Política
Los aspirantes del proceso anulado podrán postularse de nuevo
El proceso de selección de magistrados comienza desde cero, pero los aspirantes del procedimiento anulado podrán volver a presentarse, incluida una rectora del actual árbitro electoral.
Empezar de cero admite dos lecturas. Una es que se descarta lo hecho. La otra es que se repite con los mismos nombres.
| Qué | El nuevo procedimiento de postulaciones para designar magistrados permitirá que quienes se postularon en el proceso anulado vuelvan a presentarse. |
|---|---|
| Quién | Juan Miguel Matheus, coordinador de la mesa técnica sobre el Tribunal Supremo de Justicia, y el diputado Ramón López, ambos de la delegación opositora. |
| Cuándo | Declaraciones difundidas el viernes 21 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | Define si la renovación del máximo tribunal implica un cambio de personas o solo un cambio de procedimiento. |
| Cómo | Mediante un nuevo comité de postulaciones con mayoría de la sociedad civil, una comisión verificadora y un baremo para los aspirantes. |
Lo que se dijo
Juan Miguel Matheus explicó en entrevista con el medio TalCual que el nuevo proceso para designar a los magistrados comenzará desde cero tras el acuerdo del 12 de agosto.
Serie · No te lo explicaron
Llegaste a construir. El sistema no vino con manual.
El sistema no te lo explicó
Conseguir en Amazon →Reiteró lo que había señalado el diputado Ramón López: habrá un nuevo procedimiento de postulaciones en el cual quien quiera postularse puede repostularse.
La pregunta que dio pie a esa precisión fue concreta. Se le consultó si nombres como el de la exvicefiscal Katherine Harrington y el de una rectora del actual Consejo Nacional Electoral podrían presentarse, tal como lo hicieron en el proceso que condujo la Asamblea Nacional electa en 2025 entre finales de abril y mediados de junio.
La respuesta fue que sí.
Por qué esto importa
El acuerdo del 12 de agosto anuló un procedimiento en curso. Ese es su principal efecto práctico: lo avanzado entre abril y junio quedó, en palabras del propio diputado López, declarado en cero.
Pero anular un procedimiento no es lo mismo que descartar a quienes participaron en él.
Si los mismos aspirantes pueden volver a presentarse, lo que cambia es cómo se los evalúa, no quiénes se evalúan. Y ese cambio de método es exactamente lo que la delegación opositora presenta como su conquista: un comité con mayoría de la sociedad civil, una comisión que verifica credenciales y un baremo público que ordena a los candidatos por méritos.
La apuesta implícita es que un procedimiento distinto producirá un resultado distinto aunque el universo de aspirantes se repita.
Es una apuesta razonable. También es una apuesta.
El caso que ilustra la tensión
Entre los nombres consultados figura una rectora del actual Consejo Nacional Electoral.
Ese es el organismo que el 28 de julio de 2024 proclamó ganador a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desagregados, y cuya renovación forma parte de la misma hoja de ruta que se negocia.
Que una integrante de ese organismo pueda aspirar a una magistratura del tribunal que arbitraría las impugnaciones electorales futuras no está prohibido por el procedimiento anunciado. Y es precisamente el tipo de situación que el baremo y la comisión verificadora tendrían que resolver.
Cómo la resuelvan será la primera prueba real del método.
Por qué el tribunal va primero
Matheus reiteró además el argumento con el que la delegación justifica el orden del proceso.
Sostuvo que el nuevo tribunal va antes que el árbitro electoral por la importancia que tiene, incluso por encima de este último. Y recordó lo ocurrido el 28 de julio de 2024: el organismo electoral proclamó a Maduro, y después la Sala Electoral del máximo tribunal avaló ese resultado sin presentar las pruebas de la supuesta victoria.
Es el argumento más sólido que ha ofrecido la delegación. Un árbitro imparcial no sirve si el tribunal que revisa sus decisiones no lo es.
Lo que hay que vigilar
Cuándo se instala el nuevo comité de postulaciones y con qué integrantes.
