Washington acaba de autorizar la reconstrucción de la red de telecomunicaciones venezolana. En la misma página en que la abre, nombra a los cinco países que quedan fuera. Uno de ellos firmó con Venezuela hace cinco semanas.

Lo que autoriza

La licencia permite todas las transacciones prohibidas por el Reglamento de Sanciones sobre Venezuela —incluidas las que involucran al Gobierno de Venezuela, y de manera expresa a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela— que sean necesarias para el suministro, desde Estados Unidos o por una persona estadounidense, de bienes, tecnología, software o servicios destinados a la instalación, mantenimiento, reacondicionamiento, reparación, actualización, operación o soporte de telecomunicaciones en el país.

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El alcance del término es amplio y el propio documento lo define: datos, telefonía, conectividad a internet, radio, televisión, servicios de agencias de noticias y similares, sin importar el medio de transmisión, incluida la transmisión satelital y por cables submarinos.

También quedan autorizados el procesamiento de pagos, la logística y el transporte aéreo, los acuerdos de interconexión y de itinerancia, el arrendamiento de capacidad e infraestructura, y el tendido, mantenimiento, reparación, actualización, seguridad y operación de cables submarinos y demás infraestructura y equipos.

Es un salto respecto de lo que ya existía. Hasta ahora las licencias sobre telecomunicaciones autorizaban esencialmente recibir y transmitir comunicaciones. Esta autoriza construir la red.

Lo que no autoriza, y ahí está la noticia

El párrafo (b) enumera cinco exclusiones. Cuatro son técnicas. La segunda es geopolítica.

No se autoriza ninguna transacción que involucre a una persona ubicada en, u organizada bajo las leyes de, la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, la República Popular Democrática de Corea, la República de Cuba o la República Popular China, ni a ninguna entidad que sea propiedad o esté controlada por ellas, directa o indirectamente, ni que participe en empresa conjunta con ellas.

Las otras cuatro exclusiones también dicen algo.

No se autorizan condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, ni que estén denominadas en moneda digital, moneda virtual o fichas digitales emitidas por o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro.

Tampoco el desbloqueo de bienes bloqueados, ni transacciones con buques bloqueados.

Y la quinta cierra una puerta que muchos habrían dado por abierta: no se autoriza la formación de nuevas empresas mixtas ni de otras entidades en Venezuela para desarrollar o invertir en el sector de telecomunicaciones.

Es decir: se puede vender, instalar, reparar, operar y dar soporte. No se puede asociarse. El modelo autorizado es el de proveedor, no el de socio.

La coincidencia que ordena la lectura

El 16 de julio de 2026, Venezuela firmó en Shanghái, como miembro fundador, el acuerdo que estableció la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial, el organismo de gobernanza tecnológica impulsado por Pekín. No firmó ninguna democracia occidental de peso.

Cinco semanas después, Washington autoriza reconstruir su red de telecomunicaciones y excluye expresamente a las empresas chinas de esa reconstrucción.

Las dos cosas no se contradicen en el papel: una es gobernanza de inteligencia artificial y la otra es infraestructura de telecomunicaciones. Pero apuntan en direcciones opuestas y obligan a una decisión que Caracas no ha tomado en público.

Porque la infraestructura de telecomunicaciones venezolana se construyó durante la última década con participación relevante de proveedores chinos. Sustituirlos no es un trámite comercial: es rehacer buena parte de la red.

Dónde se litiga

Hay una condición en el párrafo (a) que merece atención propia, porque repite un patrón que ya vimos en el sector petrolero.

Todo contrato con el Gobierno de Venezuela bajo esta licencia —incluidos los que se firmen con CONATEL o CANTV— debe establecer que sus términos se interpretan conforme a las leyes de un estado u otra jurisdicción dentro de Estados Unidos, y que los procedimientos de resolución de disputas ocurran en Estados Unidos, el Reino Unido, Francia o Singapur.

Ningún tribunal venezolano aparece en esa lista.

El documento matiza que los contratos pueden reconocer que ciertos aspectos de la actividad quedan sujetos a la ley venezolana: la autoridad regulatoria soberana, los permisos y licencias administrativas, las concesiones, y las normas laborales, ambientales y de seguridad e higiene.

Pero el fondo del contrato y el foro donde se discute están fuera del país.

