Hay preguntas que parecen jurídicas, pero en realidad obligan a mirar de frente una tragedia política. Ésta es una de ellas. ¿Cómo quedó la Constitución de Venezuela después de todo esto? ¿Para qué sirve hoy? La tentación, en medio del hartazgo, es responder con una frase tajante: no sirve para nada. La tentación contraria, más cómoda pero menos honesta, es repetir que sigue plenamente vigente y que basta con invocarla para encontrar una salida. Ninguna de las dos respuestas alcanza.

La Constitución venezolana no ha sido formalmente sustituida. Sigue siendo, en términos normativos, la ley suprema del Estado. El propio texto lo dice con claridad en su artículo 7, y añade, en el artículo 333, una cláusula extraordinaria: aun si dejare de observarse por acto de fuerza o por cualquier medio distinto del previsto en ella, no perderá vigencia, y todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Es una cláusula notable porque presupone, con lúcida severidad, que puede llegar un momento en que el poder se separe de la Constitución sin lograr por ello anularla. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, arts. 7 y 333)

Eso es, precisamente, lo que ha ocurrido en Venezuela. La Constitución sobrevive como texto, como fuente de legitimidad, como criterio de juicio y como reserva normativa del futuro; pero ha sido gravemente erosionada como límite efectivo del poder. No ha desaparecido. Ha quedado, más bien, desplazada. El poder político continúa hablando en su nombre, jurando sobre ella, citándola, recubriendo sus decisiones con lenguaje constitucional; pero cada vez con mayor evidencia la usa como ornamento de legalidad y no como frontera vinculante.

La elección presidencial del 28 de julio de 2024 profundizó esta ruptura. El Carter Center, que participó como observador, concluyó que la elección no cumplió estándares internacionales de integridad electoral, que no podía considerarse democrática y que no era posible verificar o corroborar los resultados anunciados por el CNE, subrayando además que la falta de publicación de resultados desagregados por mesa constituyó una grave violación de principios electorales. La Unión Europea sostuvo igualmente que la ausencia de actas publicadas impedía reconocer los resultados anunciados con legitimidad democrática suficiente. 

Ése fue el punto de quiebre visible. Porque una Constitución puede soportar incluso gobiernos mediocres, corruptos o abusivos; lo que no puede soportar indefinidamente sin desfigurarse es la destrucción del vínculo entre soberanía popular y ejercicio del poder. El artículo 5 de la Constitución establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. El artículo 6 añade que el gobierno de la República y de las entidades políticas será y siempre será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Cuando el acceso y permanencia en el mando ya no pueden ser explicados de modo convincente por la voluntad verificable de los ciudadanos, la lesión deja de ser electoral en un sentido estrecho y pasa a ser constitucional en el sentido más profundo. (Constitución, arts. 5 y 6)

Por eso, la pregunta correcta no es si la Constitución sigue “vigente” en un sentido meramente textual. La pregunta correcta es qué tipo de vigencia conserva. Y la respuesta, a estas alturas, exige distinguir entre existencia normativa y eficacia política.

En un régimen constitucional sano, la Constitución cumple tres funciones simultáneas: organiza el poder, lo limita y lo legitima. En la Venezuela de hoy, la primera de esas funciones subsiste sólo parcialmente. Todavía existen órganos, cargos, procedimientos, juramentos, sentencias, gacetas, ceremonias y retórica institucional. El poder sigue presentándose como si fuese el producto de una maquinaria constitucional en funcionamiento. Pero la segunda función —limitar el poder— ha sido gravemente demolida. Y la tercera —legitimarlo— se encuentra fracturada por una crisis de origen que ya no puede ser disimulada con formalidades.

La Constitución venezolana no carece de remedios. Al contrario, contiene garantías robustas. El artículo 25 declara nulo todo acto del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por la Constitución y la ley, y afirma la responsabilidad de los funcionarios que lo ordenen o ejecuten. El artículo 26 garantiza acceso a una justicia imparcial, idónea, autónoma, independiente y expedita. El artículo 334 obliga a todos los jueces a asegurar la integridad de la Constitución. El artículo 335 atribuye al Tribunal Supremo la garantía de su supremacía y efectividad. Sobre el papel, no es un texto inerme. (Constitución, arts. 25, 26, 334 y 335)

El problema venezolano es otro: la captura de los órganos llamados a hacer valer esas garantías. Cuando los mecanismos de control, arbitraje y tutela quedan subordinados al mismo poder que deberían contener, la Constitución no desaparece, pero pierde musculatura institucional. Sigue pudiendo decir lo que debería ocurrir; deja de poder imponerlo. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela documentó una intensificación de la represión antes y después de la elección de 2024, incluyendo detenciones arbitrarias, persecución de opositores y uso de aparatos de seguridad e inteligencia para silenciar la disidencia. Eso no es un dato marginal. Es la prueba de que las instituciones no sólo dejaron de proteger la Constitución: en muchos casos han sido usadas para neutralizarla. 

De allí se sigue una conclusión incómoda pero necesaria: la Constitución ya no organiza plenamente el poder; hoy, sobre todo, lo deslegitima.

Esto merece ser dicho con cuidado. No porque la Constitución haya dejado de ser la norma suprema, sino porque se ha convertido en un espejo demasiado severo para el régimen. Su texto ya no sirve tanto para describir cómo funciona el sistema, sino para mostrar en qué se ha convertido. Sirve como prueba de la distancia entre la república constitucional prometida y el orden realmente existente. Sirve para medir la desviación. Sirve para nombrar jurídicamente la anomalía.

