La Corte de Apelaciones de Carabobo citó a audiencia en el caso de Juan Carlos Caguaripano y 22 coacusados, condenados a 30 años. El exfiscal Zair Mundaray denuncia que el objetivo es confirmar la sentencia.

Una audiencia y una denuncia

El exfiscal Zair Mundaray denunció en X, el jueves 22 de octubre de 2026, que el presidente del Circuito Judicial Penal de Carabobo, Carlos Alberto Bonilla, convocó una audiencia para el miércoles 28 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en la Sala 2 de la Corte de Apelaciones, con el objetivo de confirmar la sentencia contra el capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott y 22 coacusados. Mundaray publicó la boleta de notificación, fechada en Valencia el 19 de octubre de 2026, y acusó a Bonilla de parcialidad. El tribunal no ha respondido a esa acusación.

El caso es el del asalto al Fuerte Paramacay, en Carabobo, en agosto de 2017. Caguaripano fue detenido el 11 de agosto de 2017 y condenado el 19 de diciembre de 2025, con el resto de los acusados, a 30 años de prisión, la pena máxima. Su defensa y su familia han denunciado torturas e irregularidades procesales; su esposa, Irene Olazo, ha pedido que el caso sea incluido en la Ley de Amnistía.

Un expediente que vuelve

No es la primera vez que la Corte revisa el expediente. El 26 de agosto de 2026 celebró una audiencia de más de seis horas, demorada por fallas eléctricas en los centros de reclusión desde donde algunos acusados debían conectarse, y se dio diez días para decidir. Desde entonces no se ha conocido decisión pública. Lo que falta saber es si la nueva audiencia resolverá los recursos de la defensa o, como denuncia Mundaray, servirá para ratificar la condena. La Corte tiene tres caminos: confirmar, modificar o anular la sentencia. En agosto, el coordinador de Foro Penal en Carabobo, Luis Armando Betancourt, planteó ante la sala puntos de mero derecho y denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Que la decisión no se haya conocido en casi dos meses, pese al plazo de diez días, es en sí mismo un dato sobre el funcionamiento del circuito.

El contexto: 322 presos políticos

El caso se inscribe en una cifra que no baja al ritmo de los anuncios. Foro Penal contabilizaba 322 presos políticos al 5 de octubre de 2026: 182 civiles y 140 militares; 152 condenados y 170 sin condena. La presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo en agosto de 2026 que al menos 1.046 personas habían sido liberadas desde enero; el Gobierno niega que haya presos políticos.

La libertad plena de los presos políticos fue una de las cuatro exigencias de la movilización opositora del 22 de octubre de 2026, y la mesa de Caracas no ha acordado un mecanismo para los casos militares. El caso Paramacay, con 23 procesados y una condena máxima, es uno de los que mejor medirán si la Ley de Amnistía alcanza a ese grupo.

Esta nota recoge información sobre un proceso judicial en curso. Los procesados mantienen los derechos y garantías que les reconoce la ley, y la información de denuncias atribuidas no constituye una determinación sobre los hechos.

Fuentes principales

• Zair Mundaray en X, 22 de octubre de 2026
• Audiencia del caso Paramacay, 26 y 27 de agosto de 2026 — eldiario.com, aporrea.org
• Verificación sobre Caguaripano, 23 de agosto de 2026 — eldiario.com
• Foro Penal, balance al 5 de octubre de 2026 — eldiario.com

FIRMAS · ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN

La Asamblea Nacional designó el 22 de octubre a los doce civiles que, junto a once diputados, preseleccionarán al nuevo TSJ. Para Bellorín, el problema no son los nombres sino el origen: la sociedad civil participa por sí misma, no la nombran los diputados. El artículo 5 de la Constitución, dice, no deja otra lectura.

Desde 2004 comencé a escribir sobre el secuestro del Poder Judicial por parte de la Asamblea Nacional. En ese mismo expediente cursa, desde entonces, el secuestro de la sociedad civil que debe integrar el Comité de Postulaciones Judiciales. Todo lo anterior, a tenor del malogrado mandato del artículo 270 de la Constitución:

«El Comité de Postulaciones Judiciales es un órgano asesor del Poder Judicial para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia. […] El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley».

Vuelvo a escribir sobre el tema a propósito de la designación que efectuó este 22 de octubre la Asamblea chavista: doce personas elegidas que, según ellos, representan a la sociedad civil en el actual Comité de Postulaciones Judiciales. Más de lo mismo.

