El precio se marca en dólares, se paga en bolívares y se convierte usando la tasa del euro. La diferencia entre ambas referencias del Banco Central rondó el 15% en la primera semana de agosto de 2026.

El lunes 3 de agosto de 2026, el Banco Central de Venezuela fijó el dólar en 748,78 bolívares y el euro en 861,18. El martes 4, el dólar subió a 752,09 y el euro a 865,17.

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La diferencia entre ambas referencias es de alrededor del 15%.

Ese porcentaje es, para muchos hogares venezolanos, la operación aritmética más importante del día.

La mecánica

El procedimiento tiene tres pasos y cada uno es defendible por separado.

Uno: el comercio marca el precio en dólares, porque en una economía con inflación anualizada de tres dígitos —629,66% en la medición M2 de abril de 2026— fijar precios en bolívares obligaría a reetiquetar cada semana.

Dos: el cliente paga en bolívares, porque es la moneda de curso legal y la que recibe en su salario.

Tres: para convertir de uno a otro, el comercio elige una tasa. La norma es clara: los establecimientos que fijan precios en divisas están obligados a usar la tasa oficial publicada por el Banco Central. Pero el Banco Central publica varias. Y algunos comercios aplican la del euro.

El resultado es que un producto marcado en diez dólares no cuesta 7.520 bolívares sino cerca de 8.650. El cliente pagó el precio en dólares que vio, más un 15% que no vio.

En un recorrido de campo, El Estímulo constató que en varias zonas de Caracas los comercios formales optaron por cobrar a la tasa del euro en lugar de la del dólar. Más recientemente, algunos han empezado a ajustar en dólares como alternativa. Usuarios en redes sociales llevan meses reclamando por la práctica.

Por qué existe

El recargo no es principalmente codicia. Es cobertura.

Entre la venta y la reposición del inventario pasan días. En ese lapso, la tasa oficial se mueve. El comerciante que vende hoy a tasa dólar y repone en dos semanas a una tasa más alta pierde margen sin haber cometido ningún error. Cobrar a tasa euro es comprarse un colchón contra ese movimiento.

La política cambiaria explica de dónde viene el temor. Durante los primeros nueve meses de 2024 el dólar oficial subió apenas 2,67%; a partir de octubre, cuando el anclaje fue sustituido por una estrategia de ajuste controlado, subió 40,66% hasta el cierre del año. Quien vivió ese salto aprendió que la estabilidad de la tasa oficial puede terminar sin aviso.

El problema es a quién se le traslada el costo de esa cobertura. Y se le traslada al consumidor, que no tiene forma de cubrirse porque su salario está en la moneda que se deprecia.

El ejercicio diario

Comprar en Venezuela exige, cada vez, la misma secuencia mental: ver el precio, identificar en qué moneda está expresado, preguntar o deducir a qué tasa lo van a convertir, calcular el bolívar resultante, comparar con lo que se tiene disponible, y decidir.

Esa secuencia se repite en cada transacción. No es una anécdota de la crisis: es una carga cognitiva permanente que se suma al costo real de vivir.

Hay una dimensión adicional para quien envía remesas desde Estados Unidos. El dólar que sale de Columbus, Miami o Dallas no llega al bolsillo del receptor con el valor con el que salió. La tasa de conversión aplicada en el destino determina cuánto de esa remesa sobrevive al mostrador.

Lo que la mesa no está discutiendo

La agenda de la negociación de Caracas tiene tres ejes: víctimas del terremoto, fortalecimiento democrático, derechos y garantías políticas.

La política cambiaria no está entre ellos.

Es una omisión defendible en una negociación política de primer ciclo. También es la razón por la cual, cualquiera sea el resultado de la mesa en diciembre, el cálculo del mostrador seguirá siendo el mismo en enero.

Esta nota describe condiciones de mercado y no constituye asesoría financiera. Las tasas cambian a diario.

Fuentes principales: Banco Central de Venezuela, tipo de cambio oficial (3 y 4 de agosto de 2026) · El Estímulo (3 y 4 de agosto de 2026) · Diario El Regional del Zulia (3 de agosto de 2026) · Reporte Confidencial (4 de agosto de 2026).

La reforma de hidrocarburos, un canje de activos y cuatro licencias de la OFAC abrieron la puerta a la inversión extranjera. El presidente ejecutivo de Chevron señaló que sigue faltando lo esencial: saber bajo qué reglas se operaría.