La trazabilidad del dinero

La licencia impone además una obligación de reporte que conviene leer completa.

Quien exporte, reexporte, venda, revenda o suministre bajo esta autorización debe entregar un informe detallado al Departamento de Estado identificando las partes involucradas; los bienes, tecnología, software o servicios, con cantidades y valores; las fechas de las transacciones; y cualquier impuesto, tasa u otro pago entregado al Gobierno de Venezuela.

El primer informe vence diez días después de la primera transacción y luego cada noventa días mientras la actividad continúe.

Ese último punto —los pagos al Gobierno de Venezuela, reportados cada trimestre a Washington— es el mecanismo por el cual se sabrá cuánto dinero entra efectivamente al Estado venezolano por esta vía.

Lo que esto puede significar para once millones de personas

Aquí está la consecuencia que va más allá de la geopolítica.

En Venezuela hay 17,6 millones de usuarios de internet, el 61,6% de la población. Del otro lado de esa cifra hay 38,4% sin conexión: alrededor de once millones de personas.

Si la reconstrucción de la red avanza, esa es la brecha que se puede cerrar. Y en un país que está digitalizando trámites de reconstrucción, censos de damnificados y solicitudes de crédito de vivienda, dejar a once millones fuera de la red es dejarlos fuera de los derechos que esos trámites administran.

De modo que una licencia de sanciones firmada en Washington termina siendo, para una familia sin señal en el interior venezolano, una decisión sobre si podrá o no tramitar lo que le corresponde.

La pregunta que esta licencia tampoco resuelve

Es la misma que dejó abierta la apertura petrolera.

El artículo 150 de la Constitución establece que no podrá celebrarse contrato alguno de interés público nacional con sociedades no domiciliadas en Venezuela sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Un contrato de infraestructura de telecomunicaciones con una empresa estadounidense entra de lleno en ese supuesto.

En Venezuela coexisten dos asambleas nacionales, y cuál de ellas ratifica no se ha anunciado.

Washington ya dijo dónde se litigan estos contratos. Caracas todavía no ha dicho quién los aprueba.

Un apunte final sobre el documento. La licencia advierte expresamente que no releva a nadie del cumplimiento de los requisitos de otras agencias federales estadounidenses, entre ellas la Comisión Federal de Comunicaciones, el comité que evalúa la participación extranjera en el sector de telecomunicaciones de Estados Unidos, y la oficina de industria y seguridad del Departamento de Comercio.

Autorizar no es lo mismo que despejar el camino.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría legal ni de inversión.

Fuentes principales: Licencia General número 61 del Reglamento de Sanciones sobre Venezuela, 31 CFR parte 591, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y firmada por su director, Bradley T. Smith, el 21 de agosto de 2026. Licencia General 24A del 18 de junio de 2026 y Licencia General 30B, referidas en el propio documento. Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial suscrito el 16 de julio de 2026 en Shanghái. Informe Digital 2026 sobre Venezuela. Artículo 150 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

No hace falta que el adolescente lo active. Tampoco que el padre lo configure. El sistema decide por estimación, y esa es la novedad de fondo.

Qué es y a quién alcanza

OpenAI anunció el 18 de agosto de 2026 el lanzamiento global de ChatGPT for Teens, una versión de su asistente orientada a usuarios de entre 13 y 17 años.

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La activación no depende únicamente de que el usuario declare su edad. El modo se aplica automáticamente cuando el sistema estima que la persona es menor de 18 años, a partir de la combinación de señales: tipo de consultas, patrones y horarios de inicio de sesión, antigüedad de la cuenta. Reportes sobre el producto mencionan el análisis de más de dos mil variables de comportamiento.

Cuando el sistema no tiene certeza suficiente, aplica la experiencia más restrictiva. Los adultos clasificados por error pueden verificar su edad para corregirlo.

Qué incluye

Restricciones de contenido en materias sensibles: autolesiones, violencia, trastornos alimentarios y sexualidad explícita. La mayoría de estas protecciones ya existían para cuentas de menores.

Modo Estudio. En lugar de dar respuestas directas, responde con preguntas orientadoras, explicaciones y comprobaciones de conocimiento. Si el sistema detecta que el adolescente busca resolver una tarea de forma directa, puede redirigirlo hacia una resolución más colaborativa.

