Nota informativa

El primer ciclo se ocupó de quién juzga. El segundo se ocupa de quién puede competir. Es el tramo donde el proceso deja de ser institucional y se vuelve electoral.

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Lo que la jefa de la delegación adelantó

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, adelantó ante militantes de su partido el contenido del segundo ciclo, previsto para septiembre.

El tema será las garantías políticas y civiles. Y dentro de ese bloque situó objetivos concretos.

La recuperación de las tarjetas electorales. Señaló que están trabajando para que cada partido político recupere su tarjeta y sus espacios, y recordó que las organizaciones fueron despojadas de sus siglas mientras otras quedaron inhabilitadas, algunas mediante mecanismos administrativos que bloquearon su institucionalidad. Su formulación fue directa: sin partidos no hay democracia.

El levantamiento de las inhabilitaciones personales. Planteó como objetivo que se devuelva el derecho a participar en procesos electorales a las personas criminalizadas, perseguidas o exiliadas.

La derogación de tres leyes. La ley contra el odio, la ley de organizaciones no gubernamentales y la ley relativa a los activos, que describió como instrumentos de criminalización y como normas de carácter coercitivo que limitaron el ejercicio democrático.

Mencionó además haberse reunido con organizaciones no gubernamentales en el marco de ese trabajo.

Por qué este ciclo pesa más que el anterior

El primer ciclo produjo un acuerdo sobre el Tribunal Supremo de Justicia. Ese es el órgano que arbitra las impugnaciones electorales.

Pero un árbitro imparcial no sirve de nada si los equipos no pueden inscribirse.

Las tarjetas electorales son el instrumento con el que un partido aparece en la boleta. Sin ella, una organización existe políticamente pero no puede postular candidatos con su símbolo, y sus votantes no la encuentran en la pantalla de la máquina.

Las inhabilitaciones personales son el mecanismo por el cual una persona concreta queda excluida de competir. Es el que se aplicó a María Corina Machado.

Y las tres leyes que se propone derogar son las que han sustentado buena parte de la persecución penal de la última década.

De modo que este ciclo toca lo que el anterior no tocó: no ya quién juzga, sino quién puede presentarse.

Lo que sigue sin aparecer

Conviene notar qué no figura en el adelanto.

No hay fecha electoral. La hoja de ruta que Figuera enumeró tiene cuatro temas: reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral, garantías políticas y civiles, y libertad de expresión. Ninguno de los cuatro es un calendario de comicios.

No hay fecha para el árbitro electoral. El Consejo Nacional Electoral figura en la hoja de ruta, pero su renovación no fue el tema del primer ciclo y no es el del segundo.

Y los presos políticos siguen fuera de la agenda formal. El bloque de garantías políticas y civiles es el lugar natural donde ese asunto encajaría. Si no entra en septiembre, no queda otro tramo previsto donde pueda entrar.

El precedente que conviene tener presente

Hay una razón para leer este adelanto con expectativa moderada.

En el primer ciclo, la delegación entró apuntando a una sala del Tribunal Supremo y salió con las 32 magistraturas completas. Ese resultado, contado por sus propios protagonistas, muestra que el margen de la negociación fue mayor de lo previsto.

Pero también muestra lo contrario: que lo que se anuncia antes de sentarse no describe lo que sale. En septiembre puede salir más, o puede salir menos.

Y hay un antecedente incómodo sobre las tarjetas. La judicialización de los partidos venezolanos —la sustitución de sus directivas por decisión judicial y la entrega de sus símbolos a terceros— fue obra del mismo Tribunal Supremo de Justicia que ahora se va a renovar.

Es decir: la reparación de las tarjetas depende, en buena medida, de que el tribunal nuevo revierta lo que hizo el tribunal viejo. Y ese tribunal nuevo todavía no existe.

Ahí está el orden real de las cosas, y explica por qué el proceso empezó donde empezó.

Las tres fechas que hay que vigilar

Cuándo se instala el segundo ciclo. Solo se ha dicho septiembre.

Si los presos políticos entran al bloque de garantías. Es la última ventana prevista.

Y si aparece, por fin, un calendario. Cuatro temas y ninguna fecha siguen siendo cuatro temas y ninguna fecha.

