Venezuela notificó al secretario general de la ONU su decisión de denunciar el Estatuto de Roma y retirarse de la Corte Penal Internacional. Conforme al artículo 127, la salida surtirá efecto un año después. Y no afecta las investigaciones abiertas antes de esa fecha.

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Qué	Venezuela formalizó su denuncia del Estatuto de Roma e inició el procedimiento de retiro de la Corte Penal Internacional.
Quién	El canciller Félix Plasencia, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el secretario general de la ONU, António Guterres.
Cuándo	Notificación del 24 de julio de 2026. Surtirá efecto un año después, en julio de 2027.
Dónde	La Haya y Nueva York. La investigación se refiere a hechos ocurridos en Venezuela.
Por qué	La Corte mantiene abierta una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad desde al menos 2017.
Cómo	Mediante el mecanismo del artículo 127 del Estatuto, que regula la salida voluntaria de un Estado parte.

El procedimiento

El canciller Félix Plasencia informó que, por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de Naciones Unidas su decisión, descrita como firme e irrevocable, de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional, conforme al artículo 127.

Ese artículo establece que la denuncia surte efecto un año después de recibida la notificación. Hasta entonces, Venezuela continúa siendo Estado parte y sujeta a las obligaciones del tratado.

La notificación se produjo el 24 de julio de 2026. La salida sería efectiva, por tanto, en julio de 2027.

El punto que la cobertura suele omitir

El retiro no afecta las investigaciones ni los procedimientos que la Corte mantenga en curso con anterioridad a la fecha en que la salida surta efecto.

La Corte tiene abierta una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde al menos 2017, centrada en denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y otros abusos durante la represión de manifestaciones y contra personas consideradas opositoras.

En su momento, la Corte concluyó que existían motivos razonables para creer que se cometieron esos crímenes y que había una situación de inactividad de los órganos de justicia venezolanos para investigar y enjuiciar a los máximos responsables.

Esa investigación continúa.

El argumento oficial

El gobierno sostiene que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, con una concentración desproporcionada de casos en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global.

Califica ese patrón como uso instrumentalizado de la justicia internacional para vulnerar la autodeterminación y la soberanía, y denuncia el empleo de mecanismos multilaterales como herramientas de persecución judicial y política.

Acompaña la denuncia con un compromiso declarado hacia una justicia internacional genuinamente equitativa y respetuosa de la soberanía.

El contexto que conviene registrar

La decisión no surge aislada. En diciembre de 2025, la Asamblea Nacional había votado derogar la ratificación del Estatuto de Roma, en represalia por el cierre de la oficina del fiscal en el país y ante la posibilidad de emisión de órdenes judiciales.

La notificación de julio de 2026 coincidió además con la destitución del fiscal de la Corte, Karim Khan, y se produjo semanas después de un pronunciamiento del Departamento de Estado estadounidense sobre el tribunal.

Ese último elemento merece atención: el retiro de un tribunal internacional ocurre en el mismo periodo en que el principal patrocinador del proceso de transición venezolano cuestiona públicamente a esa misma institución.

Lo que queda por resolver

Qué ocurre con el expediente abierto. La norma dice que continúa. La práctica dependerá de la cooperación del Estado, que un retiro anunciado no favorece.

Qué implica para las víctimas. Las denuncias documentadas por organizaciones de derechos humanos tenían en la Corte una vía cuando la jurisdicción nacional no actuaba.

Cómo se concilia con la agenda de la mesa. Entre los ocho principios suscritos el 6 de agosto figura la protección de los derechos humanos. El retiro de un mecanismo internacional de protección no lo contradice formalmente, pero sí plantea una pregunta sobre qué instancia queda disponible.

Lo verificable

Si la Corte emite algún pronunciamiento sobre el estado de la investigación.

Si el gobierno mantiene alguna forma de cooperación con el tribunal durante el año de transición.

Y si el asunto aparece en la agenda del diálogo, cuya primera fase de trabajo concluye el 12 de agosto de 2026.

Cobertura previa de INCÍSOS (enlaces de contexto, no fuentes): el especial Verificable, Nivel 1, sobre los principios suscritos por ambas delegaciones.

Fuentes principales: Anuncio del canciller Félix Plasencia del 24 de julio de 2026, recogido por El Tiempo, Emol, NODAL y Telesur; Runrun.es (formalización del retiro y alcance del artículo 127); El Estímulo (contexto de la decisión y coincidencia con la destitución del fiscal Karim Khan); Robert F. Kennedy Human Rights (antecedente de la votación parlamentaria de diciembre de 2025); documentación pública de la Corte Penal Internacional sobre la investigación abierta.

