Tecnología
La justicia telemática depende de una red eléctrica que no responde
Cuando una garantía procesal se ejerce por videoconferencia, queda condicionada a una infraestructura que el tribunal no controla.
TECNOLOGÍA
La videoconferencia judicial se adoptó como solución de eficiencia. Su punto débil no es el software: es el suministro eléctrico.
Las seis claves
| Qué | Una audiencia judicial no pudo instalarse porque falló la conexión telemática con el penal donde estaban los procesados. |
| Quién | Corte de Apelaciones de Carabobo; procesados del caso Paramacay; administración penitenciaria. |
| Cuándo | Miércoles 26 de agosto de 2026. |
| Dónde | Valencia, estado Carabobo, y penal de Yare, estado Miranda. |
| Por qué | La comparecencia por videoconferencia traslada una garantía procesal a una infraestructura ajena al tribunal. |
| Cómo | Por ausencia de servicio eléctrico en el centro de reclusión y falla de la comunicación. |
El 26 de agosto de 2026, una audiencia de apelación fijada para las once de la mañana en Valencia no pudo comenzar. Catorce de los veintitrés procesados debían participar por videoconferencia desde el penal de Yare y no se logró establecer la comunicación por falta de servicio eléctrico.
El caso ilustra una vulnerabilidad que trasciende ese expediente.
Por qué se adoptó la videoconferencia judicial
El traslado físico de personas privadas de libertad hasta una sede judicial es costoso, exige custodia y personal, y es una de las causas más frecuentes de diferimiento de audiencias en cualquier sistema.
La comparecencia por videoconferencia resuelve ese problema. Elimina el traslado, reduce el riesgo y permite que una audiencia se instale con partes ubicadas en lugares distintos.
Por eso se adoptó en numerosos países, y su lógica es sólida.
La dependencia que crea
Una audiencia presencial depende de que el tribunal esté abierto y las partes lleguen. Una audiencia telemática depende de tres cosas simultáneas: suministro eléctrico en ambos extremos, conectividad en ambos extremos y equipos operativos en ambos extremos.
Son seis condiciones en lugar de dos. Y la mitad de ellas está fuera del control del tribunal.
En un país con interrupciones frecuentes del servicio eléctrico, esa arquitectura convierte una falla de suministro en una suspensión de garantías procesales.
El punto ciego del diseño
Los sistemas de videoconferencia judicial suelen evaluarse por criterios de software: calidad de imagen, seguridad de la transmisión, registro de la sesión, autenticación de los participantes.
El punto de falla real rara vez es ese. Es la electricidad en el extremo penitenciario, que es también el extremo con menor prioridad de inversión en cualquier sistema.
Lo que debería existir
Un sistema de comparecencia remota con estándar mínimo requiere tres elementos que se pueden verificar desde afuera: respaldo eléctrico autónomo en los puntos de conexión penitenciarios, un protocolo escrito que defina qué ocurre cuando la conexión falla y quién asume el diferimiento, y un registro público de audiencias suspendidas por causa técnica.
Ese tercer elemento es el más importante y el más sencillo. Sin un registro, cada falla se vive como un incidente aislado. Con un registro, se vuelve un patrón medible y por tanto corregible.
El anuncio pendiente
El 24 de agosto de 2026, el mensaje a la nación anunció la ampliación de servicios digitales del Estado y la simplificación de trámites.
Toda digitalización de un servicio público reproduce esta misma estructura. Traslada la carga del ciudadano al sistema, y el sistema depende de una red. Cuando la red falla, la carga vuelve al ciudadano, que ya no tiene la ventanilla que fue sustituida.
Fuentes principales
Reportes desde la sede judicial del periodista Nelson Piñero, 26 de agosto de 2026. Mensaje a la nación de Delcy Rodríguez, 24 de agosto de 2026 (transcripción íntegra).
Alfredo Yánez
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Demolerán un edificio emblemático de La Castellana por daños estructurales
Una demolición ordenada plantea una pregunta que nadie ha respondido: qué pasa con la propiedad de quien vivía allí.
TECNOLOGÍA
La evaluación estructural resuelve si un edificio puede sostenerse. No resuelve qué ocurre con quienes eran sus propietarios.
