La ciudad de Columbus se declara amigable con el inmigrante. La oficina del sheriff del condado entrega detenidos a ICE por criterios tan amplios como hablar poco inglés. La contradicción institucional tiene nombre y número.

Existe una distancia entre lo que la ciudad de Columbus dice de sí misma y lo que la oficina del sheriff del condado de Franklin hace todos los días en su cárcel. Esa distancia tiene un número de procedimiento: 802:1.8.

La política, expuesta por The Columbus Dispatch este año, instruye al personal de la cárcel del condado a notificar a ICE en una lista de circunstancias. Algunas son las que se esperaría legalmente: detenidos con órdenes de arresto federales o casos penales graves. Otras, no. Según el documento publicado por el Dispatch, el personal notifica a ICE si el detenido «habla poco inglés», «no tiene identificación gubernamental», «requiere notificación consular» o «simplemente nació fuera de EE.UU.».

Ninguno de esos criterios es, por sí solo, evidencia de estatus migratorio irregular. Hablar poco inglés no es ilegal. Carecer de licencia de Ohio no es ilegal. Haber nacido fuera del país tampoco. Sin embargo, en la cárcel de Franklin County esos tres elementos pueden activar una llamada a ICE.

Las cifras: de 11 a 50 en doce meses

La política no es nueva, pero su aplicación se intensificó. En 2024, según los datos publicados, ICE tomó custodia de 11 personas detenidas en la cárcel del condado. En el primer semestre de 2025 —solo seis meses— esa cifra subió a 50. El ritmo de entregas se quintuplicó.

El abogado de inmigración Robert Wisniewski, radicado en Columbus, contó al Dispatch el caso de una clienta cuyo caso penal fue desestimado en abril de 2025. Antes de poder ser liberada, Franklin County permitió que ICE la recogiera y la deportara. Wisniewski describió las circunstancias de su país de origen: «Está en peligro allá. Fue atacada por personas con cuchillos y machetes; los registros médicos muestran que necesitó 40 puntos en la espalda. Si la hubieran liberado, probablemente habríamos apelado, probablemente habríamos peleado». Dejó atrás un esposo y un hijo.

La asimetría que la política crea

Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Ohio Immigrant Alliance, lo plantea en términos institucionales: «Es imposible que Columbus sea un buen lugar para que los inmigrantes críen a sus familias cuando la oficina del sheriff tiene una de las políticas más pro-ICE del país». Su organización lleva meses pidiendo la derogación del procedimiento.

Hay un detalle que rara vez se menciona en estos debates. Toda persona registrada en la cárcel del condado de Franklin es legalmente inocente hasta que un juez decida lo contrario. Los casos pueden ser desestimados porque la persona es inocente, porque no hay evidencia suficiente, o porque el reporte que motivó el arresto era falso. La política 802:1.8 opera antes de cualquier juicio. Notifica a ICE en el momento del booking. Para entonces, ya es tarde.

La herramienta que el agresor encontró

Tramonte señala una consecuencia que ningún reporte oficial menciona: la política convierte una llamada al sheriff en un arma para abusadores. Si una persona quiere controlar a su pareja extranjera, basta con denunciarla falsamente —por violencia doméstica, por hurto, por cualquier cosa—. Una vez que entra al booking del condado, la política 802:1.8 hace el resto. Aunque el caso penal se caiga, ICE ya tiene la notificación.

El concejo municipal de Columbus aprobó hace años medidas que prohíben a la policía local entrar en acuerdos 287(g) con ICE y que ponen una moratoria a centros de detención dentro de los límites de la ciudad. Son medidas reales, pero limitadas: la cárcel del condado no responde al concejo municipal. Responde al sheriff del condado, una figura electa con su propia política y su propio criterio.

Lo que esta nota propone retener

Para un hispano en Columbus, la promesa de la ciudad acogedora no es falsa: es incompleta. La protección termina exactamente en la puerta de la cárcel del condado. Lo que ocurre adentro lo decide otra autoridad. Conocer esa diferencia institucional —y conocer el número 802:1.8 que la sostiene— es la única forma de medir el riesgo real.

DHS celebró la operación de diciembre como un éxito contra «los peores entre los peores». Los datos del condado de Franklin y de la Ohio Immigrant Alliance cuentan otra historia.

Cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunció el 8 de enero los resultados de Operación Buckeye, el comunicado oficial contenía un titular y una galería: 280 detenidos en seis días, fotos de hombres con antecedentes graves, una frase recurrente —«los peores entre los peores»— y una felicitación al personal de ICE por trabajar durante las fiestas. Esa es la versión que circuló en los medios nacionales.

La versión que la Ohio Immigrant Alliance documentó en paralelo es otra. Según el reporte de la organización, hasta el 24 de diciembre 214 de los detenidos seguían en custodia. El 93% eran hombres. El 80% aparentaba ser latino. La mayoría —y este es el dato que el comunicado oficial no incluye— no tenía antecedentes penales registrados.

El destino de los detenidos

El traslado de los arrestados también dice algo. De los 280, al menos 137 fueron enviados a la cárcel del condado de Butler, a casi dos horas de Columbus. Otros 61 acabaron en el Corrections Center of Northwest Ohio. Diez fueron al condado de Seneca. Tres al Mahoning County Justice Center. Uno al condado de Calhoun, en Michigan. La distancia no es un detalle: separa al detenido de su abogado, de su familia y de cualquier red de apoyo.

Maqueli Eldredge, paralegal de Legal Immigration Services en Dublin, describió cómo se enteraron del operativo. «ICE ha estado siempre en Columbus, pero nunca habíamos visto algo así», declaró tras recibir más de diecinueve reportes en un solo día. Las llamadas comenzaron cuando esposas de detenidos reportaron que sus maridos no habían vuelto a casa o que sus carros aparecieron abandonados.

El telón de fondo: 421 detenciones antes del operativo

Operación Buckeye no fue un episodio aislado. Según el análisis publicado por la Ohio Immigrant Alliance en febrero, entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025 ya se habían registrado 421 detenciones de inmigrantes en el centro de Ohio, sin contar los seis días de Buckeye. Sumando ambos períodos, la cifra para Columbus rebasa los 700 arrestos en menos de un año. Cleveland reportó 351. Cincinnati, 849. El resto del estado, 2,799.

Lynn Tramonte, directora ejecutiva de la Ohio Immigrant Alliance, lo resumió en una declaración pública: «Las leyes civiles se hacen cumplir habitualmente en cortes y oficinas, con calma, no por agentes enmascarados con armas recorriendo nuestras comunidades». Los cargos por los que se detiene a las personas en estos operativos son civiles, no criminales. Esa diferencia técnica importa, pero la mayoría de los hispanos detenidos no la conoce y los noticieros no la explican.

El hueco entre el discurso y los datos

ICE Director Todd M. Lyons dijo en su comunicado: «Operamos en Ohio todos los días, pero recientemente reforzamos nuestros recursos allá bajo Operación Buckeye». La frase es honesta. Lo que ocurrió en diciembre no fue una excepción: fue una intensificación de algo que ya estaba en marcha y que sigue. La hotline de la Ohio Immigrant Alliance, lanzada hace 14 meses, ha registrado cerca de 550 incidentes en todo el estado y, según Tramonte, los reportes no han parado.

Para una familia hispana en el centro de Ohio, la pregunta que esta historia plantea no es si Operación Buckeye fue justificada o no. Es más concreta: ¿qué probabilidad real tiene cualquier persona de la comunidad —con o sin antecedentes, con o sin papeles en regla, con o sin permiso de trabajo— de aparecer en la próxima cifra trimestral de la Ohio Immigrant Alliance? Los números de los últimos diez meses sugieren una respuesta incómoda.

El comunicado oficial del DHS terminó con una felicitación a los agentes por su trabajo navideño. El reporte de la Ohio Immigrant Alliance terminó con una observación distinta: muchas de las personas detenidas tenían permisos de trabajo y casos de asilo abiertos. Ambas afirmaciones pueden ser ciertas a la vez. Esa es exactamente la lectura que esta nota propone retener.

El 15 de abril, la jefa de policía de Gratis , Tonina Lamanna, manejó dos horas desde su pueblo de 800 habitantes en el condado de Preble hasta el lado oeste de Cincinnati. La acompañaba el oficial Jeffrey Baylor. Llegaron en vehículo patrulla, en uniforme, a tres escuelas públicas: Western Hills University High School, Rees E. Price Academy y Roberts Academy. Llevaban una lista de nombres. Dijeron a los administradores que venían a hacer welfare checks, y que actuaban en nombre de ICE.

