POLÍTICA · VENEZUELA · LIBERTAD DE PRENSA

Un tribunal absolvió a Luis López y Gabriel González, acusados de incitación al odio, en la misma semana en que se empezó a reformar esa ley. Es una buena noticia para ellos. Para todos los demás, el delito por el que fueron perseguidos todavía está escrito.

El Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo absolvió el 30 de septiembre de 2026 a los periodistas Luis López y Gabriel González, informó el SNTP. Ambos recuperan la libertad plena tras más de dos años y tres meses de proceso.

López fue detenido el 14 de junio de 2024 y González el 17 del mismo mes. Pasaron cerca de 19 meses presos. Salieron el 14 de enero de 2026, pero con medidas cautelares como la prohibición de salir del país y presentaciones periódicas ante el tribunal. Según EFE, estaban acusados de incitación al odio.

Contexto: la misma semana de la reforma

La absolución llega dos días después de que Delcy Rodríguez pidiera reformar la ley contra el odio por su «uso abusivo», y uno después de que la Asamblea nombrara la comisión que redactará esa reforma. El mismo 30 de septiembre, la Plataforma Unitaria exigió su derogación inmediata.

El SNTP sigue contando casos pendientes. El 28 de septiembre identificó a cinco trabajadores de la prensa con causas abiertas pese a haber sido excarcelados: Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas, Luis López, Gabriel González y Rory Branker. Tras la sentencia del miércoles quedan tres.

Análisis: absueltos, pero no a salvo

La sentencia corrige un caso. No corrige la ley. El artículo 20 sigue castigando con 10 a 20 años de cárcel la incitación al odio, y el SNTP advierte que una reforma que solo despenalice dejaría en pie las sanciones administrativas, la revocatoria de concesiones y las restricciones contra medios digitales.

Mientras la ley exista, la absolución depende de la voluntad del momento. Eso es lo que la diferencia de una garantía.

Criterio: tres pruebas

1. Los tres que faltan. Si Carrillo, Rojas y Branker reciben también el cierre definitivo de sus causas.
2. El texto de la reforma. Si elimina el delito y las sanciones a medios, o solo reduce penas.
3. Las concesiones de radio. Si se renuevan las que el SNTP cuenta como pendientes, cerca del 70 % de las emisoras del país.

Fuentes principales: SNTP, publicación en X del 30 de septiembre de 2026; EFE (vía El Carabobeño), 30 de septiembre de 2026; El Diario, 30 de septiembre de 2026; El Nacional, 28 de septiembre de 2026; Efecto Cocuyo, 17 de septiembre de 2026.

POLÍTICA · VENEZUELA · TSJ

La comisión que escogerá a los civiles del comité que preseleccionará a los magistrados la preside un almirante, excomandante de la Armada. A su lado se sienta una mayor general de Aviación, exviceministra de Defensa. El primer filtro de un poder que debería ser civil e independiente pasa por dos altos oficiales del chavismo.

La Asamblea Nacional ratificó el 29 de septiembre de 2026 al almirante Giuseppe Alessandrello como presidente de la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales. Es la misma comisión que se había instalado en mayo, cuando el plan era designar 22 magistrados; la mesa de Caracas acordó en agosto que la renovación fuera total, de 32.

Contexto: quiénes son

Alessandrello es almirante en situación de reserva activa desde el 5 de octubre de 2020. Según Control Ciudadano, fue comandante de la Infantería de Marina (2016–2018), comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (2017–2018) y comandante general de la Armada Bolivariana (2018–2020). En 2019, Canadá lo sancionó por presuntamente participar en actividades que socavan las instituciones democráticas.

Desde la Asamblea ha presidido las comisiones de postulaciones de otros poderes: la del Poder Ciudadano y, en enero de 2026, la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales, que eligió a los nuevos rectores del CNE.

A su lado se sienta Gloria Mercedes Castillo de Durán, mayor general de la Aviación Militar Bolivariana en situación de reserva activa. Fue viceministra de Planificación y Desarrollo para la Defensa hasta su llegada a la Asamblea, cargo en el que figura en los nombramientos del Ministerio de Defensa recopilados por Control Ciudadano. Hoy es diputada por la circunscripción de la Guayana Esequiba, preside la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa, de la que Alessandrello también es miembro, y es vicepresidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Irán. En mayo de 2022 creó, junto al general en jefe Jesús Suárez Chourio, un movimiento político de militares retirados, según la periodista Sebastiana Barráez.

Completan la comisión otros seis diputados del PSUV —José Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García y Liliana González— y tres de oposición: Pablo Pérez, que funge como vicepresidente, Luis Florido y Félix Freites.

