Connect with us
El derecho a la información veraz no es una defensa personal que se invoca cuando conviene. Es una obligación del funcionario.
Es lo más barato de toda la lista de condiciones para una elección creíble. Y sigue sin hacerse.
Cuando dos organizaciones serias dan cifras distintas, la pregunta correcta no es cuál miente. Es qué mide cada una.
Cualquier modificación jurídica relativa al árbitro electoral debe hacerse con seis meses de antelación al voto. De ahí sale una aritmética simple.
Llevan más de 235 días en vigilia frente a los penales. El primer ciclo produjo dos acuerdos y ninguno los mencionó.
Un baremo publicado cuando ya hay candidatos sobre la mesa no es un baremo. Es una justificación redactada a la medida.
Oponerse en bloque preservaría la pureza política y arriesgaría el respaldo de Washington. Aceptar sin condiciones legitimaría una arquitectura sin elecciones. Hay una tercera vía.
Cincuenta respuestas a una publicación no son una encuesta. Son una brújula, y conviene saber qué mide una brújula.
La pregunta era si la electricidad nueva alimentaría solo a los campos o también a las casas. Hay dos acuerdos, y eso ya es una respuesta.
Los tres separan el negocio de la legitimidad. Donde no coinciden es en qué va primero, y esa diferencia lo decide todo.