Alrededor del ICE circula más información falsa que sobre casi cualquier otro asunto que afecte a la comunidad hispana. Este reportaje explica qué agencia hace qué, qué documentos obligan y cuáles no, por qué las detenciones en aeropuertos cambiaron en 2026, y cuál es la razón legal —poco conocida y perfectamente documentada— por la que una persona con un caso abierto puede ser detenida.

Advertencia previa

Este reportaje es información general y no es asesoría legal. Cada caso migratorio depende de detalles que solo un abogado puede evaluar: la fecha de entrada, el tipo de solicitud presentada, la existencia de órdenes previas y el estado de litigios federales que cambian con frecuencia.

Lo que sigue sirve para entender el sistema y para hacerle mejores preguntas a un profesional. No para sustituirlo.

ICE · CBP · TSA — tres agencias, tres mandatos

1 · Qué es el ICE y qué no es

La primera confusión es de nombre. En los aeropuertos y en las calles operan agencias distintas, con atribuciones distintas, y la diferencia importa mucho.

El ICE —Servicio de Inmigración y Control de Aduanas— pertenece al Departamento de Seguridad Nacional y tiene dos divisiones. Operaciones de Ejecución y Remoción, conocida por sus siglas en inglés ERO, es la que ejecuta detenciones y deportaciones en el interior del país. Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, investiga delitos transnacionales: contrabando, tráfico de personas, fraude financiero, delitos cibernéticos.

Cuando la gente dice «ICE», casi siempre se refiere a la primera.

La CBP —Aduanas y Protección Fronteriza— es otra agencia. Opera en la frontera, en los puertos de entrada y en las llegadas internacionales. Sus facultades ahí son considerablemente más amplias: puede revisar pasaportes y visas, inspeccionar equipaje, revisar dinero que exceda los diez mil dólares, inspeccionar productos agrícolas y recoger datos biométricos de personas no ciudadanas que ingresan al país.

La TSA —Administración de Seguridad en el Transporte— se ocupa de la seguridad de los vuelos. Verifica identidad y tarjeta de embarque antes del control de seguridad. No es una agencia migratoria.

Esa distinción de tres agencias es la base de todo lo demás. Un agente de CBP en una llegada internacional y un agente de ICE en una terminal doméstica no tienen las mismas atribuciones, aunque ambos lleven uniforme federal.

2 · Bajo qué ley opera

El ICE actúa bajo el marco de la ley de inmigración, que es derecho civil administrativo, no derecho penal. Esa distinción explica buena parte de lo que ocurre después.

La sección 1226 del título 8 del Código de Estados Unidos lo faculta para arrestar y detener a personas sospechosas de ser removibles, mientras se resuelve su procedimiento migratorio. El reglamento correspondiente le permite realizar inspecciones y arrestos en centros de transporte, incluidos aeropuertos.

Estar en un proceso civil, y no penal, significa que muchas garantías del derecho penal no se aplican del mismo modo. Por ejemplo: en un procedimiento migratorio no existe el derecho a un abogado pagado por el Estado. Quien no puede pagarlo, comparece solo.

Ese es uno de los datos que más sorprende y menos se difunde.

Orden judicial vs. orden administrativa — lo que obliga y lo que no

3 · Las órdenes: cuál obliga y cuál no

Aquí está el punto donde más daño hace la desinformación, en las dos direcciones.

La orden administrativa. La emite el propio ICE. La firma un oficial o un supervisor de la agencia, no un juez. Las dos más frecuentes son el Formulario I-200, orden de arresto de extranjero, y el Formulario I-205, orden de deportación o remoción.

Se reconocen porque llevan logotipo del Departamento de Seguridad Nacional o del ICE, están firmadas por un funcionario de la agencia y hacen referencia a formularios de inmigración.

Una orden administrativa no autoriza la entrada a un domicilio. Autoriza al ICE a tomar a una persona bajo custodia, pero no a franquear una puerta cerrada sin consentimiento.