Qué contiene el baremo. Es el instrumento que decidirá si el cambio de método produce un cambio de resultado.
Y si algún aspirante del proceso anulado efectivamente se repostula. Es el dato que convertirá esta discusión en un hecho verificable.
Fuentes principales: Entrevista de Juan Miguel Matheus al medio TalCual difundida el 21 de agosto de 2026 y reseñada por Informe21. Declaraciones previas del diputado Ramón López sobre el nuevo procedimiento de postulaciones. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Registro público del proceso de postulaciones conducido por la Asamblea Nacional electa en 2025 entre abril y junio de 2026.
Alfredo Yánez
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Política
El Parlamento cerró el único canal que tenía hacia Washington
Un parlamento que Washington no reconoce como interlocutor legislativo acaba de desmontar el único puente que había construido hacia el Congreso de Estados Unidos. Y lo hizo su propio creador.
Destituir a un diputado es una decisión interna. Desmontar el único puente institucional que un parlamento sin reconocimiento había tendido hacia el Congreso de Estados Unidos es otra cosa. Eso es lo que ocurrió.
| Qué | La Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez desmontó la conducción del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos, la única instancia que había creado para vincularse con el Congreso estadounidense. |
|---|---|
| Quién | Jorge Rodríguez Gómez, presidente de esa Asamblea y jefe de la delegación gubernamental en la mesa de Caracas. El diputado destituido es Antonio Ecarri. |
| Cuándo | Declaración difundida el sábado 22 de agosto de 2026, nueve días después del acuerdo firmado en la mesa de negociación. |
| Dónde | Caracas, Venezuela. |
| Por qué | El marco de negociación que Estados Unidos acompaña reconoce como interlocutor legislativo a otra Asamblea, de modo que este canal era el único vínculo formal disponible. |
| Cómo | Mediante declaración escrita del presidente del Parlamento, con apertura de un proceso de investigación disciplinaria. |
El problema de fondo
Para entender la magnitud de lo ocurrido hay que empezar por un hecho que rara vez se enuncia.
Serie · No te lo explicaron
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Conseguir en Amazon →La Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez no es la que Washington reconoce como interlocutor legislativo venezolano.
El proceso de negociación que se desarrolla en Caracas está estructurado, según lo han descrito sus propios participantes, entre el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la Asamblea Nacional electa en 2015, que es la reconocida por el Departamento de Estado estadounidense.
Ese es el punto de partida. Y explica por qué el Grupo de Amistad Parlamentaria importaba tanto.
Lo que se acaba de desmontar
El Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Estados Unidos era la instancia que ese Parlamento creó, con esfuerzo y con notoriedad, para tender un vínculo institucional con el Congreso de Estados Unidos.
No era un gesto simbólico. Su acta de instalación se redactó en dos ejemplares: uno reposa en los archivos de la Asamblea y el otro fue remitido formalmente al Congreso estadounidense.
Se instaló el 27 de mayo de 2026 en el Salón Bicentenario del Palacio Federal Legislativo, con presencia de la Cancillería, de la Cámara Petrolera y de la asociación de hidrocarburos. Se diseñó con una composición deliberadamente plural: la presidencia para un diputado de oposición, la vicepresidencia para uno del oficialismo. Su presidente anunció reuniones con John Barrett, encargado de negocios estadounidense en Caracas.
Era, en términos prácticos, el único canal formal que ese Parlamento tenía hacia Washington.
Y quien lo construyó fue Jorge Rodríguez. Fue él quien anunció la conformación del grupo y designó a Ecarri para presidirlo.
La consecuencia, que es la noticia
Aquí está lo que la destitución produce, más allá del destituido.
Un órgano legislativo cuya legitimidad está en disputa tenía una sola vía de contacto institucional con el poder legislativo del país que hoy supervisa la transición venezolana. Esa vía funcionaba, tenía acta reconocida del otro lado y un interlocutor con perfil de puente.