Eso tiene una importancia inmensa. Sin Constitución, sólo habría indignación moral, denuncia política o protesta histórica. Con Constitución, en cambio, existe un lenguaje normativo que permite afirmar que la soberanía popular ha sido desconocida, que la tutela judicial efectiva ha fallado, que el pluralismo ha sido vaciado, que la alternabilidad ha sido cancelada en la práctica, que las garantías han sido torcidas y que los actos de autoridad pueden ser nulos e ineficaces, aunque continúen produciendo efectos por la fuerza. El artículo 138 lo dice en una fórmula lapidaria: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. El hecho de que esta cláusula no encuentre hoy un aparato institucional independiente que la haga valer automáticamente no la convierte en irrelevante; la convierte en una acusación jurídica permanente contra la ficción de normalidad. (Constitución, art. 138)

La Constitución sirve también para algo más profundo: impide que la fuerza se convierta, por sí sola, en derecho. Ésa es quizá su función más decisiva en este momento. Un régimen puede controlar el territorio, la burocracia, los tribunales, los cuerpos armados, los medios oficiales y los procedimientos electorales; puede incluso obtener pronunciamientos, sentencias y juramentaciones. Pero todo eso no basta para transformar automáticamente en legítimo cuanto hace. La Constitución conserva abierta la distinción entre poder y legitimidad, entre posesión del mando y título válido para ejercerlo. Y mientras esa distinción siga abierta, la república no ha sido jurídicamente absorbida por completo por el aparato que la domina.

Esa reserva normativa es esencial para cualquier futuro. Porque si la Constitución hubiese desaparecido de verdad, la reconstrucción democrática tendría que comenzar desde un vacío. Y no es así. La Constitución venezolana sigue siendo el punto de continuidad jurídica desde el cual podrá reconstruirse un orden republicano, redefinir competencias, reconstituir independencia judicial, rehabilitar el sufragio como fuente auténtica del poder y reponer garantías hoy vaciadas. Incluso herida, incluso desplazada, incluso instrumentalizada, sigue siendo el esqueleto normativo de una eventual restitución institucional.

También sirve, desde luego, para fundar la resistencia jurídica. El artículo 333 no es una simple nota doctrinal; es una cláusula de continuidad constitucional frente al acto de fuerza. El artículo 350, por su parte, establece que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana y a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Estas disposiciones no producen por sí solas una transición. No sustituyen la organización, la estrategia, la correlación de fuerzas ni la presión política. Pero sí preservan algo crucial: la idea de que puede llegar un punto en que obedecer al poder y ser fiel a la Constitución ya no sean la misma cosa. (Constitución, arts. 333 y 350)

Sirve, además, como archivo jurídico de responsabilidades futuras. El artículo 25, una vez más, no debe leerse como una simple declaración de estilo. Establece responsabilidad individual por violaciones constitucionales. Eso significa que, aunque hoy el sistema no sancione a quienes usan el poder contra la Constitución, la base normativa para exigir cuentas no ha sido cancelada. La impunidad presente no equivale a inocencia jurídica. La Constitución conserva la memoria del agravio y la forma legal de su imputación futura. (Constitución, art. 25)

Ahora bien, también conviene decir con igual claridad para qué no sirve hoy la Constitución. No sirve, por sí sola, para sostener la ficción de que Venezuela vive todavía una normalidad constitucional. No sirve para el autoengaño legalista según el cual bastaría citar artículos para corregir un sistema cuyos órganos de control han sido colonizados. No sirve para esconder la diferencia entre texto y realidad. No sirve, en suma, para convertir una Constitución vigente en un constitucionalismo efectivo cuando el poder ha aprendido a administrar la distancia entre ambos.

Ése es el drama venezolano actual: la Constitución permanece, pero el constitucionalismo se ha retirado.

No se trata de una diferencia menor. Una Constitución puede existir como documento, como símbolo, como referencia doctrinal e incluso como fuente formal de decisiones. El constitucionalismo, en cambio, exige otra cosa: exige separación de poderes real, garantías judiciales creíbles, límites efectivos al mando, elecciones verificables, responsabilidad de los gobernantes y sometimiento del poder a reglas que no controle por completo. Lo que ha sido devastado en Venezuela no es sólo una elección, ni sólo una institución, ni sólo una oposición: ha sido el principio mismo de que el poder debe ser jurídicamente controlable.

Por eso, la respuesta más seria a la pregunta inicial quizá sea ésta: la Constitución venezolana sirve hoy menos para gobernar el presente que para juzgarlo. Sirve menos como manual operativo del poder que como prueba de su desviación. Sirve menos como límite eficaz inmediato que como reserva de legitimidad democrática. Sirve menos para describir el régimen existente que para demostrar hasta qué punto se ha separado de la república que la propia Constitución promete.

Y, sin embargo, eso no es poca cosa. En tiempos de captura autoritaria, conservar una Constitución que aún pueda nombrar la usurpación, declarar la nulidad, distinguir entre fuerza y derecho, fundar la obligación de restablecimiento y preservar la continuidad republicana no es un residuo inútil. Es una forma de impedir que el poder cierre por completo el horizonte moral y jurídico del país. Es, si se quiere, la última frontera normativa antes de la pura desnudez del mando.

La Constitución venezolana no ha muerto. Lo que ha ocurrido es, quizá, más inquietante: sigue viva, pero exiliada del centro efectivo del poder. Sigue ahí, recordando que no todo lo que manda es legítimo, que no toda autoridad es válida, que no toda formalidad equivale a legalidad, y que la república puede ser traicionada sin quedar por ello jurídicamente extinguida.

Ésa es su utilidad actual. No la de garantizar por sí sola la libertad inmediata, sino la de impedir que la dominación consiga presentarse como orden justo. No la de resolver mecánicamente la crisis, sino la de conservar el lenguaje con el cual la crisis puede ser juzgada, resistida y, algún día, revertida.