Instrumento de referencia · Pieza complementaria del baremo para la magistratura del TSJ · INCÍSOS

Versión 1 — 27 de agosto de 2026

CLÁUSULA DE NATURALEZA Y NO VINCULATORIEDAD

1. Qué es este documento. Un instrumento modelo: un ejemplo redactado en forma normativa de cómo podrían traducirse a criterios medibles las exigencias que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Electoral establecen para integrar el órgano rector del Poder Electoral.

2. Qué no es. No es un acto de autoridad. No es vinculante para nadie. No emana de ningún órgano del Poder Público. No sustituye el reglamento que el Comité de Postulaciones Electorales dicte, ni pretende condicionarlo.

3. Estado del proceso. A la fecha de esta versión no se ha anunciado convocatoria para la renovación del Consejo Nacional Electoral. Este instrumento es prospectivo, y esa es su ventaja: un baremo solo cumple su función si se publica antes de conocerse la identidad de quienes serán evaluados.

4. Cómo puede usarse. Libremente: adoptado, modificado, fragmentado o desechado por el Comité de Postulaciones Electorales, por universidades, gremios u organizaciones que sigan la materia electoral.

5. Qué se pide a quien lo discuta. Que lo discuta como texto: señalando el ítem, el ponderador o el umbral con el que discrepa, y proponiendo el que considere mejor.

NOTA PRELIMINAR — POR QUÉ AQUÍ EL BAREMO NO ES UNA PROPUESTA SINO UNA OBLIGACIÓN PENDIENTE

En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el artículo 73 de su ley orgánica obliga al Comité de Postulaciones Judiciales a aprobar un baremo por las dos terceras partes de sus integrantes, pero no ordena publicarlo.

En el caso del Consejo Nacional Electoral, la exigencia alcanza a la publicación.

La Ley Orgánica del Poder Electoral obliga al Comité de Postulaciones Electorales a publicar, junto con los resultados de su trabajo, el perfil y el criterio utilizado para la selección, además de los requisitos exigidos y de las objeciones y descargos que se hubieran presentado.

La diferencia entre cumplir esa obligación bien o mal es una sola: cuándo se redacta el criterio.

Un criterio redactado después de conocer a los aspirantes describe una decisión ya tomada. Un criterio redactado y publicado antes de la convocatoria obliga a quien lo dictó a aplicarlo a quien resulte. El texto legal admite ambas lecturas. Solo una de ellas hace que la publicación signifique algo.

Este instrumento es un ejemplo de la segunda.

TÍTULO I — FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Artículo 1. Base normativa

Artículo 2. Principios rectores del baremo

1. Publicidad anticipada. El baremo se publica antes de la convocatoria y no se modifica durante el proceso.
2. Objetividad medible. Cada punto deriva de un documento verificable.
3. Despartidización operativa. El principio del artículo 294 se convierte en reglas concretas de exclusión y de puntaje, no en una declaración.
4. Competencia funcional, no jerarquía académica. La administración electoral es un oficio técnico: se evalúa por lo que la persona ha hecho en materia electoral, no por su escalafón universitario.
5. Complementariedad del cuerpo. Se evalúan personas, pero se integra un órgano colegiado de cinco. El instrumento incorpora una regla de cobertura de competencias.
6. Igualdad entre vías de postulación. Los tres canales del artículo 296 —sociedad civil, universidades, Poder Ciudadano— se rigen por el mismo baremo, con las ponderaciones diferenciadas del artículo 12.

TÍTULO II — FASE I: ELEGIBILIDAD (ELIMINATORIA, NO PUNTUABLE)

Artículo 3. Requisitos del artículo 9 de la LOPE

Son concurrentes. Su incumplimiento produce inadmisión, sin compensación posible por puntaje.

Nota sobre el requisito 2. La ley dice «preferentemente» respecto de la formación electoral. Una preferencia legal no puede convertirse en requisito por vía de baremo: por eso este instrumento no la exige para admitir, pero la retribuye con el mayor peso de toda la tabla en el Eje B. Es la traducción correcta de una preferencia: no excluye a quien no la tiene, pero ordena a favor de quien sí.

Artículo 4. Recaudos de admisión

1. Postulación suscrita por el ente postulante, con indicación expresa de la vía del artículo 296 por la que concurre.
2. Aceptación escrita de la postulación.
3. Currículum con copia fiel de credenciales y soportes, foliado conforme al orden del baremo.
4. Autorización expresa e irrevocable para revisar y verificar los documentos presentados.
5. Declaración jurada de patrimonio actualizada, con autorización de verificación.
6. Declaración de despartidización conforme al artículo 5.
7. Declaración de intereses: vínculos societarios, contratos con el Estado, relaciones con proveedores del sistema electoral, clientelas relevantes.
8. Plan de gestión para el órgano subordinado al que aspira, cuando concurra por la vía de la sociedad civil (máximo 15 páginas).