Insisto, y lo seguiré expresando, en que esto nada tiene que ver con el mandato constitucional que lo rige. Aquí trataré de explicarlo de una forma diferente a la de mis anteriores escritos.

Representar y participar

Los términos «sociedad civil» y «sociedad política» están necesariamente vinculados a los de «representatividad» y «participación». Son dos caras de la misma moneda.

La representatividad es la manifestación esencial del ejercicio indirecto de la soberanía mediante el sufragio. En forma didáctica: te elijo para que me representes en tal órgano. En Venezuela, ese ejercicio comprende solo los órganos de dos poderes públicos, el Legislativo y el Ejecutivo.

Al ser esa una premisa irrefutable, se infiere que la participación pasa a ser la manifestación esencial del ejercicio directo de la soberanía. La sociedad civil que participa en los comités de postulaciones es un ejemplo. No es ni puede ser sociedad política.

Lo que manda el artículo 5

¿O existe otra explicación racional para entender lo que ordena el artículo 5, entre los Principios Fundamentales de la Constitución?

«La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos».

No hay que perder de vista, en forma especial, la frase «los órganos del Estado emanan de la soberanía popular». No es una opinión de quien escribe: es un mandato constitucional. Es un principio que el poder político se niega a aceptar.

Al ser así, debemos preguntarnos:

¿Debe ese ejercicio directo de la soberanía estar subordinado a los funcionarios a quienes el sufragio otorgó la cualidad de representación en los dos poderes representativos?

¿Necesita la sociedad civil que la sociedad política nombre a sus representantes?

Son algunas de las interrogantes que planteo para ver si estimulan a quienes creen conocer el tema a dar inicio al verdadero debate dialéctico que requiere la República.

Elegidos por quien no debía

Por supuesto, me refiero a la legitimidad de esos mal llamados «representantes de la sociedad civil». No fueron elegidos por la sociedad civil, sino por los diputados de una Asamblea Nacional a quienes se otorgó representación únicamente para cumplir funciones como órgano del Poder Legislativo. Diputados obligados, por esa condición, a representar allí, en la Asamblea Nacional, a los electores de los territorios que los eligieron.

En estos momentos de presunta transición y de algo de libertad de expresión, todos los venezolanos medianamente instruidos sabemos que esos diputados no deberían estar en el Comité de Postulaciones Judiciales. Pero la realidad es que están allí, y van a seguir designando a sus fichas para continuar con el Poder Judicial secuestrado.

Sin embargo, a pesar de esa dolorosa circunstancia, con la verdad sostenida en la racionalidad conocida, no se debe temer. No expresarlo es complicidad, y aseguro que por mi parte no habrá resignación cómplice.

¡No voy a soltar el expediente!

Caracas, 22 de octubre de 2026.

Ángel Alberto Bellorín es abogado, especialista, magíster y doctor en Derecho Constitucional.

Para leer más en INCÍSOS

1. La AN suma doce civiles al filtro del nuevo TSJ: quiénes son los doce, quién los postuló y lo que todavía no es público.
2. Qué se necesita para ser magistrado del nuevo TSJ: los requisitos de la Constitución y la propuesta de un baremo público.
3. De barbaridades y lecciones: la columna anterior de Ángel Alberto Bellorín, sobre el artículo 263.

Fuentes principales: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 5 y 270).

FIRMAS · JOSÉ VICENTE CARRASQUERO

Washington no ha puesto una fecha para votar en Venezuela. Ha puesto condiciones, y sus propios documentos dejan ver en qué orden van: el dinero, la etiqueta, la deuda, el árbitro y las sanciones. Ninguno de los cinco bloques está cerrado. El que marca el reloj es la deuda, y tiene una fecha en el calendario: el 5 de noviembre.

Esta columna adapta la entrega más reciente de Política sin pasiones, el espacio en video del autor.

En la Casa Blanca ya se habla más de elecciones en Venezuela en 2028 que en 2027. Lo publicó Axios el 23 de septiembre, y para entender por qué no hace falta ninguna fuente anónima. Hay un papel del Departamento del Tesoro que cualquiera puede leer y que dice dónde está el reloj de las elecciones. Casi nadie lo ha leído. Pero ese papel no se entiende solo.

Washington no ha puesto una fecha. Ha puesto condiciones, y los documentos dejan ver en qué orden van. Yo los leo en cinco bloques, y todos tienen que moverse antes de que alguien vote. Uno de ellos tiene una fecha marcada: el 5 de noviembre. Al final de esta columna, el lector tendrá cinco señales para seguir el proceso por su cuenta, sin tener que creerle a nadie. Empiezo por el bloque más avanzado, porque ahí está el dinero.

