Cuando la mesa se instaló en Caracas, el 6 de agosto, escribí que había que darle el beneficio de la duda. La duda sigue ahí, intacta y sana. Pero el problema de este segundo ciclo ya no es la duda. Es la expectativa, y nadie la está administrando.

El 28 de agosto el acuerdo petrolero se comió la conversación. No digo que alguien lo haya calculado así; digo que el efecto fue ese. Desde entonces, la relación entre Venezuela y Estados Unidos se discute en barriles, en concesiones y en ceremonias de firma, y el trabajo de los delegados quedó a un costado del foco. Negociar bajo un reflector apuntado hacia otra parte tiene una consecuencia concreta: nadie está explicando qué puede y qué no puede entregar esta ronda, y en ese silencio la gente supone lo máximo.

Supone bien, además, porque lo que viene es más pesado que lo que ya se firmó. El primer ciclo cerró con dos acuerdos institucionales: la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y la recuperación de activos para la emergencia del terremoto. Difíciles, pero acotados. La agenda anunciada para este ciclo entra en garantías políticas, garantías civiles y libertad de expresión, y ahí la palabra libertad deja de ser abstracta muy rápido.

Libertad política no significa solamente que los dirigentes puedan hacer política. Significa que un ciudadano pueda asociarse, pueda marchar, pueda decir en voz alta lo que piensa sin calcular el costo. Y si esa es la conversación, entonces están sobre la mesa la ley contra el odio, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión que todo el mundo llama ley mordaza, y una familia de normas que regulan la vida pública desde la moralidad con un margen de discrecionalidad enorme.

La discrecionalidad es el punto. Una ley que puede aplicarse a casi cualquiera no necesita aplicarse para funcionar. Funciona antes, en el cálculo que hace la persona que iba a publicar algo y decide que mejor no. Ese cálculo no lo deroga ningún comunicado conjunto: lo deroga la certeza de que la norma ya no está.

Y luego están las tarjetas, que es donde la negociación deja de discutir instituciones y empieza a discutir quién existe. Acción Democrática lleva desde el 15 de junio de 2020 con una directiva designada por el Tribunal Supremo y encabezada por José Bernabé Gutiérrez. Primero Justicia quedó dos días después en manos de José Brito. Voluntad Popular fue intervenida el 7 de julio del mismo año. Copei arrastra su propia versión del mismo procedimiento. Cuatro partidos históricos existiendo por duplicado: una versión con el símbolo y otra con la gente.

Del otro extremo del problema está Vente Venezuela, que no tiene el problema de una tarjeta secuestrada sino el de no haber conseguido nunca inscribirse. Y encima quedan las inhabilitaciones políticas, cuya cara más visible, más gruesa y más difícil de explicar hacia afuera es la de la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

Nada de eso es técnico. Es la pregunta de si un partido puede existir y si una persona puede postularse, que son las dos cosas sin las cuales una elección es un trámite de conteo.

Le pongo el nombre completo a lo que me preocupa. No es que la mesa fracase; todavía no ha tenido tiempo de fracasar. Es que llegue a su tercer ciclo arrastrando una expectativa que nunca prometió cumplir, y que el día que entregue un resultado parcial y real —una ley derogada, una tarjeta devuelta, una inhabilitación levantada— eso se lea como poco, porque el país esperaba todo.

Y mientras tanto pasa lo que pasa cuando un vacío se queda quieto demasiado tiempo: alguien lo llena. El 23 de agosto circuló una supuesta Gaceta Oficial que anunciaba la nulidad de las inhabilitaciones, la intervención del Consejo Nacional Electoral y la excarcelación de los presos políticos. Era falsa. No tenía número de edición, le faltaba el código QR de validación, las tipografías estaban alteradas y le atribuía a Delcy Rodríguez el cargo de vicepresidenta, cuando las gacetas verdaderas de este año la identifican como presidenta encargada. El video que la acompañaba dio 75,7% de probabilidad de haber sido generado con inteligencia artificial.

Nadie falsifica un documento que a nadie le importa. Esa gaceta apócrifa es la medida exacta de cuánta gente está esperando justamente eso, y de lo poco que se le ha dicho sobre cuándo y cómo podría llegar.

La expectativa no es enemiga de una negociación. La expectativa sin administrar sí lo es. Y administrarla no consiste en pedirle paciencia a la gente, que ya lleva demasiada. Consiste en que alguien diga, antes de sentarse y no después de levantarse, qué cabe en esta ronda y qué no.

Eso todavía no lo ha dicho nadie.

Hay una pregunta que casi nunca se hace y que explica bastante: ¿por qué un trámite que debería tardar dos años tarda doce, y nadie lo arregla?

La respuesta obvia es falta de recursos. Es cierta y es insuficiente. Hay algo más, y es más incómodo.

