Política Pública
Tres palabras explican la confusión permanente sobre el TPS
El Estatus de Protección Temporal ha amparado a más de 1,3 millones de personas desde 1990. Su nombre contiene tres palabras que sostienen tres discusiones incompatibles y simultáneamente válidas.
Temporal. Protección. Status. Cada bando de la discusión se aferra a una de las tres palabras y descarta las otras dos. El problema es que las tres son ciertas al mismo tiempo.
| Qué | El Estatus de Protección Temporal contiene en su propio nombre tres conceptos jurídicos distintos que sostienen tres discusiones públicas incompatibles entre sí. |
|---|---|
| Quién | Más de 1,3 millones de personas amparadas por el programa desde su creación. El Congreso, el Departamento de Seguridad Nacional y la Corte Suprema como definidores del alcance. |
| Cuándo | Desde la Ley de Inmigración de 1990 hasta la terminación de designaciones anunciada el 14 de agosto de 2026. |
| Dónde | Estados Unidos. Las designaciones han alcanzado a más de veinte países en distintos momentos. |
| Por qué | La confusión sobre lo que el programa otorga determina decisiones familiares, laborales y legales de cientos de miles de personas. |
| Cómo | Mediante designaciones discrecionales del secretario de Seguridad Nacional publicadas en el Registro Federal, por períodos de seis a dieciocho meses renovables. |
El diseño de la discusión
El Congreso creó el programa en 1990, dentro de la Ley de Inmigración de ese año, para amparar a personas que ya se encontraban en territorio estadounidense y no podían regresar con seguridad a sus países por conflicto armado, desastre natural o condiciones extraordinarias.
Le puso un nombre de tres palabras. Y en esas tres palabras metió tres promesas que no encajan del todo entre sí.
Desde entonces, cada actor del debate toma la palabra que le sirve. Quien quiere terminar el programa subraya que es temporal. Quien quiere sostenerlo subraya que sirve de protección y que las condiciones no han cambiado. Y quien lo tiene subraya que le fue otorgado un status, con todo lo que esa palabra sugiere.
Ninguno de los tres miente. Ahí está el problema.
Temporal
Jurídicamente es la palabra más sólida y la más fácil de defender. El secretario de Seguridad Nacional designa a un país por períodos de seis a dieciocho meses y puede extender la designación mientras persistan las condiciones que la motivaron. Cada decisión se publica en el Registro Federal. Nada en la ley obliga a renovar y nada en la ley impide terminar.
Empíricamente es la palabra que peor ha envejecido.
Honduras y Nicaragua fueron designados en 1999, tras el paso del huracán Mitch. El Salvador en marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. Hablamos de designaciones que se sostuvieron durante más de dos décadas y media a través de administraciones de ambos partidos.
Un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, basado en una encuesta a 2.098 beneficiarios centroamericanos en las cinco regiones de mayor concentración, encontró que los titulares del programa habían residido en Estados Unidos durante al menos veinte años y que dos tercios tenían hijos nacidos en el país.
Ese es el punto exacto donde la palabra se rompe. Un permiso que se renueva cada dieciocho meses durante veinticinco años sigue siendo temporal en el papel. En la vida de una persona, veinticinco años no son un intervalo: son la vida.
Protección
Es la palabra más precisa de las tres, y también la más estrecha.
Lo que el programa efectivamente otorga está tasado: el beneficiario no es expulsable mientras la designación esté vigente, puede obtener un documento de autorización de empleo y puede solicitar autorización de viaje mediante el formulario correspondiente.
Lo que no otorga es igual de específico. No abre una vía a la residencia permanente. No permite peticionar a familiares. No acumula tiempo hacia la ciudadanía. No sobrevive a la decisión administrativa que termina la designación.
De modo que la protección es real, verificable y radicalmente condicionada. Protege de una cosa concreta —la expulsión— durante un plazo que decide otro.
Quienes argumentan que las condiciones en el país de origen aún no permiten un retorno seguro están discutiendo el fundamento fáctico de la designación. Es una discusión legítima y es la que la ley contempla. Pero es una discusión que la ley entrega a la valoración del Ejecutivo, no a la de los tribunales ni a la de los afectados.
Status
Es la palabra que genera más daño cuando se malinterpreta, y también la que tiene la respuesta jurídica más clara.
