Afiuni fue recluida entre las presas que ella había sentenciado, denunció torturas y abuso sexual, y en 2019 recibió una nueva condena por un cargo que juristas consideran inventado. El precio de una sola decisión. Reportaje, parte 2.

La primera parte de este reportaje contó cómo, en diciembre de 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue detenida y condenada por televisión por aplicar la ley. Esta segunda parte cuenta lo que vino después: dieciséis años de un castigo que organismos internacionales han calificado de cruel, y que conviene narrar con cuidado, separando lo que es hecho documentado de lo que son denuncias de la propia víctima —porque en un caso así, la precisión no debilita la denuncia, la blinda—.

El primer acto de crueldad fue dónde la encerraron. A Afiuni la recluyeron en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, una cárcel donde, según su propio relato y el de sus abogados, se encontraban presas decenas de mujeres a las que ella misma había sentenciado como jueza. Sus defensores apelaron de inmediato esa decisión por el riesgo evidente que suponía; la apelación no prosperó. La elección del lugar no parece casual: meter a una jueza entre quienes ella había condenado es, en sí mismo, una forma de mensaje. Desde ahí, Afiuni denunció haber sufrido agresiones, golpizas y amenazas —entre ellas, según declaró años después en su juicio, la de quemarla viva en su celda—. Cada uno de esos atropellos, afirmó, fue denunciado oportunamente ante la ONU.

Aquí hay que detenerse con el máximo respeto, porque lo que sigue es lo más grave y lo más sensible. Afiuni denunció públicamente que fue víctima de violación sexual durante su encarcelamiento, y que como consecuencia sufrió un aborto. Lo reveló ella misma, y lo declaró bajo juramento en su propio juicio; medios como Diario ABC y BBC Mundo lo documentaron, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró las denuncias de torturas y abusos padecidos durante su cautiverio. INCÍSOS reproduce estas denuncias como lo que son —el testimonio de la víctima, respaldado por organismos de derechos humanos— y no como una sentencia, porque ningún tribunal venezolano investigó seriamente lo ocurrido. Pero el hecho de que el Estado nunca investigara esas denuncias es, en sí mismo, parte de la acusación: un sistema que castiga a una jueza y desatiende las denuncias de abuso que ella formula desde sus propias cárceles.

El deterioro de su salud fue documentado y sirvió, paradójicamente, de única vía de alivio. En febrero de 2011, tras una operación, se le concedió arresto domiciliario por motivos médicos —llegó a requerir cirugía—. En junio de 2013 obtuvo libertad condicional, aunque el juicio siguió abierto, colgando sobre ella como una espada. Y entonces llegó el segundo golpe judicial, casi una década después del primero. En marzo de 2019, un tribunal la condenó a cinco años de prisión por «corrupción». El detalle que vuelve esa condena un escándalo jurídico es preciso: según el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados —el IBAHRI, que observó el proceso—, el juez condenó a Afiuni sin haber establecido que recibiera dinero, favor o ventaja alguna, que es el elemento necesario para que exista el delito de corrupción. Una condena por corrupción sin corrupción probada: la forma jurídica de un castigo que ya no se molestaba en disimular.

El inciso es sobre la desproporción como método. Si se suman los años —la cárcel, el arresto domiciliario, la libertad condicional con el juicio abierto, la nueva condena— el resultado es que una sola decisión judicial, ajustada a la ley y avalada por la ONU, le costó a una mujer más de una década y media de su vida. La comunidad internacional no se quedó callada: el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre su caso ya en 2010, la Relatoría de la ONU sobre independencia de jueces denunció el ataque a la autonomía judicial, y el IBAHRI calificó su trato de «reprochable». Esa desproporción no es un exceso del sistema: es el sistema funcionando como mensaje. Castigar sin medida a una sola jueza enseña a todas las demás. La pregunta de esta casa duele al formularla: ¿qué falta, exactamente, para que el castigo a una persona deje de ser una advertencia a un país entero? Falta que la justicia vuelva a medir las penas por los hechos y no por la utilidad política del escarmiento. Mientras el caso de Afiuni siga abierto —y, como cuenta la tercera parte de este reportaje, en 2026 todavía lo está—, esa advertencia sigue vigente, grabada en la memoria de cada juez venezolano.

