POLÍTICA · LA AUDIENCIA

INCÍSOS leyó los 388 comentarios que dejó la audiencia en la entrevista en vivo a Bárbara César Siero en el canal de Nitu Pérez Osuna. Casi todos los que opinaron sobre ella la rechazan: le reprochan que hablara solo cuando tocaron a su familia. Una minoría pide escucharla para que otros jueces hablen.

Nota de transparencia: Alfredo Yánez Mondragón, editor de INCÍSOS, fue coentrevistador. Esta nota incluye también las críticas de la audiencia a la entrevista.

La entrevista en vivo a Bárbara César Siero, la exmagistrada de la Sala Político Administrativa que denunció haber firmado inhabilitaciones con su familia presa, reunió 388 comentarios de 249 usuarios en el canal de YouTube de Nitu Pérez Osuna hasta la mañana del 8 de octubre de 2026. INCÍSOS los leyó y los clasificó uno por uno.

De los 278 comentarios que expresan una postura sobre ella, 250 la rechazan: nueve de cada diez. Diecisiete muestran comprensión o apoyo, y once tienen una postura matizada. Los otros 110 son saludos, opiniones sobre la entrevista o temas distintos. La proporción se mantiene si se cuenta por usuario y no por comentario, porque algunos escribieron hasta once veces.

«Habló cuando le tocaron a su familia»

El reproche más repetido no es lo que firmó, sino cuándo decidió contarlo. Al menos 23 comentarios señalan que habló solo después de que detuvieron a sus hermanos y a su cuñada. Otros once preguntan por qué no renunció. «El ejercicio de ser Juez de la República no es un empleo para cobrar 15 y 30 … es un cargo serio y de responsabilidad absoluta», escribió @AnaSenior.

Varios lo explican desde su propio oficio. «Yo soy Médico. Si el Director me dice que cambien el Diagnóstico. Pues le digo que No. Primero está mi Ética Profesional», escribió @marinapino2412.

Unos 22 comentarios reprochan que no respondió lo que se le preguntaba, o que habló de sí misma en tercera persona. Y un detalle de la entrevista llamó la atención: que firmara sin leer. «Lo que me parece más grave es que haya firmado la sentencia sin leerla y me temo que sea práctica recurrente», escribió @hecmaryvni.

La minoría que pide escucharla

Una minoría pide separar el juicio de la utilidad del testimonio. «Mientras nos empeñemos en crucificar a quien denuncie la irregularidades del régimen puertas adentro, seguiremos sin poder contra atacar con conocimiento de causa», escribió @Venezolanaenuruguay. Otro usuario recordó el contexto: «Que parte no entienden que tenían presos a sus dos hermanos y cuñada? Denle el beneficio de la duda» (@johnmunoz2336).

La idea que más se repite en ese grupo es que su caso anime a otros. «Ojalá ella sea la inspiración para que otros jueces hagan lo mismo», escribió @IsmaelGonzalez-nb6yt. Y una postura intermedia, de @robertoortizespinoza795: «Yo creo en la redención, pero posterior a un juicio justo y bien realizado».

Lo que dijeron de la entrevista

Cuarenta y nueve comentarios elogian la entrevista y treinta y dos la critican. Las críticas van en dos direcciones opuestas. Unos piden no darle tribuna a la exmagistrada o reprochan que se le facilitara el relato; @mariarojas7ve pidió en el minuto 52: «Sr. Alfredo por favor deje de darle ideas de heroina a esa señora». Otros creen lo contrario: que la entrevista se concentró en si era chavista y no en la denuncia. «Haberse enfocado en tratar de identificar a la abogada como chavista, en lugar de darle prioridad a la denuncia, la cual habla por si sola, fue un error», escribió @MagalyIrady-g2f.

En la otra orilla, @LisviaMorocoima defendió el formato: «Ese es el papel del periodista, presentar los hechos, evidenciar y poner los micrófonos para que escuchemos lo que cada quien tenga que decir y nosotros formarnos nuestro criterio».

La pregunta por el nuevo TSJ

Un grupo pequeño llevó la discusión al tribunal que viene. «Quien garantizará que los nuevos magistrados sean escuchados y sus sentencias ejecutadas. De nada vale tenerlos de adornos», preguntó @lupar77. Otros sospechan que la exmagistrada busca un lugar en la renovación del TSJ o su jubilación; son afirmaciones de la audiencia, no hechos comprobados.

Varios comentarios atribuyen a la exmagistrada antecedentes concretos de su carrera. INCÍSOS no los ha verificado y por eso no se reproducen.

Análisis: la confesión no basta

Los comentarios muestran una tensión que la transición tendrá que resolver: la audiencia quiere justicia, no confesiones. Para la mayoría, contar cómo se firmó no exime de haber firmado. Para una minoría, sin testimonios desde adentro no habrá con qué juzgar. Las dos posturas coinciden en algo: piden un juicio. ¿Qué falta, exactamente, para que una denuncia así se convierta en un expediente? Una Fiscalía que la investigue y un tribunal que no dependa de quienes la coaccionaron.