Recordatorios de descanso más frecuentes y franjas de horas de silencio con pantalla en negro.

Controles parentales, que son opcionales: deben aceptarlos tanto el adolescente como el padre o tutor. Incluyen notificaciones a los padres ante situaciones de riesgo, como posibles problemas de salud mental o señales de autolesión.

Alfabetización en inteligencia artificial, mediante una alianza anunciada con CodeAI orientada a que estudiantes y docentes comprendan cómo funcionan estos sistemas y reconozcan cuándo dejan de ser fiables.

La empresa señaló además que busca evitar que los jóvenes confundan a la máquina con una persona.

Por qué llega ahora

El movimiento responde a un escrutinio creciente. La empresa ha enfrentado críticas y demandas legales por el impacto de sus productos en menores, y colectivos de padres en ciudades como Nueva York y Los Ángeles han planteado preocupaciones sobre los efectos de la inteligencia artificial en la salud mental y en el desarrollo del pensamiento crítico en las aulas.

Según datos de la propia compañía, nueve de cada diez menores que usan el asistente lo hacen para aprender.

Una responsable de política global de la empresa resumió el criterio de diseño ante la agencia Associated Press: el objetivo es que el producto sea seguro aunque no se usen los controles parentales.

Lo que conviene saber en casa

El modo se aplica solo, pero los controles parentales no. Es la distinción práctica más importante del anuncio. Si nadie los activa, no están activos.

La estimación de edad puede fallar. Un adolescente que use la cuenta de un adulto no será clasificado como menor. Y un adulto puede quedar clasificado como menor por error.

Las notificaciones de riesgo dependen de la configuración. Los avisos a los padres ante posibles señales de crisis forman parte del paquete de controles opcionales.

El modo estudio no impide copiar. Redirige, no bloquea. Sigue siendo una herramienta, no una supervisión.

Y una advertencia que ninguna función técnica sustituye: para una familia hispana con un adolescente que empieza el año escolar, la conversación sobre para qué se usa la herramienta rinde más que cualquier configuración. La pregunta útil no es si el hijo usa inteligencia artificial. Es si sabe cuándo no debe creerle.

Fuentes principales: Anuncio de OpenAI del 18 de agosto de 2026 sobre el lanzamiento de ChatGPT for Teens. Reportes de la agencia Associated Press, TechCrunch, France 24, La Nación, El Español y NTN24 sobre las características del producto, el sistema de estimación de edad y los controles parentales. Declaraciones de la responsable de política global de OpenAI a la Associated Press.

La firma ocurrió en Shanghái el 16 de julio y pasó casi inadvertida en la conversación venezolana. Coloca al país en un bloque tecnológico que no incluye a ninguna democracia occidental.

Lo que se firmó

El 16 de julio de 2026, representantes de veintinueve países suscribieron en Shanghái el acuerdo que establece la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. El organismo tendrá su sede en esa ciudad. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, asistió a la ceremonia.

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Entre los miembros fundadores figuran Rusia, Belarús, Serbia, Cuba, Brasil y Venezuela, junto con Kazajistán, Pakistán, Indonesia, Laos y una decena de países africanos y otra de asiáticos. Irán se sumó el 31 de julio.

No firmó ninguna democracia occidental de peso. Ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni Alemania, ni Francia, ni Japón, ni Australia.

China había propuesto la creación del organismo en la conferencia del año anterior, sin que ningún país anunciara formalmente su membresía hasta esta firma. Xi Jinping intervino por primera vez en persona en los nueve años de historia de la conferencia, calificó el nuevo cuerpo como un hito importante y prometió cinco mil oportunidades de formación en inteligencia artificial para naciones en desarrollo.

El organismo se lee, en el análisis internacional, como contrapeso de la iniciativa liderada por Estados Unidos para las cadenas de suministro de tierras raras, semiconductores e inteligencia artificial.

El argumento energético

El economista venezolano Jorge Jraissati planteó una lectura que merece discutirse, precisamente porque señala el punto correcto.

Su argumento: Venezuela no es una potencia en inteligencia artificial, pero posee activos energéticos de clase mundial. Y para que Estados Unidos gane la carrera de la inteligencia artificial, y para que Venezuela aproveche su potencial, ambos necesitan trabajar juntos.