Dieciséis años después, María Lourdes Afiuni sigue sin libertad plena mientras la transición de 2026 promete reformar la justicia. Por qué su caso es la prueba de fuego. Reportaje, parte 3.

Las dos primeras partes de este reportaje contaron qué le hicieron a la jueza María Lourdes Afiuni y por qué. Esta tercera parte se ocupa del presente, y del modo en que un caso de hace dieciséis años se ha convertido, en 2026, en la prueba de fuego de la transición venezolana. Porque mientras el nuevo gobierno encargado habla de «reforma profunda» de la justicia y promueve liberaciones de presos políticos, la mujer que se volvió el símbolo del sometimiento de los jueces sigue sin libertad plena. Y eso, más que cualquier discurso, dice dónde está realmente la transición.

Conviene precisar qué significa hoy «sin libertad plena», porque el matiz es el mismo que afecta a cientos de excarcelados. Tras la captura de Maduro en enero de 2026, el gobierno de Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía y una ola de liberaciones. Pero, como ha documentado el Foro Penal, la mayoría de esas excarcelaciones se concedieron bajo medidas cautelares: prohibición de salir del país, presentación periódica ante tribunales, a veces la obligación de no hablar con la prensa, y —el punto decisivo— con las causas judiciales todavía abiertas. El vicepresidente del Foro Penal, el abogado Gonzalo Himiob, lo dijo con claridad: mientras la causa sigue abierta y persisten las medidas, no se puede hablar de libertad plena. Es exactamente la situación en la que el caso Afiuni ha permanecido, en distintas formas, durante años: una libertad vigilada que nunca termina de serlo.

La propia Afiuni ha puesto el dedo en la llaga con una ironía amarga. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez —hermano de la presidenta encargada—, anunció en mayo de 2026 una nueva tanda de liberaciones de presos políticos, Afiuni respondió en la red social X con una pregunta que lo resume todo: «¿Los que tenemos la pena cumplida tres veces y un poquito más?». No es solo ironía: es la voz de quien ha visto pasar ola tras ola de anuncios sin que su propio caso se cierre. Quien fue durante ocho años presidenta de un tribunal de control de Caracas mide ahora el tiempo en penas cumplidas de sobra y promesas incumplidas.

Y aquí el caso se vuelve termómetro de algo más grande. El director de la organización Acceso a la Justicia, el abogado Alí Daniels, lo planteó como un desafío directo al gobierno de transición: «Si de verdad quieren reformar la justicia, empiecen por liberar a María Lourdes Afiuni». La frase tiene una lógica precisa. Afiuni no es un preso político más: es el caso fundacional del sometimiento judicial, el símbolo con el que el chavismo enseñó a los jueces a obedecer. Resolver su situación —con libertad plena, sobreseimiento y reconocimiento del daño— sería la señal más potente de que la justicia venezolana de verdad está cambiando de lógica. Dejarla sin resolver, mientras se renuevan magistrados y se anuncian reformas, sería la prueba de que cambian los nombres y no el método.

El inciso conecta este caso con todo lo que esta casa viene analizando sobre la transición. En nuestro especial sobre la institucionalidad sostuvimos que reconstruir la justicia no es renovar funcionarios, sino devolverle a las reglas el valor que perdieron; y que la vara para medirlo es si las instituciones recuperan autonomía frente a quien las nombra. El caso Afiuni ofrece una vara aún más concreta y humana: una transición que se tomara en serio la reconstrucción de la justicia empezaría por reparar a quien fue castigada, precisamente, por ejercerla con independencia. No como un favor, sino como un acto de coherencia: no se puede prometer una justicia autónoma y mantener en el limbo a la jueza que pagó con dieciséis años el haber sido autónoma. La pregunta de INCÍSOS, al cierre de este reportaje, es la misma que recorre toda la transición: ¿qué falta, exactamente, para que el caso Afiuni se cierre con justicia y no con olvido? Falta voluntad, falta coherencia, y falta entender que mientras Afiuni no tenga libertad plena, la promesa de una nueva justicia venezolana tendrá, en su propio expediente, la prueba de que todavía no ha llegado. El país que aprendió a obedecer mirando su castigo solo creerá en el cambio cuando vea su reparación.

Seis procesos de diálogo en dos décadas, del Centro Carter en 2002 a Barbados en 2023. Por qué casi todos terminaron dándole al chavismo lo que más necesitaba: tiempo. Reportaje, parte 1.