La respuesta corta es que sí: la ley considera que el titular del programa se encuentra en estatus legal como no inmigrante. La palabra no es publicidad. Está en el texto.
La respuesta larga la dio la Corte Suprema el 7 de junio de 2021, en el caso Sanchez contra Mayorkas, por decisión unánime de nueve votos a cero, con opinión redactada por la jueza Elena Kagan.
José Santos Sánchez, salvadoreño, entró a Estados Unidos sin inspección en 1997. En 2001 recibió el amparo del programa por los terremotos de su país. Años después, con una petición laboral de por medio, solicitó junto a su esposa el ajuste a residente permanente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración se lo negó. Un tribunal de distrito de Nueva Jersey le dio la razón; el Tercer Circuito revocó esa decisión. Los circuitos federales estaban divididos: el Sexto, el Noveno y el Octavo habían resuelto en un sentido; el Undécimo, el Quinto y el Tercero en el contrario.
La Corte Suprema resolvió la división en una frase: recibir el amparo del programa no constituye una admisión al país. Y como el ajuste de estatus desde dentro de Estados Unidos exige haber sido inspeccionado y admitido, o haber recibido un permiso de entrada, quien entró sin inspección no puede convertirse en residente permanente por el solo hecho de tener el amparo.
Ahí está la trampa semántica completa: es un estatus que no es una admisión.
La consecuencia práctica no es abstracta. Una persona con este amparo, casada con ciudadana estadounidense o con una petición laboral aprobada, que entró sin inspección, no puede tramitar su residencia dentro del país. Debe hacerlo en un consulado en el exterior, con los riesgos que salir del territorio implica. Esa es la distancia real entre la palabra y lo que la palabra hace.
Los números
Desde su creación en 1990, el programa ha amparado a más de 1,3 millones de personas.
En noviembre de 2017 cubría a unas 300.000 personas de diez países. Hacia marzo de 2022 la cifra superaba las 400.000. En enero de 2025, una extensión de dieciocho meses alcanzó a unos 600.000 venezolanos y a más de 230.000 salvadoreños, con vigencia hasta octubre de 2026.
Tras la terminación anunciada el 14 de agosto de 2026 para trece países, alrededor de 350.000 venezolanos conservan documentación válida hasta el 2 de octubre de 2026, por decisiones judiciales previas relacionadas con documentos emitidos antes del 5 de febrero de 2025.
Las cifras varían según el corte y según la fuente. Lo que no varía es el orden de magnitud: se trata de cientos de miles de personas cuya permanencia legal depende de una casilla administrativa con fecha de vencimiento.
Lo que la palabra le hace a una familia
Hay una consecuencia que ningún expediente registra y que conviene nombrar sin dramatizar, porque describe la experiencia de la mayoría.
Vivir con este amparo significa organizar la existencia en tramos de dieciocho meses. Firmar un contrato de arrendamiento de doce meses sabiendo que el permiso vence en catorce. Decidir si conviene comprar una casa cuando la hipoteca dura treinta años y la autorización de trabajo dura año y medio. Explicarle a un hijo nacido en Estados Unidos —ciudadano estadounidense, con pasaporte azul— por qué sus padres podrían no estar el año que viene.
Dos tercios de los beneficiarios centroamericanos encuestados tenían hijos nacidos en el país. Eso significa que la unidad afectada no es una persona: es una familia de estatus mixto, donde algunos miembros son ciudadanos por nacimiento y otros dependen de una renovación.
La palabra temporal, aplicada a un permiso, es una categoría administrativa. Aplicada a una familia durante veinticinco años, es otra cosa.
La fuerza de la ley
Al final, la discusión sobre las tres palabras tiene un desenlace institucional y conviene decirlo con claridad, aunque incomode a más de un bando.
La autoridad para designar, extender o terminar reside en el Ejecutivo. Los tribunales han suspendido, modificado o retrasado la aplicación de decisiones concretas en distintos momentos —eso es lo que mantiene vigente la documentación de unos 350.000 venezolanos hasta octubre— pero no han sustituido la valoración de fondo, porque la ley no se la entrega.
Por eso la palabra que jurídicamente pesa más es temporal. Y por eso la única salida estructural para las otras dos no está en los tribunales sino en el Congreso, que es quien escribió las tres palabras en 1990 y quien puede escribir otras.