Análisis: el filtro antes del filtro

En el cronograma del nuevo TSJ, la comisión de Alessandrello evalúa a quienes se postulen como representantes de la sociedad civil. Es el primer filtro de todo el proceso. Que dos de sus once miembros sean oficiales retirados del más alto rango, ligados al alto mando del chavismo, y que uno de ellos la presida, no viola ninguna norma. Pero sí dice algo sobre quién controla la puerta de entrada de un poder que debería ser civil e independiente. Los dos, además, comparten la Comisión de Seguridad y Defensa: el filtro del nuevo TSJ nace en el mismo círculo que administra la agenda militar del Parlamento.

La comisión llega, además, en un momento delicado para la justicia. El 30 de septiembre, el exfiscal Zair Mundaray denunció que el SEBIN detuvo a Daniel Dubón, asistente de la magistrada Grisell López Quintero, vicepresidenta de la Sala de Casación Penal, por presuntamente gestionar una medida cautelar para un procesado por narcotráfico en Nueva Esparta. Ni el TSJ ni el Ministerio Público lo han confirmado.

Criterio: tres pruebas

1. El baremo. Si la comisión publica los criterios con los que evaluará a los postulantes, antes del cierre del 9 de octubre.
2. Los 12 nombres. Si la lista del 15 de octubre incluye perfiles sin vínculos con el partido de gobierno ni con la Fuerza Armada.
3. La Sala Penal. Si el TSJ o la Fiscalía informan sobre la detención denunciada por Mundaray, en lugar de dejarla en el silencio.

Fuentes principales: Control Ciudadano (perfil de Giuseppe Alessandrello y nombramientos del Ministerio de Defensa); Asamblea Nacional (perfiles de diputados); Sebastiana Barráez (Movimiento Social Reserva Activa Bolivariana); Poderopedia Venezuela; El Diario, 29 de septiembre de 2026; El Pitazo, Efecto Cocuyo y Correo del Caroní, 29 y 30 de septiembre de 2026; Efecto Cocuyo, 20 de enero de 2026 (comisión preliminar del CNE); El Informador, 30 de septiembre de 2026 (denuncia de Zair Mundaray).

POLÍTICA · ESTADOS UNIDOS · CARIBE

Un juez federal dio al gobierno de Trump dos semanas para entregarle el memorando que justifica los ataques letales contra embarcaciones. Lleva un año de operaciones, antecedió a la captura de Maduro y sigue sin conocerse su base jurídica. El tribunal todavía no dice si los ataques son legales: pide ver por qué el gobierno cree que lo son.

El juez federal Paul Engelmayer, de Nueva York, dio a los departamentos de Justicia y de Defensa dos semanas para entregarle el memorando que sustenta la autoridad del presidente Donald Trump para ordenar ataques letales contra embarcaciones que Washington vincula al narcotráfico, informó Euronews el 30 de septiembre de 2026. El juez lo examinará en privado y pidió además información sobre cómo circuló el documento dentro del gobierno y qué papel tuvo en el asesoramiento al presidente.

La orden no declara ilegales los ataques ni hace público el memorando. Según la misma cobertura, el juez concluyó que el Pentágono adoptó ese documento como el marco que define los límites de su autoridad.

Contexto: un año de ataques sin base pública

Los ataques comenzaron en septiembre de 2025 en el Caribe, frente a las costas de Venezuela, y se extendieron luego al Pacífico. El memorando fue elaborado ese mismo mes por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia. El gobierno sostiene en público que EE.UU. está en un «conflicto armado» con organizaciones designadas como terroristas, pero nunca publicó el análisis jurídico que respalda esa posición.

La campaña no se detuvo con la captura de Maduro el 3 de enero de 2026. El 20 de septiembre, un ataque en el Caribe dejó cuatro muertos, según Euronews.

Análisis: la pregunta que nadie ha podido revisar

La discusión sobre estos ataques ha girado siempre sobre hechos: cuántas embarcaciones, cuántos muertos, qué pruebas había de que transportaban drogas. La orden del juez apunta a otra cosa: el razonamiento. Un documento interno del Departamento de Justicia se convirtió en la regla que decide cuándo el Ejército puede matar en aguas internacionales, y ni el Congreso en pleno ni el público han podido leerlo.

Para el lector venezolano, el tema no es lejano. La campaña de las lanchas fue el primer paso visible de la escalada que terminó el 3 de enero en Caracas, y la figura del «conflicto armado» con organizaciones criminales es la misma que el gobierno usa para el Tren de Aragua dentro de EE.UU.

Criterio: tres pruebas

1. Si el gobierno entrega el memorando en plazo o pide más tiempo o invoca privilegios para no hacerlo.
2. Qué decide el juez después. Si ordena publicar el documento completo, una versión censurada o nada.
3. Qué hace el Congreso. Si algún comité pide el memorando por su cuenta ahora que un tribunal lo considera la base operativa del Pentágono.

Fuentes principales: Euronews, 30 de septiembre de 2026; Euronews, 20 de septiembre de 2026.