1. El dinero: la caja que nadie ha abierto

Antes de tocar nada político, Washington tomó la caja. En enero de 2026, la orden ejecutiva 14.373 creó cuentas en el Tesoro de EE.UU. a las que entra el dinero del petróleo venezolano, que Washington guarda como custodio. Las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) obligan a las empresas a pagar en esas cuentas lo que le deben al Estado venezolano o a PDVSA.

Hay dos números que conviene poner uno al lado del otro. En abril, Michael Kozak, del Departamento de Estado, le dijo al Congreso que se habían transferido a Venezuela unos 3.000 millones de dólares. Donald Trump, por su parte, ha dicho que se han recaudado más de 13.000 millones. Esos números no se contradicen: uno es lo que salió y el otro, lo que entró. La diferencia es justamente lo que nadie ha explicado.

¿Quién vigila esa caja? Marco Rubio le dijo al Congreso que la firma KPMG audita cada desembolso. Pero el Tesoro no ha publicado saldos ni informes de auditoría. En abril, legisladores pidieron una auditoría a la Government Accountability Office (GAO), el órgano de control del Congreso, y la GAO confirmó que la revisión está en curso.

La señal: el día que se publique un informe de KPMG, el resultado de la GAO o un saldo oficial, sabremos cuánto hay en la caja. Hasta entonces, el bloque más avanzado es también el más opaco.

2. La etiqueta: Washington habla con dos voces

La caja no es la única palanca. La otra es cómo Washington llama al chavismo, y ahí hay un número que llama la atención: 32. La acusación de 2020 contra Nicolás Maduro mencionaba 32 veces al Cártel de los Soles. La acusación ampliada de enero de 2026 lo menciona dos veces, y ya no lo describe como un cártel sino como un «sistema de patronazgo». No es el único cambio: la evaluación anual de amenazas de 2026 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional ni siquiera lo nombra.

Cuidado, sin embargo, con la conclusión fácil. Esto no significa que Washington vaya a quitar etiquetas. El 17 de septiembre, el Departamento de Estado dijo que su evaluación no ha cambiado. La designación del Cártel de los Soles como organización terrorista sigue vigente, y también las recompensas: 25 millones de dólares por Diosdado Cabello y 15 millones por Vladimir Padrino López. Lo que hay es un cambio de lenguaje en unas oficinas y no en otras. Washington habla con dos voces, y eso tiene una función: mientras la etiqueta siga puesta, es presión sobre quienes se sientan a negociar.

La señal: cualquier cambio en el lenguaje del Departamento de Estado, en una dirección o en la otra. Si se endurece, la presión sube. Si se afloja, sabremos que algo se negoció.

3. La deuda: el bloque que pone el reloj

Ahora sí, el papel del Tesoro del que hablé al principio, porque este tercer bloque decide cuándo llegan todos los demás. Se llama Licencia General 58. La emitió la OFAC en mayo y no habla de elecciones: habla de deuda. Funcionarios estadounidenses citados por Axios sostienen que la reestructuración de la deuda debe preceder a las elecciones. «El país no puede salir adelante hasta que eso se resuelva», dijo uno de ellos.

¿De cuánta deuda hablamos? Reuters la estima entre 150.000 y 200.000 millones de dólares; Axios habla de unos 300.000 millones. La Licencia 58 permite a Venezuela contratar asesores para esa deuda. Pero hay que leer bien lo que no dice: no autoriza a negociar con los acreedores. Esa puerta tiene que abrirla el Tesoro con otra licencia, y todavía no la ha abierto. Tampoco se ha cerrado la venta de Citgo, la refinadora venezolana en EE.UU.

Y aquí está la fecha. El 5 de noviembre es el día en que otra licencia, la 5Z, empieza a autorizar las operaciones con el bono PDVSA 2020, que está respaldado por una garantía sobre el 50,1 % de las acciones de Citgo Holding. No es una fecha de venta de Citgo; esto lo digo yo, no un documento. Pero si las elecciones esperan a la deuda, y la deuda espera una licencia, ya sabemos dónde está el reloj.

La señal: una licencia que autorice negociar con los acreedores, y lo que ocurra con el bono PDVSA 2020 a partir del 5 de noviembre.