Fuentes principales: Declaraciones de Dinorah Figuera en un seminario de formación de Primero Justicia difundido en agosto de 2026. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Registro público sobre la judicialización de partidos políticos venezolanos y sobre las leyes cuya derogación se plantea.

Nota informativa

Estabilización. Recuperación. Transición. Son las tres palabras que encabezan la convocatoria. Son también, en el mismo orden, las tres fases del plan que Washington formuló en enero.

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La convocatoria

La citación de prensa anuncia que Márquez dirigirá un mensaje al país y presentará formalmente el Pacto por Venezuela, descrito como una propuesta para la estabilización, recuperación, reinstitucionalización y transición democrática del país, sobre la base de acuerdos, garantías y participación nacional.

El acto está fijado para el jueves 20 de agosto de 2026 a las 11:00 de la mañana en el salón Michelena del Hotel JW Marriott, en la avenida Venezuela con calle Mohedano, El Rosal, Caracas. La iniciativa tiene sitio web propio.

El detalle del encabezado

Bajo el nombre de la propuesta, la convocatoria coloca tres palabras separadas por guiones: estabilización, recuperación, transición.

Son las mismas tres, en el mismo orden, que dan nombre a las fases del plan que el secretario de Estado Marco Rubio presentó ante el Congreso de Estados Unidos el 7 de enero de 2026 y amplió el 28 del mismo mes.

La coincidencia admite más de una lectura y ninguna se puede dar por buena antes del acto.

Puede ser un gesto de alineación deliberado, que sitúa la propuesta dentro del marco que Washington ya fijó y busca acomodarse en él. Puede ser una apropiación del vocabulario para disputarle el contenido: usar las mismas tres fases y llenarlas de otra cosa. O puede ser simple convergencia, porque estabilización, recuperación y transición son términos genéricos de manual en cualquier proceso de este tipo.

El texto de la convocatoria añade además una cuarta palabra que el plan estadounidense no tiene: reinstitucionalización.

Esa diferencia es la que conviene escuchar el jueves.

Quién es Enrique Márquez

Enrique Octavio Márquez Pérez nació en Maracaibo el 19 de mayo de 1963. Es ingeniero electricista egresado de la Universidad del Zulia, donde después ejerció la docencia.

Fue diputado a la Asamblea Nacional por el estado Zulia entre 2000 y 2006, y nuevamente entre 2011 y 2021.

Entre el 5 de mayo de 2021 y el 20 de junio de 2023 fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, durante la presidencia de Pedro Calzadilla. Es decir, conoce por dentro el organismo cuya renovación se negocia ahora en la mesa de Caracas.

Se postuló a la presidencia en la elección del 28 de julio de 2024 con el respaldo del partido Centrados en la Gente. Obtuvo una votación marginal. Lo apoyaron también el Partido Comunista de Venezuela y REDES, la organización del exalcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto, que proviene del chavismo.

El dato que lo distingue

Hay un hecho de su trayectoria que explica por qué su nombre reaparece.

Márquez fue el único candidato que comprobó, a través de una testigo, que el boletín número uno que proclamó ganador a Nicolás Maduro no se imprimió en la Sala de Totalización del Consejo Nacional Electoral ni en presencia de los testigos, como exige la ley.

Hizo públicas esas denuncias. Fue detenido el 7 de enero de 2025, acusado de planear un golpe de Estado. Pasó más de un año preso y fue excarcelado a comienzos de enero de 2026, en la primera tanda posterior a la captura del usurpador Nicolás Maduro.

El 25 de febrero de 2026, dos meses después de salir de prisión, fue uno de los invitados del presidente Donald Trump al discurso sobre el estado de la Unión, en el Capitolio. Márquez no precisó quién cursó la invitación: dijo únicamente que vino «desde la Casa Blanca». Sostuvo también que mantuvo reuniones en Washington cuyos interlocutores prefirió no nombrar «por prudencia».

Esa aparición instaló la pregunta que ha acompañado su nombre desde entonces: si Washington lo está posicionando como figura alternativa dentro de la oposición venezolana.

El mapa donde entra esta propuesta

Conviene ubicar el acto del jueves dentro del tablero real.

La mesa de Caracas negocia desde el 1 de agosto entre la delegación del gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional electa en 2015, que preside Dinorah Figuera. Su primer ciclo produjo un acuerdo sobre el Tribunal Supremo de Justicia. No participan María Corina Machado ni el presidente electo Edmundo González Urrutia.

