La deuda no es un tecnicismo. Es la primera decisión de país.

Durante años, el debate sobre la riqueza de Venezuela giró sobre lo que hay bajo tierra: petróleo, gas, oro, coltán. Pero antes de que vuelva a fluir el capital, el país tendrá que resolver una herencia menos visible y más urgente: una deuda externa estimada en 170.000 millones de dólares, en cesación de pagos desde 2017, repartida entre bonistas, petroleras, mineras, China, Rusia y organismos multilaterales.

El 2 de junio de 2026 el gobierno encargado de Delcy Rodríguez contrató al bufete Hogan Lovells para liderar la reestructuración, junto a Centerview Partners en lo financiero y Dentons en lo petrolero. Es el arranque formal de lo que Bloomberg llama una de las mayores reestructuraciones soberanas en décadas. Y es, sobre todo, una decisión política: cada dólar que se destine a pagar el pasado es un dólar que no irá a hospitales, escuelas o pensiones.

Este especial lee la deuda desde esa pregunta. No desde la ingeniería financiera, sino desde lo que está en juego para el ciudadano. Recorre el mapa de los acreedores, la guerra de los arbitrajes, el caso ya resuelto de Citgo, los negociadores que la transición contrató para representarla, y —el centro de todo— qué dice cada plan de país sobre quién paga la cuenta.