Hay una diferencia entre poder invertir y querer invertir. La política petrolera venezolana de 2026 resolvió la primera y no ha resuelto la segunda.

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Lo que se abrió

El 29 de enero de 2026, el Parlamento aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera. Es un giro estructural en un mercado históricamente cerrado.

En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense desplegó un andamiaje de licencias generales. La GL 50A autoriza las operaciones de BP, Chevron, Eni, Établissements Maurel & Prom, Repsol y Shell. La GL 52 establece un marco amplio para la reanudación controlada de negocios con PDVSA. La GL 46B se limita al comercio y la logística.

La GL 49 merece detenimiento: autoriza negociar y firmar contratos contingentes para nuevas inversiones, pero no autoriza ejecutarlos. Para ejecutar hace falta una licencia específica adicional.

Es decir: se puede acordar, no necesariamente hacer.

Lo que ya está produciendo

Chevron opera cuatro proyectos: dos tradicionales en Zulia y dos de crudo pesado y extrapesado en la Faja, Petroindependencia y Petropiar. La mayor actividad se concentra en el campo Boscán.

El 13 de abril de 2026 la compañía cerró un canje de activos con PDVSA. Elevó su participación en Petroindependencia al 49% y Petropiar recibió los derechos para desarrollar el área adyacente Ayacucho 8. A cambio, Venezuela recibió participaciones operadas en los bloques 21 y 32 de Plataforma Deltana y el 25,2% no operado en Petroindependiente.

Sobre producción, hay dos cifras públicas y conviene no promediarlas. En mayo de 2026, el presidente ejecutivo Mike Wirth situó la producción de Chevron en Venezuela en torno a los 250.000 barriles diarios. El viernes 31 de julio, tras la presentación de resultados trimestrales, la directora financiera Eimear Bonner habló de 280.000 barriles diarios en las empresas mixtas donde opera con PDVSA. Bonner proyectó un aumento adicional del 15% en un plazo de dieciocho a veinticuatro meses. Wirth, en mayo, había planteado una meta más ambiciosa: 50% en dos años, financiada con ganancias generadas localmente y no con fondos corporativos.

Parte de ese crudo se destina a pagar deudas del Estado venezolano con la propia compañía, y los cargamentos alimentan refinerías en la costa este de Estados Unidos.

El cuello de botella

Wirth fue explícito sobre la condición. Para atraer nuevas inversiones, dijo, Venezuela necesita mejorar las condiciones de sus contratos: en este momento no hay suficiente claridad, y no se entiende cuál sería el régimen bajo el cual operarían.

Esa frase reordena todo el expediente. Durante veinte años, el obstáculo declarado para la inversión petrolera en Venezuela fueron las sanciones. Las sanciones se relajaron. El obstáculo que queda es interno: reglas contractuales, seguridad jurídica, previsibilidad fiscal.

Un dato apunta en la dirección correcta: el Tribunal Supremo de Justicia dictó una medida cautelar a favor de Halliburton, la segunda mayor empresa de servicios petroleros del mundo, paralizada en el país desde diciembre de 2020. Las señales judiciales hacia el capital extranjero son parte del régimen que Wirth dice no entender todavía.

Por qué esto importa fuera de Venezuela

El destino del crudo venezolano se reorientó. En febrero de 2026, las ventas directas a Estados Unidos aumentaron 32% hasta unos 375.000 barriles diarios, mientras los despachos a China cayeron 67% respecto del mes anterior. China absorbía hasta el año pasado tres cuartas partes del volumen total.

Para el hispano en Estados Unidos ese reordenamiento tiene una traducción directa. Venezuela produce el tipo de crudo pesado que las refinerías del Golfo procesan, y esas refinerías abastecen buena parte del combustible del país. Cada barril venezolano que entra al circuito estadounidense es un barril que no hay que traer de otro origen.

No significa que el precio en la bomba baje mañana. Significa que la política petrolera venezolana dejó de ser un asunto exclusivamente venezolano.

Esta nota describe hechos de mercado y no constituye asesoría de inversión.

Fuentes principales: El Nacional (31 de julio de 2026) · Chevron Corporation, comunicado de canje de activos (13 de abril de 2026) · El Financiero (29 de mayo de 2026) · LEĜA Abogados, análisis de licencias generales OFAC 2026 (22 de junio de 2026) · Infobae (3 de marzo de 2026) · El Estímulo (3 de agosto de 2026).

