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Lo que no se puede contar

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Lo que no se puede contar

Lo dijo sin que nadie se lo preguntara, y eso hay que reconocérselo.

Ante su propia militancia, uno de los negociadores de la delegación opositora describió el método del proceso en el que está sentado: toda negociación transcurre en dos niveles. Uno confidencial, sobre el cual se puede decir poco. Y otro de opinión pública, en el cual hay que ganar legitimidad.

Es una descripción exacta de cómo funcionan estas cosas. También es, si uno la lee despacio, una de las frases más difíciles de digerir que ha producido este proceso.

Empecemos por lo que la frase tiene de correcto, porque tiene bastante.

Ninguna negociación seria se hace con las puertas abiertas. Si cada posición inicial, cada concesión tanteada y cada línea roja se publicaran en tiempo real, las partes negociarían para la tribuna y no entre ellas. La confidencialidad no es un vicio del método: es parte del método.

Quien exige transparencia total en una negociación está exigiendo, sin saberlo, que no haya negociación.

Hasta ahí, de acuerdo.

El problema empieza en la segunda mitad de la frase.

Porque lo que se dijo no fue que hay un nivel confidencial y punto. Lo que se dijo fue que hay un nivel confidencial y otro en el cual hay que ganar legitimidad.

Léalo otra vez. La legitimidad quedó ubicada del lado público. Es decir, del lado donde se cuenta una parte.

Y ahí hay un problema que ninguna buena intención resuelve: se le está pidiendo al país que otorgue legitimidad a partir de la mitad de la información que existe.

No digo que esa mitad sea falsa. Digo que es una mitad, y que quien la entrega lo sabe.

Yo he defendido en estas mismas páginas que la contraloría ciudadana es aritmética: anotar la cifra de hoy para poder compararla en noventa días. Sigo pensándolo.

Pero la aritmética necesita números. Y si una parte de lo acordado vive en el nivel que no se cuenta, entonces el ciudadano no está haciendo contraloría: está haciendo confianza.

Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas. La contraloría se ejerce sobre hechos verificables. La confianza se deposita en personas. La primera funciona aunque el negociador falle. La segunda depende de que no falle.

Este proceso, tal como está descrito por sus propios protagonistas, le está pidiendo al país lo segundo mientras le ofrece el vocabulario de lo primero.

Se me dirá, con razón, que ya hay resultados publicados. Y los hay.

Un acuerdo firmado el 12 de agosto con cuatro pasos concretos para renovar el Tribunal Supremo. Un paquete legislativo que, según los propios negociadores, alcanza a seis leyes: la del máximo tribunal, la del Ministerio Público, la de la Defensoría Pública, las de los órganos auxiliares de investigación penal, la de la Policía Nacional Bolivariana y la del sistema penitenciario.

Eso es sustancia. No es humo.

Pero fíjese en un detalle: ese alcance no lo supimos por el comunicado. El comunicado decía «y otras leyes del sistema de justicia». Lo supimos porque un negociador lo detalló en un seminario de formación de su partido.

De modo que la frontera entre el nivel confidencial y el nivel público no está donde uno supondría. No separa las tácticas de los resultados. Separa lo que se decide contar de lo que no, y esa línea la mueve quien informa.

Hay otra cosa que me inquieta, y es de orden práctico.

Un nivel confidencial es sostenible cuando existe un mecanismo que lo audita después. En los procesos que funcionaron —y hubo algunos— lo reservado terminó siendo documento, acta, ley publicada. La reserva fue temporal porque había una fecha en la que dejaba de serlo.

Aquí no hay esa fecha. No la hay para el cierre de la primera fase, ni de la segunda, ni de la tercera. No la hay para la designación de magistrados, ni para el árbitro electoral, ni para una elección.

Una reserva sin fecha de vencimiento no es confidencialidad. Con el tiempo, es simplemente opacidad con mejores modales.

Quiero ser justo con quienes están sentados en esa mesa, porque lo merecen.

Están haciendo algo difícil, en condiciones que no eligieron, frente a una contraparte que gobernó tres décadas. Han obtenido más de lo que fueron a buscar: entraron aspirando a una sala del tribunal y a veinticuatro magistraturas, y salieron con las treinta y dos completas. Han reclamado en público por las inconsistencias de listas que anunció su contraparte. Y han admitido lo que muchos habrían callado.

Reconocer que hay un nivel que no se cuenta es más honesto que fingir que no existe.

Pero la honestidad de la advertencia no elimina la consecuencia de lo advertido.

Entonces, ¿qué hacemos los que estamos del otro lado?

Lo mismo de siempre, con una corrección.

