El reclamo por la diferencia entre lo anunciado y lo verificado no vino de fuera de la mesa de negociación. Vino de quien encabeza uno de sus dos lados.

Lo que dijo

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en las conversaciones con el gobierno de transición, publicó el domingo 16 de agosto de 2026 un mensaje en su cuenta de la red social X.

Sostuvo que en un país que avanza hacia la transición democrática «no debe haber presos políticos», y reclamó claridad sobre las cifras oficiales en contraste con lo verificado por las organizaciones de derechos humanos que siguen el proceso.

Añadió que la oposición permanece vigilante y trabaja para que las liberaciones se concreten, y que existe una demanda nacional para que todos los presos políticos salgan en libertad y para que esa libertad sea plena.

Dos días antes, el 14 de agosto, la dirigente había recibido las primeras excarcelaciones señalando que no eran todas y que merecían libertad plena.

La aritmética del reclamo

Tres cifras, tres fuentes distintas, tres realidades que no coinciden.

**131.** Es el número de medidas alternativas a la privación de libertad anunciado por las autoridades, adoptadas por tribunales a solicitud del Ministerio Público dentro del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.

**78.** Es el número de excarcelaciones que Foro Penal había logrado confirmar de manera directa. El balance corresponde a las 9:30 de la mañana del domingo 16 de agosto y abarca desde el 14 de agosto. Lo informó el directivo Gonzalo Himiob, con la advertencia de que el proceso de revisión y verificación continuaba.

**502.** Es el número de presos políticos que la organización Justicia, Encuentro y Perdón contabilizaba al 12 de agosto de 2026. En paralelo, la lista de casos entregada a la mesa de negociación consigna 382. La diferencia entre ambos registros no ha sido explicada públicamente y se consigna aquí sin resolverla.

La lectura combinada es la que importa: aun tomando por buena la cifra oficial de 131, el anuncio alcanza a una fracción del universo de personas que las organizaciones contabilizan como detenidas por razones políticas.

El patrón que denuncia el comité

El sábado 15 de agosto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos —integrado por activistas y familiares de detenidos— difundió un pronunciamiento que va más allá del episodio puntual.

La organización sostuvo que desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, en el momento de su difusión, no pueden corroborarse de forma independiente.

Es una acusación de método, no de ocasión. Y viene acompañada de cuatro exigencias concretas y verificables:

– Publicación de los **nombres** de las personas excarceladas.

– Publicación de las **boletas de excarcelación**.

– Publicación de la **situación jurídica** de cada persona.

– **Acceso de organizaciones independientes** a todos los centros de detención.

Ninguna de las cuatro requiere negociación política. Las cuatro son actos administrativos que un Estado puede ejecutar en un día si decide hacerlo. Que se cumplan o no se cumplan es, por sí solo, la medida de la voluntad de transparencia del proceso.

Por qué este reclamo pesa distinto

Los cuestionamientos a las cifras oficiales de excarcelaciones no son nuevos y suelen provenir de organizaciones de derechos humanos, de familiares o de sectores políticos ajenos a la negociación.

Este viene de otro lugar. Figuera encabeza una de las dos delegaciones sentadas a la mesa. Su reclamo no es el de un observador externo: es el de una parte que pide claridad sobre lo que anuncia su contraparte, mientras ambas siguen negociando.

Eso tiene dos lecturas posibles y conviene sostener las dos.

Una es que la delegación opositora está ejerciendo control sobre el cumplimiento en tiempo real, que es exactamente lo que se espera de quien negocia en representación de otros.

La otra es que la propia delegación no dispone de información verificada sobre un asunto que forma parte de su agenda, y que debe pedirla públicamente porque no la obtiene de otro modo. Si esa segunda lectura es la correcta, dice algo incómodo sobre el nivel de acceso que tiene la parte opositora dentro del proceso.

Ninguna de las dos puede descartarse con la información disponible.

La palabra «plena»

Figuera insistió en que la libertad debe ser plena. La precisión no es retórica.

El comunicado oficial no habla de liberaciones sino de medidas alternativas a la privación de libertad. Una medida alternativa sustituye la reclusión por otra forma de sujeción al proceso —régimen de presentación, prohibición de salida del país, restricciones de residencia o de declaración— y deja la causa penal abierta. No anula la condena. Y es reversible por decisión judicial.

De ahí que el número final no baste. Hará falta saber, caso por caso, cuántas de esas personas salieron con la causa cerrada y cuántas con una medida que puede revocarse.