TÍTULO III — LA DESPARTIDIZACIÓN COMO REGLA OPERATIVA

Justificación. El artículo 296 exige que las cinco personas no estén «vinculadas a organizaciones con fines políticos» y el artículo 294 eleva la despartidización a principio rector de los organismos electorales. Ninguna norma define qué constituye vinculación. Sin definición operativa, el requisito se cumple con una declaración jurada y se convierte en un trámite. Este Título propone la definición que falta.

Artículo 5. Definición operativa de vinculación

Se considera vinculación a organizaciones con fines políticos, a los efectos de este baremo:

A. Vinculación formal
1. Inscripción vigente o reciente como militante en el registro de una organización con fines políticos.
2. Ejercicio de cargo de dirección nacional, regional o municipal.
3. Postulación como candidata o candidato a cargo de elección popular.
4. Ejercicio de la representación legal o técnica de una organización política ante el Consejo Nacional Electoral.

B. Vinculación funcional
5. Coordinación o dirección de campaña electoral, de comando de campaña o de estructura de movilización.
6. Ejercicio de cargo de libre nombramiento y remoción de alto nivel en el Poder Ejecutivo nacional, estadal o municipal.
7. Aporte económico declarado o acreditado a una organización con fines políticos o a una campaña.
8. Ejercicio de la condición de testigo, miembro de mesa designado por partido u operador electoral por cuenta de una organización política.

C. Vinculación por interés económico en la materia electoral
9. Participación societaria, dirección o asesoría remunerada en empresas proveedoras de bienes o servicios al sistema electoral —tecnología de votación, biometría, impresión de material, auditoría contratada, logística—, en los últimos cinco años.

Artículo 6. Ventanas temporales

Observación. Estas ventanas son la decisión más discutible del instrumento y conviene decirlo. Un umbral demasiado largo excluye a personas con experiencia electoral real, que en Venezuela se ha adquirido con frecuencia dentro de estructuras partidistas. Uno demasiado corto vacía el artículo 296. Cinco años para la vinculación formal equivale aproximadamente a un ciclo electoral completo. Quien proponga otro número debe justificar contra qué ciclo lo mide.

TÍTULO IV — BAREMO DE MÉRITO (1.000 PUNTOS)

Artículo 7. Estructura y umbrales

Los umbrales de B, C, D y E no son compensables. El eje de mayor exigencia porcentual es el de despartidización, y no por preferencia editorial: es el único de los cinco que la Constitución convierte en condición de existencia del órgano. Un tribunal puede tener integrantes de distinta procedencia ideológica sin dejar de ser tribunal. Un árbitro electoral vinculado a una de las partes deja de ser árbitro.

EJE A — FORMACIÓN Y TRAYECTORIA PROFESIONAL (150 puntos)

A diferencia del baremo para la magistratura, la producción académica pesa 15 sobre 1.000. La administración electoral es un oficio de ejecución.

EJE B — COMPETENCIA TÉCNICA EN MATERIA ELECTORAL (250 puntos) · Umbral 150

Este es el eje que sustituye a la carrera judicial. Se evalúa por función efectivamente desempeñada, con soporte documental, sea en el sector público, en organizaciones de observación, en la academia aplicada o en organismos internacionales.

Escala por área: ≥8 años de ejercicio acreditado: 100 % del máximo · 5 a 7 años: 70 % · 2 a 4 años: 45 % · menos de 2 años: 20 %.

Regla de acumulación: un mismo período de tiempo puede acreditar hasta dos áreas si la función lo justifica documentalmente. Nunca más de dos.

EJE C — DESPARTIDIZACIÓN, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD (200 puntos) · Umbral 160 — NO COMPENSABLE

Sobre C.4. Es el ítem más difícil de acreditar y el más informativo. Se busca evidencia de que la persona ha aplicado el mismo estándar a actores políticos distintos. Un historial de señalamientos dirigidos siempre en una sola dirección no acredita imparcialidad, cualquiera sea la dirección.

EJE D — INTEGRIDAD Y PROBIDAD (150 puntos) · Umbral 120 — NO COMPENSABLE

La LOPE ya prevé la publicación de las objeciones y de los descargos. Este instrumento añade lo que falta: efecto puntuable y decisión motivada publicada.