Mientras tanto, cada quien seguirá subrayando la suya. No porque alguno mienta, sino porque el nombre del programa contiene, desde su origen, tres promesas que nunca fueron reconciliadas entre sí.
Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada situación migratoria depende de circunstancias individuales que deben ser evaluadas por un abogado o representante acreditado.
—
Fuentes principales: Ley de Inmigración de 1990 y disposiciones sobre el Estatus de Protección Temporal. Sanchez contra Mayorkas, expediente 20-315, Corte Suprema de Estados Unidos, decidido el 7 de junio de 2021 por votación unánime. Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y Departamento de Seguridad Nacional — designaciones, extensiones y terminaciones publicadas en el Registro Federal. Estudio del Instituto de Investigación de Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles sobre beneficiarios centroamericanos. Anuncio del Departamento de Seguridad Nacional del 14 de agosto de 2026.
Alfredo Yánez
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Arreaza pide despolarizar y recibe más respuestas que aprobaciones
Jorge Arreaza sostiene en la red social X la argumentación de la delegación gubernamental. Sus publicaciones acumulan un volumen de respuestas muy superior al de aprobaciones.
Uno de los seis delegados del gobierno en la mesa de Caracas está haciendo el trabajo de la negociación en la línea de tiempo. Los números de sus propias publicaciones describen cómo le está yendo.
| Qué | Jorge Arreaza sostiene públicamente en la red social X la tesis de despolarización que defiende la delegación gubernamental, con un volumen de respuestas muy superior al de aprobaciones. |
|---|---|
| Quién | Jorge Arreaza, diputado e integrante de la delegación gubernamental en el diálogo. El periodista Orlando Avendaño como principal contradictor en el intercambio. |
| Cuándo | Publicaciones difundidas entre el 14 y el 17 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. El intercambio ocurre en la red social X. |
| Por qué | La capacidad del oficialismo de construir consenso público condiciona la ejecución de lo que su delegación firme en la mesa. |
| Cómo | Mediante publicaciones propias, citas a comunicados oficiales e intercambios directos con contradictores. |
Quién es el delegado que argumenta
Jorge Arreaza integra la delegación gubernamental en las conversaciones de Caracas junto a Jorge Rodríguez, la ministra de Educación Universitaria Ana María Sanjuán, el primer vicepresidente del Parlamento Pedro Infante y las diputadas América Pérez y Génesis Garvett.
Su cuenta en la red social X reúne alrededor de 1,7 millones de seguidores y supera las 94.000 publicaciones. Se describe como militante socialista, chavista y bolivariano, diputado a la Asamblea Nacional y rector de la Universidad Nacional de las Comunas. Su publicación fijada, de 2022, define lo que a su juicio significa ser chavista.
No es un vocero informal. Es una de las seis personas sentadas del lado del gobierno en la mesa.
La tesis que sostiene
Sus publicaciones de estos días desarrollan un mismo argumento en tres movimientos.
El primero, sobre el proceso. Tras el comunicado del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que informó las medidas alternativas a la privación de libertad, sostuvo que el nuevo momento político del país amerita pasos firmes de todos para garantizar la paz y la convivencia, que la violencia política jamás debe ser una opción y debe quedar en el pasado, y que como sociedad deben garantizarse métodos para la tolerancia y el consenso.
El segundo, sobre la responsabilidad. Planteó que la polarización llevó al país a una situación insostenible y que, para despolarizar, todos deben aceptar errores y crear nuevas fórmulas de convivencia democrática en conjunto. Añadió que la victimización permanente y el no reconocimiento de fallas no contribuyen en absoluto a superar procesos.
El tercero, sobre la memoria. Recordó que veintidós años antes el resultado del referendo que pretendió revocar el mandato de Hugo Chávez generó, a su juicio, condiciones para un período de estabilidad política y prosperidad económica único en la historia del país, y sostuvo que el pueblo venezolano no se dejó manipular por el golpismo.
Los tres movimientos apuntan al mismo lugar: una reconciliación construida sobre el reconocimiento mutuo de errores, sin revisión de la asimetría entre las partes.
Los números de sus propias publicaciones
Aquí aparece el dato que la cobertura de declaraciones no suele registrar.
En las cuatro, las respuestas superan a las aprobaciones. En la publicación sobre despolarización, la relación es de casi seis respuestas por cada me gusta, con 343.000 vistas.
