INVESTIGACIÓN · INMIGRACIÓN

Pedir asilo, ser localizado, arrestado, encerrado, defenderse, llamar a casa, pagar una fianza y subir a un avión: cada paso del sistema migratorio tiene una tarifa, un contrato o un intermediario. Seguimos el dinero de punta a punta, con lo que dicen los contratos, los informes a inversionistas y los datos de los tribunales. Varios eslabones pasan por Ohio.

Una persona que pide asilo en Estados Unidos paga hoy por esperar. Si ICE la busca, alguien cobra por encontrarla. Si la arresta un policía local, su departamento puede recibir equipos y salarios federales. Si la encierran, la cárcel cobra por día. Si llama a su familia, la llamada cuesta. Si sale bajo fianza, alguien pone el dinero y, a veces, alguien más se queda con una comisión. Y si la deportan, una empresa cobra por el vuelo. Esta es la cadena completa, paso a paso.

Antes de cualquier arresto, el Gobierno cobra

La ley de presupuesto aprobada en julio de 2025 creó tasas que antes no existían para quienes piden protección. Pedir asilo cuesta US$100, y mientras la solicitud espera hay que pagar una tasa anual. Desde este viernes 16 de octubre, esas tasas suben por inflación, según el ajuste anual que fija la propia ley: la anual de asilo pasa de US$102 a US$105; el primer permiso de trabajo para solicitantes de asilo, protección temporal (TPS) o parole, de US$560 a US$570; la solicitud de TPS, de US$510 a US$520, y la de parole, de US$1.020 a US$1.050, según el desglose del bufete Keller Immigration a partir del aviso federal.

Ser encontrado

En diciembre de 2025, ICE contrató a doce empresas para localizar a personas con casos migratorios abiertos que no están detenidas: buscar en registros públicos y bases de datos comerciales, ir a la dirección y reportar con fotos. La suma de los techos de esos contratos supera los US$1.100 millones, según el recuento de Project Salt Box; ICE había anunciado que gastaría hasta US$180 millones. Los pagos incluyen bonos por encontrar a la persona al primer intento. Algunas de las empresas no tenían experiencia federal previa; una funciona desde el apartamento de su dueño, según Scripps News.

Ser arrestado por la policía de su pueblo

Los acuerdos 287(g) permiten que policías y alguaciles locales hagan tareas migratorias. Eran 135 al empezar el segundo mandato de Trump y hoy superan los 1.700, según NPR. El Gobierno ofrece a cada agencia US$100.000 para vehículos, US$7.500 en equipos por agente entrenado y el reembolso completo de salarios y beneficios, además de bonos por desempeño. La organización FWD.us calcula que esos pagos podrían llegar a US$2.000 millones en 2026.

En Ohio no había ningún acuerdo al empezar 2025. Al cierre del año eran doce, en once condados, según el informe de la ACLU de Ohio: los sheriffs de Butler, Clermont, Lake, Portage, Seneca, Warren y Fayette, y policías de pueblos pequeños en Brown, Medina, Preble y Adams. Pero los registros públicos que pidió The Ohio Newsroom no mostraron pagos de ICE a los departamentos de Ohio; la mitad dijo no haber cobrado porque no participa activamente.

Ser detenido

Entre abril y junio de 2026, GEO Group y CoreCivic, las dos mayores operadoras privadas de cárceles, sumaron US$1.400 millones en ingresos, según NPR. Ese verano había casi 66.000 personas en detención migratoria.

Las cárceles de condado también alquilan camas. En Ohio, la tarifa promedio es de US$108,77 por persona al día y el transporte, de US$42,63 por hora, según la ACLU. ICE tiene acceso a 1.272 camas diarias en el estado; llenas todo el año, sumarían más de US$54 millones. La de Butler County, en Hamilton, tiene en promedio unas 300 personas bajo custodia de ICE y subirá su tarifa de US$68 a US$105 diarios, según The Cincinnati Enquirer. Franklin County no tiene contrato; Delaware County, al norte de Columbus, sí.

Hablar con la familia

Desde dentro, cada llamada se paga. Una de 15 minutos puede costar hasta US$13, según el Comité de Servicio de los Amigos Americanos. ICE tiene prohibido recibir comisiones de las telefónicas, pero las cárceles que le alquilan camas sí pueden hacerlo.

Defenderse

En un tribunal de inmigración no hay defensor público. La probabilidad de llegar a la decisión del caso con abogado bajó de 63 % en el año fiscal 2021 a 32 % en 2026, y en agosto de 2026 solo el 24 % tenía abogado cuando se dictó una orden de deportación, según TRAC.