Seguir anotando lo verificable: las cifras, las fechas comprometidas, los nombres publicados, las leyes que efectivamente lleguen al hemiciclo. Eso no cambia.

Y agregar una segunda columna: anotar también lo que no se puede verificar. Llevar la cuenta de las preguntas sin respuesta con la misma disciplina con que se lleva la de los datos. Cuántas personas fueron excarceladas y no sabemos sus nombres. Qué asamblea ratifica los contratos y no lo han dicho. Cuándo termina cada fase y nadie lo escribió.

Esa segunda lista es tan informativa como la primera. A veces más.

Un proceso que reconoce tener un nivel reservado nos está diciendo algo útil sobre sí mismo. Está diciendo: júzguennos por lo que puedan ver, y sepan que no es todo.

Muy bien. Aceptemos el trato en sus términos.

Pero entonces que nadie se sorprenda si el país, que ya fue engañado diecisiete veces con procesos que también pedían confianza, tarda un poco más en darla.

La desconfianza venezolana no es un defecto de carácter. Es memoria.

Y la única manera de vencerla no es pedir fe. Es publicar una fecha.

Alfredo Yánez Mondragón es fundador y editor en jefe de INCÍSOS.

Esta columna expresa la opinión de su autor.

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La república de los rehenes

«Usaron a mi familia como rehén». Cuatro noticias de una misma semana muestran el método que sostuvo al chavismo, y lo que falta para desmontarlo.

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INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

Una magistrada que firma con su familia presa. Estadounidenses encarcelados para negociar. Militares juzgados por militares. Una Nobel que no puede aterrizar. En una sola semana, Venezuela mostró el método que la sostuvo durante años. Una transición no termina cuando se liberan los rehenes, sino cuando el sistema deja de necesitarlos.

«Usaron a mi familia como rehén». La frase es de Bárbara César Siero, que fue vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La hizo pública el 6 de octubre de 2026 para explicar por qué firmó las inhabilitaciones de María Corina Machado y de otros dirigentes en diciembre de 2023: la contrainteligencia militar tenía detenidos a dos de sus hermanos y a su cuñada.

Rehén. Es una palabra que los venezolanos conocemos demasiado bien. La usamos para hablar de un preso político, de un familiar que no puede salir del país, de un pasaporte que no se renueva. Pero pocas veces se ve el mecanismo con tanta claridad como en estos días. Basta poner juntas cuatro noticias de una misma semana.

Cuatro rehenes

La magistrada. Según su relato, el 15 de diciembre de 2023 se llevaron a su familia y el 22 de diciembre ella firmó, con una asistente esperando en su despacho a que terminara. Un tribunal acaba de condenar a sus familiares. No hace falta absolverla para entender lo que describe: una firma conseguida con una vida ajena como garantía. Y, como recuerda Ángel Alberto Bellorín, esa Sala tenía la obligación constitucional de anular esas inhabilitaciones, no de confirmarlas.

Los estadounidenses. La Fiscalía de Nueva York prepara, según CNN, cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por la tortura de más de una docena de ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela. Durante años, esos presos fueron fichas de intercambio: se encarcelaba para luego canjear.

Los militares. La CIDH acaba de exigir la liberación de 196 militares y policías presos por razones políticas, según Justicia, Encuentro y Perdón. Seis han muerto bajo custodia. Los juzgan tribunales militares y los custodian los mismos organismos de inteligencia que los arrestaron. Entre ellos, los hermanos de la magistrada.

La Nobel. María Corina Machado cumplió 59 años el 7 de octubre fuera de su país. Su equipo cuenta siete intentos fallidos de regreso. Washington niega haberla bloqueado; Países Bajos no explica por qué Curazao le negó el aterrizaje; Caracas dice que puede volver cuando quiera. Y ella sigue afuera.

El rehén no es un daño colateral

Lo que une las cuatro historias no es la crueldad, que la hubo. Es el método. El rehén no fue un exceso del sistema: fue una de sus herramientas de gobierno. Sirvió para conseguir firmas, para negociar con Washington, para disciplinar cuarteles y para mantener a raya a la oposición. Un sistema así no necesita convencer a nadie. Le basta con tener algo que el otro no puede perder.

Por eso conviene leer con cuidado las buenas noticias. Las excarcelaciones de los últimos meses son reales y cada una es una familia que respira. Pero mientras los militares sigan en tribunales militares, mientras la custodia siga en manos de la DGCIM y del Sebin, y mientras quien firmó bajo coacción no tenga a dónde denunciarlo dentro del país, el mecanismo sigue intacto. Se pueden soltar rehenes sin desmontar la fábrica.