Delsa Solórzano respaldó la hoja de ruta del proceso, calificó de deuda pendiente la liberación de los presos políticos y cuestionó el trato recibido por la prensa. Y en esa misma intervención reveló un dato que no estaba en ningún comunicado.

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Qué	La dirigente de Encuentro Ciudadano fijó posición sobre el inicio del diálogo y reveló contenido de la agenda.
Quién	Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano e integrante de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Cuándo	Pronunciamiento del viernes 7 de agosto de 2026.
Dónde	Venezuela.
Por qué	Confirma que la libertad de expresión está en la agenda y expone la contradicción con lo ocurrido.
Cómo	Mediante publicación en su cuenta de X tras la instalación de la mesa.

El dato nuevo

Al cuestionar el trato recibido por los medios durante la instalación, Solórzano señaló que resulta especialmente contradictorio que, mientras se ha informado que una de las mesas de trabajo aborda la libertad de expresión, los medios de comunicación hayan sido tratados de la forma en que ocurrió.

Esa frase contiene una confirmación que ningún comunicado oficial había hecho: la libertad de expresión figura entre los temas de trabajo de la mesa.

Importa porque el Colegio Nacional de Periodistas había informado el 4 de agosto que se reunió hora y media con una comisión de la delegación opositora, dos semanas antes de la instalación, precisamente para pedir que ese asunto entrara en la agenda.

Según esta declaración, la gestión llegó a destino.

Añadió que si hubo una convocatoria pública a la prensa, quienes acudieron a informar merecían un trato acorde con esa realidad.

La frase que resume la jornada

Sobre el proceso, Solórzano formuló: «Los venezolanos no seremos jueces de las palabras. Seremos testigos de los resultados.»

Es la quinta formulación en doce días que sitúa la comprobación en el centro, después de los cinco criterios verificables de Machado y del presidente electo Edmundo González Urrutia, la gestión del gremio periodístico, el principio de cumplimiento verificable que suscribieron ambas delegaciones y las elecciones libres, competitivas y verificables que reclamó la Plataforma Unitaria.

Cinco actores con posiciones distintas sobre la mesa. La misma exigencia.

Su posición sobre el proceso

Reiteró su respaldo a la hoja de ruta planteada por el gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado, basada en las fases de estabilización, recuperación y reconciliación, y transición, al considerar que ese es el camino para una solución democrática, constitucional, pacífica y sostenible.

Conviene notar que la enumeración que emplea coincide con la formulación de cuatro pasos del portavoz Thomas Pigott del 3 de agosto, que incorporó la reconciliación política como etapa propia. No con la formulación original de tres fases.

Y subrayó que la libertad de todos los presos políticos es una deuda pendiente, junto con avances concretos en derechos humanos y recuperación institucional.

Lo que su posición tiene de particular

Solórzano integró la Asamblea Nacional electa en 2015 —el mismo cuerpo cuya delegación está sentada en la mesa— y no forma parte de esa delegación.

Su pronunciamiento respalda el proceso, señala su contradicción más visible del primer día y fija condiciones. No es adhesión ni distancia: es acompañamiento con reparos declarados.

Esa posición se parece más a la de la Plataforma Unitaria que a la de Machado y González, y confirma que dentro del campo democrático conviven al menos tres posturas distintas frente a la misma mesa.

Lo verificable

Si la mesa de trabajo sobre libertad de expresión produce algún resultado documentable: acceso de la prensa a las sesiones, pronunciamiento sobre el hostigamiento a una periodista ocurrido a la salida del acto inaugural, o avance sobre el desbloqueo de sitios web de noticias.

Ese es el terreno donde la declaración de Solórzano puede comprobarse.

Cobertura previa de INCÍSOS (enlaces de contexto, no fuentes): la instalación de la mesa y la restricción de acceso a la prensa · el hostigamiento a una reportera a la salida del acto · la gestión del Colegio Nacional de Periodistas · el especial Verificable.

Fuentes principales: Noticiero Digital y AlbertoNews (declaraciones de Delsa Solórzano del 7 de agosto de 2026, con reproducción de su publicación en X); Noticias al Día y a la Hora (contenido de la posición sobre la hoja de ruta); El Pitazo (gestión del Colegio Nacional de Periodistas informada el 4 de agosto de 2026); Departamento de Estado de Estados Unidos, declaración del portavoz Thomas Pigott del 3 de agosto de 2026.

El acto de instalación del diálogo venezolano terminó con una periodista interceptada por seis funcionarios armados que le revisaron el teléfono y borraron imágenes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció el caso. Es un hecho de otra naturaleza que la restricción de acceso.