En la gramática de esa plataforma, un volumen de respuestas muy superior al de aprobaciones indica contradicción, no adhesión. Es lo que los usuarios llaman ser ratificado por la respuesta.
El llamado a la despolarización, medido con los indicadores de la propia publicación, está produciendo polarización.
El intercambio que lo ilustra
El caso más nítido es su discusión con el periodista Orlando Avendaño.
Arreaza sostuvo, con ironía explícita, que su interlocutor y quienes él representa no conspiraron, nunca apelaron a la violencia, las sanciones que celebraron no generan sufrimiento a millones, no auspiciaron una invasión militar y no han deshumanizado al adversario. Cerró pidiendo hacer política con mayúscula, pero no la de Poncio Pilatos.
En otra publicación afirmó que la intención no era que su interlocutor se diera por aludido, le pidió tener el coraje de asumir responsabilidades, sostuvo que el negacionismo no aporta y añadió que la simetría o asimetría de la confrontación en Venezuela es muy relativa, porque hay procesos y actores que la marcan.
Avendaño respondió que el planteamiento aplica a la contraparte, preguntó si Arreaza es consciente de la dimensión del daño causado, de las familias destruidas y de las vidas cambiadas, y objetó que se hable de un colectivo como si no existiera responsabilidad individual, señalando su propia experiencia al salir a protestar.
El intercambio resume el problema del proceso: las dos partes coinciden en que hubo daño y discrepan por completo sobre quién debe reconocerlo primero.
Las notas de contexto sobre el sistema eléctrico
Hay un segundo hallazgo, y es de otra naturaleza.
Arreaza publicó, en respaldo a la firma del addendum entre Corpoelec y la empresa IMPSA encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que fueron años de sanciones en los que se impidió la inversión tecnológica necesaria para el sistema eléctrico venezolano, que el país avanza a otra etapa y que el pueblo venezolano no merece ningún tipo de sanción.
En una publicación posterior detalló su argumento citando tres órdenes ejecutivas estadounidenses: la 13692 de 2015, sobre emergencia y restricción de transacciones; la 13808 de 2017, que prohibió nueva deuda y, según su lectura, cortó el financiamiento del mantenimiento; y la 13884 de 2019, que describió como bloqueo directo a Corpoelec.
Las tres órdenes existen y las fechas son correctas.
Ambas publicaciones recibieron notas de contexto añadidas por colaboradores de la comunidad de la plataforma.
La primera señala que los trabajos en la represa de Tocoma se paralizaron en 2014, después de veintidós años de despilfarro de recursos, y contrasta esa cronología con las medidas financieras estadounidenses. La segunda apunta que Venezuela ha sufrido crisis eléctricas, racionamientos y apagones desde bastante antes.
La objeción de fondo es cronológica y es la que importa: Tocoma se detuvo en 2014, y la primera de las tres órdenes ejecutivas que él cita es de 2015.
Eso no anula el efecto de las sanciones sobre la capacidad de mantenimiento posterior, que es un debate legítimo y abierto. Sí acota la explicación: no puede atribuirse a las sanciones un colapso que empezó antes de que existieran.
Conviene además una precisión sobre esas notas. No son un fallo de verificación ni un juicio editorial de la plataforma: son aportes de colaboradores del programa de contexto comunitario. Su valor está en que fueron sostenidos por usuarios de distinto signo, que es el requisito del sistema.
El otro polo del chavismo
Mientras Arreaza defiende la mesa, otro fundador del movimiento la cuestiona desde el lado contrario.
Francisco Arias Cárdenas, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento e integrante del Consejo Político del PSUV, exgobernador del Zulia y exembajador en México, sostuvo el 7 de agosto que un acuerdo dictado por Estados Unidos y solo con participantes seleccionados por Estados Unidos es peor que una capitulación, y planteó que los acuerdos deben tomarse frente al pueblo y someterse a su aprobación.
El 8 de agosto rechazó las declaraciones del presidente Donald Trump sobre los barriles de crudo venezolano, las calificó de ilegales, ofensivas y humillantes, y exhortó a la Comisión de Diálogo a pronunciarse. Antes había exigido que los voceros del partido fueran elegidos desde las bases, señalando que ni las bases ni el Congreso del PSUV fueron consultados.
