EMPRENDIMIENTO

La decisión no es si conviene un respaldo, sino cuál. Y esa depende de qué es lo que el negocio no puede permitirse apagar.

Los cortes eléctricos de hasta ocho horas diarias le costaron a la industria venezolana 44% de sus horas productivas en 2026. Para un negocio pequeño, el respaldo eléctrico dejó de ser una precaución y pasó a ser una condición de operación.

La pregunta ya no es si conviene. Es cuál.

Primero: qué es lo que no se puede apagar

Antes de cotizar equipos hay que hacer una lista con lo que realmente no puede detenerse.

En una bodega o carnicería, la refrigeración. En un consultorio, el equipo médico y los registros. En un taller, quizá solo una máquina y la iluminación. En una oficina, el punto de venta, el internet y el sistema de facturación.

Esa lista determina todo lo demás, porque el costo de un respaldo depende de cuánta carga debe sostener y por cuánto tiempo. Dimensionar por el total del consumo del local, y no por lo crítico, multiplica innecesariamente la inversión.

Las tres opciones y para qué sirve cada una

El inversor con baterías. Silencioso, sin combustible, arranque automático. Sostiene cargas pequeñas: iluminación, punto de venta, internet, computadoras. No mueve motores ni compresores de refrigeración de forma sostenida. Su límite es la duración: cuando las baterías se agotan, necesita servicio para recargarse.

La planta eléctrica. Sostiene cargas grandes, incluidos refrigeración y motores, y funciona mientras haya combustible. A cambio exige combustible, mantenimiento periódico, un espacio ventilado y produce ruido. Su costo real no es el precio del equipo sino el consumo mensual.

El sistema mixto. Inversor para las cargas críticas continuas y planta para los períodos largos o para la refrigeración. Es la solución más común entre negocios que ya llevan años operando con cortes.

El cálculo que casi nadie hace

Muchos comercios compran un equipo y luego descubren que el costo de operarlo excede lo que aporta.

La cuenta correcta compara dos cifras: cuánto se deja de vender durante las horas sin servicio, y cuánto cuesta al mes mantener el respaldo funcionando esas mismas horas —combustible, mantenimiento, reposición de baterías.

Si el segundo número es mayor que el primero, el respaldo no es una inversión: es una pérdida ordenada. En ese caso puede ser más racional reorganizar el horario de operación en torno a las horas con servicio.

El mantenimiento que decide la vida útil

Una planta que se usa a diario necesita cambios de aceite y filtros con la frecuencia que indique el fabricante. Un banco de baterías dura menos si se descarga por completo de forma habitual.

El error más común no es comprar mal. Es no presupuestar el mantenimiento, y descubrir a los dos años que hay que reponer el equipo completo.

La desigualdad que esto crea

Conviene nombrarla, porque no es un problema individual.

Dos negocios vecinos con la misma clientela dejaron de competir en igualdad de condiciones. El que puede pagar respaldo opera ocho horas más al día. Ese gasto no aparece en ninguna estadística de costo del servicio eléctrico, y es el que está redefiniendo quién sobrevive en el comercio venezolano.

Fuentes principales

El Nacional, 27 de agosto de 2026, sobre el costo de los cortes para la industria. El Pitazo, 27 de agosto de 2026, sobre las causas del racionamiento.

EMPRENDIMIENTO

Frente a un compromiso oficial de más de 4.000 viviendas, diecisiete parecen poco. Lo interesante es el método, no el número.

La organización Techo, con presencia en dieciocho países, construyó las primeras diecisiete casas para víctimas de los sismos del 24 de junio de 2026 en Venezuela.

La cifra es pequeña frente a la magnitud del desastre. El interés está en el método.

Qué es una vivienda de emergencia

No es una vivienda definitiva ni pretende serlo. Es una solución transitoria diseñada según criterios distintos de los de la construcción convencional.

Se construye en días, no en meses. Usa componentes prefabricados y estandarizados que permiten repetir la unidad muchas veces. Requiere mano de obra no especializada, con supervisión técnica. Y se levanta sobre pilotes o bases simples, sin fundaciones profundas.

Ese conjunto de decisiones tiene una lógica: en una emergencia, la velocidad y la escala valen más que la durabilidad.

La ventaja del modelo replicable

Una vivienda estandarizada permite calcular con precisión cuánto material se necesita por unidad, cuántas horas de trabajo y cuántos supervisores técnicos.

Eso convierte la construcción en un proceso escalable: si diecisiete casas requieren determinada cantidad de insumos y jornadas, quinientas requieren exactamente lo mismo multiplicado. Un proyecto convencional no ofrece esa previsibilidad.

