La regalía del acuerdo es menor que el mínimo vigente hasta enero

La presidenta encargada Delcy Rodríguez detalló el 29 de agosto de 2026, en alocución a la nación, los términos fiscales del acuerdo petrolero con EE.UU. Anunció regalías mínimas del 16 % para ocho bloques nuevos en la Faja Petrolífera del Orinoco. Hasta el 29 de enero de 2026, la ley venezolana no permitía bajar de 20 % en esos mismos yacimientos.

Lo que dijo

La alocución aportó cinco datos que no figuraban en el comunicado del 28 de agosto de 2026.

El proyecto binacional está suscrito por 25 años. Contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un objetivo de producción superior a 1,5 millones de barriles diarios solo por la vía de ese acuerdo. Incluye ocho bloques verdes en la Faja del Orinoco, con regalías mínimas del 16 % e impuesto sobre la renta de 34 %.

Y aportó la cifra que permite medirlo todo. Tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, Rodríguez situó el ingreso total del Estado venezolano en 209.335 millones de dólares, lo que equivale, según su propia formulación, a cerca de 19 dólares por cada barril producido y vendido.

La mandataria comparó esos términos con la apertura petrolera de hace 30 años, que desarrolló cuatro bloques verdes con regalías de 1 % e impuesto sobre la renta de 34 %.

Lo que dice la ley

La comparación con 1995 es correcta y favorece al acuerdo. La comparación pertinente, sin embargo, es con la norma que estuvo vigente hasta hace siete meses.

El artículo 44 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 establecía que el Estado tiene derecho a una participación de treinta por ciento como regalía. El mismo artículo facultaba al Ejecutivo, cuando se demostrara a su satisfacción que un yacimiento maduro o de petróleo extrapesado de la Faja del Orinoco no era económicamente explotable con esa tarifa, a rebajarla hasta un límite del veinte por ciento.

Ese 20 % era el piso. Y era el piso previsto exactamente para el tipo de yacimiento que el acuerdo desarrollará.

La Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial N.º 6.978 Extraordinario del 29 de enero de 2026, modificó ese artículo, que pasó a ser el 51. El texto vigente establece que el Estado tiene derecho a una participación de hasta treinta por ciento como regalía.

La modificación de una preposición convirtió una tarifa en un techo. El artículo también reforzó la potestad del Ejecutivo para fijar el porcentaje proyecto por proyecto según la naturaleza de la inversión, la economicidad y la competitividad internacional, y eliminó el límite inferior.

El 16 % anunciado es, por tanto, legal. Lo es porque la reforma que lo hizo posible fue sancionada por la Asamblea Nacional y promulgada por el mismo gobierno que ahora lo aplica, siete meses antes de anunciarlo.

La aritmética

Las cifras de la alocución permiten reconstruir el orden de magnitud.

Si el Estado recibe 209.335 millones de dólares a razón de 19 dólares por barril, el acuerdo contempla la producción y venta de unos 11.000 millones de barriles a lo largo de los 25 años. Distribuido de manera uniforme, equivale a un promedio cercano a 1,2 millones de barriles diarios.

Ese promedio queda por debajo del objetivo de 1,5 millones que la propia alocución fija. La diferencia es compatible con una curva de producción que arranca baja y sube, pero implica que la meta anunciada no es el nivel sostenido durante el período, sino un techo alcanzable en algún momento del recorrido.

Sobre la participación fiscal: 19 dólares de un precio de referencia de 65 representan un 29 % del valor del barril para el Estado venezolano.

Los 19 dólares tampoco se derivan de manera evidente de los términos anunciados. Una regalía de 16 % sobre 65 dólares aporta 10,40. Para llegar a 19, el impuesto sobre la renta de 34 % debe aportar los 8,60 restantes, lo que supone una base gravable cercana a 25 dólares por barril y, por diferencia, costos operativos del orden de 29 dólares. Ninguna de esas dos variables fue mencionada.

Dos cosas que la reforma también permite

El impuesto sobre la renta de 34 % que la alocución presenta como contrapartida es igualmente ajustable. La reforma de enero de 2026 incorporó la posibilidad de reducir la alícuota del ISLR para preservar el llamado equilibrio económico-financiero de los proyectos, y una cláusula que protege a los operadores frente a cambios legales o fiscales posteriores.