Márquez tampoco está en esa mesa. Y su propuesta llega ocho días después del acuerdo del 12 de agosto.

En marzo de 2026 ya había hecho un planteamiento en la misma dirección: pidió que la elección del fiscal general y del defensor del pueblo se hiciera por consenso, sin cuotas partidistas, y que no se omitiera ninguna fase del artículo 279 de la Constitución.

Las preguntas que el acto debería responder

Quiénes firman. Un pacto es un acuerdo entre partes. La convocatoria no anuncia signatarios.

Qué relación tiene con la mesa de Caracas. Si es complementario, alternativo o competidor.

Qué dice sobre el calendario electoral. Es el punto que ninguna de las rutas en curso ha fijado.

Y qué contiene la palabra reinstitucionalización que las otras tres no contienen.

Fuentes principales: Convocatoria de prensa difundida por Enrique Márquez en su cuenta de la red social X. Reseñas biográficas publicadas por CNN en Español, El Nacional, El Español y Diario de Cuba sobre su trayectoria, su detención y su presencia en el Capitolio. Cobertura de Infobae del 11 de marzo de 2026 sobre su solicitud relativa al artículo 279 de la Constitución. Plan de tres fases presentado ante el Congreso de Estados Unidos el 7 de enero de 2026 y ampliado el 28 de enero. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026.

Análisis

A los jueces penales de Caracas les dijeron que no esperen instrucciones para decidir. La instrucción más reveladora de este proceso es, precisamente, esa.

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Lo que se dijo en esa sala

El abogado y exfiscal Zair Mundaray informó el 19 de agosto de 2026 que recibió el audio íntegro del discurso pronunciado el día anterior por el presidente del circuito judicial penal de Caracas, Jhonn Parody, ante todos los jueces penales de esa jurisdicción.

Según su relato, Parody reiteró que los jueces no deben esperar instrucciones para decidir, que apliquen la Constitución y la ley, y se refirió a la mala percepción que la sociedad tiene de la justicia que se imparte desde allí y a la necesidad de trabajar para mejorarla.

Mundaray extrajo de ello una consecuencia práctica dirigida a abogados litigantes y usuarios del sistema: si algún juez se excusa alegando que debe esperar una instrucción para otorgar una libertad o para decidir conforme a derecho, corresponde denunciarlo, porque según lo dicho en esa reunión esa no es la dinámica.

Añadió una observación sobre lo que vio en el video: el desconcierto en la cara de los jueces, y su lectura de que algunos llevan mucho tiempo sin decidir con autonomía. Atribuyó el episodio a los efectos de lo que ocurre en la mesa de negociación.

Por qué esto es noticia y no un discurso protocolar

Aquí está el punto, y no requiere interpretación forzada.

Un tribunal independiente no necesita que le digan que no espere instrucciones. La instrucción de no esperar instrucciones solo tiene sentido si existía la costumbre de esperarlas.

El discurso no denuncia esa práctica: la presupone. Y al presuponerla, la documenta desde la propia autoridad del circuito.

Es, hasta donde alcanza el registro público, el reconocimiento institucional más explícito de que los jueces penales de Caracas venían decidiendo bajo instrucción.

Quién lo cuenta

La fuente exige presentación, porque de ella depende el peso de la información.

Zair Mundaray fue director de Actuación Procesal del Ministerio Público venezolano. Se desmarcó de las actuaciones gubernamentales en 2017 junto con la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz y salió del país antes de ser detenido. Desde el exilio ha documentado con antelación movimientos internos del sistema judicial venezolano: la purga de fiscales de 2025, las jubilaciones de magistrados del Tribunal Supremo anunciadas en abril de 2026 y diversas maniobras procesales.

Precisiones que corresponden. El audio no es público: Mundaray afirma haberlo recibido. Ni el circuito judicial penal de Caracas ni el propio Parody se habían pronunciado al momento de esta publicación. Y la lectura sobre el desconcierto de los jueces es una apreciación suya, no un hecho verificable.

El segundo tramo del mismo mensaje

En la misma publicación, Mundaray añadió una información que atribuyó a fuentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional: que descartaron al presidente del circuito entre los responsables de un caso de corrupción que identifica con el apellido Convit, y que todo se gestó desde la Sala Penal, la cual —sostiene— debe ser cambiada de inmediato.

