exactamente?

Falta el expediente de la obra: el contrato, el costo, el proyecto y la inspección. Y falta que alguien, la gobernación o la Contraloría, diga quién responde. Una obra pública que dura tres días no es un accidente de la naturaleza. Es una cuenta pendiente.

Fuentes principales: El Canal de Nitu Pérez Osuna, programa del 12 de octubre de 2026; El Nacional, 12 de octubre de 2026; La Nación (San Cristóbal); Últimas Noticias; María Oropeza en X.

En una entrevista transmitida el 7 de octubre de 2026 por El Canal de Nitu, la exmagistrada Bárbara César afirmó que fue “coaccionada” para suscribir las sentencias de inhabilitación política de opositores, entre ellas la de María Corina Machado. Dijo que la orden directa de firmar “nuevamente” esas decisiones se la dio la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el 26 de enero de 2024, y que previamente esos fallos habían sido firmados el 22 de diciembre de 2023. Aseguró además que, de acuerdo con lo que se decía internamente, las instrucciones generales llegaban “directamente” de Nicolás Maduro y Cilia Flores a través de los presidentes de sala.

“Me obligaron, fue una coacción”, sostuvo. Consultada por qué la habrían presionado a ella, respondió que sus votos salvados la hacían “incómoda” y que se temía que no acompañara una sentencia “de esa magnitud”. Recalcó que no era la ponente en el caso de Machado ni de Henrique Capriles, que no vio el expediente y que el ponente en la Sala Político Administrativa era el magistrado Malaquías Gil Rodríguez. Atribuyó su firma a la coacción, no a convicción jurídica.

Durante el programa, la conductora Nitu Pérez Osuna presentó la confesión como confirmación de que “María Corina nunca estuvo inhabilitada”. Esa conclusión fue enmarcada como interpretación editorial del espacio y como parte del debate jurídico abierto. El abogado y coanfitrión Alfredo Llanes recordó un artículo de opinión citado en el programa que invocaba los artículos 65, 289 y 334 de la Constitución para sostener que aquellas inhabilitaciones no estaban apegadas a derecho. No obstante, César evitó pronunciarse de fondo más allá de reiterar que, “en buen derecho”, un tribunal decide sin injerencias y que en este caso ella firmó bajo presión.

La exmagistrada insistió en que su testimonio no busca “victimizarse” ni recibir elogios, sino describir cómo, a su juicio, operó la subordinación de la justicia al poder político. Admitió “miedo” y subrayó que la crisis alcanzó a su familia. La audiencia del programa expresó escepticismo en los comentarios; muchos dijeron no creerle y la acusaron de intentar limpiar su imagen. César pidió disculpas “aunque no me crean” y defendió que contar lo ocurrido puede ayudar a reparar el daño.

Contexto y relevancia pública. La entrevista aporta, por primera vez en voz de una integrante de la última conformación del TSJ, una atribución nominal de órdenes y un dato procesal clave (fechas de firma) sobre las inhabilitaciones de alto impacto político. Son señalamientos graves que, por su propia naturaleza, requieren investigación independiente y eventuales corroboraciones documentales. Mientras tanto, constituyen indicios relevantes para evaluar la independencia judicial, la validez de decisiones que afectaron derechos políticos y la cadena de mando en el sistema de justicia venezolano.

Declaraciones vs. hechos: todo lo anterior corresponde a lo dicho por Bárbara César en El Canal de Nitu el 7 de octubre de 2026. La verificación documental de expedientes, actas de firma y comunicaciones internas del TSJ no fue presentada en el programa.