Ese vacío lo llenan también los falsos «notarios» y «consultores de inmigración». La fiscalía general de Ohio ha advertido que cobran miles de dólares, presentan mal los formularios, dejan vencer plazos y abandonan a sus clientes. Solo pueden dar asesoría legal los abogados con licencia y los representantes acreditados, y los formularios del Gobierno son gratis, según la fiscalía.

Salir

Quien obtiene una audiencia de fianza puede pagar para esperar su caso en libertad. Con datos de los tribunales de inmigración hasta febrero de 2026, la fianza mínima es de US$1.500, la mediana de US$7.500 y el promedio de US$11.412, según Open Immigration. Solo el 4,3 % de esas audiencias terminó con fianza concedida.

Cuando la familia no tiene el dinero, aparecen intermediarios. En 2021, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor y tres estados demandaron a Libre by Nexus por cobrar entre 25 % y 30 % de la fianza por adelantado y US$420 al mes por «alquilar» un grillete GPS hasta que terminara el caso. Según la demanda, una fianza de US$10.000 podía costar más de US$17.000 en tres años. La demanda era una acusación, no una sentencia.

Ser vigilado

Quien sale puede quedar bajo el programa de alternativas a la detención, que administra BI Incorporated, filial de GEO Group. En agosto de 2026 tenía unas 184.000 personas; casi 54.000 con grillete, frente a unas 17.000 un año antes, según lo que GEO informó a sus inversionistas, reseñado por Latin Times. BI tiene además uno de los contratos de rastreo, por US$121,8 millones.

Ser deportado

El último tramo también tiene contratista. CSI Aviation, de Nuevo México, recibió en marzo de 2025 un contrato sin licitación de hasta US$585,5 millones para organizar vuelos de deportación, que subcontrata a aerolíneas más pequeñas, según CorpWatch. Su fundador y su familia aportaron unos US$840.000 a comités afines a Trump en 2024, según el Project on Government Oversight.

Ohio, dentro de la cadena

1. Alguaciles y policías: doce acuerdos 287(g) en once condados, sin pagos documentados todavía.
2. Cárceles: seis contratos de camas, con Butler County como centro de detención del suroeste del estado.
3. Rastreo: Gravitas Professional Services, una de las doce empresas contratadas para localizar inmigrantes, tiene sede en Ohio y un techo de contrato de más de US$32 millones, según Scripps News.

¿Qué falta, exactamente?

1. Lo pagado, no lo prometido: los techos de contrato no dicen cuánto dinero ha salido ya. Ese dato está en las órdenes de pago federales.
2. Los pagos 287(g) en Ohio: si ICE ya transfirió vehículos, equipos o salarios a algún departamento del estado.
3. Las tarifas telefónicas de hoy en las cárceles de Ohio, y quién se queda con la comisión.
4. Cuánto cobran los intermediarios de fianzas que operan hoy, y bajo qué contratos.

Para leer más en INCÍSOS

1. Oscar Belgal sigue preso con una bala de ICE en el cuello: lo que vive una persona dentro del eslabón de la detención.
2. La Corte Suprema y las deportaciones a terceros países: las reglas que deciden a dónde va el avión.

Fuentes principales: USCIS, ajuste por inflación de tasas de la ley H.R. 1 (vía Keller Immigration); Project Salt Box (17 de diciembre de 2025); Scripps News; NPR (mayo y agosto de 2026); ACLU de Ohio, ICE in Ohio (30 de marzo de 2026); The Ohio Newsroom (11 de mayo de 2026); The Cincinnati Enquirer; American Friends Service Committee; TRAC (15 de septiembre de 2026); Fiscalía General de Ohio; Open Immigration con datos de EOIR; CFPB (22 de febrero de 2021); Latin Times y The Guardian (agosto de 2026); CorpWatch (16 de junio de 2026); The Hill.

POLÍTICA · JUSTICIA

En el tribunal federal de Manhattan, Nicolás Maduro y Cilia Flores rechazaron el nuevo cargo de conspiración para torturar a opositores, militares y detenidos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses. El juicio, según EFE, se movió al 14 de junio de 2027. La pelea de fondo sigue siendo la inmunidad.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables este jueves 15 de octubre de los nuevos cargos de conspiración para torturar, en una audiencia ante el juez Alvin Hellerstein en Manhattan. Maduro dijo que la acusación se basa en «falsas acusaciones y testimonios»; Flores se declaró «completamente inocente», según la agencia EFE.

La acusación ampliada, presentada el 8 de octubre, describe una campaña de represión contra opositores, militares y detenidos, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses. Los fiscales enumeran descargas eléctricas, asfixia, golpizas, privación de agua y comida y amenazas a familiares. También extendió a Flores el cargo de conspiración narcoterrorista, que antes solo pesaba sobre Maduro.