Los equipos escolares hicieron lo que los protocolos de Cincinnati Public Schools indican: no los dejaron pasar. La superintendente Shauna Murphy lo describió después en una rueda de prensa como una amenaza. El Departamento de Policía de Cincinnati confirmó que no había sido notificado, algo que, en la práctica administrativa entre jurisdicciones, sería el primer paso de un operativo legítimo.

Lo que vino después fue un desmontaje público del incidente. El 19 de abril, el consejo del pueblo de Gratis puso a Lamanna y a Baylor en licencia administrativa. El 21 de abril, Baylor renunció. Gratis anunció además la suspensión de su acuerdo 287(g) — el marco que permite a policías locales ejercer funciones migratorias federales. En un comunicado, la alcaldía del pueblo dijo que no estaba al tanto de la operación y que no es política del municipio participar en operativos de orden público fuera de su jurisdicción, mucho menos a dos condados de distancia.

Con eso, la historia local se cerró. Pero la historia real apenas empieza.

El programa federal que hizo pensable el viaje

En noviembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva iniciativa: la UAC Safety Verification Initiative, diseñada en conjunto con el servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y las policías locales con acuerdos 287(g). El objetivo declarado es verificar el bienestar de los aproximadamente 450.000 niños no acompañados — los llamados UAC, por sus siglas en inglés — que cruzaron la frontera durante la administración Biden y fueron colocados con patrocinadores no verificados. Según el propio DHS, un porcentaje no despreciable de esos patrocinadores resultaron ser traficantes o criminales; la administración dice haber localizado a más de 145.000 de esos niños.

Hasta ahí, el argumento es sólido. Hay un problema real, hay víctimas reales, hay un deber de protección que le compete al Estado. Pero el diseño del programa tiene un vicio de origen: delega la ejecución de los welfare checks a policías locales con acuerdo 287(g), sin distinguir dónde termina la verificación de bienestar infantil y dónde empieza el operativo migratorio disfrazado. La policía de Gratis lo entendió exactamente así. Agarró su lista, se subió a la patrulla, y manejó dos horas.

La ONG Acceso a la Justicia lo ha advertido en Ohio desde hace meses: el acuerdo 287(g) firmado por Gratis autoriza a sus oficiales a actuar en nombre de ICE para interrogar, detener y procesar personas por violaciones migratorias, pero expresamente dentro de la jurisdicción geográfica del departamento. Preble County no es Hamilton County. Gratis, de 800 habitantes, no es Cincinnati, de 309.000. Lamanna no violó el espíritu del programa federal. Violó su letra más básica. Y aun así, salió convencida de tener atribuciones.

Lo que importa para los padres hispanos en Ohio

Ohio no es un estado santuario. El condado de Franklin, donde vive Columbus, tiene convenios activos de cooperación con ICE. Varios condados más tienen acuerdos 287(g) o están en proceso de firmarlos. El Cincinnati Federation of Teachers calificó la visita como una disrupción del ambiente escolar capaz de generar pánico y caos. Los padres consultados por los medios locales — uno de ellos, Dominick Clark, con hijos en CPS — repitieron la misma frase con palabras distintas: si yo como adulto me asusto cuando pienso en un agente de ICE, ¿cómo se sentirá un niño?

La comunidad hispana de Columbus, que según el censo ronda las 62.000 personas, tiene razones para leer este episodio con atención. La UAC Safety Verification Initiative está activa en todo el país. Cualquier departamento de policía en Ohio con acuerdo 287(g) puede, teóricamente, recibir una lista y hacer visitas. Que Gratis se haya desmarcado y suspendido su convenio es una victoria política local. Pero no es una política estatal. Y definitivamente no es una política federal.

La pregunta que queda abierta

Lo que pasó en Cincinnati el 15 de abril no fue un exceso individual que se corrigió con una renuncia y una suspensión. Fue el programa llevado hasta donde el programa naturalmente lleva. La pregunta que los distritos escolares de Ohio deberían estar haciéndose esta semana no es si volverá a pasar. Es con qué protocolos claros, comunicados a padres y estudiantes en español y en inglés, se va a responder cuando vuelva a pasar.

Y la pregunta que el DHS debería estar respondiendo — aunque probablemente no lo haga — es cómo piensa distinguir, en el papel y en la práctica, entre proteger a un niño y entregarlo.