Al remover a su conductor y abrir una investigación disciplinaria contra él, esa vía queda, en el mejor de los casos, congelada.
La decisión no debilita a Ecarri. Debilita al Parlamento que la toma. Porque le resta el único activo de reconocimiento externo que había logrado construir en cinco meses.
Un órgano que no es reconocido y que además cierra sus propios puentes se queda con menos, no con más.
La pregunta que corresponde hacer
Y hay algo más que no puede quedar fuera.
Jorge Rodríguez no está solo presidiendo un parlamento. Está sentado en la mesa de Caracas, donde encabeza la delegación del gobierno de la presidenta encargada, y en esa condición suscribió el comunicado conjunto del 12 de agosto de 2026 sobre la transformación del sistema de justicia.
Esa mesa funciona con acompañamiento estadounidense declarado por ambas partes. Sus integrantes lo han descrito como facilitación, y uno de los negociadores llegó a llamarlo un facilitador objetivamente creíble para ambos lados.
Nueve días después de firmar aquel acuerdo, el mismo hombre desmonta la conducción del grupo de amistad con Estados Unidos y acusa a su presidente de socavar de manera torpe y espuria las bases constitucionales de la República.
La pregunta se formula sola: ¿a dónde busca llegar generando fricción con quien lo acompaña en la mesa?
No hay respuesta pública. Y las hipótesis razonables apuntan en direcciones opuestas.
Puede ser una señal de autoridad interna, dirigida a su propia coalición, para marcar que la conducción del proceso no se le escapa de las manos.
Puede ser una advertencia hacia afuera, para dejar claro que hay materias —la moneda, el Banco Central— que no forman parte de lo negociable.
O puede ser exactamente lo que parece: una reacción a una iniciativa que incomoda, tomada sin medir su costo en el otro expediente.
Cualquiera de las tres tiene consecuencias sobre la mesa de septiembre.
Y el motivo, que agrega otra capa
El fundamento de la destitución no tiene que ver con la relación bilateral sino con la moneda.
Ecarri prepara un proyecto de ley que sustituiría el bolívar por el dólar y cerraría el Banco Central, y pretende llevarlo a la plenaria. Lo sostiene públicamente desde 2017.
Aquí conviene detenerse en una obviedad que el documento ignora: Venezuela ya está dolarizada de hecho. Buena parte de los precios se fijan en dólares, buena parte de los salarios del sector privado se pagan en dólares y las remesas llegan en dólares. El propio Ecarri lo dice: los que quedan atrapados en bolívares son los maestros, los enfermeros y los pensionados.
De modo que la sanción no recae sobre quien propuso dolarizar el país. Recae sobre quien propuso escribir en la ley lo que la realidad ya impuso.
El artículo 318, convertido en instrumento
Hay un detalle jurídico que merece atención propia.
La declaración invoca dos fundamentos: la infracción del artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates, que exige a los parlamentarios en funciones de diplomacia interparlamentaria actuar con apego a la Constitución, y —lo que califica como más grave— la violación del artículo 318 de la Constitución, que establece que la unidad monetaria de la República es el bolívar y que el Banco Central ejerce de manera exclusiva y obligatoria las políticas monetarias.
Ese artículo venía discutiéndose en el debate económico como un obstáculo técnico a la dolarización. La declaración lo transforma en fundamento de una sanción disciplinaria contra un parlamentario.
La distinción no es menor. Una cosa es sostener que un proyecto de ley chocaría con la Constitución, argumento que se resuelve en el debate legislativo o ante un tribunal constitucional. Otra es sostener que proponer ese proyecto constituye por sí mismo una violación constitucional que amerita destitución e investigación.
Si ese criterio se aplicara de manera general, ningún parlamentario podría proponer una reforma que contradiga el texto vigente. Que es, precisamente, lo que hacen las reformas.
El arco, en una línea de tiempo
14 de marzo de 2026. Ecarri propone crear el grupo, a propósito del restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares.
Poco después. Rodríguez anuncia su conformación y lo designa presidente.