La misma reforma creó un Impuesto Integrado de Hidrocarburos, con alícuota de hasta 15 % sobre los ingresos brutos, concebido para sustituir la lógica tradicional basada en regalías, impuesto sobre la renta y contribuciones especiales. La alocución describe los términos del acuerdo con la estructura tradicional, no con el tributo integrado. Cuál de los dos regímenes se aplicará al proyecto binacional no está establecido públicamente.

La reforma eliminó además la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas y sus condiciones, sustituida por autorización del Ejecutivo con notificación posterior.

Lo que sigue sin coincidir

La alocución afirma que el proyecto binacional está suscrito por 25 años. Un funcionario de la Casa Blanca declaró a CNN el 28 de agosto de 2026 que el acuerdo otorga concesiones por cerca de cien años.

Rodríguez sostuvo que Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos. Donald Trump afirmó el 28 de agosto de 2026 que EE.UU. aseguró el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas.

La alocución no menciona la empresa conjunta privada de la que, según la misma fuente de la Casa Blanca, el gobierno estadounidense tendría el control efectivo del 55 % de la producción.

Ninguna de las dos partes ha publicado el documento.

Qué falta, exactamente, para que pase

La propia alocución fijó el estándar. Rodríguez enumeró cuatro cosas que los venezolanos tienen derecho a saber: cuánto se invierte, cuánto se produce, cuánto recibe el Estado y cuáles son las condiciones para los operadores.

De las cuatro, la alocución respondió una con precisión: cuánto recibe el Estado, 209.335 millones de dólares a 65 dólares por barril. Enunció las dos primeras como objetivos. Y sobre la cuarta, las condiciones para los operadores, aportó dos porcentajes que la ley vigente permite modificar por decisión del Ejecutivo.

Para verificar cualquiera de las cuatro hace falta lo mismo: el contrato. Mientras no se publique, los 19 dólares por barril son una proyección sobre un precio de referencia que la propia mandataria admitió que puede ser mayor o menor.

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Fuentes

• Alocución de Delcy Rodríguez, 29 de agosto de 2026, transcripción íntegra
• Ley Orgánica de Hidrocarburos, Decreto N.º 1.510 del 2 de noviembre de 2001, artículo 44
• Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Gaceta Oficial N.º 6.978 Extraordinario del 29 de enero de 2026, artículo 51
• Análisis de la reforma publicados por BDO Venezuela, Acceso a la Justicia y TalCual, enero y febrero de 2026
• Publicación de Donald Trump en Truth Social y comunicado de Delcy Rodríguez, 28 de agosto de 2026
• Funcionario de la Casa Blanca citado por CNN, 28 de agosto de 2026

Los tributos anunciados equivalen a tres dólares por barril

La cifra que faltaba ya está sobre la mesa. Dividida entre los barriles comprometidos, arroja un resultado que necesita explicación.

El comunicado oficial venezolano ofrece dos cifras que se pueden dividir: más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado y 65.000 millones de barriles de potencial probado.

El resultado son 3,22 dólares por barril.

Por qué esa cifra llama la atención

La legislación venezolana de hidrocarburos establece una regalía del 30% sobre los volúmenes extraídos, además del impuesto sobre la renta aplicable a la actividad, tradicionalmente más alto que el de otros sectores.

Con un precio de referencia de 70 dólares por barril, una regalía del 30% equivaldría por sí sola a 21 dólares por barril.

La cifra anunciada es aproximadamente una séptima parte de eso.

Cuatro explicaciones posibles

La diferencia no significa necesariamente que el acuerdo sea desventajoso. Significa que la cifra requiere una explicación que el comunicado no da, y hay al menos cuatro caminos.

Uno · La regalía no es un tributo. Es la explicación más probable y la más técnica. Según la doctrina predominante, la regalía no tiene naturaleza tributaria: es una contraprestación patrimonial que el Estado percibe como propietario del recurso, no como poder fiscal. Si el comunicado usa «tributos» en sentido estricto, la cifra excluiría la regalía y la participación total del Estado sería sustancialmente mayor.

Dos · Valor presente. La cifra podría estar descontada a valor de hoy, lo que reduce de manera considerable un flujo que se percibe a lo largo de décadas.