No está solo. El diputado Francisco Ameliach calificó la negociación de forzada. La diputada Iris Varela expresó reparos. Sectores del chavismo radical protestaron contra el diálogo. Diosdado Cabello le dio la bienvenida advirtiendo que las conversaciones no son para capitular.
Lo que esto describe
Las dos posiciones no son simétricas, pero comparten una consecuencia.
Arreaza defiende el proceso y encuentra rechazo del lado opositor de la conversación pública. Arias Cárdenas cuestiona el proceso y encuentra respaldo dentro del propio oficialismo. La delegación gubernamental, entonces, opera sin consenso hacia afuera y sin consenso completo hacia adentro.
Del otro lado ocurre algo equivalente. La delegación opositora enfrenta cuestionamientos de sindicalistas que consideran a su jefa una figura impuesta, y no cuenta con la participación de María Corina Machado ni del presidente electo Edmundo González Urrutia.
Las dos partes sentadas a la mesa tienen el mismo problema de legitimidad hacia adentro. Es el rasgo menos comentado del proceso y probablemente el más determinante, porque un acuerdo lo firman delegaciones y lo cumple un aparato.
La prueba concreta llegará pronto: la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, acordada el 12 de agosto, debe tramitarla la Asamblea Nacional de 2025. Cómo vote esa bancada será el primer examen real de si lo pactado tiene mayoría para ejecutarse.
Las delegaciones vuelven a reunirse a mediados de septiembre de 2026.
—
Fuentes principales: Publicaciones de Jorge Arreaza en su cuenta de la red social X difundidas entre el 14 y el 17 de agosto de 2026, con sus indicadores de interacción, y notas de contexto añadidas por colaboradores de la comunidad de la plataforma. Publicaciones de Orlando Avendaño en la misma red. Comunicado del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Anuncio del addendum contractual entre Corpoelec e IMPSA del 12 de agosto de 2026. Órdenes ejecutivas 13692 de 2015, 13808 de 2017 y 13884 de 2019 del gobierno de Estados Unidos. Publicaciones de Francisco Arias Cárdenas del 7 y el 8 de agosto de 2026, recogidas por El Nacional y TalCual. Declaraciones de Diosdado Cabello del 27 de julio de 2026. Composición de la delegación gubernamental según reportes del cierre del primer ciclo del 12 de agosto de 2026.
Política Pública
Matheus sostiene que el TSJ debe cambiar antes que el CNE
Juan Miguel Matheus, integrante de la delegación opositora, argumenta que la renovación del Tribunal Supremo es condición previa para que un nuevo Consejo Nacional Electoral tenga sentido.
El acuerdo del 12 de agosto detalló cuatro pasos para renovar el Tribunal Supremo y ninguno para el árbitro electoral. Uno de los negociadores explicó por qué.
| Qué | El negociador opositor Juan Miguel Matheus sostuvo que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia es prioritaria frente a la del Consejo Nacional Electoral. |
|---|---|
| Quién | Juan Miguel Matheus, abogado y doctor en derecho constitucional, diputado electo por Carabobo en 2015 e integrante de la delegación opositora. |
| Cuándo | Declaraciones difundidas el lunes 17 de agosto de 2026. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | La secuencia entre ambos órganos determina qué instancia arbitra las impugnaciones de una eventual elección. |
| Cómo | Mediante declaraciones públicas de uno de los seis integrantes de la delegación opositora en la mesa. |
El argumento
Matheus sostuvo que cambiar el Tribunal Supremo de Justicia es la garantía previa para que un nuevo Consejo Nacional Electoral tenga sentido, porque es el tribunal el que garantiza que los votos sean respetados.
Es la explicación que faltaba en el comunicado conjunto del 12 de agosto, que fijó cuatro pasos concretos para renovar el máximo tribunal —reforma de la ley, ampliación del comité de postulaciones, nuevo proceso de postulación para todos los magistrados y creación de un consejo de revisión de credenciales— y no estableció mecanismo alguno para el órgano electoral.
El argumento tiene lógica jurídica verificable. El Tribunal Supremo de Justicia es la instancia que resuelve las impugnaciones electorales, valida o anula candidaturas y decide sobre la legalidad de las actuaciones del árbitro. Un consejo electoral renovado que opere bajo un tribunal no renovado queda expuesto a que sus decisiones sean revertidas.