La orden judicial. La firma un juez, identifica una dirección concreta y proviene de un tribunal. Esa sí obliga a permitir el acceso.

La Cuarta Enmienda de la Constitución protege contra registros, incautaciones y arrestos sin causa probable, y esa protección alcanza a todas las personas en territorio estadounidense, con independencia de su estatus migratorio.

Maribel Hernández Rivera, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, lo ha formulado con precisión: una casa es un lugar privado, y sin una orden firmada por un juez los agentes no tienen derecho a entrar.

Cómo verificarlo sin abrir. Se puede hablar a través de la puerta cerrada. Se puede pedir que pasen el documento por debajo o que lo muestren por la ventana. Y se puede revisar dos cosas: si está firmado por un juez y si indica la dirección correcta.

Una advertencia importante y poco dicha: abrir la puerta puede interpretarse como consentimiento. Una conversación que empieza con «solo queremos hablar» cambia de naturaleza en cuanto la puerta se abre y los agentes pueden ver el interior.

4 · Los espacios: no todos son iguales

El domicilio tiene la protección más fuerte. Requiere orden judicial o consentimiento.

Los espacios públicos —la calle, una acera, un estacionamiento abierto, el área pública de una tienda— tienen mucha menos protección. Un agente puede aproximarse y hacer preguntas sin orden alguna.

El lugar de trabajo se divide. Las áreas abiertas al público funcionan como espacio público. Las áreas privadas —oficina, almacén, cocina, vestuario— requieren orden judicial o consentimiento del propietario o encargado.

El vehículo ocupa una posición intermedia y depende de circunstancias que un abogado debe evaluar caso por caso.

En todos ellos, y esto no cambia nunca, toda persona tiene derecho a permanecer en silencio y a solicitar hablar con un abogado. Nadie está obligado a responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, su forma de entrada al país ni su situación migratoria.

Y una advertencia que salva casos: no firmar nada sin asesoría. Algunos documentos que se presentan para firma constituyen una renuncia al derecho a comparecer ante un juez.

5 · Los aeropuertos: qué cambió en 2026

Esta es la parte más nueva y la que genera más ansiedad, con razón.

Según reportó The New York Times, el gobierno desplegó agentes del ICE en más de una decena de aeropuertos durante marzo de 2026, inicialmente para apoyar a la TSA, que enfrentaba una reducción de personal por problemas presupuestales del Departamento de Seguridad Nacional.

El objetivo declarado era la seguridad aeroportuaria. La función evolucionó hacia tareas de verificación y aplicación de las leyes migratorias.

Organizaciones civiles revelaron además la existencia de un memorando de entendimiento que permite el intercambio automatizado de datos entre la TSA y el ICE, incluyendo información del programa Secure Flight: nombres, fotografías y datos de vuelos nacionales e internacionales.

Ese es el cambio de fondo. No es que haya más agentes mirando caras: es que existe un flujo de datos entre el sistema que procesa a todos los pasajeros y la agencia que ejecuta detenciones.

Dónde se ha documentado. La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes confirmó operativos en Nevada, Colorado, Massachusetts, Florida, Illinois, Kansas, Michigan, Nueva Jersey, Texas y Virginia. Su abogada Yunuen Trujillo señaló que se trata de un patrón que afecta a personas que históricamente no se consideraban en mayor riesgo al viajar dentro del país.

La distinción que sigue vigente. En un vuelo doméstico, la TSA exige identificación válida para volar. Pero no existe obligación legal de portar pasaporte extranjero ni de responder preguntas sobre estatus migratorio formuladas por un agente del ICE que circula por la terminal.

En una llegada internacional el cuadro es distinto: ahí actúa la CBP con facultades de frontera, que son mucho más amplias.

Tener un trámite abierto no es lo mismo que tener estatus

6 · La pregunta central: por qué detienen a quien tiene un caso abierto

Esta es la parte que casi nadie explica y que produce más desconcierto. La respuesta es legal, precisa y verificable.

Tener un trámite pendiente no es lo mismo que tener un estatus.