Las seis claves
| Qué | Se decidió demoler el Edificio San Felipe A, en la avenida San Felipe de La Castellana, por daños estructurales del sismo. |
| Quién | Autoridades del municipio Chacao; evaluadores técnicos; propietarios y residentes del inmueble. |
| Cuándo | Decisión informada el 27 de agosto de 2026. |
| Dónde | La Castellana, municipio Chacao, Caracas. |
| Por qué | Las evaluaciones técnicas determinaron daños estructurales que impiden la rehabilitación del inmueble. |
| Cómo | Mediante decisión oficial de demolición tras evaluaciones técnicas y profesionales. |
Tras evaluaciones técnicas motivadas por los daños estructurales del sismo, se tomó la decisión oficial de demoler el Edificio San Felipe A, en la avenida San Felipe de la urbanización La Castellana, municipio Chacao.
Qué evalúa una inspección estructural
Una evaluación posterior a un sismo no mide el aspecto de un edificio. Mide su capacidad de resistir el próximo.
Se examinan los elementos que sostienen la estructura —columnas, vigas, muros portantes, fundaciones—, el tipo y la ubicación de las grietas, y si el daño comprometió el sistema resistente o solo elementos no estructurales como tabiquería y acabados.
Un edificio puede verse muy dañado y ser reparable. Otro puede verse casi intacto y no serlo. Las grietas que importan no siempre son las visibles.
Por qué a veces demoler es la decisión técnica
Cuando el daño alcanza el sistema estructural, la reparación exige intervenir los elementos que sostienen el edificio, con la carga aún actuando sobre ellos.
En ciertos casos eso es técnicamente posible y económicamente inviable: el costo de la rehabilitación supera al de una edificación nueva y el resultado ofrece menor seguridad. Ahí la demolición deja de ser una pérdida y pasa a ser la decisión correcta.
La pregunta que la evaluación no responde
Un edificio de propiedad horizontal demolido plantea un problema jurídico que ninguna inspección estructural resuelve.
Los propietarios no pierden su derecho: lo que desaparece es el objeto sobre el que recaía. Quedan como copropietarios del terreno, en la proporción que establecían sus documentos. A partir de ahí, todo depende de decisiones que deben tomarse en conjunto y que nadie ha reglamentado para esta situación.
¿Quién asume el costo de la demolición? ¿Se puede reconstruir en el mismo terreno y con qué financiamiento? ¿Qué ocurre con quien tenía hipoteca sobre un apartamento que ya no existe? ¿Y con el inquilino cuyo contrato quedó sin objeto?
Lo que debería existir
Un régimen aplicable a inmuebles declarados no rehabilitables tras un desastre: procedimiento de decisión colectiva entre copropietarios, tratamiento de las hipotecas vigentes, condiciones para reconstruir y plazos.
No consta que exista. Y este edificio no será el último: a dos meses de los sismos continúan las evaluaciones estructurales en Caracas y en el litoral.
Fuentes principales
El Universal, 27 de agosto de 2026.
Tecnología
Los planes urbanísticos ignorados que pudieron mitigar la tragedia de La Guaira
El conocimiento técnico existía. Lo que faltó no fue estudio: fue aplicación.
TECNOLOGÍA
La discusión sobre la reconstrucción del litoral empieza por una pregunta anterior: por qué no se aplicó lo que ya estaba estudiado.
Las seis claves
| Qué | Instrumentos de ordenamiento urbano y estudios de riesgo existentes para el litoral no fueron aplicados antes de los terremotos. |
| Quién | Autoridades urbanísticas nacionales y locales; comunidades del litoral; especialistas en riesgo. |
| Cuándo | Análisis difundido el 27 de agosto de 2026, referido a los sismos del 24 de junio. |
| Dónde | Estado La Guaira, Venezuela. |
| Por qué | La ubicación y las características constructivas determinan el daño que produce un sismo de igual magnitud. |
| Cómo | Mediante ocupación de zonas de riesgo y edificación sin cumplimiento de norma sismorresistente. |
Un análisis publicado el 27 de agosto de 2026 señala que existían planes urbanísticos que, de haberse aplicado, habrían podido mitigar el impacto de los terremotos del 24 de junio en el estado La Guaira.
Un sismo no mata: matan las construcciones
Es la formulación básica de la ingeniería sísmica y conviene repetirla porque ordena todo lo demás.
Un movimiento telúrico de determinada magnitud produce daños muy distintos según tres factores: el tipo de suelo sobre el que está la edificación, el cumplimiento de la norma sismorresistente en su construcción, y la ubicación respecto de zonas de amplificación o inestabilidad.
Los tres son conocidos con antelación y los tres son objeto de instrumentos de ordenamiento territorial. Ninguno depende de poder predecir cuándo ocurrirá el sismo, que es lo único que la ciencia no puede hacer.
Qué contiene un plan de ordenamiento
Un instrumento de esta naturaleza establece qué se puede construir en cada zona, con qué densidad, con qué requisitos estructurales y qué áreas deben quedar libres de edificación por su exposición a deslizamientos, inundación o amplificación sísmica.