Esa distinción es la diferencia entre recuperar la calle y recuperar los derechos.

El antecedente del 11 de agosto

El reclamo tiene una historia corta y documentada.

El 11 de agosto, Figuera se reunió con familiares y expresos políticos, que le entregaron una comunicación solicitando que la situación de los detenidos por motivos políticos se incorporara a las conversaciones. En ese encuentro participaron, entre otros, los diputados Ramón López y Jorge Millán, y los expresos políticos Américo De Grazia, Ángel Aristimuño y Roberto Marrero.

Dos días después, la dirigente afirmó haber asumido el compromiso de trabajar para que comenzaran a producirse liberaciones.

Sobre lo que ocurrió después existe una discrepancia que debe registrarse sin forzar una conclusión. El comunicado conjunto leído por las delegaciones el 12 de agosto no menciona la liberación de presos políticos entre los acuerdos anunciados. Sin embargo, reportes de esa misma fecha consignan declaraciones de Figuera según las cuales el asunto integraría la agenda del diálogo y se habría acordado la conformación de una mesa técnica sobre la materia, con participación de familiares.

Lo firmado y lo declarado no coinciden. Cuál de las dos versiones describe el compromiso real es, precisamente, lo que el reclamo de claridad del 16 de agosto vuelve a poner sobre la mesa.

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**Fuentes principales:** Mensaje de Dinorah Figuera en su cuenta de la red social X del 16 de agosto de 2026. Balance de Foro Penal difundido por Gonzalo Himiob el 16 de agosto de 2026 a las 9:30 de la mañana. Pronunciamiento del Comité por la Libertad de los Presos Políticos del 15 de agosto de 2026. Registro de Justicia, Encuentro y Perdón al 12 de agosto de 2026. Comunicado oficial del Ejecutivo sobre medidas alternativas a la privación de libertad. Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026. Reportes de El Nacional, Infobae, Correo del Caroní, Runrun y agencias sobre la reunión del 11 de agosto y las declaraciones posteriores.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó la lista de designaciones terminadas con un mensaje de siete palabras en mayúsculas. La consecuencia real depende del expediente de cada persona, no del mensaje.

Lo que se publicó

El Departamento de Seguridad Nacional difundió el viernes 14 de agosto de 2026, a través de su cuenta oficial, la lista de países cuyas designaciones de Estatus de Protección Temporal han sido terminadas, acompañada de un mensaje que en su versión original señala que la terminación está ahora en efecto y que quienes tienen el TPS terminado deben salir de inmediato o serán deportados.

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Los países incluidos son Venezuela, Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Sudán del Sur, Birmania, Somalia y Etiopía.

En algunos reportes la lista aparece con doce países y en otros con trece. La discrepancia se registra sin resolverla, y quien tenga TPS debe verificar su caso concreto en la fuente oficial antes de tomar cualquier decisión.

El punto que la advertencia no dice

La terminación del programa no coloca automáticamente a todos los beneficiarios en la misma situación migratoria. El propio Servicio de Ciudadanía e Inmigración lo reconoce: una persona cuyo estatus haya terminado puede contar con otra vía legal que le permita continuar en el país.

Tres situaciones distintas conviven bajo el mismo anuncio.

Quienes dependían exclusivamente del TPS. Para ellos el programa deja de constituir base legal de permanencia. Es el grupo directamente afectado.

Quienes tienen otra vía legal en curso o vigente. Solicitudes de asilo pendientes, residencia permanente, peticiones familiares aprobadas u otros estatus. Esas vías no se extinguen porque el TPS termine. Son procedimientos independientes.

Quienes conservan documentación con vigencia posterior. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración señala que determinados beneficiarios que recibieron documentos con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026, emitidos antes del 5 de febrero de 2025, mantienen su autorización de empleo y la validez de esa documentación hasta esa fecha, como consecuencia de decisiones judiciales relacionadas con el TPS venezolano.

Se estima que alrededor de 350.000 venezolanos se encuentran en esa condición. Originalmente unas 615.000 personas estaban amparadas por el programa; una parte significativa perdió el beneficio en noviembre de 2025.

La cronología del expediente venezolano

En febrero de 2025 el Departamento de Seguridad Nacional anuló la decisión que había extendido hasta octubre de 2026 la protección para venezolanos bajo las designaciones de 2021 y 2023. Desde entonces el caso ha transitado por tribunales, con decisiones que suspendieron, modificaron o retrasaron la aplicación en distintos momentos.

