POLÍTICA · DIPLOMACIA

La presidenta encargada Delcy Rodríguez hablará el lunes 12 de octubre de 2026 en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, en Roma. Su hermano Jorge anunció que Venezuela recuperó su asiento pleno en la Unión Interparlamentaria, perdido desde 2019.

Delcy Rodríguez viajará a Roma para participar el lunes 12 de octubre de 2026 en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO, que se celebra hasta el 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. Pronunciará un discurso. Entre los asistentes figuran el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; el dominicano Luis Abinader y Miguel Díaz-Canel.

El mismo miércoles 7, Jorge Rodríguez anunció que Venezuela reingresó «con derecho pleno» a la Unión Interparlamentaria (UIP), la organización mundial de parlamentos. La decisión se tomó en la 153.ª Asamblea de la UIP, que sesiona en Tanzania del 5 al 9 de octubre. «Estamos de nuevo con derecho pleno y haciendo escuchar la voz del Parlamento venezolano», dijo.

Venezuela había quedado relegada en la UIP desde 2019, tras las denuncias por el debilitamiento del Parlamento electo en 2015 y la creación de la Asamblea Constituyente de 2017. Rodríguez atribuyó la exclusión a «la diatriba política y la polarización extrema».

Análisis: legitimidad hacia afuera

Los dos anuncios van en la misma dirección: el gobierno encargado gana espacios internacionales antes de ganar legitimidad electoral. La FAO es un escenario técnico, pero la foto en Roma cuenta. La UIP es más delicada: es el foro que durante años documentó el desmantelamiento de la Asamblea Nacional de 2015, la misma que ahora se sienta a negociar con Jorge Rodríguez.

Criterio: tres pruebas

1. El discurso de Roma: si Delcy Rodríguez menciona la transición o las elecciones.
2. La UIP: si la readmisión incluye compromisos sobre el Parlamento.
3. La agenda: si a estos viajes siguen otros, y con qué gobiernos.

Fuentes principales: Infobae y EFE, 7 de octubre de 2026; Analítica, 7 de octubre de 2026; El Nacional y Efecto Cocuyo, 7 de octubre de 2026.

EE.UU. · INMIGRACIÓN

La Corte Suprema aceptó el 1 de octubre de 2026 revisar la política que permite a ICE retener sin audiencia de fianza a inmigrantes que llevan años en el país. Mientras tanto, en Ohio un juez ordenó liberar a un haitiano de Springfield, y en Boston otro frenó multas de hasta 1,8 millones de dólares.

La Corte Suprema aceptó el jueves 1 de octubre de 2026 revisar si el gobierno puede mantener detenidos sin audiencia de fianza a inmigrantes que viven en Estados Unidos desde hace años y que entraron sin permiso. El caso es Rhoney contra Barbosa da Cunha: un brasileño que llegó hacia 2004 y fue detenido en 2025 en un control de tránsito en Massachusetts. Lo representa la ACLU.

Desde julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional trata a esas personas como «solicitantes de admisión», una categoría que, según el gobierno, obliga a detenerlas mientras dura su caso. Un juez del Segundo Circuito la llamó «el mandato de detención masiva sin fianza más amplio de la historia de nuestra nación». Nueve de once tribunales de apelaciones fallaron en contra; el Quinto y el Octavo la avalaron. Los argumentos serían a comienzos de 2027 y la decisión, antes de julio.

En Ohio

El 30 de septiembre, el juez federal Michael Barrett, del Distrito Sur de Ohio, ordenó a ICE liberar en una semana a Elisthene Petit Kat, haitiano de Springfield, o darle una audiencia de fianza. Petit Kat entró con permiso humanitario en junio de 2023, pidió asilo y fue detenido el 15 de agosto tras un control policial en North Hampton, condado de Clark, donde la policía colabora con ICE bajo un acuerdo 287(g). Está en la cárcel del condado de Butler, junto con otros haitianos que impugnan su detención.