La objeción simétrica también existe y conviene enunciarla: mientras el tribunal se renueva, no hay fecha electoral, y el proceso de designación de magistrados no tiene plazo público de cierre.
Quién lo dice
Matheus es abogado, máster en estudios jurídicos y doctor en derecho constitucional. Fue electo diputado a la Asamblea Nacional por el estado Carabobo en 2015. Coordina la dirección nacional de Primero Justicia y es presidente fundador de la organización Forma. Recibió el premio de la Fundación Manuel Giménez Abad por su libro sobre disciplina parlamentaria.
Integra la delegación opositora junto a Dinorah Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán y Sergio Vergara. Cuatro de los seis provienen de Primero Justicia y dos de Voluntad Popular.
Del lado gubernamental, la delegación la encabeza Jorge Rodríguez, acompañado por la ministra de Educación Universitaria Ana María Sanjuán, el primer vicepresidente del Parlamento Pedro Infante y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza.
El regreso
Matheus permaneció fuera de Venezuela antes de asumir su rol en la delegación. Describió su regreso al país como muy emotivo y dijo sentir una emoción serena por participar en un proceso que, a su juicio, tiene peso histórico.
Pidió paciencia a los ciudadanos que aún desconfían del diálogo y los invitó a mirar lo que llamó una nueva realidad política posterior al 3 de enero.
Ese llamado a la paciencia responde a un cuestionamiento concreto y documentado. Sectores del sindicalismo se concentraron frente al hotel donde se leyó el comunicado del 12 de agosto para exigir garantías de elecciones presidenciales dentro del año. Un grupo de 84 expresos políticos respaldó el proceso pero pidió que el nuevo tribunal y el nuevo consejo electoral se elijan con criterios de independencia y mérito. Y María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia no participan en la mesa.
La fecha que aparece en las entrevistas
Hay un dato de calendario que circula en declaraciones de la delegación opositora y que no figura en el comunicado firmado.
Figuera ha mencionado diciembre de 2026 como fecha tope para los avances significativos de la negociación, incluidos la renovación del Poder Electoral, la del Tribunal Supremo y un cronograma de comicios. Declaró al canal Televen que será hasta diciembre cuando se presente formalmente todo el producto del trabajo.
Se conoce además, de manera extraoficial, que la mesa operará con submesas temáticas y que cada delegación cuenta con una comisión de apoyo. Está previsto que se realicen consultas con sectores de la sociedad civil.
Ninguno de esos elementos está en el texto conjunto difundido. Se consignan aquí como lo que son: declaraciones de las partes, no compromisos suscritos.
Las delegaciones vuelven a reunirse a mediados de septiembre de 2026.
—
Fuentes principales: Declaraciones de Juan Miguel Matheus difundidas el 17 de agosto de 2026. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Composición de ambas delegaciones según reportes de CNN en Español, El Pitazo y agencias. Declaraciones previas de Dinorah Figuera al canal Televen sobre el calendario de la negociación. Reseña biográfica y bibliográfica publicada de Juan Miguel Matheus.
Política Pública
Kozak deja el cargo desde el que abrió el canal con Figuera
El diplomático que recibió a Dinorah Figuera en abril y firmó la ratificación de reconocimiento ante el Departamento de Justicia deja el cargo. Qué cambia y qué no.
El nombre aparece poco en la cobertura diaria. Pero su firma está en el documento que impide que Citgo, el oro y los bonos cambien de manos.
| Qué | Michael Kozak deja la subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Juan Pablo Segura asume el cargo. |
|---|---|
| Quién | Michael Kozak, diplomático de carrera. Juan Pablo Segura, nuevo secretario adjunto. Dinorah Figuera y la Plataforma Unitaria Democrática como interlocutores del canal que abrió. |
| Cuándo | Anuncio del lunes 17 de agosto de 2026. |
| Dónde | Departamento de Estado, Washington. |
| Por qué | Kozak firmó la ratificación del reconocimiento estadounidense a la Asamblea Nacional de 2015, la pieza jurídica sobre la que descansan los litigios por activos venezolanos. |
| Cómo | El relevo se anunció públicamente y el nuevo titular asumió funciones de inmediato. |
El relevo
El Departamento de Estado agradeció públicamente a Michael Kozak su servicio y su liderazgo al frente de la oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Su sucesor, Juan Pablo Segura, publicó su primer mensaje desde la cuenta oficial del cargo el lunes 17 de agosto. Señaló que es un honor servir al presidente y al secretario de Estado, y que junto a su equipo impulsará la visión de la Casa Blanca para que la región esté a salvo de los carteles y los narcoterroristas, se genere prosperidad para los estadounidenses y sus asociados, y se aseguren las fronteras.