También el calendario

Hay un rehén más, menos visible: el voto. La mesa de diálogo vuelve a reunirse a mediados de octubre. Ha acordado cosas importantes, como el comité para renovar el TSJ o el desbloqueo de portales. Pero la fecha de las elecciones no está en la agenda. Washington habla de un plan en tres fases donde el comercio va primero; su subsecretario de Comercio estuvo en Caracas el 7 de octubre. Mientras no haya fecha, los venezolanos, adentro y afuera, también esperan a que otros decidan por ellos.

Desde Columbus, como desde Madrid, Miami o Bogotá, cualquiera que tenga un familiar preso o una casa a la que no puede volver sabe de qué hablo. La diáspora también fue, a su manera, una forma de rehén: millones que no pueden votar, que no pueden regresar sin miedo, que mandan dinero para sostener a los que se quedaron.

Lo que falta

La pregunta de esta casa es siempre la misma: ¿qué falta, exactamente, para que pase? Para que se acabe la república de los rehenes faltan cuatro cosas concretas. Que salgan los presos que el sistema todavía usa como fichas, empezando por los militares. Que sus causas pasen a tribunales ordinarios. Que el nuevo TSJ revise lo que se firmó bajo coacción. Y que haya una fecha para votar, porque sin calendario el país entero sigue esperando un permiso.

Una república no se mide por cuántos rehenes libera. Se mide por cuántos deja de necesitar.

Alfredo Yánez Mondragón


Fuentes principales: Infobae y El Estímulo, 7 de octubre de 2026 (Bárbara César Siero); CNN, 7 de octubre de 2026 (cargos por tortura); CIDH, 6 de octubre de 2026; Infobae y EFE, 7 de octubre de 2026 (Machado y Rubio); Infobae, 26 de septiembre de 2026 (diálogo).

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Inciso

Al amparo de Dios

«Que Dios nos ampare». La frase de siempre, en la semana en que un tribunal cerró una puerta y otro dejó una abierta.

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People walking and gardening along paths in a stylized mountain landscape

INCISO · ALFREDO YÁNEZ MONDRAGÓN

En una misma semana, la Corte Suprema le quitó a los venezolanos con TPS su último amparo judicial y la ONU renovó el suyo sobre Venezuela. Entre un tribunal que cierra y otro que se queda, millones repiten la frase que siempre han dicho: que Dios nos ampare. La fe sostiene. Pero también hay que organizarse.

«Que Dios nos ampare». La decimos al salir de casa, al despedir a un hijo en el aeropuerto, cuando llega una carta del gobierno que no entendemos. Es una frase venezolana antes que religiosa. La dicen el que reza todos los días y el que no pisa una iglesia desde su primera comunión. Es, quizá, la oración más corta que tenemos.

Esta semana tuvo dos amparos que no dependen de Dios, y conviene mirarlos con calma.

El amparo que se cerró

El lunes 5 de octubre, en el primer día de su nuevo período, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo que había declarado ilegal el fin del TPS para los venezolanos y devolvió el caso al Noveno Circuito. No decidió el fondo: aplicó un precedente que limita a los jueces. Pero el efecto es claro. La vía judicial, que durante meses fue el refugio de cientos de miles de familias, se estrecha.

En Columbus conozco a varias de esas familias. Tienen hijos en las escuelas de la ciudad, trabajan en almacenes, en la construcción, en restaurantes, en hospitales. Pagaron cada renovación, cada formulario, cada abogado. Hicieron lo que se les pidió. Y aun así, el amparo se les fue de las manos en una orden de tres palabras.

El amparo que se quedó

Un día después, en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó hasta 2028 la misión que investiga los abusos cometidos en Venezuela desde 2014. Lo hizo con 25 votos, el mayor respaldo desde que se creó. La delegación del gobierno encargado dijo que «no acompaña» la renovación.

Es una paradoja que vale la pena nombrar. Afuera, el venezolano pierde protección. Adentro, la comunidad internacional decide no dejar de mirar. Los dos hechos dicen lo mismo de distinta manera: la transición no ha terminado, ni para los que se fueron ni para los que se quedaron.

El amparo de la fe

Entre esas dos noticias está la gente. Y la gente reza. Lo hace en las parroquias de Columbus donde hay misa en español, en los grupos de oración de WhatsApp, en la cocina, antes de una cita en inmigración. «Primero Dios», dice la madre que espera la respuesta de un abogado. «Dios proveerá», dice el padre que no sabe si mañana podrá trabajar.

No escribo esto para burlarme de esa fe. La comparto. He visto cómo sostiene a familias enteras cuando todo lo demás se cae. La fe es, para muchos de nosotros, el único amparo que nadie puede revocar con una orden judicial.

