En una entrevista transmitida el 7 de octubre de 2026 por El Canal de Nitu, la exmagistrada Bárbara César afirmó que fue “coaccionada” para suscribir las sentencias de inhabilitación política de opositores, entre ellas la de María Corina Machado. Dijo que la orden directa de firmar “nuevamente” esas decisiones se la dio la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, el 26 de enero de 2024, y que previamente esos fallos habían sido firmados el 22 de diciembre de 2023. Aseguró además que, de acuerdo con lo que se decía internamente, las instrucciones generales llegaban “directamente” de Nicolás Maduro y Cilia Flores a través de los presidentes de sala.

“Me obligaron, fue una coacción”, sostuvo. Consultada por qué la habrían presionado a ella, respondió que sus votos salvados la hacían “incómoda” y que se temía que no acompañara una sentencia “de esa magnitud”. Recalcó que no era la ponente en el caso de Machado ni de Henrique Capriles, que no vio el expediente y que el ponente en la Sala Político Administrativa era el magistrado Malaquías Gil Rodríguez. Atribuyó su firma a la coacción, no a convicción jurídica.

Durante el programa, la conductora Nitu Pérez Osuna presentó la confesión como confirmación de que “María Corina nunca estuvo inhabilitada”. Esa conclusión fue enmarcada como interpretación editorial del espacio y como parte del debate jurídico abierto. El abogado y coanfitrión Alfredo Llanes recordó un artículo de opinión citado en el programa que invocaba los artículos 65, 289 y 334 de la Constitución para sostener que aquellas inhabilitaciones no estaban apegadas a derecho. No obstante, César evitó pronunciarse de fondo más allá de reiterar que, “en buen derecho”, un tribunal decide sin injerencias y que en este caso ella firmó bajo presión.

La exmagistrada insistió en que su testimonio no busca “victimizarse” ni recibir elogios, sino describir cómo, a su juicio, operó la subordinación de la justicia al poder político. Admitió “miedo” y subrayó que la crisis alcanzó a su familia. La audiencia del programa expresó escepticismo en los comentarios; muchos dijeron no creerle y la acusaron de intentar limpiar su imagen. César pidió disculpas “aunque no me crean” y defendió que contar lo ocurrido puede ayudar a reparar el daño.

Contexto y relevancia pública. La entrevista aporta, por primera vez en voz de una integrante de la última conformación del TSJ, una atribución nominal de órdenes y un dato procesal clave (fechas de firma) sobre las inhabilitaciones de alto impacto político. Son señalamientos graves que, por su propia naturaleza, requieren investigación independiente y eventuales corroboraciones documentales. Mientras tanto, constituyen indicios relevantes para evaluar la independencia judicial, la validez de decisiones que afectaron derechos políticos y la cadena de mando en el sistema de justicia venezolano.

Declaraciones vs. hechos: todo lo anterior corresponde a lo dicho por Bárbara César en El Canal de Nitu el 7 de octubre de 2026. La verificación documental de expedientes, actas de firma y comunicaciones internas del TSJ no fue presentada en el programa.

Más allá de las inhabilitaciones, la exmagistrada Bárbara César trazó en El Canal de Nitu (7/10/2026) un mapa de funcionamiento de la justicia marcado por la coacción y la subordinación. Aseguró que, durante casi una década en el TSJ, observó cómo la “superioridad” o “alto nivel” decidía por encima de jueces y magistrados —una práctica que, dijo, se consolidó desde el “efecto Afiuni”— y que eso alcanzó decisiones tan sensibles como las boletas de excarcelación: “hay un alto nivel que decide por encima de los jueces y ahí se queda”.

Relató que la cultura del miedo se extendió: fiscales que se volvían “el terror de los jueces” —según su recuerdo—, defensores públicos que no visitaban a sus defendidos pese al mandato legal y sentencias del propio TSJ que nunca se cumplían en la administración pública. Calificó al sistema de justicia con una nota de “0 sobre 20”.

En el plano más duro, vinculó la represión a nombres y prácticas. Denunció que sus hermanos —detenidos en el caso conocido como “Brazalete Blanco”— pasaron 965 días sin acceso a defensa privada y que los defensores públicos asignados “nunca” los visitaron en el Rodeo I. Señaló al funcionario de la DGCIM Alexander Granco como quien habría ordenado torturas en ese expediente. Subrayó que no tenía competencia penal en el TSJ, pero afirmó que “las órdenes superiores” permeaban todo el sistema.

Como salida, invitó a jueces, fiscales y defensores a usar los mecanismos de la ONU (procedimientos especiales) para denunciar violaciones a la independencia judicial de forma segura y masiva. “Si coaccionan a un magistrado, ¿qué queda para el alguacil?”, preguntó el coanfitrión Alfredo Llanes, apuntalando la idea de que el problema es estructural.

Por qué importa. Si lo narrado se corrobora, describe un patrón: interferencia política en decisiones jurisdiccionales, omisiones deliberadas de órganos de defensa, desobediencia de excarcelaciones y prácticas de tortura. Todo ello afecta derechos fundamentales (debido proceso, integridad personal y libertad) y compromete la legitimidad de la justicia. El llamado de César a documentar y denunciar internacionalmente, si prospera, podría abrir un cauce probatorio sobre la escala real de estas dinámicas.

Nota editorial: los hechos y nombres aquí referidos provienen de la entrevista del 7 de octubre de 2026. Corresponde a investigaciones independientes determinar responsabilidades penales y administrativas.

La trayectoria de Bárbara César fue parte sustantiva de la conversación. Contó que inició como defensora pública en 2005, luego fue jueza —itinerante, temporal y provisorio— y, más tarde, magistrada. Rechazó que su carrera respondiera a militancia política o “palancas” familiares, pese a su entorno militar. Dijo que participó en concursos y que, por productividad, asumió coordinaciones. También relató prácticas de la administración pública como la obligación de asistir a marchas, que calificó de arbitrarias y punitivas para quienes se negaban.

Sobre decisiones polémicas previas a su llegada a la Sala Político Administrativa, detalló el expediente de difamación impulsado por Diosdado Cabello contra Tal Cual. Explicó que, al verificar requisitos formales, admitió la demanda y acordó medidas cautelares (prohibición de salida y presentaciones periódicas), sin orden de terceros: “como jueza, yo las aprobé; nadie me dio la instrucción ni fui coaccionada”. Subrayó que no llegó a sentenciar el fondo y que su auto fue apelado, como permite la ley.

Ya como magistrada, asegura que comenzó a salvar votos en asuntos que “no eran del agrado” de la superioridad. Sostiene que eso la puso bajo sospecha y derivó en la coacción que ahora denuncia. En paralelo, la audiencia del programa se mostró mayoritariamente incrédula y le reprochó el silencio prolongado. César respondió con disculpas, pidió comprensión sobre el “miedo” instalado en el sistema y defendió que su testimonio puede servir para que otros operadores “se empoderen”.

Clave editorial. La propia voz de César permite distinguir dos periodos en su carrera: uno en el que reivindica decisiones adoptadas bajo su criterio jurídico y otro en el que afirma haber enfrentado presiones hasta quebrar su autonomía. El contraste obliga a mirar sus expedientes con lupa: ni sus argumentos de entonces la eximen automáticamente de responsabilidad, ni su denuncia actual invalida por sí sola todo lo que firmó. La rendición de cuentas requerirá revisar caso por caso.