El cierre definitivo del caso de una jueza y la renovación anunciada del Tribunal Supremo de Justicia parecen asuntos jurídicos. Son también asuntos económicos, y de los que más pesan en la reconstrucción.

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Qué	La independencia judicial condiciona directamente las decisiones de inversión y el acceso al crédito.
Quién	Inversionistas nacionales y extranjeros; el sistema financiero; las familias que compran vivienda con crédito.
Cuándo	En el contexto de la renovación del TSJ anunciada como objetivo de la mesa instalada el 6 de agosto de 2026.
Dónde	Venezuela, con una reconstrucción estimada por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares.
Por qué	Ningún acreedor presta donde la garantía no puede ejecutarse ante un tribunal previsible.
Cómo	Mediante el efecto de la previsibilidad judicial sobre el costo del capital y los plazos de financiamiento.

El vínculo, en términos simples

Una economía funciona sobre contratos. Un contrato vale lo que valga la posibilidad de hacerlo cumplir.

Cuando esa posibilidad depende de a quién conoce cada parte, ocurren tres cosas medibles:

El crédito se encarece o desaparece. Un banco que no puede ejecutar una garantía ante un tribunal previsible presta menos, más caro y a plazos más cortos.

La inversión se acorta. El capital se coloca donde se recupera rápido. Nadie compromete recursos a veinte años en una jurisdicción donde el resultado de un litigio no se puede anticipar.

Los proveedores exigen pago por adelantado. Es la forma en que la desconfianza se traslada al capital de trabajo de cualquier negocio pequeño.

Por qué esto importa ahora

Tres decisiones de política económica anunciadas dependen directamente de esa previsibilidad.

El esquema de vivienda. Subsidio de hasta el 80% del valor con créditos a veinticinco años. Un crédito a ese plazo exige una garantía hipotecaria ejecutable. Y el propio gobierno encargado solicitó al Tribunal Supremo de Justicia una jurisdicción especial para litigios de propiedad, identidad y sucesiones tras el sismo, solicitud sobre la que el Tribunal no ha informado.

El régimen de arrendamiento sancionado el 31 de julio de 2026, que desaplica el decreto contra el desalojo arbitrario para los contratos que ampara y remite los conflictos a instancias de mediación. Esas instancias valen lo que valga el órgano que las aplique.

La reconstrucción, estimada por el Banco Mundial en 19.600 millones de dólares, que requerirá contratación de bienes y servicios a escala.

Lo que la mesa puso sobre el papel

Entre los objetivos declarados del proceso instalado el 6 de agosto figura la renovación del Tribunal Supremo de Justicia, junto con la recomposición del Consejo Nacional Electoral.

Dinorah Figuera señaló que reformular esos organismos conlleva un aporte técnico considerable.

Desde el punto de vista económico, la renovación judicial es la que tiene efecto más directo y más rápido sobre el costo del capital. Un árbitro electoral confiable importa para el ciclo político; un tribunal previsible importa para cada contrato que se firme a partir de ahora.

El indicador más simple

No hace falta esperar reformas para medir avances. Basta observar cuánto tarda un tribunal en resolver un caso mercantil ordinario y si esos plazos se publican.

Es un dato que los sistemas judiciales producen para su propia gestión, y su publicación periódica es, en sí misma, una señal para cualquiera que evalúe invertir.

Lo verificable

Si se publica el resultado de la solicitud de jurisdicción especial ante el Tribunal Supremo.

Si la renovación del Tribunal produce designaciones publicadas en gaceta antes de diciembre.

Y si aparece algún indicador público de duración de procesos judiciales.

Nota: esta pieza ofrece análisis económico general y no constituye asesoría legal ni de inversión.

Cobertura previa de INCÍSOS (enlaces de contexto, no fuentes): el cierre definitivo del caso de la jueza Afiuni · la ley del régimen especial de arrendamiento · el especial Verificable, Nivel 2, sobre la renovación del TSJ y del CNE.

Fuentes principales: ACN e Infobae (declaraciones de Dinorah Figuera sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, 6 de agosto de 2026); The Daily Journal (solicitud de jurisdicción especial ante el TSJ); Asamblea Nacional de Venezuela (Ley del Régimen Especial de Arrendamiento del 31 de julio de 2026); Banco Mundial (estimación de daños del doblete sísmico); anuncios oficiales sobre el esquema de financiamiento habitacional.