4. El árbitro: se movió el judicial, falta el electoral

Aunque el reloj corra, alguien tiene que arbitrar la carrera. Y el primer árbitro ya se movió, aunque no es el que muchos esperaban. No fue el electoral, fue el judicial. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia está vigente desde su publicación en la Gaceta Oficial 7.074, del 15 de septiembre, y abrió la renovación de todos los magistrados principales y suplentes. El Comité de Postulaciones tiene ya sus 12 miembros de la sociedad civil y 11 diputados.

¿Y el árbitro electoral? Ahí Washington pone condiciones, no fechas. Rubio exige un CNE nuevo, prensa libre, espacio para los partidos y voto en el exterior. Esas condiciones no se reciben de brazos cruzados: las fuerzas democráticas las están negociando. Lo que falta es el nuevo CNE. Según Reuters, una vez instalado, el proceso electoral tomaría cerca de un año. Es una estimación, no un plazo legal.

¿Y la fecha del 24 de julio de 2027 que circula? No la ha propuesto el Ejecutivo de EE.UU. El Center for Strategic and International Studies plantea además otro escenario: elecciones regionales o parlamentarias antes que las presidenciales. Yo no comparto totalmente esa evaluación.

La señal: el día que se instale el nuevo CNE. Ese día el reloj electoral empieza a correr de verdad.

5. Las sanciones: un pago por pasos, con un posible candado

Queda el último bloque, y es el único en el que Washington podría perder el control de su propio plan, porque no depende solo de la Casa Blanca. Las sanciones se están levantando una a una, como pago por pasos concretos. El 14 de octubre, el Tesoro sacó de su lista de sancionados al presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez. La OFAC confirmó la exclusión, pero no explicó sus motivos. En declaraciones a Efecto Cocuyo, el profesor Juan Manuel Trak vinculó ese levantamiento con la entrega de Álvaro Pulido. Es la lectura de un analista, no una explicación oficial.

Ese pago tiene un posible límite, y está en el Congreso. Se llama H.R. 8595, la ley de presupuesto del Departamento de Estado para el año fiscal 2027. La Cámara de Representantes la aprobó el 15 de julio por 217 votos contra 209, y está en el Senado desde finales de julio. Una de sus cláusulas prohíbe usar los fondos de esa ley para negociar o facilitar el levantamiento de sanciones a Venezuela, salvo que el secretario de Estado certifique que hubo elecciones libres.

Esa cláusula no le quita las llaves a la Casa Blanca: le pone un candado a una de ellas. Y es el Senado el que decide si el candado se queda.

La señal: qué pasa con esa ley en el Senado después de las elecciones del 3 de noviembre en EE.UU., y si la cláusula sobrevive en el texto final.

El tablero

Vistos uno por uno, los cinco bloques parecen noticias sueltas. Juntos son otra cosa, y muestran algo que ningún titular dice: ninguno de los cinco está cerrado. El más avanzado es el dinero. El que pone el reloj es la deuda.

1. El dinero. Avanzando. Falta un informe de auditoría o un saldo oficial.
2. La etiqueta. Dos voces. Hay que vigilar si el Departamento de Estado cambia su lenguaje.
3. La deuda. Apenas empieza. Falta una licencia para negociar con los acreedores. Y hay que mirar el 5 de noviembre.
4. El CNE y las elecciones. Apenas empieza. Falta instalar el nuevo CNE.
5. Las sanciones. En curso. Falta ver qué hace el Senado con la ley de presupuesto después del 3 de noviembre.

Quien espera una fecha, cree. Quien mira estas cinco señales, analiza. No digo que la transición esté garantizada. Digo cómo saber si avanza.

José Vicente Carrasquero es politólogo y profesor universitario. Conduce el espacio de análisis Política sin pasiones.

Para leer más en INCÍSOS

1. Figuera reveló que las sanciones se cruzan en la mesa de garantías: el chavismo cobra las garantías en una moneda que solo emite Washington.
2. Washington dice que no pondrá fechas fijas a la elección venezolana: de dónde viene la «fase uno».
3. La AN suma doce civiles al filtro del nuevo TSJ: el comité que preseleccionará al nuevo Tribunal Supremo.

Fuentes principales: Política sin pasiones, «Estado del tablero»; Axios (23 de septiembre de 2026); OFAC, Licencia General 58, vía Baker McKenzie; Finanzas Digital, sobre la Licencia General 5Z; Cámara de Representantes, votación 247 sobre H.R. 8595 (15 de julio de 2026); Chequeado, sobre la acusación contra Maduro; Latin Times, sobre la caja petrolera; Mayer Brown, sobre la orden ejecutiva 14.373; El Diario, sobre la Gaceta 7.074.