EJE E — PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y CASO PRÁCTICO (150 puntos) · Umbral 90 — NO COMPENSABLE

E.1 — Prueba objetiva escrita, anonimizada (60 puntos). Cuarenta ítems de análisis:

E.2 — Caso práctico de administración electoral (70 puntos). Supuesto real anonimizado, con corrección a doble ciego por tres evaluadores:

E.3 — Prueba de razonamiento ético (20 puntos). Tres dilemas: presión de un actor político sobre una decisión técnica; hallazgo de una irregularidad que favorece a quien designó al evaluador; solicitud de información de un medio durante un proceso en curso.

EJE F — ENTREVISTA PÚBLICA Y PLAN DE GESTIÓN (100 puntos) · Umbral 60

TÍTULO V — INTEGRACIÓN DEL CUERPO COLEGIADO

Justificación. El artículo 296 dispone que la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento sean presididas cada una por un integrante postulado por la sociedad civil. De ello se sigue que los tres postulados por esa vía no son intercambiables: cada uno presidirá un órgano con una materia distinta. Un baremo que los ordene en una sola lista puede producir tres personas excelentes en la misma competencia y ninguna en las otras dos.

Artículo 8. Perfiles funcionales de las tres postulaciones de la sociedad civil

El aspirante declara el perfil al postularse. El refuerzo no altera el máximo del Eje B: opera dentro del tope de 250 puntos.

Artículo 9. Regla de cobertura

Antes de remitir las listas, el Comité verifica que la preselección permita integrar un cuerpo que cubra las seis áreas funcionales del Eje B con al menos un aspirante de puntaje alto en cada una. Si un área queda sin cobertura, se hace constar en el informe con expresión de la causa.

Artículo 10. Suplentes en secuencia ordinal

El artículo 296 prevé seis suplentes para los tres postulados por la sociedad civil y dos para cada uno de los otros dos, en secuencia ordinal. La lista ordenada por puntaje resuelve la secuencia sin decisión adicional: el orden de suplencia es el orden del baremo. Cualquier alteración de ese orden debe motivarse por escrito.

Artículo 11. Listas al triple

La LOPE exige que los listados contengan al menos el triple de los cargos a proveer. Con cinco rectorías, el mínimo es de quince aspirantes elegibles, más los correspondientes a suplencias. Si el número de aspirantes que superan todos los umbrales es inferior al triple legal, el Comité lo hace constar y no rebaja los umbrales para completar la lista.

Artículo 12. Ponderación diferenciada por vía de postulación

Las tres vías del artículo 296 se rigen por el mismo baremo. Se admite una única diferencia, derivada de la naturaleza del ente postulante:

Artículo 13. Criterios de desempate

1. Mayor puntaje en el Eje C (despartidización).
2. Mayor puntaje en el Eje D (integridad).
3. Mayor puntaje en el Eje B en el área funcional del perfil declarado.
4. Mayor puntaje en el Eje E.
5. Cobertura de un área funcional del Eje B no representada en la lista.
6. Sorteo público ante notario, transmitido.

TÍTULO VI — GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA Y CONTROL

Artículo 14. Publicidad

1. Publicación del baremo antes de la convocatoria en Gaceta Oficial y en los diarios en que esta se publique.
2. Expediente digital público por aspirante, con puntaje desagregado por eje y supresión de datos personales sensibles (art. 60 CRBV).
3. Publicación del universo completo de postulaciones recibidas, no solo de las preseleccionadas.
4. Transmisión en vivo y archivo permanente de las entrevistas y audiencias.
5. Publicación del informe exigido por la LOPE con el perfil, el criterio de selección, las objeciones y los descargos, con remisión expresa al ítem del baremo que fundamenta cada resultado.

Artículo 15. Evaluación

1. Tres evaluadores por expediente, designados por sorteo público, con inhibición obligatoria por vínculo con el aspirante o con el ente postulante.
2. Ejes E.1 y E.2 anonimizados.
3. Discrepancia superior al 15 % entre evaluadores: tercera evaluación dirimente.
4. Motivación escrita e individual de cada puntaje y de cada exclusión.

Artículo 16. Derecho de defensa

Reconsideración de tres días hábiles, resuelta motivadamente en cinco por evaluadores distintos. Toda exclusión por vinculación política o por objeción de honorabilidad exige traslado previo, acceso a la prueba y descargo.

Artículo 17. Veeduría

Se invita a acreditarse como observadores, sin voto: academias, facultades de ciencias jurídicas y políticas, organizaciones de observación electoral nacional, colegios de contadores e ingenieros, y misiones técnicas internacionales que el Estado admita.