Un permiso de trabajo, una solicitud de asilo I-589 en trámite, una solicitud de ajuste de estatus I-485 pendiente o incluso el amparo de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia no constituyen, por sí solos, un estatus de no inmigrante válido.

Firmas legales especializadas lo han advertido con claridad: salvo que la persona cuente además con un estatus de no inmigrante vigente, con residencia permanente legal o con ciudadanía, puede ser detenida por el ICE y sometida a procedimientos de expulsión aunque su caso esté en trámite.

Esa es la explicación completa de las denuncias que circulan. No se trata de agentes ignorando un documento. Se trata de que el documento que la persona tiene no cumple la función que ella cree que cumple.

Un permiso de trabajo autoriza a trabajar. No otorga estatus.

Por esa razón, despachos de inmigración han desaconsejado los viajes aéreos domésticos a personas que no tengan estatus de no inmigrante válido, residencia permanente o ciudadanía. No porque volar sea ilegal —no lo es— sino porque el aeropuerto es un punto donde esa distinción se vuelve operativa.

Conviene añadir el otro lado del riesgo, también documentado: organizaciones reportan un aumento de arrestos de personas que acuden a sus controles migratorios obligatorios de rutina. Es decir, cumplir con el trámite también expone.

Ninguna de las dos observaciones es un consejo. Son datos que un abogado necesita conocer para orientar cada caso.

Detenidos sin antecedentes penales — datos TRAC, febrero 2026

7 · A quién busca realmente: lo que dicen los datos

Aquí conviene separar el discurso oficial de las cifras, y ambos están documentados.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha sostenido que la administración se enfoca en criminales violentos, en quienes violan las leyes y en quienes tienen órdenes finales de deportación.

Los datos disponibles muestran otra composición.

El Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse reportó que, al 7 de febrero de 2026, el ICE mantenía detenidas a 68.289 personas, de las cuales 50.259 —el 73,6%— no tenían antecedentes penales. En su reporte anterior, al 25 de enero, la proporción era de 74,2% sobre 70.766 detenidos. El mismo informe precisa que, entre quienes sí tienen antecedentes, muchos corresponden a delitos menores, incluidas infracciones de tránsito.

Un análisis de FactCheck sobre datos del Proyecto de Datos de Deportación muestra que esa proporción creció con el tiempo: durante el primer trimestre de la administración, el 21,9% de los arrestados no tenía antecedentes; en el segundo trimestre subió a 34,2%; en el trimestre cerrado a mediados de octubre, a 40,5%; y en enero rondaba el 43%.

En California, datos oficiales sitúan a las personas sin antecedentes en el 74% de la población diaria promedio de los centros de detención del estado.

El volumen. El ICE registró 43.140 arrestos en junio de 2026, cerca de 1.440 diarios, la cifra mensual más alta del periodo. Hasta el 12 de julio sumaba 17.530, a un ritmo aproximado de 1.460 diarios. Desde enero de 2025 acumula 597.290 arrestos migratorios, un promedio superior a 1.060 por día. La meta fijada por la Casa Blanca es de 2.000 diarios.

El cambio de escenario. En el pico de diciembre de 2025, más de 800 arrestos diarios ocurrieron en entornos comunitarios —calles, lugares de trabajo, viviendas—, superando por primera vez en meses a los realizados en centros de detención penal.

Los acuerdos con policías locales. Los convenios que permiten a agencias locales ejecutar funciones migratorias pasaron de involucrar el 13% de los arrestos en Florida en 2024 al 29% en los primeros dos meses de 2026. Ese mecanismo explica que Texas y Florida registren más arrestos que California, pese a que este último estado tiene una población indocumentada mayor.

8 · Los mitos, uno por uno

«Paran a cualquiera en la calle y piden papeles.»
Impreciso. Un agente puede aproximarse y preguntar en espacio público, pero la persona no está obligada a responder. Lo que sí ocurre, y está documentado, es que la localización se apoya cada vez más en cruce de bases de datos y en cooperación policial local, no en el patrullaje aleatorio.

