FIRMAS · ORLANDO VIERA-BLANCO

La acusación de Nueva York describe más de dos décadas de represión para silenciar la disidencia y sostener el poder. Para el abogado y activista de derechos humanos, confirma lo que las víctimas llevan años denunciando, y deja una pregunta incómoda para La Haya.

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció el 8 de octubre de 2026 una acusación sustitutiva contra Nicolás Maduro y Cilia Flores que incorpora la conspiración para cometer tortura, incluidos abusos contra ciudadanos estadounidenses. No sería violencia aislada.

La acusación describe más de dos décadas de presunta represión sistemática para silenciar la disidencia, consolidar el poder y proteger intereses económicos ilícitos.

La dimensión humana

Se describen descargas eléctricas, asfixia, golpizas, violencia sexual, desnudez forzada, aislamiento extremo, inanición, tortura psicológica y amenazas contra familiares. Son tormentos infligidos a detenidos que estaban bajo custodia del Estado.

La cadena de mando

La Fiscalía sitúa a Maduro y a Cilia Flores en la cúspide de una estructura que habría utilizado a las fuerzas armadas, los organismos policiales, el sistema judicial y los colectivos. Todos quedan bajo la mirada de la justicia: no solo las fuerzas policiales, militares o paraestatales, sino también jueces y auxiliares de justicia.

La acusación atribuye además a tres altos funcionarios, identificados como CC-1, CC-2 y CC-3, órdenes, supervisión y participación directa en torturas.

Los cargos y las penas

La acusación comprende cinco cargos:

1. Narcoterrorismo, en cooperación con grupos guerrilleros y carteles de la droga.
2. Conspiración para cometer tortura.
3. Importación de cocaína.
4. Delitos relacionados con ametralladoras.
5. Delitos relacionados con artefactos destructivos.

La conspiración para cometer tortura contempla una pena máxima de 20 años, a la que se suman las de los demás delitos. Aunque no son acumulables, podrían suponer hasta cadena perpetua, a criterio del juez.

La cuestión jurídica de fondo

La tortura no es un exceso administrativo ni una herramienta legítima de gobierno: es un delito grave. Y cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, es un crimen de lesa humanidad.

En lo personal, hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional al menos 1.900 incidencias de crímenes de lesa humanidad: persecución política, encarcelamiento arbitrario, muertes bajo custodia, asesinatos, aislamiento inhumano, desapariciones forzadas, torturas, abuso sexual y otros tratos degradantes.

Justicia para las víctimas

La investigación de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela y la documentación de Naciones Unidas aportan un contexto internacional esencial. La rendición de cuentas debe alcanzar tanto a los ejecutores como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron los abusos, siempre mediante pruebas y garantías judiciales.

Esta acusación sustitutiva viene a confirmar lo que durante décadas se ha venido denunciando y documentando sobre el régimen encabezado por Maduro.

Es insólito que un fiscal de Estados Unidos avance con mayor rapidez, en meses, en la determinación y acusación de estos hechos que la Corte Penal Internacional de La Haya, donde el caso lleva años.

Venezuela necesita verdad, justicia y reparación. Ningún poder político puede convertir la tortura en instrumento de dominación ni garantizarse impunidad mediante el control de las instituciones. Pero, sobre todo, necesita justicia, porque iustitia dilata, iustitia negata: justicia demorada, justicia denegada.

Nota importante

Es tiempo de que liberen a todos los presos políticos en Venezuela. Su detención arbitraria también es tortura. No lo dice solo quien lo pide: lo dicen el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jamie McDonald, representantes de la justicia del país tutor, ejecutor de las capturas.

Hágase justicia, aunque se caigan los cielos.

Orlando Viera-Blanco es abogado y activista de derechos humanos.

Para leer más en INCÍSOS: EE.UU. sanciona a la corte que investiga los crímenes en Venezuela · El tribunal que no tuvimos

Fuentes principales: Acusación sustitutiva de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, 8 de octubre de 2026; Corte Penal Internacional, situación Venezuela I.

Actualización, 10 de octubre de 2026: la Comisión Preliminar adelantó la publicación y difundió el sábado 10 la lista de 127 postulados. El 15 de octubre está prevista la selección de los 12 representantes de la sociedad civil.

POLÍTICA · BREVE

Cerró el 9 de octubre la convocatoria para los 12 representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales. La lista de elegibles sale el 15 y el comité se juramentaría el 16. Críticos recuerdan que la Constitución pide un comité de la sociedad, y este tendrá 11 diputados.

La Asamblea Nacional cerró el viernes 9 de octubre de 2026 la convocatoria para los 12 representantes de la sociedad civil que se sumarán a los 11 diputados del Comité de Postulaciones Judiciales, el órgano que preseleccionará a los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La comisión preliminar que preside el diputado Giuseppe Alessandrello publicará la lista de elegibles el jueves 15 de octubre, un día después del inicio de la tercera ronda de la mesa. El comité se juramentaría el 16. No hay todavía cifra oficial de postulaciones.

La composición sigue en discusión. El artículo 270 de la Constitución dice que el comité estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. Con 11 diputados entre sus miembros, sus críticos sostienen que contradice la norma.

La abogada Thelma Fernández pidió además que el nuevo tribunal sea transitorio, y no por los 12 años que fija la Constitución.

Criterio: tres pruebas

1. La cifra: cuántos se postularon.
2. Los nombres: si la lista del 15 es pública y con hojas de vida.
3. El 16: si el comité se juramenta en la fecha prevista.

Fuentes principales: Asamblea Nacional; declaraciones del diputado Giuseppe Alessandrello; Infobae, 30 de septiembre de 2026; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 264 y 270.

EE.UU. · INMIGRACIÓN

Oscar Belgal, dominicano de 28 años, recibió un disparo en el cuello durante un operativo de ICE en el Bronx. En el asiento de atrás iba un niño de 5 años. DHS dice que embistió a los agentes. El alcalde Zohran Mamdani dice que ICE «está podrido hasta la médula» y un juez federal prohibió deportarlo.

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó siete veces contra un auto durante un operativo en el Bronx, según la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch. El conductor, Oscar Belgal, dominicano de 28 años, recibió un disparo en el cuello. En el asiento de atrás iba un niño de 5 años, que no resultó herido.

Dos versiones

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostiene que Belgal lanzó su vehículo contra los de los agentes. La policía de Nueva York investiga los hechos por su cuenta.

El alcalde Zohran Mamdani reaccionó con dureza: «ICE está podrido hasta la médula». La gobernadora Kathy Hochul pidió suspender los operativos de ICE en el estado mientras se investiga.

Un juez frena la deportación

El viernes 9 de octubre de 2026, el juez federal J. Paul Oetken prohibió que Belgal sea deportado mientras avanza el caso.

En contexto

El tiroteo llega cuando dos tercios de los votantes latinos creen que la ofensiva migratoria se excedió, según NBC News y Telemundo, y cuando ciudades como Doral piden romper sus acuerdos con ICE.

Criterio: tres pruebas

1. Las cámaras: si ICE o la policía publican videos del operativo.
2. La investigación: quién la lleva, la policía local, la Fiscalía del Bronx o el propio DHS.
3. Los operativos: si ICE responde al pedido de Hochul.

Fuentes principales: NYPD (comisionada Jessica Tisch); DHS; declaraciones del alcalde Zohran Mamdani y de la gobernadora Kathy Hochul; tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, 9 de octubre de 2026.