La premisa técnica es sólida y está ampliamente documentada. El cuello de botella del desarrollo de la inteligencia artificial ya no es el silicio: es la electricidad. Los centros de datos que entrenan y operan modelos consumen cantidades de energía que las redes existentes no fueron diseñadas para entregar. Quien tenga capacidad de generación excedente tiene una carta.

El problema no está en el razonamiento. Está en el inventario.

El inventario, y ahí se rompe

Venezuela registró en agosto de 2026 un récord de demanda eléctrica de 15.625 megavatios.

En el mismo período se documentan interrupciones de hasta quince horas diarias en zonas del interior del país. El Ministerio de Salud emitió una circular fechada el 5 de agosto que establece jornada presencial interdiaria de cuatro horas y media en sedes administrativas, con aire acondicionado a 23 grados y desconexión total de equipos al cierre, como medida de ahorro energético.

Corpoelec firmó el 12 de agosto un contrato con la firma IMPSA cuyo primer compromiso es incorporar 160 megavatios en noventa días, con la rehabilitación de dos unidades de Macagua. Eso equivale a alrededor del uno por ciento de la demanda récord.

Un centro de datos de gran escala consume, por sí solo, cientos de megavatios de manera continua.

De modo que la conclusión es incómoda para las dos partes del debate: Venezuela aparece descrita como socio energético potencial para la carrera de la inteligencia artificial mientras sus propios ministerios trabajan media jornada para ahorrar electricidad.

Los activos existen. La capacidad instalada de convertirlos en energía disponible, hoy, no.

La contradicción de fondo

Hay algo más grande detrás de esta firma, y no es tecnológico.

Venezuela atraviesa una transición política acompañada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, con una mesa de negociación instalada bajo facilitación estadounidense, con su renta petrolera bajo custodia del Tesoro estadounidense, con funcionarios del Departamento de Energía de ese país inspeccionando la represa de Guri y con su oro en Londres destinado a cuentas en Washington.

Y al mismo tiempo, en julio, firmó como miembro fundador el bloque de gobernanza tecnológica que Pekín impulsa como alternativa al orden encabezado por Washington.

Las dos cosas ocurrieron en el mismo mes.

Puede tratarse de una decisión de política exterior deliberada: mantener una vía abierta con Pekín mientras Washington administra la coyuntura. Puede tratarse también de una inercia burocrática, la firma de un acuerdo de bajo costo inmediato en un organismo que todavía no tiene atribuciones operativas.

Lo que no puede sostenerse es que sea irrelevante. Un organismo de gobernanza fija normas, y las normas de la inteligencia artificial determinan qué modelos se pueden usar, bajo qué condiciones se transfiere tecnología y con qué reglas se tratan los datos.

Por qué esto le importa al hispano en Estados Unidos

Porque la alineación tecnológica de América Latina se está decidiendo ahora, con poca discusión pública y consecuencias largas.

Brasil, la mayor economía de la región, también firmó. Cuba firmó. Y la lista de fundadores incluye una decena de países africanos y otra de asiáticos que representan mercados donde las normas de gobernanza tecnológica se están escribiendo por primera vez.

Para las comunidades hispanas de Estados Unidos, con vínculos familiares, comerciales y financieros en esos países, el asunto se traduce en preguntas concretas que aún no tienen respuesta: qué plataformas serán accesibles, bajo qué estándares se procesarán los datos personales que cruzan fronteras, y qué normas regirán los servicios digitales que conectan a la diáspora con su lugar de origen.

Es una discusión que hoy ocurre entre gobiernos. Terminará ocurriendo en el teléfono de cada persona.

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Fuentes principales: Reporte de Reuters del 16 de julio de 2026 sobre la firma del acuerdo constitutivo de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial y la lista de miembros fundadores. Cobertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial de Shanghái de 2026 y de la intervención de Xi Jinping. Registro de la incorporación de Irán del 31 de julio de 2026. Publicación del economista Jorge Jraissati sobre activos energéticos venezolanos y la carrera de la inteligencia artificial. Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica de Venezuela — registro de demanda récord. Circular del Ministerio de Salud de Venezuela del 5 de agosto de 2026. Anuncio del contrato entre Corpoelec e IMPSA del 12 de agosto de 2026.