«Si tengo permiso de trabajo, estoy protegido.»
Falso, y es el mito más costoso. Un permiso de trabajo autoriza a trabajar; no otorga estatus de no inmigrante.

«Si abro la puerta y colaboro, me va mejor.»
No hay base para afirmarlo. Abrir puede interpretarse como consentimiento y elimina una protección constitucional.

«Cualquier papel que traigan me obliga.»
Falso. Una orden administrativa firmada por un oficial del ICE no autoriza la entrada a un domicilio. Solo la orden judicial firmada por un juez.

«Los que detienen son delincuentes.»
Los datos no lo respaldan. Más del 73% de los detenidos no tenía antecedentes penales al momento del reporte de febrero de 2026.

«En el aeropuerto no pueden hacer nada en vuelos domésticos.»
Falso. Pueden aproximarse y preguntar, y hay operativos documentados en al menos diez estados. Lo que no pueden es exigir respuestas sobre estatus.

«Un aviso de redada en un grupo de mensajería es información.»
Casi nunca. Los avisos con hora y lugar exactos rara vez se confirman, y el miedo que producen tiene efectos económicos medibles aunque el operativo no exista.

9 · Qué hacer, en concreto

Antes de que ocurra nada. Consultar con un abogado de inmigración acreditado cuál es su situación exacta y si tiene estatus, no solo trámite. Es la única acción que realmente cambia el panorama.

Documentos en orden. Mantener la dirección actualizada ante las autoridades: una notificación que no llega puede convertirse en una orden en ausencia. No faltar a ninguna comparecencia. Guardar copias de todo lo presentado.

Un plan familiar escrito. Quién recoge a los niños, dónde están los documentos, a quién llamar. Los números importantes, en papel, en casa.

En un encuentro. Permanecer en silencio es un derecho. Pedir un abogado es un derecho. No firmar nada sin asesoría. No mentir ni presentar documentos falsos, que agrava la situación. Y no obstruir físicamente a un agente: es delito y no ayuda a nadie.

Si detienen a un familiar. Anotar la hora, el lugar y el número de placa si es visible. Localizar a la persona por los canales oficiales o consulares antes de pagar a cualquier intermediario que ofrezca «averiguar dónde está».

Verificar antes de compartir. Un rumor de operativo produce el mismo daño económico que un operativo real, sin que ocurra nada.

Lo que este reportaje no puede hacer

No puede decirle a nadie si debe volar, si debe presentarse a una cita o si su documento le protege. Esas respuestas dependen de detalles individuales y de litigios que siguen abiertos.

Lo que sí puede hacer es despejar el terreno: distinguir agencias, distinguir órdenes, distinguir espacios y distinguir un trámite de un estatus.

Con esas cuatro distinciones, una persona puede hacerle a un abogado las preguntas correctas. Y en este asunto, hacer la pregunta correcta suele valer más que cualquier consejo recibido en un grupo de mensajería.

Fuentes principales: Código de Estados Unidos, título 8, sección 1226, y reglamento 8 C.F.R. § 287.3; formularios I-200 e I-205 del Departamento de Seguridad Nacional; Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, con declaraciones de Maribel Hernández Rivera; National Immigration Law Center y Make the Road New York (guías sobre órdenes judiciales y administrativas); The New York Times (despliegue de agentes en aeropuertos en marzo de 2026 y memorando de intercambio de datos con la TSA); Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, con declaraciones de Yunuen Trujillo (operativos documentados en diez estados); alertas de viaje de despachos especializados en inmigración sobre estatus de no inmigrante válido; Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse (cifras de detención de enero y febrero de 2026); FactCheck.org sobre datos del Proyecto de Datos de Deportación; estadísticas oficiales del ICE de junio y julio de 2026; declaraciones de la secretaria Kristi Noem.

Esta pieza es información general de servicio y no constituye asesoría legal. Consulte a un abogado de inmigración acreditado o a una organización de asistencia legal sobre su caso concreto.