27 de mayo de 2026. Instalación formal. Acta en dos ejemplares, uno remitido al Congreso estadounidense.
4 de julio de 2026. Ecarri firma, como presidente del grupo, un pronunciamiento por el 250 aniversario de la independencia estadounidense y agradece la ayuda humanitaria enviada tras el terremoto del 24 de junio.
12 de agosto de 2026. Rodríguez firma el acuerdo de la mesa de Caracas como jefe de la delegación gubernamental.
22 de agosto de 2026. Destituye a Ecarri.
Lo que falta por saber
Si el Congreso estadounidense o la representación diplomática en Caracas se pronuncian. El acta de instalación les fue remitida formalmente, de modo que el interlocutor cambió sin que ellos participaran en la decisión.
Quién asume la conducción del grupo. La vicepresidencia la ocupa un diputado oficialista.
Qué alcance tendrá la investigación anunciada y qué sanciones contempla el reglamento.
Y si esto tiene efecto sobre la mesa de septiembre, cuyo tema anunciado son las garantías políticas y civiles.
Fuentes principales: Declaración escrita del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez, difundida el 22 de agosto de 2026. Registro de la Asamblea Nacional sobre la propuesta del 14 de marzo, las declaraciones del 20 de mayo y la instalación del 27 de mayo de 2026. Reseñas de El Nacional, Contrapunto, Últimas Noticias, Correo del Orinoco y la Agencia Venezolana de Noticias sobre la conformación e integración del grupo. Pronunciamiento del diputado del 4 de julio de 2026. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026 y declaraciones de sus negociadores sobre el esquema de la negociación. Artículo 318 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates.
Política
Afiuni obtuvo la única libertad plena de todo el proceso
La exjueza María Lourdes Afiuni recibió libertad plena y cierre total de su caso el 7 de agosto de 2026. La diferencia con las excarcelaciones recientes es la que define todo el proceso.
Hay una diferencia entre salir de la cárcel y quedar libre. Este caso es el único de todo el proceso venezolano donde ocurrió lo segundo.
| Qué | La exjueza María Lourdes Afiuni recibió la notificación de libertad plena y cierre definitivo del proceso penal abierto en su contra desde 2009. |
|---|---|
| Quién | María Lourdes Afiuni Mora, exjueza del Tribunal 31 de Primera Instancia en funciones de Control del área metropolitana de Caracas. |
| Cuándo | Viernes 7 de agosto de 2026, más de dieciséis años después del inicio de la causa. |
| Dónde | Caracas, Venezuela. |
| Por qué | Es el único caso documentado de libertad plena y cierre total en un proceso donde las demás medidas han sido sustitutivas y revocables. |
| Cómo | Mediante boleta oficial entregada por un funcionario a su familia, confirmada por su representación legal. |
Lo que recibió
El 7 de agosto de 2026, un funcionario entregó a la familia de Afiuni la notificación de libertad plena y cierre total del caso. Su hermano Nelson Afiuni lo informó públicamente y la representación legal de la familia lo confirmó.
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Conseguir en Amazon →Hasta ese día, y pese a estar fuera de prisión desde hacía años, seguía sometida a un régimen de restricciones que su familia describió con precisión: prohibición de salir de la ciudad, de hablar a la prensa o en redes sociales, y de votar.
Es decir: llevaba trece años sin estar presa y sin estar libre.
Por qué este caso es la vara
Aquí está la razón por la que esta nota importa más allá de una persona.
En agosto de 2026, el Ejecutivo anunció 131 medidas alternativas a la privación de libertad y Foro Penal verificó 78. Ninguna de ellas es lo que recibió Afiuni.
Una medida alternativa mantiene la causa penal abierta, obliga a presentarse periódicamente ante un tribunal y puede revocarse por decisión judicial. Uno de los excarcelados del 14 de agosto fue detenido nuevamente cuatro días después, según denunció una organización.
Una libertad plena con cierre definitivo extingue el proceso. No hay causa que reactivar ni medida que revocar.