Pero la fe que sostiene no puede ser la fe que paraliza. «A Dios rogando y con el mazo dando», dice el refrán, y el refrán es sabio. Rezar no sustituye buscar un abogado acreditado, revisar los documentos, preparar un plan familiar, registrarse para votar si se tiene la ciudadanía, conocer los derechos cuando un agente pide identificación. Rezar no sustituye organizarse.

Lo que falta

La pregunta de esta casa es siempre la misma: ¿qué falta, exactamente, para que pase? Para que el venezolano de afuera tenga un amparo que no dependa de la voluntad de turno, falta una solución legal estable, de esas que solo da el Congreso. Para que el de adentro no necesite que la ONU lo vigile, faltan instituciones que lo protejan sin que nadie tenga que pedirlo.

Mientras eso llega, seguiremos diciendo «que Dios nos ampare». Que sea, también, un compromiso: ampararnos entre nosotros.

Alfredo Yánez Mondragón


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«Que Dios nos ampare». La frase de siempre, en la semana en que un tribunal cerró una puerta y otro dejó una abierta.

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En una misma semana, la Corte Suprema le quitó a los venezolanos con TPS su último amparo judicial y la ONU renovó el suyo sobre Venezuela. Entre un tribunal que cierra y otro que se queda, millones repiten la frase que siempre han dicho: que Dios nos ampare. La fe sostiene. Pero también hay que organizarse.

«Que Dios nos ampare». La decimos al salir de casa, al despedir a un hijo en el aeropuerto, cuando llega una carta del gobierno que no entendemos. Es una frase venezolana antes que religiosa. La dicen el que reza todos los días y el que no pisa una iglesia desde su primera comunión. Es, quizá, la oración más corta que tenemos.

Esta semana tuvo dos amparos que no dependen de Dios, y conviene mirarlos con calma.

El amparo que se cerró

El lunes 5 de octubre, en el primer día de su nuevo período, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo que había declarado ilegal el fin del TPS para los venezolanos y devolvió el caso al Noveno Circuito. No decidió el fondo: aplicó un precedente que limita a los jueces. Pero el efecto es claro. La vía judicial, que durante meses fue el refugio de cientos de miles de familias, se estrecha.

En Columbus conozco a varias de esas familias. Tienen hijos en las escuelas de la ciudad, trabajan en almacenes, en la construcción, en restaurantes, en hospitales. Pagaron cada renovación, cada formulario, cada abogado. Hicieron lo que se les pidió. Y aun así, el amparo se les fue de las manos en una orden de tres palabras.

El amparo que se quedó

Un día después, en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó hasta 2028 la misión que investiga los abusos cometidos en Venezuela desde 2014. Lo hizo con 25 votos, el mayor respaldo desde que se creó. La delegación del gobierno encargado dijo que «no acompaña» la renovación.

Es una paradoja que vale la pena nombrar. Afuera, el venezolano pierde protección. Adentro, la comunidad internacional decide no dejar de mirar. Los dos hechos dicen lo mismo de distinta manera: la transición no ha terminado, ni para los que se fueron ni para los que se quedaron.

El amparo de la fe

Entre esas dos noticias está la gente. Y la gente reza. Lo hace en las parroquias de Columbus donde hay misa en español, en los grupos de oración de WhatsApp, en la cocina, antes de una cita en inmigración. «Primero Dios», dice la madre que espera la respuesta de un abogado. «Dios proveerá», dice el padre que no sabe si mañana podrá trabajar.

No escribo esto para burlarme de esa fe. La comparto. He visto cómo sostiene a familias enteras cuando todo lo demás se cae. La fe es, para muchos de nosotros, el único amparo que nadie puede revocar con una orden judicial.

Pero la fe que sostiene no puede ser la fe que paraliza. «A Dios rogando y con el mazo dando», dice el refrán, y el refrán es sabio. Rezar no sustituye buscar un abogado acreditado, revisar los documentos, preparar un plan familiar, registrarse para votar si se tiene la ciudadanía, conocer los derechos cuando un agente pide identificación. Rezar no sustituye organizarse.

Lo que falta

La pregunta de esta casa es siempre la misma: ¿qué falta, exactamente, para que pase? Para que el venezolano de afuera tenga un amparo que no dependa de la voluntad de turno, falta una solución legal estable, de esas que solo da el Congreso. Para que el de adentro no necesite que la ONU lo vigile, faltan instituciones que lo protejan sin que nadie tenga que pedirlo.

Mientras eso llega, seguiremos diciendo «que Dios nos ampare». Que sea, también, un compromiso: ampararnos entre nosotros.

Alfredo Yánez Mondragón


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