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Durante cinco días se ha discutido sobre un documento que nadie ha leído. La firma cambia eso, aunque el texto no se publique.
El órgano que respalda el contrato es el mismo que designa a quienes decidirían sobre su validez.
Son dos actos parlamentarios distintos, con forma, contenido y efectos distintos. Y solo uno de los dos satisface la exigencia constitucional.
Cinco días entre la primera y la segunda discusión. Se corrigió la proporción de integrantes y no se tocó la adscripción del órgano.
Su posición no es rechazo ni respaldo. Es que el negocio es necesario, las condiciones legales no existen y quien firma no tiene mandato para hacerlo.
Están en Medio Oriente, Canadá, Estados Unidos, Colombia y México. Ninguno de los dos comunicados oficiales los menciona.
La reserva está probada. Lo que no está resuelto es cuánto de ella se puede sacar, y ese es el número que decide el negocio.
Es la lección que más directamente se aplica a la discusión de hoy sobre la permanencia de Venezuela en la OPEP.
Expresó confianza en la jefa de la delegación opositora y puso una condición: que los magistrados se escojan por credenciales y no por cuotas.
La reserva estratégica es un inventario de emergencia. Llenarla es una compra, no un obsequio, y esa distinción tiene consecuencias.