Cómo lo hicimos

INCÍSOS exportó los 388 comentarios publicados hasta las 11:36 a. m. del 8 de octubre de 2026 y los clasificó por su postura sobre la exmagistrada (rechazo, comprensión o apoyo, matizada o sin postura) y por tema. Los comentarios no son una encuesta ni una muestra representativa de los venezolanos: reflejan a quienes vieron la entrevista y decidieron escribir. Las citas se reproducen como fueron publicadas. Se omitieron insultos y acusaciones contra terceros.

Fuentes principales: Comentarios públicos de YouTube a la entrevista «Me obligaron a inhabilitar a María Corina Machado», canal de Nitu Pérez Osuna, 7 y 8 de octubre de 2026; clasificación de INCÍSOS.

Más allá de las inhabilitaciones, la exmagistrada Bárbara César trazó en El Canal de Nitu (7/10/2026) un mapa de funcionamiento de la justicia marcado por la coacción y la subordinación. Aseguró que, durante casi una década en el TSJ, observó cómo la “superioridad” o “alto nivel” decidía por encima de jueces y magistrados —una práctica que, dijo, se consolidó desde el “efecto Afiuni”— y que eso alcanzó decisiones tan sensibles como las boletas de excarcelación: “hay un alto nivel que decide por encima de los jueces y ahí se queda”.

Relató que la cultura del miedo se extendió: fiscales que se volvían “el terror de los jueces” —según su recuerdo—, defensores públicos que no visitaban a sus defendidos pese al mandato legal y sentencias del propio TSJ que nunca se cumplían en la administración pública. Calificó al sistema de justicia con una nota de “0 sobre 20”.

En el plano más duro, vinculó la represión a nombres y prácticas. Denunció que sus hermanos —detenidos en el caso conocido como “Brazalete Blanco”— pasaron 965 días sin acceso a defensa privada y que los defensores públicos asignados “nunca” los visitaron en el Rodeo I. Señaló al funcionario de la DGCIM Alexander Granco como quien habría ordenado torturas en ese expediente. Subrayó que no tenía competencia penal en el TSJ, pero afirmó que “las órdenes superiores” permeaban todo el sistema.

Como salida, invitó a jueces, fiscales y defensores a usar los mecanismos de la ONU (procedimientos especiales) para denunciar violaciones a la independencia judicial de forma segura y masiva. “Si coaccionan a un magistrado, ¿qué queda para el alguacil?”, preguntó el coanfitrión Alfredo Llanes, apuntalando la idea de que el problema es estructural.

Por qué importa. Si lo narrado se corrobora, describe un patrón: interferencia política en decisiones jurisdiccionales, omisiones deliberadas de órganos de defensa, desobediencia de excarcelaciones y prácticas de tortura. Todo ello afecta derechos fundamentales (debido proceso, integridad personal y libertad) y compromete la legitimidad de la justicia. El llamado de César a documentar y denunciar internacionalmente, si prospera, podría abrir un cauce probatorio sobre la escala real de estas dinámicas.

Nota editorial: los hechos y nombres aquí referidos provienen de la entrevista del 7 de octubre de 2026. Corresponde a investigaciones independientes determinar responsabilidades penales y administrativas.

La trayectoria de Bárbara César fue parte sustantiva de la conversación. Contó que inició como defensora pública en 2005, luego fue jueza —itinerante, temporal y provisorio— y, más tarde, magistrada. Rechazó que su carrera respondiera a militancia política o “palancas” familiares, pese a su entorno militar. Dijo que participó en concursos y que, por productividad, asumió coordinaciones. También relató prácticas de la administración pública como la obligación de asistir a marchas, que calificó de arbitrarias y punitivas para quienes se negaban.

Sobre decisiones polémicas previas a su llegada a la Sala Político Administrativa, detalló el expediente de difamación impulsado por Diosdado Cabello contra Tal Cual. Explicó que, al verificar requisitos formales, admitió la demanda y acordó medidas cautelares (prohibición de salida y presentaciones periódicas), sin orden de terceros: “como jueza, yo las aprobé; nadie me dio la instrucción ni fui coaccionada”. Subrayó que no llegó a sentenciar el fondo y que su auto fue apelado, como permite la ley.

Ya como magistrada, asegura que comenzó a salvar votos en asuntos que “no eran del agrado” de la superioridad. Sostiene que eso la puso bajo sospecha y derivó en la coacción que ahora denuncia. En paralelo, la audiencia del programa se mostró mayoritariamente incrédula y le reprochó el silencio prolongado. César respondió con disculpas, pidió comprensión sobre el “miedo” instalado en el sistema y defendió que su testimonio puede servir para que otros operadores “se empoderen”.

Clave editorial. La propia voz de César permite distinguir dos periodos en su carrera: uno en el que reivindica decisiones adoptadas bajo su criterio jurídico y otro en el que afirma haber enfrentado presiones hasta quebrar su autonomía. El contraste obliga a mirar sus expedientes con lupa: ni sus argumentos de entonces la eximen automáticamente de responsabilidad, ni su denuncia actual invalida por sí sola todo lo que firmó. La rendición de cuentas requerirá revisar caso por caso.