Su cumplimiento depende de la autoridad urbanística local: la que otorga permisos, la que inspecciona la obra y la que sanciona la construcción irregular.
Un plan sin capacidad de fiscalización es un documento.
El antecedente que el litoral ya tenía
La Guaira había sufrido en 1999 un desastre por deslaves que produjo miles de muertes y motivó estudios detallados sobre las condiciones de riesgo de la zona.
Ese conocimiento existía. La pregunta que ordena la reconstrucción actual no es si hacían falta estudios, sino por qué los que ya se habían hecho no se tradujeron en decisiones de ocupación del territorio.
La decisión que se está tomando ahora
Reconstruir en el mismo lugar y de la misma manera reproduce la exposición. Reconstruir en otro lugar exige disponibilidad de terreno, servicios y transporte, y desplaza a comunidades de su entorno de vida y trabajo.
No hay una respuesta técnica única. Pero la decisión debería tomarse con los estudios de riesgo a la vista y publicados, para que quien va a habitar una vivienda nueva sepa sobre qué está construida.
Es la única forma de que la reconstrucción no sea la preparación del próximo desastre.
Fuentes principales
La Patilla, 26 de agosto de 2026. Estudios de riesgo sobre el litoral central posteriores a 1999.
Tecnología
Especialistas advierten que el racionamiento eléctrico podría llegar a 2027
El déficit no se resuelve con un anuncio porque no se originó en un anuncio. Se construyó durante años.
TECNOLOGÍA
El sistema opera al límite de su capacidad. Ese es el diagnóstico técnico detrás de los cortes de hasta ocho horas.
Las seis claves
| Qué | Especialistas advierten que el sistema eléctrico venezolano opera al límite y que el racionamiento podría extenderse hasta 2027. |
| Quién | Ingenieros y especialistas del sector eléctrico; Corpoelec; usuarios residenciales e industriales. |
| Cuándo | Análisis difundido el 27 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | El déficit de generación y el deterioro de la infraestructura no se corrigen en el corto plazo. |
| Cómo | Mediante racionamiento del servicio mientras se ejecutan proyectos de ampliación de capacidad. |
Especialistas del sector eléctrico advierten que el sistema venezolano opera al límite de su capacidad y que los racionamientos podrían extenderse incluso hasta 2027. El análisis identifica cinco causas del deterioro, desde el déficit de generación hasta la corrupción en la ejecución de proyectos.
Por qué un sistema eléctrico no se repara rápido
Un sistema eléctrico tiene tres componentes y cada uno falla con lógica distinta.
La generación es la capacidad instalada de producir electricidad. Construir una nueva central o rehabilitar una existente toma años, y su costo se mide en cientos de millones.
La transmisión es la red de alta tensión que lleva la energía desde las centrales. Es el componente más vulnerable a la falta de mantenimiento y el que produce fallas de alcance nacional cuando cede.
La distribución es la red que llega al usuario final. Es donde se producen las interrupciones localizadas y donde el deterioro es más visible para el ciudadano.
Un déficit de generación no se compensa con inversión en distribución, ni al revés. Por eso un anuncio de nuevos megavatios no alivia un corte cuya causa esté en la red de transmisión.
El mantenimiento diferido
La característica de un sistema eléctrico es que tolera la falta de mantenimiento durante un tiempo largo y después falla de manera acelerada.
Un transformador sin mantenimiento sigue funcionando durante años hasta que deja de hacerlo. Una línea sin poda de vegetación opera normalmente hasta que un árbol la toca. Esa acumulación silenciosa explica por qué el deterioro parece repentino cuando en realidad llevaba años construyéndose.
Y explica también por qué la recuperación es más lenta que la caída: reponer capacidad exige rehacer lo que se dejó de hacer durante todo ese período.
Lo anunciado y su horizonte
El 24 de agosto de 2026 se informó de acuerdos para incorporar nuevos megavatios y de un plan de ampliación de capacidad termoeléctrica.
Las centrales térmicas tienen una ventaja sobre las hidroeléctricas: se construyen más rápido. Aun así, el plazo entre la firma de un acuerdo y el megavatio entregando energía al sistema se mide en años, no en meses.
Ninguno de los anuncios vino acompañado de fecha de entrada en operación. Ese es el dato que permitiría saber cuánto durará el período que los especialistas sitúan hasta 2027.
Fuentes principales
El Pitazo, 27 de agosto de 2026, análisis sobre las causas de los apagones. El Nacional, 27 de agosto de 2026. Mensaje a la nación del 24 de agosto de 2026.
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