Foro Penal documenta que más de once mil personas siguen bajo medidas cautelares derivadas de causas políticas, sobre 19.184 arrestos registrados desde 2014. Todas están en la primera categoría.
Afiuni está en la segunda. Sola.
El caso, en breve
El 10 de diciembre de 2009, siendo jueza de control en Caracas, Afiuni otorgó libertad bajo régimen de presentación y prohibición de salida del país al banquero Eligio Cedeño, quien llevaba en detención preventiva desde febrero de 2007. Se apoyó en la legislación venezolana y en una opinión del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detención arbitraria.
Cedeño huyó del país poco después.
Fue detenida ese mismo día, sin imputación formal, por funcionarios del servicio de inteligencia, y trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina.
El entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente que se le impusiera la pena máxima de treinta años y afirmó que es más grave un juez que libera a un bandido que el bandido mismo.
Permaneció presa hasta 2011, pasó a arresto domiciliario y en 2013 obtuvo libertad condicional. En 2019 fue condenada a cinco años por «corrupción espiritual», una figura que implica que la propia fiscalía reconoció que no obtuvo beneficio económico alguno.
El Parlamento Europeo aprobó en julio de 2010 una resolución sobre su caso. Recibió el Premio de Derechos Humanos de la Asociación de Jueces Alemanes en 2023.
Lo que su familia pidió que se lea
El comunicado familiar no se detuvo en el alivio personal.
Sostuvo que el caso debe servir como advertencia sobre los riesgos de utilizar las instituciones judiciales como mecanismo de represalia contra funcionarios que actúan de manera independiente, y que ningún juez debería enfrentar cárcel, persecución, amenazas o intimidación por aplicar la ley.
Y expresó la confianza de que el cierre sirva para impulsar la reconstrucción de la independencia judicial en Venezuela.
Esa última frase tiene destinatario. El proceso que hoy se negocia en Caracas tiene como primer punto la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia.
El detalle que ordena el desenlace
Hay un dato que su familia hizo público y que conviene consignar.
Afiuni padece tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo y requiere atención médica inmediata. Fue esa condición la que motivó la petición de cierre definitivo presentada ante las autoridades la víspera.
Su familia calificó el desenlace como un paso fundamental pero tardío.
La pregunta que queda
Si el cierre definitivo de una causa es posible —y este caso demuestra que lo es— entonces la pregunta sobre las otras once mil no es técnica.
Es de decisión.
Fuentes principales: Comunicado de la familia de María Lourdes Afiuni Mora firmado por Nelson Afiuni Mora y por su representación legal, del 7 de agosto de 2026, difundido en la red social X. Cobertura de CNN en Español, El Nacional, Infobae, LaPatilla, Correo del Caroní y El Diario sobre la decisión y la cronología del caso. Resolución del Parlamento Europeo del 8 de julio de 2010 sobre el caso Afiuni. Registros de Foro Penal sobre personas bajo medidas cautelares y arrestos documentados desde 2014. Comunicado oficial del Ejecutivo del 14 de agosto de 2026.
Política
Tres militares salieron de Ramo Verde con la condena intacta
Tres militares vinculados a la causa Brazalete Blanco fueron excarcelados de Ramo Verde el 19 de agosto de 2026. Habían sido condenados a treinta años de prisión.
Treinta años de condena no desaparecen cuando alguien cruza la puerta de la cárcel. Ese es el estado en el que salieron.
| Qué | Tres militares vinculados a la llamada Operación Brazalete Blanco fueron excarcelados de la cárcel militar de Ramo Verde, donde permanecían desde 2024 con condenas de treinta años. |
|---|---|
| Quién | Los primeros tenientes Marcos David Insignares García y Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez, y Riannys Valentina Mujica de Montesinos. |
| Cuándo | La noche del miércoles 19 de agosto de 2026. |
| Dónde | Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, Los Teques, estado Miranda. |
| Por qué | Los militares presos por razones políticas quedaron excluidos de hecho de la amnistía de febrero, y su situación es la menos documentada del proceso. |
| Cómo | Mediante excarcelación informada por organizaciones de derechos humanos, sin anuncio oficial previo. |
Quiénes salieron
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informaron la excarcelación de tres personas de la cárcel militar de Ramo Verde la noche del 19 de agosto de 2026.