Cuando un sistema administrativo no puede atender la demanda que recibe, tiene dos caminos. El primero es aumentar su capacidad: más personal, más presupuesto, mejores procesos. Es caro, es lento y exige una decisión política difícil.

El segundo es inventar un mecanismo que haga la espera soportable.

Estados Unidos eligió sistemáticamente el segundo, y no por maldad ni por descuido. Lo eligió porque cada vez que lo hizo estaba resolviendo un problema real.

Alguien que no puede obtener un número de seguro social igual genera ingresos, y el Estado quiere cobrar impuestos sobre esos ingresos. Solución razonable: se crea un número tributario alternativo. Alguien cuyo caso lleva cuatro años sin resolverse tiene que comer mientras espera. Solución razonable: se le concede un permiso de trabajo provisional. Un documento vence antes de que la agencia alcance a renovarlo. Solución razonable: se otorga una prórroga automática. El comprobante de que se recibió una solicitud empieza a funcionar, en la práctica, como si fuera el documento mismo.

Vistos de uno en uno, ninguno de esos mecanismos es reprochable. Todos aliviaron a alguien. Yo mismo los defendería en el momento en que se crearon.

El problema aparece cuando se miran juntos y con perspectiva de tiempo.

Porque un atajo administrativo funciona como un analgésico. Quita el dolor que, de no quitarse, habría obligado a operar. Y cuando el dolor se va, la operación se pospone. No se cancela: se pospone indefinidamente, que es una forma más elegante de cancelarla.

Cada uno de esos mecanismos redujo exactamente la presión que habría forzado la reforma de fondo. Si la gente puede trabajar mientras espera, la espera deja de ser una emergencia. Si puede pagar impuestos sin estar regularizada, su irregularidad deja de ser un problema fiscal. Si su documento vencido sigue sirviendo, el vencimiento deja de tener consecuencias visibles.

Y así, durante dos o tres décadas, se construyó una arquitectura completa cuya función no es resolver casos sino hacer tolerable que no se resuelvan.

Hay un segundo efecto, y es el que menos se discute.

Cada mecanismo paralelo crea su propia clientela. Alrededor de la demora creció una industria de abogados, gestores, tramitadores y notarios que factura precisamente por acompañar la espera. No estoy diciendo que ese trabajo sea ilegítimo: hace falta y quienes lo hacen bien prestan un servicio. Estoy diciendo algo distinto y verificable: en esa cadena, nadie tiene un incentivo económico para que los plazos se acorten.

Un trámite que se resuelve en seis meses genera un honorario. El mismo trámite estirado ocho años genera actualizaciones, renovaciones, prórrogas, consultas y representaciones sucesivas.

Cuando un sistema construye una economía encima de su propia ineficiencia, esa ineficiencia deja de ser un defecto. Pasa a ser un modelo de negocio del que dependen personas que votan, que pagan impuestos y que tienen quien las represente.

De ahí que la reforma de fondo nunca llegue, gobierne quien gobierne. No es que a nadie se le ocurra. Es que arreglar el sistema le quita ingresos a mucha gente y le quita el analgésico a mucha más.

Y aquí llego a lo que quería decir.

Cuando finalmente se decide corregir la irregularidad, uno esperaría que se corrigiera donde se produjo: en la capacidad de respuesta. Acortar los plazos. Resolver los casos represados. Contratar oficiales de asilo. Publicar tiempos de procesamiento y cumplirlos.

En cambio se está actuando sobre las personas que viven dentro de la estructura que el propio sistema construyó para ellas. Personas que hicieron exactamente lo que se les indicó: presentar la solicitud, obtener el número tributario, pagar los impuestos, renovar el permiso, asistir a la cita, esperar.

Se les está cobrando el haber confiado en un mecanismo que el Estado creó.

No pido indulgencia ni excepciones. Pido una cosa concreta y comprobable, que además no cuesta un dólar: que cada agencia publique cuánto está tardando realmente en cada tipo de caso, se fije una meta y rinda cuentas de si la cumplió.

Un sistema que publica sus plazos es un sistema que puede ser exigido. Uno que no los publica solo puede ser padecido.

Ese sería el primer indicio serio de que se quiere arreglar el fondo y no administrar el síntoma. Todo lo demás son atajos, y los atajos ya demostraron a dónde llevan.

Una precisión que corresponde hacer. Los mecanismos que describo existen y cualquiera que haya pasado por un trámite migratorio los reconoce, pero no los nombro con su denominación oficial a propósito: las siglas cambian, los programas se renombran y este texto no trata de un formulario sino de un hábito administrativo. Si algo de lo que aquí sostengo no corresponde con su experiencia, escríbame. Es la clase de cosa que se corrige leyendo a quien la vivió.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe · INCÍSOS
Publicado el jueves 10 de septiembre de 2026

Me llegó un mensaje de una conversación privada que no puedo atribuir a nadie. No conozco a quien lo escribió, no puedo verificar el caso concreto y no voy a publicar un nombre. Lo que sí puedo hacer es leerlo con cuidado, porque tiene adentro una economía completa.