Tres · No toda la reserva se produce. El potencial probado no equivale al volumen que efectivamente se extraerá en el período del acuerdo. Si los tributos corresponden a la producción prevista y no a la reserva total, el divisor correcto sería menor y el resultado por barril, mayor.

Cuatro · Supuestos de precio y costo distintos. Los tributos se calculan sobre bases imponibles que descuentan costos, y el precio de referencia empleado no se conoce.

Por qué importa saber cuál

Porque de eso depende una cifra que sí es comprensible para cualquiera: cuánto recibe Venezuela por cada barril que sale.

Si la cifra anunciada es la participación total del Estado, la operación tendría una participación fiscal muy por debajo de los estándares del sector.

Si la cifra excluye la regalía, como sugiere la lectura técnica más plausible, la participación real sería considerablemente mayor y el número anunciado estaría describiendo solo una parte.

Las dos lecturas son compatibles con el texto publicado. Esa ambigüedad es, en sí misma, el problema.

La pregunta que lo resuelve

Una sola, y admite respuesta en una línea: ¿qué porcentaje de regalía y qué alícuota de impuesto se pactaron?

Con esos dos números, cualquiera puede calcular lo demás. Sin ellos, ninguna cifra agregada permite evaluar el acuerdo, ni a favor ni en contra.

Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde →

Fuentes principales: Comunicado oficial del Gobierno venezolano del 28 de agosto de 2026. Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela, régimen de regalía. Doctrina sobre la naturaleza jurídica de la regalía petrolera.

El acuerdo abarca diecisiete campos que nadie ha identificado

Es el primer dato sobre el alcance físico de la operación. Y es el que más cambia según cuál sea la respuesta.

El comunicado venezolano menciona diecisiete campos estratégicos. No dice cuáles.

Es el primer dato sobre el alcance físico de la operación y también el que más cambia el resultado según cuál sea la respuesta.

No todos los campos son iguales

En Venezuela conviven realidades geológicas muy distintas y cada una tiene su propia economía.

Los campos convencionales del occidente y el oriente producen crudos livianos y medianos. Muchos están desarrollados desde hace décadas, con infraestructura existente aunque deteriorada. Rehabilitarlos es comparativamente rápido y barato, y genera producción temprana.

Los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco concentran la mayor parte de las reservas probadas del país. Producirlos exige mejoramiento o mezcla con diluentes, consumo intensivo de electricidad y una infraestructura que en buena medida hay que construir. Es lo más caro y lo más lento.

Diecisiete campos convencionales rehabilitables y diecisiete bloques de faja son dos programas completamente distintos, con calendarios y costos que no se parecen.

Por qué esto acota las demás cifras

Un estudio publicado en agosto de 2026 por el Oxford Institute for Energy Studies recomienda una secuencia precisa: empezar por los crudos de menor viscosidad, los campos ya desarrollados y la rehabilitación de campos convencionales, para generar producción temprana y flujo de caja antes de expandirse hacia la recuperación térmica.

Si los diecisiete campos siguen esa secuencia, la producción llegaría antes y con menos capital inicial. Si se concentran en la faja, el cronograma se alarga y la inversión anunciada rinde menos barriles por dólar.

De ahí que la promesa de reducción del precio de la gasolina, la cifra de tributos y el calendario de empleo dependan todos de una lista que no se ha publicado.

Lo que la lista permitiría verificar

Con los nombres de los campos, cualquier analista podría comprobar en fuentes públicas cuatro cosas.

Qué producción tuvieron históricamente y cuánta tienen hoy.

Qué reservas se les atribuyen y de qué tipo de crudo.

Qué infraestructura asociada existe y en qué estado.

Y si están libres o comprometidos en asociaciones previas, algunas con socios de terceros países.

Ese último punto es el más delicado y el menos mencionado: varios campos venezolanos operan bajo empresas mixtas con participación extranjera. Cualquier reasignación afectaría derechos existentes.

La pregunta

Diecisiete es un número. La lista es la información.

Para seguir leyendo: Siete preguntas que el anuncio no responde →

Fuentes principales: Comunicado oficial del Gobierno venezolano del 28 de agosto de 2026. Orlando Ochoa, «Venezuela’s Oil and Gas Industry: The Challenge of Sustainable Recovery», Oxford Institute for Energy Studies, agosto de 2026.