En Boston y en Minnesota

El lunes 5 de octubre, el juez George O’Toole, en Boston, suspendió las multas de hasta 1,8 millones de dólares que el gobierno impone a migrantes que no salen del país tras una orden de deportación: los demandantes, escribió, enfrentan «multas enormes muy por encima de su capacidad de pago». En Minnesota, abogados denuncian que ICE vuelve a arrestar en la puerta del tribunal a personas que un juez acaba de liberar.

Criterio: tres pruebas

1. Petit Kat: si ICE lo libera o le da la audiencia antes del plazo.
2. La fecha de argumentos: cuándo fija la Corte la audiencia del caso.
3. Las multas: si el gobierno apela la suspensión de Boston.

Fuentes principales: CNN vía KEYT, Scripps News y GV Wire, 1 de octubre de 2026; Dayton Daily News, 5 de octubre de 2026; Hoodline, 6 de octubre de 2026; Jurist y The Daily Record, 6 de octubre de 2026; MPR News, 5 de octubre de 2026.

En una entrevista transmitida el 7 de octubre de 2026 por El Canal de Nitu, la exmagistrada Bárbara César afirmó que fue “coaccionada” para suscribir las sentencias de inhabilitación política de opositores, entre ellas la de María Corina Machado. Dijo que la orden directa de firmar “nuevamente” esas decisiones se la dio la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el 26 de enero de 2024, y que previamente esos fallos habían sido firmados el 22 de diciembre de 2023. Aseguró además que, de acuerdo con lo que se decía internamente, las instrucciones generales llegaban “directamente” de Nicolás Maduro y Cilia Flores a través de los presidentes de sala.

“Me obligaron, fue una coacción”, sostuvo. Consultada por qué la habrían presionado a ella, respondió que sus votos salvados la hacían “incómoda” y que se temía que no acompañara una sentencia “de esa magnitud”. Recalcó que no era la ponente en el caso de Machado ni de Henrique Capriles, que no vio el expediente y que el ponente en la Sala Político Administrativa era el magistrado Malaquías Gil Rodríguez. Atribuyó su firma a la coacción, no a convicción jurídica.

Durante el programa, la conductora Nitu Pérez Osuna presentó la confesión como confirmación de que “María Corina nunca estuvo inhabilitada”. Esa conclusión fue enmarcada como interpretación editorial del espacio y como parte del debate jurídico abierto. El abogado y coanfitrión Alfredo Llanes recordó un artículo de opinión citado en el programa que invocaba los artículos 65, 289 y 334 de la Constitución para sostener que aquellas inhabilitaciones no estaban apegadas a derecho. No obstante, César evitó pronunciarse de fondo más allá de reiterar que, “en buen derecho”, un tribunal decide sin injerencias y que en este caso ella firmó bajo presión.

La exmagistrada insistió en que su testimonio no busca “victimizarse” ni recibir elogios, sino describir cómo, a su juicio, operó la subordinación de la justicia al poder político. Admitió “miedo” y subrayó que la crisis alcanzó a su familia. La audiencia del programa expresó escepticismo en los comentarios; muchos dijeron no creerle y la acusaron de intentar limpiar su imagen. César pidió disculpas “aunque no me crean” y defendió que contar lo ocurrido puede ayudar a reparar el daño.

Contexto y relevancia pública. La entrevista aporta, por primera vez en voz de una integrante de la última conformación del TSJ, una atribución nominal de órdenes y un dato procesal clave (fechas de firma) sobre las inhabilitaciones de alto impacto político. Son señalamientos graves que, por su propia naturaleza, requieren investigación independiente y eventuales corroboraciones documentales. Mientras tanto, constituyen indicios relevantes para evaluar la independencia judicial, la validez de decisiones que afectaron derechos políticos y la cadena de mando en el sistema de justicia venezolano.

Declaraciones vs. hechos: todo lo anterior corresponde a lo dicho por Bárbara César en El Canal de Nitu el 7 de octubre de 2026. La verificación documental de expedientes, actas de firma y comunicaciones internas del TSJ no fue presentada en el programa.