Ese señalamiento corrige una posición previa del propio Mundaray. Días antes había denunciado que una Corte de Apelaciones con competencia en materia de terrorismo dictó en Caracas un sobreseimiento definitivo que extinguió la acción penal contra Jacinto Antonio Convit Ríos —hermano de Francisco Convit Guruceaga— y contra el empresario naviero griego Marios Iliopoulos, en una investigación vinculada a operaciones de tráfico de crudo venezolano. En aquella denuncia sostuvo que la actuación habría contado con el aval del presidente del circuito judicial de Caracas.

Ahora afirma que la inteligencia lo descartó.

Se consigna la rectificación completa porque corresponde: una acusación pública contra un funcionario nombrado y su posterior desmentido, ambos de la misma fuente, deben publicarse juntos o no publicarse.

Y la pieza que encaja

El movimiento no ocurre solo en Caracas.

El 17 de agosto de 2026, la Sala número uno de la Corte de Apelaciones del circuito judicial penal del estado Carabobo emitió boleta de notificación admitiendo el recurso de apelación contra la sentencia dictada en la causa del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott. La audiencia quedó fijada para el miércoles 26 de agosto a las 11:00 de la mañana. El expediente, identificado como DR-2026-83179, acumula otros recursos de la misma causa y alcanza a 23 acusados.

La defensa denuncia vicios en el juzgamiento, violaciones a las garantías del debido proceso y fallas en la valoración probatoria.

Caguaripano encabezó el 6 de agosto de 2017 la llamada Operación David, una incursión armada contra el Fuerte Paramacay, en Naguanagua. Fue detenido el 11 de agosto de ese año. Está recluido en El Rodeo I.

El contraste es la noticia. El 27 de febrero de 2026, el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo circuito de Carabobo declaró improcedente el sobreseimiento solicitado por su defensa y estableció que no se le aplicaba la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, publicada en Gaceta Oficial el 19 de febrero de 2026.

Seis meses después, el mismo circuito admite su apelación.

Lo que esto puede y no puede significar

Puede significar que los tribunales penales están corrigiendo omisiones ante un escenario de renovación del Tribunal Supremo de Justicia en el que cada juez sabe que su actuación pasada quedará expuesta.

Puede significar también algo más simple: que un recurso de apelación bien fundado se admite porque cumple los requisitos, y que su admisión no anticipa el resultado de la audiencia.

Las dos explicaciones son compatibles con los hechos disponibles y ninguna está demostrada.

Lo que sí está documentado es el conjunto: un discurso interno pidiendo a los jueces que decidan sin esperar órdenes, una apelación admitida en una causa militar que en febrero quedó fuera de la amnistía, y un exfiscal señalando a la Sala Penal del máximo tribunal mientras se negocia su renovación.

La vara para medirlo

La audiencia del 26 de agosto en Carabobo. Su resultado dirá si la admisión fue trámite o cambio.

Si el circuito judicial penal de Caracas hace público el contenido de la reunión. Un discurso sobre independencia judicial que solo se conoce por filtración tiene un problema de forma.

Y cuántas causas de presos políticos militares se mueven. En abril de 2026 se contabilizaban 191 militares presos por razones políticas a la espera de los beneficios de la amnistía, un sector que quedó excluido de hecho de ese instrumento. Si el movimiento es real, ahí se va a ver.

Fuentes principales: Publicación del exfiscal Zair Mundaray en su cuenta de la red social X del 19 de agosto de 2026, con el video de la reunión de trabajo del circuito judicial penal de Caracas. Denuncia previa del mismo autor sobre el sobreseimiento dictado por una Corte de Apelaciones en materia de terrorismo, reseñada por LaPatilla y Cuentas Claras Digital. Boleta de notificación de la Sala número uno de la Corte de Apelaciones de Carabobo del 17 de agosto de 2026, difundida por el periodista Víctor Ugas y reseñada por LaPatilla, Noticiero Digital, El Carabobeño y Efecto Cocuyo. Decisión del Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Carabobo del 27 de febrero de 2026. Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática publicada en Gaceta Oficial el 19 de febrero de 2026. Reportes de Infobae y El Nacional de abril de 2026 sobre militares presos políticos excluidos de la amnistía.