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Qué	Una reportera fue interceptada, sometida a revisión de su teléfono y despojada de imágenes tras cubrir la instalación del diálogo.
Quién	La periodista Deisy Martínez, del medio Efecto Cocuyo; el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como denunciante.
Cuándo	Jueves 6 de agosto de 2026, al término del acto de instalación.
Dónde	Inmediaciones de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, Caracas.
Por qué	Las delegaciones habían suscrito ese mismo día la protección de los derechos humanos entre sus principios.
Cómo	Mediante interceptación por funcionarios no identificados, revisión del dispositivo y borrado de material.

Lo que denunció el gremio

Según la denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la reportera Deisy Martínez, del portal Efecto Cocuyo, fue interceptada cuando salía de La Carlota por alrededor de seis funcionarios no identificados, a bordo de motocicletas, armados y vestidos de negro.

La obligaron a entregar su teléfono móvil. Revisaron el dispositivo, borraron las imágenes que había tomado, la intimidaron y fotografiaron su carné de identificación.

La denuncia incorpora un elemento adicional: durante el procedimiento, los funcionarios discutieron por radio si debían trasladarla a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Finalmente recibieron la orden de dejarla ir.

La diferencia con lo del acceso

Conviene distinguir dos hechos que ocurrieron el mismo día y que no son equivalentes.

El primero es una restricción de cobertura. La convocatoria a la prensa se redujo casi a medianoche a fotógrafos, a quienes además se les impidió usar sus teléfonos durante el acto para evitar la grabación de videos. Ni siquiera canales afines al oficialismo, como Globovisión, pudieron acceder. Los periodistas debieron ubicarse cerca de una carpa instalada en el parque, fuera del salón de convenciones.

Eso es una decisión de formato, criticable y discutible.

El segundo es otra cosa. Interceptar a una periodista, revisar su dispositivo y borrar su material no es una decisión sobre cómo se cubre un acto: es una intervención sobre el ejercicio del oficio, después de que el acto terminó.

El principio que quedó puesto a prueba

Ese mismo 6 de agosto, las dos delegaciones suscribieron ocho principios. El séptimo es la protección de los derechos humanos. El sexto es el cumplimiento verificable de los compromisos.

Y hay un antecedente que conviene tener presente: el Colegio Nacional de Periodistas informó el 4 de agosto que su junta directiva se había reunido hora y media con una comisión de la delegación opositora, dos semanas antes de la instalación, específicamente para pedir que la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo entraran en la agenda.

Según reveló después la dirigente Delsa Solórzano, una de las mesas de trabajo aborda efectivamente la libertad de expresión.

Es decir: el asunto está en la agenda, y el primer día de trabajo terminó con una periodista despojada de su material.

Lo que corresponde exigir, y es concreto

Ninguna de estas tres cosas requiere negociación política:

Identificación del organismo al que pertenecían los funcionarios y bajo qué autoridad actuaron.

Pronunciamiento de las delegaciones. Ambas suscribieron la protección de los derechos humanos como principio. Un hecho ocurrido a la salida de su propia reunión inaugural interpela a las dos.

Garantías de acceso para la siguiente sesión. El primer ciclo de trabajo sesiona hasta el 12 de agosto de 2026.

Una nota de precisión

Las coberturas consultadas registran el nombre de la periodista con dos grafías —Deisy y Daisy—. Esta nota emplea la primera, que es la que aparece en la denuncia gremial más detallada, y consigna la discrepancia para que quien busque el caso pueda encontrarlo con ambas.

Lo verificable

Si alguna de las dos delegaciones se pronuncia sobre el hecho.

Si se identifica al organismo actuante.

Y si la sesión siguiente admite prensa. Ese dato, después de lo ocurrido, dejó de ser un detalle logístico.

Cobertura previa de INCÍSOS (enlaces de contexto, no fuentes): la instalación de la mesa y la restricción de acceso a la prensa · la gestión del Colegio Nacional de Periodistas ante la delegación opositora · el especial Verificable, Nivel 1, sobre los principios suscritos.

Fuentes principales: Denuncia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, recogida por Infobae y Diario Las Américas, 6 y 7 de agosto de 2026; Infobae (detalle del procedimiento y mención de la DGCIM); Diario Las Américas (restricciones de acceso al acto de instalación); El Pitazo (gestión del Colegio Nacional de Periodistas, informada el 4 de agosto de 2026); declaraciones de Delsa Solórzano del 7 de agosto de 2026 recogidas por Noticiero Digital y AlbertoNews; comunicado conjunto de las delegaciones del 6 de agosto de 2026.