Cada vez que Venezuela se asoma a una negociación entre el gobierno y la oposición, conviene recordar que no es la primera vez. En lo que va de siglo ha habido al menos seis procesos de diálogo con mediación internacional entre el chavismo y sus adversarios, y su historia deja una lección incómoda pero necesaria: casi todos terminaron dándole al oficialismo lo que más necesitaba en cada momento, que casi siempre fue lo mismo —tiempo—. Repasar ese historial no es un ejercicio de pesimismo, sino de memoria: para juzgar la negociación que hoy se propone, hay que saber cómo terminaron las anteriores.

El primero y más estructurado ocurrió entre 2002 y 2004, tras el golpe de abril de 2002 y el paro petrolero. Lo facilitó una alianza notable: la Organización de Estados Americanos, con el expresidente colombiano César Gaviria como secretario general, el Centro Carter del expresidente Jimmy Carter, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue la célebre Mesa de Negociación y Acuerdos, instalada en el hotel Meliá de Caracas. Un dato revelador, que recogió la analista Jennifer McCoy del Centro Carter: ni el gobierno ni la oposición se sentaban por convicción, sino por necesidad y debilidad, porque ninguno sabía con certeza cuánta fuerza real tenía. El proceso desembocó en el referéndum revocatorio de agosto de 2004, que Chávez ganó. Visto a la distancia, aquella primera mesa le dio al presidente exactamente lo que buscaba: tiempo para reorganizarse y llegar fortalecido a las urnas.

Tras la muerte de Chávez en 2013 y la llegada de Nicolás Maduro, los diálogos se multiplicaron, y el patrón se hizo más claro. Hubo conversaciones en 2014, en plena ola de protestas, que un dirigente opositor describió con crudeza como «un debate en cadena» televisado más que una negociación real: la oposición entró a Miraflores, dijo sus verdades ante las cámaras, y de ahí no pasó. Vinieron luego las mediaciones del Vaticano en 2016 y las conversaciones en República Dominicana en 2017 y 2018, esta última acompañada por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que naufragó sin acuerdo y fue seguida por las cuestionadas elecciones de 2018. Cada ronda repetía una coreografía parecida: se anunciaba con esperanza, se estiraba en el tiempo, y se rompía cuando al gobierno dejaba de convenirle.

El intento más reciente y más elaborado fue el proceso facilitado por Noruega, que comenzó en México en 2021 con un memorando de entendimiento y culminó en los Acuerdos de Barbados de octubre de 2023, firmados por Jorge Rodríguez por el gobierno y Gerardo Blyde por la Plataforma Unitaria. Barbados prometía garantías electorales para unos comicios competitivos en 2024 a cambio de aliviar sanciones. Pero el propio acuerdo fue incumplido por el gobierno: se mantuvo la inhabilitación de María Corina Machado pese a lo pactado, y las garantías quedaron en papel. Hubo, además, una lección de fondo que los analistas subrayaron entonces: mientras la mesa formal ocupaba los titulares, la negociación que de verdad pesaba ocurría en secreto entre Estados Unidos y Miraflores. La oposición, debilitada, negociaba en una mesa; el poder real se jugaba en otra.

El inciso es sobre la lección que dejan estas dos décadas, y que conviene formular sin amargura pero sin ingenuidad. El patrón es difícil de ignorar: para un gobierno autoritario, una negociación puede ser menos un camino hacia la salida que una herramienta para administrar la presión. Sentarse a dialogar desactiva las protestas, mejora la imagen internacional, divide a veces a la oposición entre «dialoguistas» y «radicales», y compra el bien más valioso para quien quiere permanecer: tiempo. No significa esto que negociar sea inútil —ningún cambio político complejo se logra sin alguna forma de negociación—, sino que la forma importa tanto como el fondo. La pregunta de esta casa, mirando el historial, es exigente: ¿qué falta, exactamente, para que una negociación no sea una más en esta lista de fracasos? Falta que tenga un objetivo acotado y verificable, plazos que no se puedan estirar indefinidamente, y una correlación de fuerzas que impida al gobierno usarla solo como válvula de escape. Si algo enseñan Gaviria, el Vaticano, República Dominicana y Barbados, es que el diálogo sin esas condiciones no ha sido el camino de la transición, sino su aplazamiento. La segunda parte de este reportaje examina si lo que hoy se propone desde Panamá aprendió, por fin, esa lección.