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Conseguir en Amazon →Son el primer teniente Marcos David Insignares García, el primer teniente Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica de Montesinos.
Los tres permanecían recluidos desde 2024 y habían sido condenados a treinta años de prisión.
Qué es la causa Brazalete Blanco
El nombre corresponde a una supuesta conspiración que el entonces fiscal general Tarek William Saab denunció a finales de 2023 y que las autoridades desarrollaron a comienzos de 2024.
Según la versión oficial de los organismos de inteligencia, el plan buscaba tomar un parque de armas, atentar contra la vida del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, y contra otras autoridades incluido Nicolás Maduro, e incitar desórdenes civiles.
En esa causa han sido procesadas decenas de personas, en su mayoría oficiales y suboficiales de la Fuerza Armada.
El dato que la nota no puede omitir
Aquí está lo que distingue esta excarcelación de una liberación.
La condena de treinta años no fue anulada. Lo que ocurrió es que los condenados salieron del centro de reclusión.
Es la misma distinción que atraviesa todo el proceso venezolano: una excarcelación traslada a la persona de una categoría a otra dentro del mismo sistema penal. La causa sigue existiendo, la sentencia sigue existiendo y la medida puede revocarse.
Uno de los excarcelados del 14 de agosto fue detenido nuevamente cuatro días después, según denunció una organización.
El antecedente que da escala
Esta no es la primera tanda de esta causa.
El 9 de junio de 2026 fueron excarcelados 54 militares presos políticos, tres de ellos mujeres, que recibieron boletas en Ramo Verde. Ese mismo día salieron otros cinco de El Rodeo I, entre ellos Carlos Sánchez, Tomás Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero, recluidos desde 2023.
También fueron liberadas entonces la primera teniente Karen Gómez, detenida el 22 de enero de 2024 y degradada y expulsada del Ejército dos días después junto a otros treinta y dos oficiales por orden del Ejecutivo, cuando aún no había juicio.
En febrero de 2026 habían salido once cadetes de la Academia Militar y un civil, detenidos en la llamada causa «Call of Duty». La única evidencia utilizada en su contra fueron capturas de pantalla de un videojuego bélico que compartían. Pasaron más de un año en El Rodeo I y protagonizaron una huelga de hambre denunciando torturas y traslados clandestinos.
Lo que las organizaciones piden
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos celebró el reencuentro de los tres con sus familias y subrayó que la medida no debe ser un hecho aislado, exigiendo que el proceso avance hasta alcanzar a todas las personas detenidas por razones políticas.
En abril de 2026 se contabilizaban 191 militares presos por razones políticas a la espera de los beneficios de la Ley de Amnistía, un sector que quedó excluido de hecho de ese instrumento.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado además la muerte de veintiún reclusos dentro de centros penitenciarios desde marzo de 2026.
Lo que hay que vigilar
Si las condenas se anulan. Es la diferencia entre salir de la cárcel y quedar libre.
Cuántos militares quedan. El conteo de este sector es el menos actualizado del proceso.
Y si aparece un balance oficial. Ninguna de las excarcelaciones militares de junio ni de agosto fue anunciada previamente por las autoridades: se conocieron por las organizaciones.
Fuentes principales: Informaciones del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia del 19 y 20 de agosto de 2026, reseñadas por Efecto Cocuyo, TalCual y Primicia. Cobertura de El Carabobeño, Infobae, El Espectador y Diario Las Américas sobre las excarcelaciones militares del 9 de junio de 2026. Reportaje de Efecto Cocuyo sobre los militares excarcelados en las causas Brazalete Blanco y Call of Duty. Denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones. Reportes de abril de 2026 sobre militares presos excluidos de la Ley de Amnistía.
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