Para una emergencia, esa capacidad de proyección es lo que permite planificar la compra de materiales y la logística con anticipación.

El eslabón donde participa un negocio local

Un modelo así genera demanda concentrada y predecible de insumos específicos: madera tratada, láminas, fijaciones, materiales de cubierta, transporte a sitio y alimentación de cuadrillas.

Son requerimientos accesibles a proveedores locales de escala pequeña y media, siempre que estén formalizados y puedan facturar. Las organizaciones internacionales operan con requisitos de rendición de cuentas que exigen soporte documental de cada compra.

Un proveedor sin registro fiscal al día queda fuera, por competitivo que sea su precio.

El contraste con el compromiso oficial

El Estado comprometió la adjudicación de más de 4.000 viviendas antes de terminar 2026, e informó de 335 viviendas nuevas entregadas y 1.001 recuperadas.

Son categorías distintas y no deben compararse: una vivienda de emergencia no equivale a una vivienda definitiva. Pero la diferencia de tiempos plantea una pregunta útil sobre la secuencia: si la solución transitoria puede levantarse en días y la definitiva toma meses, la ausencia de un programa masivo de vivienda transitoria deja a miles de familias esperando en carpas una solución que no llegará este año.

Fuentes principales

EFE, 27 de agosto de 2026. Efecto Cocuyo, 27 de agosto de 2026. Mensaje a la nación del 24 de agosto de 2026.

EMPRENDIMIENTO

Muchas empresas pequeñas dieron por perdida una acreencia con el Estado. La reestructuración en curso cambia ese cálculo.

Un grupo de asesores creó un comité para organizar a los acreedores comerciales de Venezuela ante el proceso de reestructuración de la deuda. La existencia de ese comité cambia el cálculo de muchas empresas que dieron por perdida una acreencia.

Quién es un acreedor comercial

No es un tenedor de bonos. Es quien vendió bienes o prestó servicios al Estado o a una empresa estatal y no cobró: proveedores, contratistas de obra, empresas de servicios, suministradores de insumos.

En Venezuela ese universo es amplio y está disperso. Incluye desde grandes contratistas internacionales hasta empresas medianas y pequeñas que facturaron a entes públicos y cuyas facturas quedaron sin pago.

Por qué agrupadas valen más

Una acreencia individual pequeña tiene poco peso en una negociación soberana. El costo de reclamarla por separado —asesoría legal, tiempo, gestión internacional— puede superar lo que se aspira a recuperar.

Agrupadas, esas mismas acreencias suman monto, comparten el costo de la asesoría y adquieren capacidad de condicionar un acuerdo. Esa es la lógica de un comité de acreedores y la razón por la que existen en todas las reestructuraciones soberanas.

Para una empresa pequeña, la diferencia entre estar dentro o fuera de un mecanismo colectivo puede ser la diferencia entre cobrar una parte o no cobrar nada.

Lo primero: verificar si la acreencia sigue viva

Antes de cualquier gestión hay que determinar si el derecho aún es exigible.

Las obligaciones prescriben, y el plazo depende de la naturaleza del contrato y de la jurisdicción aplicable. Ciertos actos interrumpen la prescripción: un reclamo formal presentado, un reconocimiento de deuda por parte del deudor, un abono parcial, el inicio de un procedimiento.

Una empresa que reclamó por escrito y conservó constancia está en posición distinta de una que dejó de insistir hace diez años. Ese es el primer punto a revisar con un abogado.

La documentación que sostiene una acreencia

Contrato u orden de compra que originó la obligación. Facturas emitidas con su número y fecha. Evidencia de entrega del bien o de prestación del servicio: actas de recepción, guías, informes de avance de obra. Comunicaciones de cobro con acuse de recibo. Y cualquier reconocimiento de deuda del ente contratante.

Sin esos elementos, una acreencia es una afirmación.

Las cautelas

No ceder la acreencia sin asesoría. En procesos de reestructuración aparecen compradores de deuda que ofrecen adquirir acreencias con descuentos muy altos. Puede ser una salida razonable para quien necesita liquidez, y también puede significar renunciar a un valor muy superior. Es una decisión que requiere valoración previa.

Verificar quién promueve un comité antes de adherirse, en qué términos, con qué costos de asesoría y con qué facultades de representación.

Desconfiar de la urgencia. Un proceso de reestructuración soberana toma años. Nadie necesita una firma en cuarenta y ocho horas.

Esta nota no constituye asesoría legal ni financiera.

Fuentes principales

El Nuevo Herald y Reuters, 26 de agosto de 2026, sobre la creación del comité de acreedores comerciales.