EMPRENDIMIENTO

Frente a un compromiso oficial de más de 4.000 viviendas, diecisiete parecen poco. Lo interesante es el método, no el número.

La organización Techo, con presencia en dieciocho países, construyó las primeras diecisiete casas para víctimas de los sismos del 24 de junio de 2026 en Venezuela.

La cifra es pequeña frente a la magnitud del desastre. El interés está en el método.

Qué es una vivienda de emergencia

No es una vivienda definitiva ni pretende serlo. Es una solución transitoria diseñada según criterios distintos de los de la construcción convencional.

Se construye en días, no en meses. Usa componentes prefabricados y estandarizados que permiten repetir la unidad muchas veces. Requiere mano de obra no especializada, con supervisión técnica. Y se levanta sobre pilotes o bases simples, sin fundaciones profundas.

Ese conjunto de decisiones tiene una lógica: en una emergencia, la velocidad y la escala valen más que la durabilidad.

La ventaja del modelo replicable

Una vivienda estandarizada permite calcular con precisión cuánto material se necesita por unidad, cuántas horas de trabajo y cuántos supervisores técnicos.

Eso convierte la construcción en un proceso escalable: si diecisiete casas requieren determinada cantidad de insumos y jornadas, quinientas requieren exactamente lo mismo multiplicado. Un proyecto convencional no ofrece esa previsibilidad.

Para una emergencia, esa capacidad de proyección es lo que permite planificar la compra de materiales y la logística con anticipación.

El eslabón donde participa un negocio local

Un modelo así genera demanda concentrada y predecible de insumos específicos: madera tratada, láminas, fijaciones, materiales de cubierta, transporte a sitio y alimentación de cuadrillas.

Son requerimientos accesibles a proveedores locales de escala pequeña y media, siempre que estén formalizados y puedan facturar. Las organizaciones internacionales operan con requisitos de rendición de cuentas que exigen soporte documental de cada compra.

Un proveedor sin registro fiscal al día queda fuera, por competitivo que sea su precio.

El contraste con el compromiso oficial

El Estado comprometió la adjudicación de más de 4.000 viviendas antes de terminar 2026, e informó de 335 viviendas nuevas entregadas y 1.001 recuperadas.

Son categorías distintas y no deben compararse: una vivienda de emergencia no equivale a una vivienda definitiva. Pero la diferencia de tiempos plantea una pregunta útil sobre la secuencia: si la solución transitoria puede levantarse en días y la definitiva toma meses, la ausencia de un programa masivo de vivienda transitoria deja a miles de familias esperando en carpas una solución que no llegará este año.

Fuentes principales

EFE, 27 de agosto de 2026. Efecto Cocuyo, 27 de agosto de 2026. Mensaje a la nación del 24 de agosto de 2026.

EMPRENDIMIENTO

Muchas empresas pequeñas dieron por perdida una acreencia con el Estado. La reestructuración en curso cambia ese cálculo.

Un grupo de asesores creó un comité para organizar a los acreedores comerciales de Venezuela ante el proceso de reestructuración de la deuda. La existencia de ese comité cambia el cálculo de muchas empresas que dieron por perdida una acreencia.

Quién es un acreedor comercial

No es un tenedor de bonos. Es quien vendió bienes o prestó servicios al Estado o a una empresa estatal y no cobró: proveedores, contratistas de obra, empresas de servicios, suministradores de insumos.

En Venezuela ese universo es amplio y está disperso. Incluye desde grandes contratistas internacionales hasta empresas medianas y pequeñas que facturaron a entes públicos y cuyas facturas quedaron sin pago.

Por qué agrupadas valen más

Una acreencia individual pequeña tiene poco peso en una negociación soberana. El costo de reclamarla por separado —asesoría legal, tiempo, gestión internacional— puede superar lo que se aspira a recuperar.

Agrupadas, esas mismas acreencias suman monto, comparten el costo de la asesoría y adquieren capacidad de condicionar un acuerdo. Esa es la lógica de un comité de acreedores y la razón por la que existen en todas las reestructuraciones soberanas.

Para una empresa pequeña, la diferencia entre estar dentro o fuera de un mecanismo colectivo puede ser la diferencia entre cobrar una parte o no cobrar nada.

Lo primero: verificar si la acreencia sigue viva

Antes de cualquier gestión hay que determinar si el derecho aún es exigible.