Lo que está en juego

1. Las penas: la conspiración narcoterrorista tiene un mínimo de 20 años y un máximo de cadena perpetua. La conspiración para torturar, hasta 20 años, o cadena perpetua si la tortura causó una muerte.
2. La inmunidad: la defensa sostiene que Maduro estaba protegido como jefe de Estado. La fiscalía responde que Estados Unidos dejó de reconocerlo como presidente legítimo en 2019 y que el Gobierno venezolano no ha pedido formalmente esa protección.
3. El calendario: según EFE, el juicio se movió del 1 al 14 de junio de 2027, a petición conjunta de fiscalía y defensa, y el juez revisará las mociones de inmunidad en diciembre.

Una corrección de calendario

En nuestra nota del 15 de octubre informamos que la inmunidad se discutiría el 17 de noviembre, fecha que se había manejado para esa audiencia. Los reportes de este jueves la sitúan en diciembre, sin día fijo. Actualizaremos cuando el tribunal publique la orden.

El silencio de Caracas

La audiencia cayó el día del cumpleaños número 70 de Cilia Flores. La diputada Iris Varela lo llamó una «jugada miserable» y el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, dijo que ambos están «secuestrados». La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro Diosdado Cabello no se habían pronunciado al cierre de esta edición, según El Heraldo. Lo analizamos en el Inciso de hoy.

¿Qué falta, exactamente?

1. La orden del juez con las fechas: la audiencia de inmunidad y la del juicio.
2. La lista de víctimas: quiénes son los tres estadounidenses y si declararán.
3. La postura del Gobierno encargado: si pedirá o no la inmunidad que la defensa reclama.

Para leer más en INCÍSOS

1. Maduro y Flores vuelven al tribunal para responder por tortura: lo que decía la acusación ampliada antes de la audiencia.
2. Alandete señala a Cabello como el CC-1 que la acusación no nombra: el otro nombre que gravita sobre el caso de Nueva York.

Fuentes principales: EFE, vía Infobae (15 de octubre de 2026); Martí Noticias y Reuters (15 de octubre de 2026); El Heraldo (15 de octubre de 2026).

POLÍTICA · JUSTICIA

Un tribunal de Santiago condenó a Maickel Villegas, vinculado al Tren de Aragua, por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. No le dio cadena perpetua por una razón que no tiene que ver con el crimen. Y la pregunta mayor, si el asesinato fue un encargo desde Caracas, quedó para otro juicio.

El Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este jueves 15 de octubre a 20 años de prisión a Maickel David Villegas Rodríguez por el secuestro con homicidio del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Es la primera condena dictada tras un juicio oral por un crimen que Chile investiga desde febrero de 2024.

Ojeda, que tenía estatus de refugiado político en Chile, fue sacado de su departamento en la comuna de Independencia en la madrugada del 21 de febrero de 2024 por hombres que se hicieron pasar por policías. Su cuerpo apareció días después en Maipú. Según la Fiscalía, Villegas vigiló a la víctima, reunió información y ayudó a escapar a quienes ejecutaron el crimen.

Por qué 20 años y no perpetua

La ley chilena contempla presidio perpetuo para este delito, y el tribunal lo consideró. Pero Villegas fue detenido en Costa Rica y extraditado en noviembre de 2024, y el tratado que permitió entregarlo prohíbe aplicar presidio perpetuo o pena de muerte a los extraditados, según explicó la jueza Gloria Canales a Meganoticias. La pena máxima posible era, por eso, de 20 años. La defensa evalúa recurrir.

Lo que el tribunal no estableció

El tribunal no dio por probado que el crimen fuera un encargo del Gobierno venezolano, según NTN24. La Fiscalía mantiene abierta esa línea de investigación y dice que la abordará en otro juicio. El abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, sostuvo que la corte consideró plausible un móvil político desde un Gobierno extranjero, según EnEstrado.

Lo que viene

El 20 de octubre empieza un nuevo juicio oral contra otros acusados de la misma estructura, entre ellos Rafael Gámez Salas, alias «El Turko». Las fuentes no coinciden en el número: la Fiscalía habló de 18; otros reportes, de unos 20.

¿Qué falta, exactamente?

1. El móvil: quién encargó el crimen, si alguien lo hizo, y desde dónde.
2. Los líderes: la Fiscalía espera procesar en otro juicio a quienes identifica como cabecillas.
3. La cooperación de Venezuela: ningún reporte menciona colaboración del Gobierno encargado con la investigación chilena.

Para leer más en INCÍSOS

1. La silla vacía de Venezuela en el juicio del 11 de abril: otro caso en el que la justicia por crímenes contra venezolanos se hace fuera del país.

Fuentes principales: Meganoticias, El Mostrador y Publimetro (15 de octubre de 2026); NTN24 (1 de octubre de 2026); EnEstrado (2 de octubre de 2026).