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, expresó su reconocimiento al diplomático saliente por el acompañamiento y el respaldo al proceso de transición venezolano.
Por qué esa despedida no es protocolar
Kozak fue el primer contacto formal de Washington con Figuera en este ciclo.
En abril de 2026, la recibió en el Departamento de Estado para conversar sobre vías hacia una transición democrática que la propia comunicación oficial describió como estable, ordenada y consolidada. La Plataforma Unitaria Democrática agradeció públicamente esa reunión el 23 de abril.
En ese momento Figuera llevaba ocho años en España, con perfil público discreto. Dos meses después, el Departamento de Estado la envió a Caracas a encabezar la delegación opositora del diálogo. El encuentro de abril fue el eslabón entre una cosa y la otra.
La firma que sostiene el andamiaje
Hay un segundo motivo, y es el más importante.
El 29 de agosto de 2025, Kozak envió una carta formal al Departamento de Justicia ratificando que Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como el gobierno de Venezuela. Esa carta se incorporó a expedientes judiciales por activos venezolanos.
La regla jurídica que la vuelve decisiva es sencilla: en Estados Unidos, el reconocimiento de un gobierno extranjero es facultad exclusiva del presidente, y las cortes federales están obligadas a seguir esa determinación.
Mientras ese reconocimiento se mantenga, la administración que despacha en Caracas no puede tomar control operativo de Citgo, y el oro depositado en el Banco de Inglaterra permanece bajo la supervisión de la junta designada por la Asamblea de 2015.
Son los mismos 31 lingotes de oro —unos 4.000 millones de dólares— que el acuerdo del 12 de agosto propone destinar a la reconstrucción tras los sismos. Y es la misma Citgo, valorada en más de 13.000 millones, que sigue en litigio.
Qué cambia y qué no
No cambia el reconocimiento. Es una decisión presidencial, no personal. Un cambio de titular en una subsecretaría no altera la política de reconocimiento del Ejecutivo estadounidense, y la carta de agosto de 2025 sigue en los expedientes.
Sí cambia el interlocutor. El funcionario que construyó la relación con la delegación opositora, que la recibió cuando todavía era una dirigente sin protagonismo y que firmó el documento que sostiene su relevancia jurídica, deja el escritorio. Las relaciones personales en diplomacia no son decorativas: son el canal por donde pasa lo que no está escrito.
Y queda una pregunta abierta. El mensaje inaugural de Segura enumera tres prioridades para la región: carteles y narcoterroristas, prosperidad, y fronteras. No menciona a Venezuela, ni la transición, ni las elecciones.
No es necesariamente una señal. Un mensaje de presentación no es una hoja de ruta y su formato admite pocas líneas. Pero el silencio de una lista de prioridades, en la semana en que la mesa de Caracas espera su segundo ciclo, es un dato que corresponde registrar sin sobreinterpretar.
Lo que hay que vigilar
Tres cosas, en este orden.
Si el nuevo titular se pronuncia sobre el proceso venezolano y en qué términos. Es el primer indicio real de continuidad o de ajuste.
Si el reconocimiento a la Asamblea de 2015 se ratifica de nuevo ante alguna corte federal en las próximas semanas. Sería la confirmación operativa de que el andamiaje sigue intacto.
Si el segundo ciclo del diálogo, previsto para mediados de septiembre, mantiene el mismo nivel de acompañamiento estadounidense. Ese es el termómetro que se lee sin declaraciones.
—
Fuentes principales: Anuncio del relevo en la subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del 17 de agosto de 2026 y mensaje inaugural de Juan Pablo Segura desde la cuenta oficial del cargo. Reconocimiento público de Dinorah Figuera al diplomático saliente. Comunicado de la Plataforma Unitaria Democrática del 23 de abril de 2026 sobre el encuentro entre Kozak y Figuera. Carta del 29 de agosto de 2025 al Departamento de Justicia ratificando el reconocimiento a la Asamblea Nacional de 2015, incorporada a expedientes judiciales por activos venezolanos. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026.
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