Las obligaciones prescriben, y el plazo depende de la naturaleza del contrato y de la jurisdicción aplicable. Ciertos actos interrumpen la prescripción: un reclamo formal presentado, un reconocimiento de deuda por parte del deudor, un abono parcial, el inicio de un procedimiento.

Una empresa que reclamó por escrito y conservó constancia está en posición distinta de una que dejó de insistir hace diez años. Ese es el primer punto a revisar con un abogado.

La documentación que sostiene una acreencia

Contrato u orden de compra que originó la obligación. Facturas emitidas con su número y fecha. Evidencia de entrega del bien o de prestación del servicio: actas de recepción, guías, informes de avance de obra. Comunicaciones de cobro con acuse de recibo. Y cualquier reconocimiento de deuda del ente contratante.

Sin esos elementos, una acreencia es una afirmación.

Las cautelas

No ceder la acreencia sin asesoría. En procesos de reestructuración aparecen compradores de deuda que ofrecen adquirir acreencias con descuentos muy altos. Puede ser una salida razonable para quien necesita liquidez, y también puede significar renunciar a un valor muy superior. Es una decisión que requiere valoración previa.

Verificar quién promueve un comité antes de adherirse, en qué términos, con qué costos de asesoría y con qué facultades de representación.

Desconfiar de la urgencia. Un proceso de reestructuración soberana toma años. Nadie necesita una firma en cuarenta y ocho horas.

Esta nota no constituye asesoría legal ni financiera.

Fuentes principales

El Nuevo Herald y Reuters, 26 de agosto de 2026, sobre la creación del comité de acreedores comerciales.

EMPRENDIMIENTO

La discusión sobre devolución de activos se ha centrado en inmuebles y plantas. Hay una categoría que no se devuelve con una llave.

La discusión sobre devolución de bienes expropiados se ha planteado hasta ahora en términos de inmuebles, terrenos y plantas industriales. Hay una categoría que funciona con otras reglas.

Cuando el Estado ocupó determinadas instalaciones industriales, en algunos casos continuó la producción utilizando el nombre comercial de la empresa que se había retirado del país. El caso más recordado es el de una fabricante internacional de cereales cuya planta siguió operando bajo su marca tras su salida.

Por qué una marca no es un galpón

Un inmueble se devuelve entregando la posesión. El bien es el mismo antes y después.

Una marca no funciona así. Su valor no está en el registro sino en la asociación que un consumidor establece entre un nombre y una expectativa de producto: sabor, calidad, presentación, confiabilidad.

Cuando otro fabrica bajo ese nombre durante años, con insumos distintos y controles distintos, esa asociación se modifica. Devolver el registro no restituye la reputación, y en algunos casos devuelve un nombre asociado a un producto que el titular original nunca fabricó.

Los tres problemas concretos

La titularidad registral. Hay que determinar si el registro de la marca fue transferido, si caducó por falta de renovación o si permaneció a nombre del titular original mientras un tercero la usaba.

El uso no autorizado durante el período. Si un tercero fabricó bajo una marca ajena, se generó un daño susceptible de reclamación, con problemas de prescripción y de cuantificación.

La calidad asociada. Un producto elaborado con formulación distinta bajo el mismo nombre transfiere al titular original un pasivo reputacional que no generó.

Por qué importa para una empresa pequeña

Esto no es un asunto exclusivo de multinacionales.

Muchos negocios venezolanos que fueron intervenidos o cuyos locales fueron ocupados tenían nombre comercial, logotipo, clientela identificada y, en algunos casos, marca registrada. Ese conjunto es un activo, aunque no aparezca en un balance.

Si se abre un mecanismo de restitución, un emprendedor debería incluir en su expediente el certificado de registro de marca si lo tuvo, evidencia del uso comercial anterior —facturas, publicidad, empaques— y documentación de que un tercero continuó usándola.

La pregunta abierta

Ninguna de las propuestas de restitución conocidas precisa cómo se tratarán los activos intangibles: marcas, nombres comerciales, patentes, bases de datos de clientes.

Es una omisión relevante, porque en varios sectores el intangible vale más que la planta.

Fuentes principales

Registro público del caso de la fabricante de cereales cuya planta fue ocupada y cuya marca continuó siendo utilizada. Anteproyecto de Ley Orgánica de Restitución, Devolución de Activos y Garantía de la Propiedad Privada de Cedice Libertad.