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Por primera vez las dos partes describen la misma operación. Y por primera vez hay una cifra de lo que percibiría el Estado venezolano.
No es lo mismo diecisiete campos convencionales rehabilitables que diecisiete bloques de crudo extrapesado. La diferencia son años y miles de millones.
La inversión la hacen y la recuperan las empresas. Lo que recibe el Estado es la regalía y el impuesto, y esos siguen sin anunciarse.
Miles de empleos bien pagados es una cifra honesta. También es una cifra pequeña frente a una fuerza laboral de millones.
El texto identifica a los funcionarios, la cifra y el mecanismo. No identifica el instrumento, el plazo, la regalía ni los campos.
Una empresa puede registrar reservas en su balance. Un país no incorpora a su inventario nacional el subsuelo de otro.
No es una lista de reproches. Es la lista de lo que hará falta leer cuando exista un documento.
Atraer capital exige tres cosas: reglas estables, información pública y previsibilidad. Las tres están en construcción al mismo tiempo.
Los acreedores ya tienen quien los represente. La contraparte venezolana no ha publicado quién la representa a ella.
Según el reporte, la discusión sobre esa participación precede a la operación del 3 de enero. Ese dato reordena la cronología del proceso.