Dice, en resumen, que una mujer tuvo que renunciar a su trabajo para no andar rodando por la ciudad. Que al final le permitieron trabajar desde la casa, por menos dinero. Que una vecina les ayuda buscando al niño en el colegio. Y una frase que se me quedó pegada: como si uno fuera un criminal.

Piense en la ecuación que se despeja desde esas cuatro líneas.

Una persona renunció a un empleo. No la despidieron, no cerró la empresa, no le faltó trabajo. Renunció ella, y renunció por una razón que no tiene nada que ver con el trabajo: por no manejar. La palabra que usa es rodar. Andar rodando. Ese es el riesgo que decidió no correr.

Después recuperó parte del ingreso trabajando desde su casa, pero por menos dinero. Esa diferencia entre lo que ganaba y lo que gana es una cifra concreta, mensual, que sale de un presupuesto familiar y no entra en ningún indicador. No es desempleo, porque trabaja. No es despido, porque renunció. No es informalidad, porque tiene patrón. Es una rebaja voluntaria de sueldo pagada a cambio de no estar en la calle.

Y hay una tercera persona en el cuadro que casi nadie ve: la vecina. Alguien que no tiene ese problema está buscando a un niño que no es suyo en el colegio, todos los días. Eso también es un costo. Es tiempo, es gasolina, es un favor que se acumula y que alguien va a tener que devolver. La comunidad está absorbiendo con trabajo gratuito lo que la política pública produjo.

Nada de eso aparece en ninguna estadística.

Contamos detenciones. Contamos deportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional publica su balance mensual de arrestos y los medios lo reproducimos, yo incluido. Un reporte local de Doral registra que los arrestos migratorios en esa ciudad pasaron de tres en diciembre a diecisiete en julio, y esa cifra circuló porque es una cifra.

Pero no hay una casilla en ninguna planilla oficial que diga cuántas personas dejaron de manejar. Cuántas cambiaron un trabajo por otro peor pagado. Cuántas dejaron de ir al supermercado grande y empezaron a comprar en el de la esquina, más caro. Cuántas suspendieron una cita médica. Cuántos niños no fueron a la escuela porque no había quién los llevara.

Ese es el volumen real del asunto, y es invisible por diseño. No porque alguien lo esconda, sino porque nuestras herramientas de medición fueron construidas para contar eventos y esto no es un evento. Es una sustracción. Es todo lo que dejó de pasar.

Quiero ser preciso en algo, porque es donde este razonamiento se puede torcer. No estoy diciendo que no deba existir control migratorio. Ningún país renuncia a eso y este medio no ha sostenido nunca lo contrario. Lo que estoy diciendo es más estrecho y creo que más difícil de rebatir: cuando una política produce que una persona sin antecedentes, con su proceso en trámite, decida ganar menos dinero a cambio de no salir de su casa, esa política está generando un costo económico que sus propios promotores no están midiendo.

Y si no lo miden, no lo pueden defender. Porque para defender una medida hay que poder decir cuánto cuesta y cuánto rinde. Aquí tenemos la mitad de la ecuación publicada en una nota de prensa mensual y la otra mitad repartida en conversaciones de WhatsApp que nadie va a tabular nunca.

Hay algo más en ese mensaje, y es lo que más me incomoda. La frase «como si uno fuera un criminal» no describe un miedo a la ley. Describe un daño a la identidad. Quien la escribió no está diciendo que teme una consecuencia legal; está diciendo que le duele ser mirado de una manera. Esa distinción importa, porque una consecuencia legal se enfrenta con un abogado y una mirada no se enfrenta con nada.

En 2024, un sector muy grande de la comunidad venezolana en Estados Unidos apoyó una política de mano dura contra la inmigración irregular, convencida de que esa dureza estaba dirigida a otros. Lo digo sin ánimo de reproche, porque el reproche no le sirve a nadie a estas alturas y porque hay gente que está pagando con su sueldo una decisión que tomó de buena fe. Pero el hecho está ahí y forma parte de la historia.

Lo que corresponde ahora no es discutir el voto de hace dos años. Es exigir que se mida. Que alguien —una universidad, una cámara de comercio, un gobierno local, una organización comunitaria— se siente a calcular cuánto dinero está dejando de circular en estas ciudades porque la gente decidió no moverse.

Ese número existe. Está ahí, repartido en miles de casas, en sueldos rebajados y en favores de vecinos. Solo hace falta que alguien lo sume.

Mientras tanto, hay una mujer que trabaja desde su casa por menos plata y una vecina que recoge a un niño ajeno todos los días. Eso no está en ninguna estadística, pero está pasando, y alguien lo está pagando.

Alfredo Yánez Mondragón
Fundador y editor en jefe de INCÍSOS

Contexto relacionado: Un concejal de Doral pidió al Congreso revisar los operativos migratorios.