TÍTULO VII — OBSERVACIONES DOCTRINALES

Primero — Por qué el eje de despartidización pesa más aquí que el de independencia en el baremo judicial. En el Tribunal Supremo, la imparcialidad es un deber del cargo. En el Consejo Nacional Electoral, la no vinculación a organizaciones políticas es una condición de existencia impuesta por el artículo 296 al órgano mismo. Un juez que aplica la ley a favor de quien lo designó puede estar aplicándola bien. Un árbitro electoral vinculado a un competidor no puede arbitrar aunque acierte.

Segundo — El riesgo de la definición operativa. El artículo 5 de este instrumento define lo que la ley no define, y toda definición excluye. Definida con exceso, la despartidización deja fuera a quienes conocen el sistema por dentro. Definida con laxitud, se cumple con una declaración jurada. No hay una solución técnicamente neutra: hay una decisión que debe tomarse a la vista y justificarse. Este documento la toma en cinco años para la vinculación formal y tres para la funcional, y admite que ambos números son discutibles.

Tercero — El artículo 296 y la integración por competencias. La disposición de que cada órgano subordinado sea presidido por un rector postulado por la sociedad civil suele leerse como una regla de reparto. Leída técnicamente es una regla de perfil: obliga a que las tres postulaciones de esa vía cubran materias distintas. El Título V de este instrumento se limita a hacer explícita esa consecuencia.

Cuarto — Lo que un baremo no resuelve. La calidad de una autoridad electoral depende de su presupuesto, de la estabilidad de su personal técnico, del acceso de los actores a las auditorías y de la posibilidad efectiva de impugnar sus decisiones ante la Sala Electoral. Un método de designación mejor no produce por sí solo un árbitro confiable: produce un punto de partida verificable. Confundir ambas cosas sería repetir, en materia electoral, el error que se comete en materia judicial cuando se supone que cambiar nombres cambia condiciones.

ANEXO — PLANILLA DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL

COMITÉ DE POSTULACIONES ELECTORALES
PLANILLA DE EVALUACIÓN — CÓDIGO DE ASPIRANTE: __________

VÍA DEL ART. 296:  [ ] Sociedad civil   [ ] Facultades   [ ] Poder Ciudadano
PERFIL DECLARADO (solo sociedad civil):  [ ] P-1 Procesos  [ ] P-2 Registro  [ ] P-3 Financiamiento

FASE I — ELEGIBILIDAD (art. 9 LOPE)                      [ ] ADMITIDO  [ ] INADMITIDO
Requisito incumplido (si aplica): _____________________________________________

DESPARTIDIZACIÓN (arts. 5 y 6)     [ ] Sin supuestos  [ ] Con supuestos fuera de ventana
                                    [ ] Con supuestos dentro de ventana → INELEGIBLE
Supuesto y fecha: _____________________________________________________________

FASE II — BAREMO
  EJE A  Formación y trayectoria .................. ______ / 150
  EJE B  Competencia técnica electoral ............ ______ / 250   (mín. 150)
  EJE C  Despartidización e independencia ......... ______ / 200   (mín. 160)
  EJE D  Integridad y probidad .................... ______ / 150   (mín. 120)
  EJE E  Conocimientos y caso práctico ............ ______ / 150   (mín.  90)
  EJE F  Entrevista y plan de gestión ............. ______ / 100   (mín.  60)
                                                    ----------------
  PUNTAJE FINAL .................................. ______ / 1.000  (mín. 700)

ÁREAS FUNCIONALES DEL EJE B CON PUNTAJE ALTO:
  [ ] B.1 Procesos  [ ] B.2 Registro  [ ] B.3 Tecnología
  [ ] B.4 Financiamiento  [ ] B.5 Normativa  [ ] B.6 Observación

UMBRALES NO COMPENSABLES SATISFECHOS:  [ ] SÍ   [ ] NO
RESULTADO:  [ ] PRESELECCIONABLE   [ ] NO PRESELECCIONABLE
POSICIÓN EN LA LISTA / ORDEN DE SUPLENCIA: ______

MOTIVACIÓN (obligatoria, no menor de 300 palabras):
_______________________________________________________________________________

EVALUADORES:
  1. ____________________  2. ____________________  3. ____________________
Tercera evaluación dirimente:  [ ] NO APLICA  [ ] APLICADA — Motivo: ___________
Fecha: ____/____/______

Instrumento modelo de libre uso. No es vinculante y no emana de órgano alguno del Poder Público. Pieza complementaria del baremo modelo para la evaluación de aspirantes a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia.

Fuentes: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 5, 62, 63, 70 y 292 al 297. Ley Orgánica del Poder Electoral, artículo 9 y disposiciones sobre el Comité de Postulaciones Electorales. Convocatoria del Comité de Postulaciones publicada en Gaceta Oficial n.º 6.751 Extraordinario del 04/07/2023, en cuanto a la enunciación oficial de los requisitos de elegibilidad.