El anuncio del 14 de agosto viene precedido de una decisión de una jueza federal con sede en Massachusetts que levantó la suspensión de un caso presentado por ciudadanos somalíes con TPS, lo que despejó el camino para el inicio de deportaciones en ese expediente.

Es decir: el anuncio no es un acto administrativo aislado, sino la consecuencia acumulada de un litigio que sigue abierto en varios frentes.

Qué hacer con esta información

Estas son las verificaciones que corresponde hacer, en este orden, y ninguna requiere pagar por adelantado a nadie.

Revisar la fecha de vencimiento impresa en el documento de autorización de empleo. Es el dato que determina si aplica la vigencia hasta el 2 de octubre de 2026.

Verificar si existe alguna otra solicitud en curso. Una petición de asilo presentada años atrás, una petición familiar, un ajuste de estatus. Muchas personas tienen procedimientos abiertos que no recuerdan o que dan por perdidos.

Consultar el estado del caso en el sistema oficial en línea, con el número de recibo, antes de aceptar cualquier interpretación de terceros.

Buscar orientación legal acreditada. Los servicios legales sin fines de lucro reconocidos por el Departamento de Justicia ofrecen consulta a bajo costo o sin costo. Los anuncios que prometen soluciones rápidas por una tarifa inicial elevada son el escenario más frecuente de fraude migratorio en los días posteriores a un anuncio como este.

No firmar documentos que no se entiendan, en particular cualquier documento presentado como salida voluntaria, sin asesoría previa. La salida voluntaria tiene consecuencias legales sobre futuras posibilidades de reingreso.

Esta nota tiene fines informativos y no constituye asesoría legal. Cada situación migratoria depende de circunstancias individuales que deben ser evaluadas por un abogado o representante acreditado.

Fuentes principales: Publicación oficial del Departamento de Seguridad Nacional del 14 de agosto de 2026. Notificaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos sobre vigencia de documentos con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026. Antecedentes de la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de febrero de 2025 sobre las designaciones de 2021 y 2023. Reportes de Efecto Cocuyo, TalCual y El Pitazo sobre el alcance de la medida.

Dos mesas técnicas, cinco sesiones de trabajo y cinco plenarias produjeron un documento firmado. Lo que ese documento detalla y lo que deja en lenguaje general dice más que el anuncio.

Lo que efectivamente se firmó

El acuerdo del sistema de justicia tiene cuatro componentes, y conviene enumerarlos porque su especificidad contrasta con el resto del documento:

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Uno. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y a otras leyes del sistema judicial.

Dos. Renovación y ampliación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Tres. Activación de un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del máximo tribunal, no solo de las vacantes.

Cuatro. Conformación de un Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos, encargado de evaluar a los postulados conforme a la Constitución, la ley y un baremo de evaluación.

Cuatro pasos, con órgano responsable identificado en cada uno. Es un mecanismo, no una declaración de intenciones.

Frente a eso, el componente sísmico del acuerdo establece que las partes trabajarán en el fortalecimiento de programas de atención en vivienda, electricidad, salud y recolección de escombros, y que concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra con mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría.

Son objetivos. No son un mecanismo. La diferencia de precisión entre ambos bloques del mismo documento es el primer dato del expediente.

El botón de reinicio

Para medir qué ganó cada parte hay que mirar qué existía antes del 12 de agosto.

La Asamblea Nacional de 2025 había iniciado en mayo la ruta de designación de magistrados, tras una reforma de la Ley Orgánica que amplió el número de integrantes del tribunal. El Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por el diputado del PSUV Giuseppe Alessandrello, ya había publicado una lista de postulados y avanzaba hacia la fase de impugnaciones y entrevistas. Ese proceso quedó paralizado con el anuncio del diálogo y con el doblete sísmico del 24 de junio.

El acuerdo del 12 de agosto anula ese proceso y lo reinicia desde cero, con un comité renovado y ampliado, y con un consejo adicional de revisión de credenciales que antes no existía.

Ahí está el intercambio real. La delegación de la Asamblea Nacional de 2015 obtuvo el borrón de un procedimiento que se estaba ejecutando sin ella. La delegación gubernamental obtuvo tiempo y conservó la iniciativa legislativa: la reforma de la ley la sigue tramitando la misma Asamblea Nacional de 2025.

Sobre el tamaño del tribunal hay que registrar una discrepancia sin resolverla: distintos reportes de la reforma de mayo consignan que el número de magistrados pasó de 20 a 32, mientras otros lo sitúan de 22 a 32. Las delegaciones tampoco precisaron la composición definitiva del tribunal, los plazos exactos de cada fase ni la integración del comité ampliado.

