ECONOMÍA · VENEZUELA

Uno de los autores de los planes de país en circulación salió a defender el entendimiento con argumentos, cifras y una advertencia política. Las cifras se pueden comprobar. La advertencia, no.

Los reportes sobre un eventual entendimiento petrolero entre Estados Unidos y el gobierno encargado venezolano produjeron rechazo inmediato en buena parte del debate público. La defensa articulada tardó unas horas y vino de alguien que tiene un plan de país en circulación.

Roberto Smith Perera, autor del plan Venezuela First, publicó entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto de 2026 una secuencia de mensajes en X en la que sostuvo que el entendimiento podría ser una de las mejores noticias para Venezuela en un siglo.

El argumento

Su tesis se resume en una frase que repitió en varias formas: el petróleo bajo tierra no paga maestros ni construye carreteras.

Lo desarrolló así. Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo, unos 300.000 millones de barriles. En los últimos treinta años produjo apenas 23.500 millones. Lo que genera riqueza, argumentó, no es la reserva sino la inversión, la tecnología, la producción y el acceso a mercados, con regalías e impuestos adecuados.

De ahí su definición de soberanía, que es el centro polémico de su planteamiento: sentarse encima de 300.000 millones de barriles mientras el país sigue pobre no es soberanía, y eso es lo que, según él, Venezuela ha hecho desde los años setenta.

Frente a quien describió la operación como ceder un tercio del recurso más valioso del país, respondió que eso caracteriza mal lo que se discute: se trataría de agrupar en un solo arreglo estratégico lo que de otro modo se haría mediante múltiples contratos individuales con empresas estadounidenses.

Y colocó una condición que sus críticos no siempre le reconocen: nadie conoce los términos. Podrían ser pésimos, extraordinarios o simplemente razonables, y difundir una conclusión sin conocerlos le parece prematuro.

La aritmética del plazo

Hay un cálculo que se puede hacer con las cifras que él mismo puso sobre la mesa, y que ordena la discusión sobre el plazo mejor que cualquier declaración.

Se habla de 90.000 millones de barriles y de un arrendamiento de cien años.

Producir 90.000 millones de barriles a un ritmo de 2,5 millones de barriles diarios toma algo menos de noventa y nueve años. A tres millones diarios, unos ochenta y dos. A cinco millones diarios, cuarenta y nueve.

Es decir: el plazo de un siglo no es una cifra caprichosa ni simbólica. Es aproximadamente el tiempo que se requiere para extraer ese volumen a un ritmo de producción moderado.

Eso convierte la discusión sobre el plazo en una discusión sobre el ritmo. Un contrato más corto exigiría producir más rápido, con más inversión inicial y mayor riesgo. Un ritmo más lento exige un plazo más largo. Las dos variables están amarradas y no se pueden negociar por separado.

También permite medir otra afirmación. Smith Perera sostuvo que en Venezuela están los diez a quince millones de barriles diarios que Estados Unidos necesitará durante los próximos cincuenta años. Venezuela produce hoy algo más de 1.230.000 barriles diarios. Alcanzar diez millones exigiría multiplicar por ocho la producción actual, una escala que ningún país ha logrado en menos de varias décadas.

La reserva soporta esa afirmación. La capacidad instalada, no todavía.

Los ocho billones

Una precisión de traducción que importa, porque la cifra circula mal.

Smith Perera menciona un negocio de ocho trillions, en el sentido inglés del término. En castellano eso son ocho billones de dólares: ocho millones de millones.

La cifra resulta de multiplicar los 90.000 millones de barriles por un precio cercano a los noventa dólares. Es un valor bruto de recurso a precio de hoy sostenido durante un siglo, no un ingreso para Venezuela ni un monto de contrato. Lo que el país recibiría de esa cantidad depende enteramente de la regalía y el impuesto que se pacten, que es justamente el término que nadie conoce.

La objeción de la nulidad y la respuesta de 1943

El intercambio más sustancioso de la secuencia fue jurídico.

Un interlocutor sostuvo que sin instituciones legítimas no hay estabilización posible y que los acuerdos firmados por usurpadores están viciados de nulidad.

Smith Perera respondió con una analogía histórica: los acuerdos petroleros firmados por el gobierno de facto de Juan Vicente Gómez, preguntó, ¿estaban igualmente viciados de nulidad desde 1914?

La respuesta que recibió apuntó a la Ley de Hidrocarburos de 1943, aprobada por un Congreso salido de elecciones.

Ese dato merece precisión, porque decide la analogía. La ley de 1943 no anuló las concesiones gomecistas. Hizo otra cosa: las unificó bajo un régimen nuevo, elevó la participación fiscal del Estado y las extendió por cuarenta años más a cambio de esa renegociación.

Es decir, el precedente venezolano frente a contratos firmados por un gobierno de origen cuestionado no fue la anulación. Fue la renegociación con más Estado adentro.

Eso no resuelve la discusión jurídica actual, pero la sitúa. Un gobierno posterior que quisiera revisar lo firmado tendría un antecedente nacional al que acudir, y ese antecedente no consiste en desconocer contratos sino en reabrirlos.

La advertencia que no es económica

El punto más delicado de la secuencia no es una cifra.

Smith Perera calificó de irresponsables y antipatriotas a quienes advierten que, cuando haya un gobierno electo, esos contratos serán reconsiderados. Y añadió que ya existe una decisión del más alto nivel, que vienen con todo y que jamás permitirán que esas personas tomen el poder.

Esa afirmación es de otra naturaleza que el resto. No describe un mercado ni un yacimiento: describe una supuesta decisión política estadounidense sobre quién puede gobernar Venezuela. No la acompaña de fuente, documento ni funcionario identificable, y no consta en ninguno de los reportes conocidos hasta el 28 de agosto de 2026.

Queda registrada como lo que es: la afirmación de un particular, sin respaldo verificable.

Lo que queda pendiente

La defensa de Smith Perera y la objeción de sus críticos coinciden en un punto, aunque ninguno lo diga así: ambas se construyen sobre términos que no están públicos.

Tres datos convertirían toda esta discusión en un asunto verificable. La regalía y el impuesto pactados. La identidad jurídica de la contraparte. Y el instrumento por el que se aprueba.

Hasta que esos tres existan en un documento, lo que hay es una conversación sobre un contrato que nadie ha leído.

Fuentes principales: Publicaciones de Roberto Smith Perera en X, difundidas entre el 27 y el 28 de agosto de 2026. Reportes de Axios y Bloomberg del 27 de agosto de 2026. Ley de Hidrocarburos de Venezuela de 1943. Cifras de reservas probadas de la OPEP. Cifras de producción venezolana de agosto de 2026.