La secuencia, que es el verdadero acuerdo

El comunicado conjunto no menciona al Consejo Nacional Electoral. Tampoco contempla la liberación de presos políticos.

Sin embargo, un cronograma difundido tras el cierre del ciclo sitúa la designación del nuevo Tribunal Supremo de Justicia en noviembre de 2026 y la renovación del Consejo Nacional Electoral en diciembre de 2026. Ese cronograma no figura en el texto del comunicado leído por las delegaciones y proviene de un solo reporte, de modo que debe leerse como indicativo y no como compromiso suscrito.

Aun así, la secuencia que insinúa coincide con la que revela el propio documento: el Poder Judicial primero, el Poder Electoral después, la fecha de una elección en ninguna parte.

Ese orden no es neutral. El Tribunal Supremo de Justicia es la instancia que resuelve las impugnaciones electorales, valida o anula candidaturas y decide sobre la legalidad de las decisiones del árbitro. Quien queda designado primero define el marco dentro del cual se designa el segundo.

Es también la razón por la cual la crítica sobre este proceso no puede ser que fue improvisado. Fue lo contrario: el orden está pensado. La pregunta legítima es a favor de quién.

Quién quedó afuera y qué está pidiendo

Tres reclamos distintos se produjeron alrededor de la mesa, y ninguno viene de donde suele suponerse.

Un grupo de 84 expresos políticos difundió un comunicado de respaldo a la negociación en el que pide la conformación de un nuevo Tribunal Supremo y de un Consejo Nacional Electoral elegidos con criterios de independencia y mérito, capaces de convocar elecciones libres. Es apoyo al proceso con exigencia de contenido.

Un grupo de sindicalistas se concentró frente al Gran Meliá para entregar un documento a la delegación opositora y exigir garantías de elecciones presidenciales dentro del año. Señalaron que Figuera es una persona impuesta por Estados Unidos para las negociaciones y que no ha escuchado a los venezolanos.

Y factores políticos de la propia Asamblea Nacional de 2025 cuestionaron su exclusión de la mesa, aunque manifestaron apostar por los resultados.

Es decir: el proceso recibe críticas simultáneas desde el chavismo parlamentario, desde el sindicalismo y desde el sector de la oposición que pasó por la cárcel. Los tres coinciden en un punto: falta el calendario electoral.

Tampoco participan en el diálogo el presidente electo Edmundo González Urrutia ni María Corina Machado. Machado anunció que no intervendrá de manera directa y manifestó que no obstaculizará los acuerdos que representen avances concretos para la transición democrática.

Dos detalles de método que conviene retener

Al leer el comunicado conjunto, tras más de seis horas de deliberaciones, no se admitieron preguntas de la prensa. Un proceso que en su marco de principios incorporó el compromiso de informar de manera oportuna a la población sobre los avances cerró su primer ciclo sin someterse a preguntas.

Y hay una discrepancia menor pero indicativa en las fuentes sobre la fecha de instalación formal: algunos reportes la sitúan el jueves 6 de agosto y otros el viernes 7 de agosto en la base aérea La Carlota. La contradicción se registra sin forzar una conclusión.

La escala del intento

Este es el decimoctavo intento de negociación entre gobierno y oposición en Venezuela en dos décadas.

Diecisiete anteriores no produjeron una transición. Eso no invalida el decimoctavo, pero establece la vara: lo que distingue a este proceso de los anteriores no será la calidad de sus comunicados, sino si el cronograma que empieza en agosto de 2026 sobrevive a septiembre.

Las delegaciones vuelven a reunirse a mediados de septiembre. Para entonces el acuerdo del 12 de agosto habrá tenido un mes para convertirse en un proyecto de ley presentado, un comité instalado y una lista publicada. O para no haberlo hecho.

Fuentes principales: Comunicado conjunto de las delegaciones del 12 de agosto de 2026, leído por Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera en Caracas. Reportes de EFE, Reuters, Bloomberg Línea, Efecto Cocuyo, elDiario y CNN en Español sobre el cierre del primer ciclo. Antecedentes del Comité de Postulaciones Judiciales presidido por Giuseppe Alessandrello y del proceso iniciado en mayo de 2026 por la Asamblea Nacional de 2025. Comunicado de 84 expresos políticos. Declaraciones públicas de María Corina Machado sobre su no participación.